"Hemos invitado a Argelia a iniciar consultas para buscar una solución mutuamente aceptable. Si no se logra, el arbitraje será el siguiente paso", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de Comercio, Olof Gill, quien ha precisado que la respuesta del Ejecutivo comunitario responde a una disputa "más amplia" que la que afecta a España.
El primer paso en el marco de disputas previsto en el acuerdo bilateral supone que los servicios comunitarios contacten con las autoridades argelinas para pedir consultas sobre las medidas controvertidas y, si el diálogo no da resultados, pasar a la siguiente fase y crear un panel de arbitraje.
Bruselas, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, considera que Argelia no está respetando sus compromisos de liberalización comercial por una serie de restricciones que impone al flujo comercial europeo "desde 2021"; unos obstáculos entre los que fuentes comunitarias señalan las restricciones al comercio de bienes exportados e importados desde España" y al "movimiento de capitales entre Argelia y España".
Entre las medidas que preocupan a la Unión Europea y por las que el Ejecutivo comunitario ha requerido consultas figura el sistema de licencias de importación no automáticas (ALGEX) que gestiona el Ministerio de Comercio argelino y que obliga a los importadores a presentar un certificado para poder realizar los intercambios comerciales.
Bruselas alerta de que esta exigencia contraviene las disposiciones de liberalización del acuerdo de asociación y, además, el documento que se les exige con frecuencia llega con retraso o ni siquiera lo reciben.
Otras barreras tiene que ver con las importaciones de mármol y productos cerámicos, la exigencia de al menos un 30% de piezas nacionales en la fabricación de automóviles o supeditar al uso de material nacional la concesión de subvenciones públicas.
Tampoco se están aplicando las cuotas arancelarias previstas en el Acuerdo de Asociación UE-Argelia, en vigor desde 2005, según fuentes comunitarias que apuntan también problemas como el límite del 49% de propiedad extranjera para las compañías que importan en Argelia u otras medidas que, en definitiva, Bruselas ve encaminadas a reemplazar las importaciones por producciones locales.
En el caso de España, el Gobierno acudió a Bruselas en junio de 2022 después de que el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, procediera a suspender el Tratado bilateral de Amistad y a que se dictara una orden congelando las operaciones de comercio exterior, al impedirse cualquier transacción bancaria. Dicha decisión vino motivada por el respaldo del Ejecutivo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022.
Aunque Argel aseguró posteriormente que la medida que impedía las transacciones se había revocado, lo cierto es que los intercambios comerciales, con la excepción de la exportación de gas argelino, quedaron reducidas a la mínima expresión, si bien en el arranque de 2024 parecía apreciarse una tímida recuperación tras un intento de deshielo entre los dos países, frenado abruptamente con la suspensión del viaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Argel en febrero.
España buscó una respuesta contundente por parte de la Comisión Europea cuando estalló el conflicto bilateral, porque la política comercial es una cuestión de competencia comunitaria, pero el Ejecutivo comunitario había optado hasta ahora por llamar al diálogo entre España y Argelia para una solución bilateral.
Desde Exteriores en España, han recordado que "la política comercial es una competencia exclusiva de la Comisión Europea". En este sentido, las fuentes consultadas no han querido entrar a valorar la decisión adoptada por Bruselas, más allá de señalar que es un "procedimiento previsto en el Acuerdo de Asociación" y que cubre los intereses de varios Estados miembro, no solo de España.
Con todo, desde el departamento que dirige José Manuel Albares han asegurado que "el Gobierno siempre defenderá a las empresas españolas" con intereses en Argelia, al tiempo que han reiterado el deseo de "tener las mejores relaciones comerciales" con este país magrebí.
La relación bilateral se encuentra en punto muerto desde febrero, después de que se canceló menos de 24 horas antes la visita de Albares, cuyo principal objetivo era precisamente escenificar la reconciliación.
Argel envió de vuelta a Madrid a su embajador a mediados de diciembre, después de haber retirado al anterior tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mohamed VI apoyando el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto.
Tras la vuelta del embajador argelino, Argel procedió también a levantar algunas de las restricciones comerciales impuestas a las exportaciones españolas en el sector avícola y bovino.
