La Asociación Marroquí pide evitar que la tensión de Ceuta se traslade a otros municipios y derive en hostilidad hacia las personas migrantes

 MADRID.- Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes seguimos con profunda preocupación la situación que se está viviendo en Ceuta y, especialmente, el incremento de la tensión social registrado durante los últimos días en torno a la presencia de personas migrantes en la ciudad. Nos preocupan tanto las dificultades que está afrontando la población ceutí como la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

Durante los últimos días hemos asistido a episodios que consideramos especialmente preocupantes, con enfrentamientos y actuaciones dirigidas contra lugares en los que permanecían personas migrantes, obstáculos al acceso de vehículos destinados a prestar ayuda humanitaria y actos de vandalismo e incendios en zonas de asentamiento. Consideramos que estos hechos evidencian un nivel de tensión que no debe normalizarse y que exige responsabilidad por parte de todos los actores implicados.

A esta situación se suma el ambiente que estamos observando en las redes sociales en torno a las concentraciones convocadas para el próximo 2 de septiembre. En los últimos días se han intensificado los mensajes y expresiones de hostilidad relacionados con la inmigración y con la presencia de personas migrantes, generando un clima que nos preocupa especialmente. Queremos dejar claro que no atribuimos estas actitudes al conjunto de las personas que participarán en las concentraciones ni cuestionamos su derecho a manifestarse. Precisamente por ello consideramos importante diferenciar entre el legítimo derecho a expresar una preocupación y cualquier discurso o comportamiento que pueda contribuir al señalamiento o a la violencia contra un colectivo.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado para el próximo 2 de septiembre concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos. Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes respetamos plenamente el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a expresar públicamente su preocupación por la situación de Ceuta. También entendemos que los municipios quieran trasladar su solidaridad con la ciudadanía ceutí ante una situación que requiere respuestas.

Precisamente por este motivo, consideramos necesario que las concentraciones se desarrollen de manera pacífica y responsable y que el mensaje de apoyo a Ceuta no se transforme en hostilidad hacia las personas migrantes. Apoyar a Ceuta no significa atacar a las personas migrantes. Una persona migrante que vive en Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier otro municipio español no es responsable de lo que está ocurriendo en Ceuta, del mismo modo que tampoco lo son las familias, trabajadores o menores migrantes que forman parte de nuestras comunidades.

Nos preocupa especialmente que una situación concreta pueda dar lugar a una generalización de responsabilidades y que las personas migrantes sean presentadas como un colectivo homogéneo al que atribuir problemas o conflictos. Cuando esto sucede, el riesgo de que el rechazo se traslade desde una situación concreta hacia personas que viven cotidianamente en nuestros barrios aumenta. Por eso consideramos necesario actuar antes de que puedan producirse situaciones de discriminación, intimidación o violencia en otros municipios.

No queremos esperar a que se produzca una agresión para recordar la necesidad de prevenirla. Prevenir no significa generar alarma; significa asumir la responsabilidad de actuar cuando existen elementos que aconsejan extremar la atención. En un contexto como el actual, creemos que todas las instituciones y organizaciones tenemos la obligación de contribuir a rebajar la tensión y evitar que pueda traducirse en enfrentamientos entre vecinos.

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes hacemos un llamamiento a las personas que participen en las concentraciones del 2 de septiembre para que puedan expresar libremente sus posiciones y su solidaridad con Ceuta desde el respeto y la convivencia. No cuestionamos las opiniones de quienes quieran manifestarse, pero sí consideramos imprescindible que ninguna persona sea insultada, amenazada, acosada o agredida por su origen o por su condición migratoria y que no se convierta a un colectivo entero en responsable de una situación compleja.

Del mismo modo, pedimos a los ayuntamientos que participen en estas movilizaciones que acompañen su mensaje de solidaridad con Ceuta de un compromiso explícito con la convivencia en sus propios municipios. Consideramos especialmente importante que las administraciones locales refuercen los mensajes de respeto y no violencia y que permanezcan atentas ante cualquier posible episodio de agresión, intimidación, acoso o discriminación que pudiera producirse en el marco de las movilizaciones o como consecuencia del clima de tensión existente.

Creemos que el municipalismo tiene un papel fundamental en este momento. Si el 2 de septiembre numerosos ayuntamientos van a expresar públicamente su apoyo a Ceuta, también pueden contribuir a trasladar un mensaje inequívoco de convivencia: la solidaridad con la ciudadanía ceutí no tiene por qué enfrentarse a la protección de las personas migrantes ni a la defensa de los derechos humanos. Ambas cuestiones son compatibles y deben formar parte de una respuesta responsable.

La situación de Ceuta requiere respuestas políticas, institucionales y humanitarias. Requiere garantizar la seguridad y los servicios públicos, atender las necesidades de la población y abordar la situación de las personas migrantes desde el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales. Consideramos que ninguna de estas cuestiones se resuelve enfrentando a colectivos o atribuyendo responsabilidades de manera colectiva.

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones, organizaciones y ciudadanía ante el próximo 2 de septiembre. Queremos que la preocupación por Ceuta pueda expresarse libremente, pero también queremos que se haga desde el respeto y sin convertir a las personas migrantes en el destinatario de la frustración o la indignación generadas por una situación que no han provocado.

La solidaridad con Ceuta debe ser compatible con la convivencia. Y la defensa de la convivencia exige que ninguna persona tenga que sentir miedo por su origen o por su condición migratoria.

Canarias reclama al Estado usar el Pacto Europeo de Migración para agilizar el triaje de los menores migrantes de Ceuta

 LAS PALMAS.- La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado que utilice las herramientas jurídicas que ofrece el Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar la atención y el triaje de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta.

Así lo ha señalado este jueves durante unas declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde mostró su solidaridad con Ceuta, del mismo modo que, recordó, la ciudad autónoma lo hizo cuando el archipiélago sufría la misma situación.

Al respecto, la canaria ha hecho especial hincapié en que las islas se sintieron "solas" en su momento y que tuvo que impulsar distintas reformas legislativas que ahora "pueden ayudar" a Ceuta a afrontar la situación de los menores, incluida la posibilidad de que sean reagrupados con sus familias o trasladados incluso a otros Estados miembros de la Unión Europea.

En este sentido, ha destacado que desde el pasado 12 de junio está vigente el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha puesto el foco en su artículo 8, que contempla que el denominado triaje, es decir, la valoración de los menores y de sus circunstancias, pueda realizarse en el Estado fronterizo o en otro lugar que determine la Administración General del Estado.

Según ha explicado, esta normativa permite al Estado trasladar a los menores que actualmente se encuentran en Ceuta a establecimientos estatales situados en territorio español para realizar allí el correspondiente triaje.

Este procedimiento permitirá determinar si se trata de menores que necesitan protección internacional y asilo, en cuyo caso pasarían a depender del Ministerio de Inclusión, como ya ha ocurrido con cerca de 500 menores trasladados desde Canarias a establecimientos estatales por esta circunstancia.

Asimismo, apuntó que el triaje deberá determinar si procede una reagrupación familiar, incluido el posible retorno a Marruecos solicitado por el Estado marroquí, o si corresponde el traslado de los menores a otras CCAA mediante los mecanismos previstos en la legislación española.

La consejera ha apuntado igualmente que el Pacto Europeo de Migración y Asilo permite contemplar el traslado de menores hacia otros territorios de la Unión Europea, por lo que ha reclamado al Estado que haga uso de todas las herramientas jurídicas disponibles. 

 "Eso es lo que hemos pedido. Se tienen las herramientas por parte del Estado", ha señalado.

Del mismo modo, Delgado ha pedido al Gobierno de España que incremente la financiación destinada a Ceuta para atender a los menores, al considerar que los 25 millones de euros previstos "no darán sino para dos o tres meses" de atención, según la experiencia acumulada por Canarias durante la crisis migratoria.

La consejera también ha exigido reforzar la Subdelegación del Gobierno en Ceuta, dado que, según ha recordado, el artículo 5 del Real Decreto-ley establece que este órgano es el encargado de iniciar los expedientes de los menores.

También ha explicado que el objetivo es que la Administración pueda tramitar "ágilmente" los expedientes, realizar el triaje con todas las garantías y determinar posteriormente el destino de cada menor, ya sea el retorno familiar a Marruecos, su incorporación a los recursos de protección internacional y asilo del Ministerio de Inclusión, su traslado a otra comunidad autónoma o, en su caso, a otro país de la Unión Europea.

Finalmente, Delgado ha instado al Ministerio de Infancia que recupere los 100 millones de euros que, según ha señalado, fueron puestos a disposición de este departamento en 2025 para financiar los traslados de menores desde las CCAA y ciudades autónomas afectadas por la contingencia migratoria.

Según ha comentado, esos 100 millones de euros estaban destinados a financiar los traslados de menores desde los territorios con mayor presión migratoria, con el objetivo de que Canarias, Ceuta y Melilla pudieran salir de la situación de contingencia.

 "Esos 100 millones ya estuvieron el año pasado y este año no hemos sabido nada de esa partida", ha afirmado.

Por ello, la consejera ha insistido a Infancia que solicite al Ministerio de Hacienda la incorporación "inmediata" de esos 100 millones para garantizar la atención de los menores y poder afrontar la situación migratoria en Ceuta con recursos suficientes.

La CEAR alerta de "graves retrocesos" en la nueva Ley de Asilo y pide al Gobierno que "recapacite y retire" la propuesta

 MADRID.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de "graves retrocesos" en el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y ha pedido al Gobierno que "recapacite y retire" la propuesta.

Tras tener acceso al contenido del anteproyecto, al ser publicado en medios de comunicación, la ONG considera que no se han atendido las "reiteradas" demandas de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban "un Pacto centrado en las personas y sus derechos". 

Por el contrario, critica que se plantea aplicar la nueva normativa "de una manera diferente a la anunciada por el presidente del Gobierno". 

En este sentido, CEAR ha denunciado que el Gobierno haya optado "por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas en la Unión Europea", en lugar de hacerlo "de manera garantista y humana".

"Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de Ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional", han señalado los directores generales de la organización, Mónica López y Mauricio Valiente.

Entre otras medidas, CEAR reclamaba para la nueva Ley de Asilo que se reforzaran las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España.

 "Esta opción se debilita, dejándolo a discreción de estas representaciones cuando tengan conocimiento de algún caso", ha explicado.

Además, ha apuntado que establece causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo, "menos garantista", como tener en cuenta el primer país de asilo o si procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. 

Actualmente, ha detallado que el Pacto de Migración y Asilo "solo exige a los Estados miembro aplicarlo cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%; cuando la persona represente un presunto peligro para la seguridad nacional o el orden público; o cuando oculte o falsee información o documentación" relevante.

Según ha precisado CEAR, el anteproyecto de Ley también incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como establecer excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, "medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar".

Por otra parte, ha detallado que permite la extensión de las detenciones y de la privación de libertad, tanto durante el triaje --de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial--, como durante el procedimiento fronterizo -de un máximo de 8 días pasaría a dos semanas-. 

Asimismo, se mantienen los 60 días actuales como plazo de internamiento, pero se prevé la posibilidad de internar de nuevo a la persona, hasta un máximo de 120 días, si solicita protección internacional.

Además, ha señalado que desaparecen las razones humanitarias de la legislación de asilo, aunque el Pacto no impide que los Estados miembro puedan establecer estos estatutos.

 "Tal y como están contempladas en la actual Ley de Asilo, con la interpretación que le ha dado la amplia jurisprudencia, no generan confusión con los estatutos de protección internacional", ha añadido CEAR.

A juicio de la entidad, el anteproyecto de Ley "dificultaría enormemente" la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si se presenta la solicitud de reagrupación pasado un año, "un criterio que en la actual Ley no es obligatorio".

Por último, la organización ha destacado que se proponen "enormes retrocesos" en garantías "fundamentales" como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar, el derecho a la información y no aborda el reconocimiento de las persona apátridas, entre otras cuestiones.

"La nueva Ley de Asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno español que recapacite y retire esa propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres", ha concluido.

El Ayuntamiento de Olula pide huir de "bulos" ante la llegada desde Málaga de 49 migrantes a un centro de Purchena

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Olula del Río ha pedido a los vecinos de la localidad mantener la "calma" y que eviten dejarse llevar por "bulos o informaciones no contrastadas" ante la llegada de 49 migrantes al centro Cuesta Blanca de Purchena procedentes de otro centro de Málaga, desde el que han sido desplazados bajo la atención de entidades sociales.

El Ayuntamiento ha reconocido la "falta de información previa" y la "ausencia de explicaciones suficientes" por parte de las administraciones responsables ante la llegada de los migrantes el pasado lunes, lo que ha podido "generar preocupación y alarma entre nuestros vecinos".

No obstante, y tras una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Purchena este mismo miércoles con la asociación Engloba --entidad gestora del centro-- han puntualizado las circunstancias en las que se ha producido la llegada de los inmigrantes que, según han incidido, no fue comunicada con antelación a los ayuntamientos de la comarca.

En este sentido, han mostrado su "malestar" con la Subdelegación de Gobierno, que tras las quejas apuntó que el traslado era conocido por las administraciones implicadas a través de la ONG encargada de la gestión del dispositivo incluido en el Programa de Atención Humanitaria, del Sistema de Acogida de Protección Internacional, y las de emergencia que se han abierto para atender a las personas llegadas a las costas españolas.

Así, han concretado que el centro propiedad de la empresa Ginso "presta un servicio de atención a personas solicitantes de protección internacional" quienes "cuentan con las correspondientes garantías y seguimiento dentro del programa".

"Las personas trasladadas no proceden de Ceuta, sino de un centro ubicado en Málaga", han despejado para concretar que se tratan de 49 adultos sin que existan menores no acompañados en el grupo.

De igual modo, han puntualizado que el centro dispone de atención integral, "incluyendo servicio de alimentación, orientación laboral y programas de inserción laboral, así como un horario de cierre nocturno y mecanismos de control y seguimiento de los usuarios" conforme les han trasladado desde la entidad gestora.

El Ayuntamiento ha recordado que este se trata de un servicio dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en Almería.

"Desde el Ayuntamiento de Olula del Río queremos dejar claro que no tenemos competencias ni potestad sobre la gestión de este servicio, al depender de administraciones supramunicipales. No obstante, sí tenemos la obligación de velar por los servicios públicos, la convivencia y el orden en nuestras calles", han añadido.

Con ello, desde el Ayuntamiento han asegurado que harán las reclamaciones que sean necesarias ante las administraciones competentes, "manteniendo una estrecha colaboración con la asociación Engloba para garantizar que cualquier circunstancia que pueda afectar a nuestro municipio sea atendida y comunicada adecuadamente".

El Consistorio, que también ha aclarado que la presencia de Policía Local a la llegada de los migrantes se produjo tras un aviso posterior al desembarco, han mostrado su voluntad de "información, transparencia, coordinación y garantías" ante este tipo de situaciones.

Los ayuntamientos de Olula y Purchena critican la apertura de un centro de acogida de inmigrantes "sin aviso"

 ALMERÍA.- Los ayuntamientos almerienses de Olula del Río y de Purchena han criticado la puesta en marcha de un recurso habitacional para la acogida temporal de inmigrantes en el antiguo centro de menores de Cuesta Blanca "dentro de un programa cuya gestión correspondería al Gobierno de España" que se habría activado sin "haberse comunicado previamente a los municipios del entorno".

En un comunicado compartido, ambos consistorios gobernados por el PP han dado cuenta de su "total desconocimiento sobre esta situación" tras algunos vídeos y fotografías compartidas en redes sociales en las que se aprecia la llegada de personas de origen subsahariano con sus pertenencias en las proximidades de Olula del Río y custodiadas por un vehículo de Policía Local.

El Consistorio olulense, que ha mostrado su "malestar" al respecto, ha apuntado que los migrantes habrían sido conducidos a un edifico que "hasta ahora permanecía vacío".

 "El recurso no estaría destinado a menores tutelados por la comunidad autónoma, sino a personas migrantes mayores de edad", han añadido. 

Con ello, desde los ayuntamientos han trasladado ante sus vecinos que carece de competencias y capacidad de decisión sobre la activación de este recurso al tiempo que han criticado no haber recibido una comunicación previa al respecto "especialmente teniendo en cuenta la proximidad del centro a diferentes localidades de la comarca".

Desde ambos ayuntamientos han mostrado su intención de solicitar a la Subdelegación de Gobierno en Almería "información y aclaraciones sobre este recurso" así como "sobre las circunstancias en las que se ha producido su puesta en funcionamiento".

"Desde el Ayuntamiento de Olula del Río reclamamos, ante todo, información, transparencia y lealtad institucional con los municipios que puedan verse afectados por decisiones de este tipo", han añadido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Purchena se han sumado a la petición y ha avanzado que realizará "las gestiones oportunas para solicitar las explicaciones correspondientes ante los organismos competentes" ante "la preocupación existente" por la llegada de inmigrantes, sobre lo que no se "había recibido comunicación ni información previa alguna".

Los obispos ven "urgente" ofrecer una respuesta adecuada a los más de 1.000 menores y solicitantes de asilo en Ceuta

 MADRID.- La Conferencia Episcopal Española (CEE), que aglutina a todos los obispos del país, considera "urgente" ofrecer "una respuesta adecuada" a los más de 1.000 menores migrantes y a los solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria.

"Es urgente ofrecer una respuesta adecuada a los más de 1.000 menores que necesitan ser acogidos y protegidos, así como a los cientos de personas procedentes del África subsahariana susceptibles de poder acogerse al derecho de protección internacional", subraya el director del Departamento de Migraciones de la CEE, Fernando Redondo Pavón, en un comunicado.

Según indica, pasado el "shock" de la "llegada masiva" de personas a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, "sigue siendo profundamente preocupante la situación derivada de esta tragedia humanitaria, que ha dejado cerca de 200 personas fallecidas en el mar".

Por ello, eleva su oración "por quienes han perdido la vida" y expresa sus "más sinceras condolencias a sus familiares". También manifiesta su "solidaridad y agradecimiento al pueblo ceutí por la presión que está sufriendo y por su actitud positiva de acogida".

Asimismo, apela a las autoridades y a los responsables políticos a que actúen "con responsabilidad, humanidad y celeridad ante esta grave situación".

Almería Acoge integra a 66 menores y 42 mujeres migrantes en el barrio de La Fuentecica

ALMERÍA.- El proyecto 'Almería Inclusiva', desarrollado por la Asociación Almería Acoge con el respaldo de la Fundación Unicaja, ha apoyado durante el curso escolar 2025-2026 la inclusión social y cultural de 66 menores del barrio de La Fuentecica-Quemadero de Almería y el empoderamiento de 42 mujeres inmigrantes mediante actividades educativas, de convivencia intercultural y de participación social.

Según ha informado la asociación en una nota, la iniciativa se ha estructurado en dos bloques de actividades. El primero se ha dirigido a favorecer la inserción educativa y social de los menores del barrio, especialmente de aquellos procedentes de familias en una "clara situación de vulnerabilidad social" y con dificultades para encontrar en su entorno familiar el apoyo necesario para el estudio.

El proyecto ha contado con cuatro grupos de Educación Primaria, integrados por 44 alumnos, y dos grupos de Secundaria, con once participantes cada uno. Los menores han recibido un total de 137 sesiones de 90 minutos de apoyo al estudio y educación en valores.

Este espacio de estudio y acompañamiento ha prestado especial atención a la promoción de la convivencia intercultural entre menores que han crecido con una doble referencia cultural: la del entorno familiar, mayoritariamente migrante, y la del ámbito escolar y vecinal, caracterizado también por la convivencia multicultural.

El segundo bloque se ha centrado en apoyar los procesos de empoderamiento e independencia de las mujeres inmigrantes y en capacitarlas para la participación social. Un total de 42 mujeres ha participado en 49 sesiones concebidas como espacios de encuentro seguros en los que han podido "compartir experiencias, sentirse escuchadas y establecer relaciones de apoyo mutuo".

Los talleres han incluido actividades de pintura, dibujo y manualidades como instrumentos para crear un "espacio de relación y confianza", así como para "favorecer el empoderamiento personal y el fortalecimiento de la autoestima".

Aunque el proyecto finalizó formalmente el 30 de junio, Almería Acoge ha mantenido la atención a las mujeres mediante convocatorias esporádicas. Asimismo, ha puesto en marcha un taller de lectura para los menores durante julio y agosto y ha organizado juegos en la calle como oferta de ocio alternativo y de promoción de la convivencia.

Crece un 7,8% el número de documentos de residencia concedidos en 2025 por el aumento de peticionarios de Venezuela, Ucrania y Reino Unido

  MADRID.- El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) ha publicado la estadística "Flujo de documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025". El número de autorizaciones concedidas asciende a 1.577.842, lo que supone un incremento del 7,8% (114.238 documentos) respecto al año anterior.

Esta estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional, contabiliza la totalidad del número de documentos de residencia concedidos durante el año, esto incluye concesiones iniciales, renovaciones, modificaciones, prórrogas y recuperaciones. 

Es importante destacar que el número total de documentos no es equiparable al número total de personas a las que se les ha concedido un documento de residencia, puesto que una misma persona ha podido obtener, por ejemplo, un permiso inicial y posteriormente una renovación, lo que equivale a una misma persona con dos documentos concedidos al lo largo del mismo año.

El OPI señala que, en el año 2025, los permisos de residencia aumentaron un 7,8%, respecto a 2024, esto es, 114.238 documentos concedidos más. El Observatorio recoge como datos relevantes el crecimiento de los concedidos a nacionales de Reino Unido.

 Este colectivo pasaría de 26.325 a 57.396 debido a las modificaciones de la documentación temporal a permanente de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) de nacionales del Reino Unido, al haber transcurrido ya más de 5 años desde la implantación de este tipo de documentación.

Destacan también, con un 19,5% de variación positiva, los documentos de residencia concedidos a personas nacionales de Venezuela, y los documentos de residencia a nacionales de Ucrania a través de la protección temporal en 2025.

Las personas de tres nacionalidades, Ucrania (244.579 documentos), Venezuela (224.341) y Marruecos (187.790), recibieron el 42% de los documentos de residencia expedidos en 2025.

Respecto a las autonomías en las que han sido solicitados los documentos de residencia expedidos durante 2025, destacan Cataluña y la Comunitat Valenciana, con 311.038 y 282.897 concesiones respectivamente. 

Les siguen en número la Comunidad de Madrid con 275.607 y Andalucía con 232.201. Estas cuatro comunidades autónomas han concentrado el 70% de los documentos de residencia expedidos durante 2025.

De los 1.577.842 documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025, el mayor volumen fue el de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería (1.292.400), representando el 82% de todos los documentos concedidos, con una variación anual del 10,3%.

A este grupo habría que sumar los 244.186 certificados de registro o tarjetas de familiar de nacional UE/AELC en régimen de libre circulación, que representan el 15% del total, y las 41.256 Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) en régimen del Acuerdo de Retirada (3% del total).

Si nos centramos en el grupo más numeroso, el de las autorizaciones de residencia en régimen de extranjería, el Observatorio Permanente de la Inmigración recoge que el 92% de estos documentos (1.192.088) corresponden a una residencia temporal, un 6% (78.922) a residencia de larga duración y un 2% (21.390) a residencia por protección internacional o apatridia.

Entre las autorizaciones de residencia temporal, el motivo más relevante sería el de concesiones de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, excepto arraigo, que alcanza un total de 479.527 casos, lo que representa un 40% del total.

El segundo motivo más frecuente de entre las temporales, es el de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, alcanzando un total de 221.802 casos, lo que representa un 19% del total de autorizaciones de residencia temporal.

Por último, si observamos la distribución territorial de las autorizaciones en régimen de extranjería, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía concentraron el 69% del total de las autorizaciones concedidas en 2025.

El Observatorio Permanente de la Inmigración actualiza también este mes la estadística que contabiliza el total de autorizaciones de estancia por estudios concedidas a personas extranjeras.

A lo largo de 2025, 108.253 autorizaciones por estancia para estudios fueron concedidas a estudiantes y sus familiares.

La edad media de las personas que han obtenido una autorización de estancia por estudios en 2025 es de 27 años, y el 54% (57.977) de las autorizaciones corresponde a mujeres.

Por otro lado, las nacionalidades más frecuentes de las personas a las que se les concedió este tipo de autorización en 2025 son la colombiana (14.784, 14% del total), la peruana (10.270, 9%), la marroquí (8.885, 8%), la estadounidense (7.986, 7%) y la china (7.771, 7%).

El PP-A defiende que la inmigración es una "necesidad para Andalucía y no un problema"

 SEVILLA.- El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido este domingo que "la inmigración es una necesidad para Andalucía y no es un problema", siempre que sea con "orden y control".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la XIII legislatura, ha manifestado que Andalucía es una tierra que se ha formado y se ha fraguado como "crisol de cultura y de centenares de millones de personas que a lo largo de la historia han venido a aportar lo mejor que tenían y han permitido construir la tierra que hoy tenemos".

Ha añadido que "lo que es un problema es la inmigración desordenada y utilizada electoralmente como ha hecho Pedro Sánchez".

"Sí a la inmigración pero con orden y con control y no a la inmigración utilizada porque al final eso es lo que supone es un maltrato claro para las propias personas que vienen y una alfombra roja para las mafias que trafican con esas personas", según ha señalado.

Sobre el pacto de gobierno con Vox, ha señalado que fue el único partido que se mostró dispuesto al diálogo y con el que el PP-A comparte "cosas" y en otras son distintos.

Ha destacado además que Juanma Moreno hoy ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Junta "con un respaldo del Parlamento de 68 diputados", algo que no "había ocurrido nunca".

Asimismo, ha defendido que "hay que normalizar el diálogo y el acuerdo, que no se pueden en demonizar". 

Ha indicado que Andalucía arranca una "nueva etapa que va a seguir siendo de construcción, de avance, de crecimiento económico, de bajada de impuestos, de creación de empleo y de ilusión y futuro para los andaluces".

Atienden a cerca de cien inmigrantes tras alcanzar la costa almeriense en patera, diez de ellos heridos

 ALMERÍA.- Los servicios de emergencias y la entidad Cruz Roja han atendido cobrando dinero público desde este pasado martes a cerca de un centenar de personas que han conseguido alcanzar a bordo de diferentes pateras varios puntos de la costa de Almería, entre los que se contabilizan al menos diez heridos.

La última de las embarcaciones ha sido avistada sobre las 6,35 horas de este miércoles en la Playa de los Muertos de Carboneras, donde las autoridades fueron alertadas ante la llegada de una patera, según han indicado fuentes del 112 Andalucía.

En este sentido, desde la Guardia Civil se ha confirmado la localización de en torno una decena de ocupantes de la patera, que han sido conducidos al Centro Temporal de Extranjeros de Almería (CATE) ubicado en el puerto pesquero de Almería.

Durante la jornada de este martes, los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja atendieron cobrando a otras 46 personas, entre ellos cuatro menores de edad, que alcanzaron la playa de los Cocones de Carboneras sobre las 5,00 horas de la madrugada.

En este sentido, del total de personas que desembarcaron en la playa, tuvieron que ser atendidas por heridas e incluso, una de ellas, fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería debido a un traumatismo en una rodilla.

De otro lado, en la zona del Poniente, también se constató el desembarco de una patera con más de 40 personas que consiguió llegar por sus propios medios hasta el litoral, donde se apostó ante la mirada de decenas de bañistas en un espacio situado cerca del camping de Balerma, próximo a Guardias Viejas.

El desembarco de la patera, que posteriormente volvió mar adentro, derivó en avisos a la Policía Local de El Ejido y la Guardia Civil, que organizaron el traslado de los inmigrantes al CATE tras localizar a dos de ellos en las proximidades.

Marlaska destaca el Contingente 5 de Frontex como "un paso más" en la respuesta europea para el refuerzo de fronteras

 LISBOA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles que la creación del Contingente 5 de Frontex es un "paso más" en la construcción de "una respuesta europea común" que fortalece el control de las fronteras.

Marlaska, que ha participado este miércoles en Lisboa en la inauguración de la nueva oficina de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ha expresado que este modelo operativo se fundamenta en la "cooperación, en la prevención, en la puesta en común de recursos y capacidades, en el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida", según ha informado Interior en un comunicado.

Según el titular de Interior, la nueva oficina permitirá una respuesta más "rápida y eficaz" a los retos migratorios, los cuales, según ha defendido, "se afrontan mejor trabajando juntos".

En el marco de esta estrategia, el ministro ha instado a Frontex a "profundizar y ampliar sus funciones" en materia de cooperación con los países de origen y tránsito para actuar antes de que se produzca el flujo migratorio. El objetivo de esta estrategia no es evitar las llegadas, sino las salidas", ha manifestado Marlaska, precisando que este enfoque preventivo es la única vía para evitar que "miles de personas no arriesguen su vida en el mar".

La oficina de Lisboa, encabezada por el comandante Marco Fantinato, se integra en la estructura de la Agencia que gestiona actualmente 38 operaciones conjuntas a través de siete contingentes en toda la UE. Al acto también han asistido el ministro de Administración Interna de Portugal, Luís Neves, y el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens.

El Ministerio del Interior ha recordado que la agencia europea ya cuenta con personal desplegado en España, destacando la misión anual en Canarias liderada por la Policía Nacional para gestionar llegadas irregulares en puertos y centros de atención de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Asimismo, se mantienen activas la operación Minerva en Algeciras, Tarifa y Ceuta para la inspección documental y prevención de actividades ilícitas, y la operación Indalo, liderada por la Guardia Civil, que refuerza la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El apoyo de Frontex se extiende también a las Islas Baleares mediante servicios de vigilancia aérea prefronteriza para analizar movimientos migratorios.

Este encuentro en la capital portuguesa representa la cuarta reunión bilateral entre Grande-Marlaska y Hans Leijtens desde que este último asumiera la dirección de Frontex en diciembre de 2022, reforzando la colaboración directa en la gestión de las fronteras del sur de Europa.

La regularización extraordinaria de migrantes afronta su última semana de presentación de solicitudes

 MADRID.- El proceso de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular en España afronta su recta final, al quedar una semana para que concluya de forma definitiva el plazo de presentación de solicitudes, fijado para el próximo martes 30 de junio.

Hasta la fecha, según los últimos datos confirmados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes presentadas superan las 900.000 peticiones desde que se abrió el proceso el pasado 16 de abril.

No obstante, estas mismas fuentes explicaron la semana pasada que estos datos están "todavía pendiente de filtrado" y advirtieron de que, tal y como ocurrió en la regularización de la dana de Valencia, "pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".

"El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España", destacaron.

Asimismo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este lunes 22 de junio en Baleares que la regularización "va como estaba previsto".

 "Más allá de cifras, estamos hablando de la vida, de proyectos de vida de miles de personas que por fin van a salir de los márgenes, van a dejar de ser invisibles y van a tener derechos y obligaciones", ha indicado.

Mientras, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró el viernes 19 de junio que los datos habían "superado las expectativas" que tenían en el Ministerio. 

"Ahora lo que importa es que esas expectativas que se han generado se puedan concretar", precisó en la jornada 'Enfocando un refugio para la paz', organizada por Accem con motivo del Día Mundial del Refugiado.

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fijó el pasado lunes 15 de junio en un millón las solicitudes a la regularización, aunque también avisó de la posibilidad de duplicidades.

"El proceso de regularización, según las últimas noticias que tenemos, están ya dando como solicitudes presentadas alrededor del millón. Seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón", aseguró la directora general de CEAR, Mónica López, en la rueda de prensa de presentación del informe anual de la entidad, con datos del 2025.

En este sentido, López señaló que, según datos con los que cuenta CEAR, hay admitidas a trámite "unas 300.000", es decir, un 30% de las solicitudes presentadas. Además, dijo que hay "retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes. 

"Los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo", apuntó.

De la misma manera, la directora general de la entidad avisó de que el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales, puesto que hay personas que tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas.

"Probablemente serán más", destacó, al mismo tiempo que detalló que, en los últimos días del plazo, podría producirse un nuevo repunte de solicitudes, especialmente entre personas procedentes de países donde la obtención y legalización de documentos resulta más lenta y compleja.

Igualmente, reclamó flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido. En ese escenario, planteó la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.

"En cuanto a los retrasos y cómo lo está viviendo la gente, la gente lo vive con mucha angustia, porque es verdad que aunque llevan esperando mucho tiempo, en el momento que se abre el proceso de regularización, también se genera una expectativa diciendo que en 15 días todo el mundo iba a tener un permiso provisional y no está siendo así", argumentó López.

Precisamente, ante el temor de que existan personas que puedan quedarse fuera por falta de tiempo para presentar su documentación, el movimiento 'Regularización Ya' llevó al Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para ampliar el plazo del procedimiento, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.

"La fecha del 30 de junio es una fecha arbitraria. Sabemos que el Gobierno está diciendo que no puede extenderlo pero sabemos que si hay voluntad política esto se puede llevar adelante", subrayó en declaraciones a medios frente a la Cámara Baja una de las portavoces de 'Regularización Ya', Victoria Columba.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 16 de abril y finaliza el 30 de junio.

Cruz Roja en Almería acompañó cobrando a 392 personas solicitantes de asilo en el último año

 ALMERÍA.- En 2025, Cruz Roja Española ha podido acompañar cobrando por ello a cerca de 38.100 personas  (61,30% hombres), de ellas 392 fueron atendidas, también cobrando, por Cruz Roja en Almería ofreciendo acogida, apoyo jurídico, atención psicológica y acceso al empleo, con más de 10.700 plazas de acogida y una inserción laboral cercana al 38%, gracias a la implicación de 1.200 empresas colaboradoras y más de 1.800 alianzas.

El objetivo de Cruz Roja es contribuir a que estas personas puedan alcanzar una vida digna, autónoma y estable en nuestro país. Para ello, se les brinda un acompañamiento constante, nuevas herramientas personales y sociales o se refuerzan aquellas que estas personas ya tenían previamente. Esto se hace situando a la persona en el centro de su propio proceso.

De las personas atendidas por Cruz Roja el pasado año, más del 25% presentaban algún tipo de vulnerabilidad, destacando las víctimas de violencia, tortura o violaciones, así como el número de familias monoparentales con menores a cargo.

En cuanto al origen, venezolanos y ucranianos siguen siendo mayoritarios, aunque en el último año se ha consolidado un tercer perfil proveniente de África subsahariana, especialmente de Mali, con predominio de hombres jóvenes que han migrado solos y no disponen de redes de apoyo en España.

Por edad, el grupo mayoritario está formado por jóvenes de entre 18 y los 34 años (43,57%), con un importante volumen de personas menores (21,66%) y un descenso de mayores de 65 años (2,62%).

La regularización extraordinaria de migrantes recibe 900.000 solicitudes a dos semanas del cierre del plazo

MADRID.- La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ha recibido hasta la fecha cerca de 900.000 solicitudes a dos semanas del cierre del plazo.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han asegurado que se trata de una cifra "todavía pendiente de filtrado" y han advertido de que, tal y como ocurrió en la regularización de la dana de Valencia, "pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".

"El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España", han destacado.

Las mismas fuentes han señalado que todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha fijado este lunes en un millón las solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes, aunque también ha avisado de que pueden existir duplicidades.

"El proceso de regularización, según las últimas noticias que tenemos, están ya dando como solicitudes presentadas alrededor del millón. Seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón", ha asegurado la directora general de CEAR, Mónica López, en la rueda de prensa de presentación del informe anual de la entidad, con datos del 2025.

En este sentido, López ha señalado que, según datos con los que cuenta CEAR, hay admitidas a trámite "unas 300.000", es decir, un 30% de las solicitudes presentadas.

Asimismo, ha reconocido que "hay un retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes. "Los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo", ha apuntado.

De la misma manera, Lopéz ha achacado el "retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes a la "desinformación" y el "desconocimiento" al comienzo del proceso de la regularización, así como a las "dificultades" en el acceso a las citas y la "escasez" de recursos.

No obstante, la directora general de la entidad ha avisado de el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales. 

Así, ha recordado que todavía quedan dos semanas para presentar expedientes y ha añadido que hay personas que tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas.

"Probablemente serán más", ha destacado, al mismo tiempo que ha detallado que, en los últimos días del plazo, podría producirse un nuevo repunte de solicitudes, especialmente entre personas procedentes de países donde la obtención y legalización de documentos resulta más lenta y compleja.

Igualmente, ha reclamado flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido. En ese escenario, ha planteado la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.

"En cuanto a los retrasos y cómo lo está viviendo la gente, la gente lo vive con mucha angustia, porque es verdad que aunque llevan esperando mucho tiempo, en el momento que se abre el proceso de regularización, también se genera una expectativa diciendo que en 15 días todo el mundo iba a tener un permiso provisional y no está siendo así", ha argumentado López.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 16 de abril y finaliza el 30 de junio.

Oposición de España a los centros de retorno por las "serias dudas" sobre su "legalidad y proporcionalidad"

 LUXEMBURGO.- El ministro del Interior ha participado en el Consejo de Ministros de Interior, celebrado en Luxemburgo, que ha abordado, entre otros temas, la prórroga de la protección temporal de los ciudadanos desplazados de Ucrania y la estrategia de la UE sobre drogas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su participación en el Consejo de Ministros de Interior, celebrado en Luxemburgo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado la "firme" oposición de España al nuevo reglamento de retorno y ha trasladado a los socios comunitarios las "serias dudas" del Gobierno español sobre la "legalidad y proporcionalidad" de la creación de centros de retorno en terceros países.

Durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior, en Luxemburgo, el ministro ha criticado que el internamiento deje de ser una opción de último recurso, al ampliarse el periodo de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas "potencialmente indefinidas".

"¿Vamos a permitir que personas en una situación administrativa irregular estén privadas de libertad más tiempo que criminales condenados por delitos graves?", se ha preguntado Grande-Marlaska. "Para España es inaceptable y para la UE de los derechos y las libertades también debería serlo", ha añadido.

El titular de Interior ha expresado su preocupación por la creación de centros de retorno en terceros países, con convenios no vinculantes y "sin garantías" para los derechos de las personas, "hasta el punto de que una familia con niños podrá ser retornada a países con los que no guarda ningún vínculo", ha precisado.

Estos acuerdos tampoco han tenido en cuenta, en opinión del ministro, su impacto en la "credibilidad y eficacia" de las relaciones bilaterales de los Estados miembros, "clave" en la política migratoria de países que, como España, apuestan por la cooperación. 

"Y es una política migratoria que funciona y que está frenando las llegadas irregulares en más de un 60 por ciento en Canarias", ha recordado.

El Consejo de Ministros de Interior ha abordado una nueva prórroga de la protección temporal de los desplazados de Ucrania, que España ha respaldado en los mismos términos aplicados en la actualidad. 

"Ninguna persona con protección temporal quedará sin una solución adecuada a su situación", ha manifestado durante la celebración del Consejo de Ministros del Interior, en Luxemburgo.

"España ha recibido a más de 266.000 beneficiarios de protección temporal y somos el cuarto país europeo que más ciudadanos ucranianos acoge, pese a nuestra lejanía geográfica", ha recordado el ministro, que se reunió en Kiev con su homólogo ucraniano, a quien le trasladó el compromiso de España con la reconstrucción del país.

España ha apoyado también las conclusiones propuestas por la presidencia del Consejo sobre la Estrategia de la UE sobre drogas y su repercusión operativa, que persiguen armonizar el Plan de Acción de la UE contra el tráfico de drogas 2026-2030, las prioridades EMPACT, las capacidades de las agencias JAI y los instrumentos de cooperación ya existentes.

Grande-Marlaska ha mencionado la "positiva experiencia" española en la prohibición de las lanchas rápidas, al mismo tiempo que ha reiterado la importancia de impulsar un enfoque europeo común para intervenir sobre las embarcaciones y motores de alta potencia, en cooperación con el sector privado, además de promover una respuesta penal disuasoria.

 "Las iniciativas nacionales son necesarias, pero insuficientes", ha subrayado.

En su opinión, la reciente operación de la Guardia Civil sobre el buque Arconian, con más de 30 toneladas de cocaína intervenidas, el alijo más importante de la historia en una sola embarcación, constata "la magnitud de la amenaza del narcotráfico" y la importancia de actuar en las rutas marítimas que conectan América Latina, África y Europa.

Por último, en el marco del Consejo, el ministro ha mantenido sendos encuentros bilaterales con sus homólogos de Luxemburgo, Léon Gloden; Estonia, Igor Taro; e Irlanda, Jim O'Callaghan, país que asumirá la próxima presidencia del Consejo.

Un informe de Sanidad señala que los migrantes están más sanos y consumen menos recursos sanitarios que los españoles

 MADRID.- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado el informe " Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España", un estudio que analiza la realidad sanitaria de las personas residentes nacidas fuera del país, según informa el Gobierno.

El documento confirma el fenómeno internacional conocido como "efecto del inmigrante sano" (healthy immigrant effect), una premisa ampliamente documentada que describe la ventaja epidemiológica inicial de las poblaciones migrantes al llegar al país de destino, con indicadores de salud superiores a los de la población nativa.

El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.

Los resultados son concluyentes: la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas

. En cuatro de ellas -trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma- las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.

El informe también identifica ámbitos en los que la situación de salud es muy similar entre los distintos grupos analizados. Es el caso del infarto agudo de miocardio, con una tasa de 8,7 por mil en personas nacidas en España frente a 8,8 en las procedentes de la Unión Europea, así como de la hipertensión no complicada, que presenta cifras prácticamente equivalentes entre la población autóctona (172,2) y la originaria de África (174,4). 

Esta convergencia se observa igualmente en el ámbito de la salud mental, donde el porcentaje de personas que acudieron a un profesional en el último año es casi idéntico: 18,2% en nacidos en España y 18,1% en población nacida en el extranjero.

Hay cinco excepciones en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud. 

La primera es la diabetes mellitus no insulino-dependiente, con una tasa de 103,2 por mil en personas procedentes del Mediterráneo Oriental, frente a 69,3 en la población nacida en España.

 La población de origen africano registra una mayor incidencia de hipertensión no complicada (174,4 frente a 172,2) y de insuficiencia renal crónica (26,2 frente a 21,2). 

Finalmente, las personas nacidas en Latinoamérica declaran en mayor proporción problemas con el sistema sanitario (27,1 frente a 15,9), lo que evidencia barreras administrativas y burocráticas en su relación con los servicios públicos.

Respecto a la carga de enfermedad crónica también es notablemente mayor entre los nacidos en España. 

El informe señala que este grupo presenta la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos por mil personas, lo que supone una tasa entre un 24% y un 38% superior a la de regiones como Latinoamérica o la Unión Europea. 

De hecho, la tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que en otras regiones.

Este perfil epidemiológico se traduce en un uso de recursos farmacéuticos dispar. La población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra que supera en un 62,7% a la de la población procedente de África y en casi un 50% a la de Latinoamérica.

A pesar de la ventaja inicial del "migrante sano", el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España. 

El informe atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino.

Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva.

Desde hace más de dos décadas, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se basa en un modelo de financiación a través de impuestos y de los Presupuestos Generales del Estado.

 En este marco, el informe, apoyado en el análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subraya que la población migrante contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria. 

Esta conclusión se alinea con la evidencia internacional, como la recogida por la comisión de expertos de The Lancet, que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no solo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino.

El estudio concluye que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias. La atención de patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia no solo tiene un mayor impacto en la salud de las personas, sino que implica un coste significativamente superior para el sistema. 

Por el contrario, el acceso a la atención primaria y a los servicios preventivos favorece el diagnóstico precoz, optimiza el uso de los recursos públicos y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del modelo sanitario.

La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio

 BRUSELAS.- Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado de madrugada un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios --siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania--.

El acuerdo ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelerar al próximo enero frente al año de margen que pedían los Veintisiete. 

Finalmente, la mayoría de las disposiciones del nuevo marco se aplicará en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, según han confirmado fuentes de la negociación, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE). 

La nueva norma establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de "último recurso" y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a la autoridades judiciales decidir sobre ello. 

También reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.

Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno.

La nueva directiva consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda.

De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

En todo caso, estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados.

El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será "una legislación plagada de peligrosos vacíos" que dejará a los migrantes desprotegidos. 

"Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos", ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.

Siete detenidos por introducir inmigrantes mediante 'pateras taxi' en Murcia, Almería y Alicante

 MADRID.- La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Europol y la Policía francesa, han desarticulado una supuesta red criminal dedicada a la introducción irregular de inmigrantes extracomunitarios en Murcia, Almería y Alicante con 'pateras taxi', en una intervención que se ha saldado con siete detenidos --seis en Alicante y una en Marsella--.

Según han detallado los Cuerpos en un comunicado, los arrestados están acusados por la presunta autoría de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de pertenencia a una organización criminal, de contrabando y contra el patrimonio, entre otros.

En el marco de la operación 'Barón-Galón', los agentes han hecho dos registros domiciliarios en Alicante y uno de Santa Pola (Alicante), donde se ha incautado documentación, dinero y varios dispositivos telefónicos relacionados con el "entramado delictivo".

La intervención comenzó a medidados de 2025, cuando investigaciones de la Policía y del Instituto Armado seguían la pista de varios ciudadanos argelinos que, al parecer, facilitaban la logística y el personal para la introducción irregular de compatriotas a través de las costas alicantinas, murcianas y almerienses.

Estos, asentados en la provincia de Alicante, se coordinaban y organizaban para cometer diferentes delitos con el fin último de introducir ilegalmente a personas en el territorio español mediante el método de 'pateras taxi': embarcaciones semirrígidas con motores de gran potencia, con las que transportan a los migrantes.

Gracias a las pesquisas, los uniformados averiguaron que dichas embarcaciones eran de procedencia ilícita, algunas sustraídas en España o Francia y otras con documentación falsa o con contratos de alquiler.

Además, detectaron que algunos miembros se dedicaban a la logística --como el combustible, el alojamiento o el desplazamiento de los patrones de las lanchas--; que la organización controlaba puertos en los que podían sustraer embarcaciones "que sirvieran para sus fines"; así como que elegían y vigilaban "lugares 'seguros'" en los que llegar con las lanchas.

Asimismo, descubrieron conexiones internacionales, principalmente con Francia, relacionadas con la adquisición de embarcaciones y vehículos que después usaban en España. Por ello, se convirtió en "necesaria" la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con cuerpos policiales del ámbito europeo, a través de Europol, para el intercambio de información.

Así pues, se pudo identificar y detener a siete presuntos miembros de la red criminal, que, según relata la descripción del comunicado, son hombres de nacionalidad argelina y libia de entre 25 y 40 años de edad .

La UAL identifica los factores sociales y laborales que deterioran el bienestar de migrantes temporeros

ALMERÍA.- La Universidad de Almería ha llevado a cabo un estudio sobre los factores sociales y laborales que deterioran el bienestar de las personas migrantes temporeras, y que ha sido publicado recientemente en la revista Public Healt.

De esta manera, tal y como ha señalado la institución en una nota de prensa, han definido al sector como "colectivo a la vez vulnerable y esencial para el sector agrícola, pero frecuentemente invisibilizado", al tiempo que ha advertido que "existen pocas investigaciones que analicen de forma integral cómo sus condiciones sociales y laborales afectan a su salud".

Ante ello, dos grupos de investigación "ha unido fuerzas". Se trata del CTS-451 'Ciencias de la Salud' de la UAL y el 'Cuidados de salud (GRECS)' del Instituto de Recerca Biomédica (IRB) Lleida - Fundación Dr. Pifarre.

Este estudio se enmarca en el Proyecto PI20/01310, centrado en salud, migración y desigualdades sociales en población trabajadora agrícola temporera, llamado 'Migración y trabajo agrícola en España: precariedad sociolaboral y salud' (2020-24).

En esta línea, los investigadores hacen referencia en él a "la salud invisible del campo", haciendo un análisis de cómo las condiciones sociales y laborales influyen en la salud percibida de las personas migrantes que trabajan como temporeras en la agricultura.

A partir de 623 encuestas a hombres y mujeres magrebíes y de África subsahariana en Andalucía, en concreto en Almería y Huelva, Lleida y La Rioja, los resultados muestran que la mala percepción de la salud es frecuente en las personas migrantes que trabajan en el campo, y que esta situación afecta de manera especial a las mujeres.

Así, se han identificado varios factores asociados a una "peor percepción de la propia salud", como la precariedad laboral, las largas jornadas de trabajo, la exclusión social, las condiciones de vivienda inadecuadas, la falta de acceso a recursos sanitarios y las desigualdades de género.

El estudio sugiere que la salud y el bienestar "no dependen solo del esfuerzo físico intenso del trabajo agrícola, sino de un conjunto de condiciones estructurales".

Así, hacen referencia también a factores sociales como el nivel educativo, la situación administrativa o el aislamiento, ya que muchas de estas personas experimentan dificultades para acceder a servicios básicos, lo que agrava su vulnerabilidad.

Por ello, comprender estos factores "es clave para diseñar políticas públicas más justas y eficaces que protejan la salud de quienes desempeñan un papel esencial en el sistema agro-alimentario".

A corto plazo, los resultados pueden contribuir a visibilizar la situación de vulnerabilidad de las personas temporeras migrantes, facilitando que profesionales sanitarios, entidades sociales y administraciones públicas comprendan mejor sus necesidades.

Ya más a medio plazo, este conocimiento puede ayudar a orientar políticas públicas más equitativas, mejorar las condiciones laborales y de vivienda y favorecer un acceso más adecuado a los servicios de salud.

En última instancia, el estudio busca contribuir a reducir las desigualdades en salud y a promover condiciones de vida más dignas para un colectivo clave en la cadena alimentaria.

Un informe alerta de las dificultades de migrantes en asentamientos de Níjar para acceder al padrón

 ALMERÍA.- Un informe sobre el acceso al padrón en Níjar ha alertado de la "invisibilidad" administrativa que afecta a personas migrantes que residen en asentamientos, chabolas, cortijos, garajes o infraviviendas cuando no logran inscribirse en el registro municipal, lo que dificulta su acceso a derechos básicos.

El documento, titulado 'Vivir sin existir' y elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería, parte del trabajo de acompañamiento realizado por la entidad desde 2023 a personas con dificultades para empadronarse en el municipio, en un contexto marcado por la presencia de población migrante vinculada al trabajo agrícola y por situaciones de infravivienda dispersa.

Según el informe, entre 2023 y 2025 el SJM acompañó 981 expedientes relacionados con el acceso al padrón en Níjar, si bien precisa que esta cifra refleja el volumen total de acompañamientos y no una base estadística cerrada o exhaustiva.

De los 417 casos en los que ha sido posible identificar con suficiente fiabilidad el resultado administrativo de la solicitud, 213 concluyeron con una denegación expresa, 45 quedaron sin resolución dentro del plazo legal o con incidencias vinculadas al silencio administrativo, y 159 acabaron con el empadronamiento finalmente obtenido.

Entre las dificultades detectadas, el documento recoge la exigencia de autorización del propietario, el bloqueo en cortijos y edificaciones rurales, los rechazos verbales en ventanilla sin registro, las denegaciones por "falsa domiciliación", las comprobaciones realizadas en horario laboral agrícola y los expedientes paralizados durante meses.

El informe sostiene que estas prácticas no pueden interpretarse como errores aislados, sino como "obstáculos recurrentes" que afectan a personas en situación de infravivienda, exclusión residencial o elevada vulnerabilidad social. En este sentido, recuerda que el padrón municipal debe basarse en la "residencia efectiva" y no en la situación urbanística, contractual o material de la vivienda.

La entidad apunta que estas situaciones tienen consecuencias directas, ya que generan "trabas para la escolarización de menores" y "dificultan el acceso de trabajadores migrantes a la regularización" que el propio Estado ha puesto en marcha.

El SJM subraya que, pese a las denegaciones, se han logrado 159 altas padronales en asentamientos, chabolas e infraviviendas. Para la entidad, este dato evidencia que la ley permite empadronar en estos casos y que el problema reside en cómo se aplica el procedimiento, no en la normativa.

El documento advierte además de un "efecto colateral documentado": el mercado irregular de compraventa de empadronamientos, un fenómeno que "prolifera exactamente donde el acceso ordinario resulta incierto o bloqueado".

El informe también vincula las dificultades de acceso al empadronamiento con el procedimiento extraordinario de regularización abierto hasta el 30 de junio de 2026. Aunque aclara que el padrón no es el único medio para acreditar la residencia, advierte de que su ausencia puede provocar dificultades posteriores en trámites como la toma de huellas o la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero.

Entre los casos anonimizados que recoge el documento figura el de Moussa, originario de Malí y residente en un cortijo próximo a Pueblo Blanco junto a otros trabajadores agrícolas, quien no pudo aportar la autorización de la propiedad reclamada por el Ayuntamiento al desconocer la identidad del titular registral.

Meses después, se le detectó una grave enfermedad hepática y la falta de empadronamiento dificultó la realización de pruebas diagnósticas a tiempo e impidió su acceso al tratamiento de diálisis requerido.

Ante esta situación, el SJM plantea al Ayuntamiento de Níjar aprobar criterios internos basados en la "residencia efectiva", evitar la exigencia sistemática de autorización del propietario cuando existan otros medios razonables de acreditación, adaptar las comprobaciones a la realidad laboral agrícola, registrar formalmente todas las solicitudes y reforzar el uso del informe social y del domicilio ficticio en los casos de mayor vulnerabilidad.