miércoles, 5 de septiembre de 2012

Mojácar solicitará a Costas y Junta la reparación de la franja litoral y las ramblas tras la 'gota fría'


ALMERÍA.- La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, ha trasladado este miércoles a la Diputación Provincial su "profunda preocupación" por las pérdidas que al turismo, principal sector productivo del municipio, ha causado la 'gota fría' que el viernes dejó en la comarca del Levante precipitaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado y ha anunciado que remitirá escritos a la Dirección General de Costas y a la Junta de Andalucía para pedir soluciones.

   En una reunión con el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el vicepresidente, Javier Aureliano García, la regidora ha señalado la "extrema urgencia" de reparar los desperfectos causados por las avenidas de agua y de reparar la franja costera ya que es su principal atractivo turístico.
   Según ha informado la institución en un comunicado, Cano ha agradecido a la Diputación Provincial el "importante" trabajo que está realizando con su maquinaria en materia de reparación de caminos rurales, limpieza y desbroce, así como en la eliminación de sedimentos y ha solicitado que se mantenga.
   Por otro lado, Cano ha anunciado que acudirá al Gobierno, a través del Servicio Provincial de Costas, para solicitar ayuda con carácter urgente para la restauración de las playas del municipio, que se han visto "gravemente afectadas" y a la Junta andaluza.
   Ha trasladado, en concreto, que pedirá a la Delegada del Gobierno Andaluz, Sonia Ferrer, que la administración autonómica actúe con "la mayor brevedad posible" en las ramblas y barrancos y que adopte las medidas que sean necesarias en los cauces "para que no vuelvan a suceder desastres como estos".

La RTVA defiende que con la "unificación" de canales se hará uno "mejor"

SEVILLA.- El director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Pablo Carrasco, ha defendido este martes la "unificación" de los canales televisivos del ente público para poder realizar así "una única programación que será mejor que la de Canal Sur y mejor que la de Canal 2" y que, además, "prestará el mismo servicio público o mejor que tenemos encomendado pero usando nuestros recursos de forma más eficiente".

   Así lo ha dicho en el transcurso de una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha querido señalar que esta medida que anunció ayer martes en el Parlamento "tiene también muchos aspectos positivos", sobre todo, de cara al futuro de la RTVA.
   "Entiendo que esta decisión genere cierta intranquilidad, lo que no entiendo es que se piense que es una decisión mala para el futuro de esta empresa, porque es una decisión buena y coherente con los recursos que tenemos disponibles, que son un tercio menos de aportación pública y la mitad de la publicidad. Por tanto, tenemos que hacer cosas porque, si no las hacemos, sí que el futuro será complicado", ha enfatizado.
   Tras admitir, no obstante, que la medida tiene "algunos aspectos negativos", Carrasco ha explicado que en ningún caso supone "el cierre" del segundo canal, que se dedicará en exclusiva a emitir la programación del primero pero de forma "completamente accesible para las personas con discapacidad sensorial".
   Así, ha advertido de que la "unificación" de la emisión de Canal Sur y Canal 2 "no es un eufemismo" sino la "simple descripción de la realidad".
 "En vez de tener dos programaciones diferentes vamos a tener una única programación que será mejor que la de Canal Sur y mejor que la de Canal 2", ha insistido Carrasco, quien justifica esta decisión en que "en estos momentos de crisis no podemos costear la producción de dos canales diferentes". 
"Por eso vamos a hacer uno solo que sea mejor que los dos que teníamos", ha apostillado.
   Esta medida supondrá un ahorro desde el próximo mes de octubre hasta finales de 2013 de "unos 20 millones de euros", cantidad que se sumará a las obtenidas con el resto de medidas de ahorro --reducción de sueldos entre otras-- que la RTVA, según ha recordado su director general, "lleva años tomando" aunque no hayan tenido "tanta visibilidad" como esta última.
   Según Carrasco, en un contexto como el actual en el que la Junta de Andalucía ha reducido su aportación de 180 millones de euros a 122 en los últimos cuatro años y en el que la inversión publicitaria "ha caído de forma brutal" --la RTVA previó en sus presupuestos para este año 39 millones por ingresos publicitarios y está ahora "intentando llegar a los 20"--, "había que tomar medidas" para seguir manteniendo un servicio público de forma "más eficiente" y "manteniendo la plantilla", algo que ha querido destacar en contraposición de los que se está haciendo en otras comunidades autónomas.
   "Cada comunidad tiene que tomar las decisiones que considere oportunas para tener un servicio de radio y televisión público sostenible. En algunas van a reducir el tamaño de las empresas y a despedir a mucha gente, pero nosotros aquí con este paso lo que intentamos es hacer sostenible a esta empresa sin necesidad de reducir la plantilla", ha argumentado.
   Es por eso por lo que ha dicho "esperar un gesto" de apoyo por parte de la Junta de Andalucía porque, en su opinión, tiene también "argumentos de sobra para esperarlo", ya que la RTVA es la "más barata de todas las televisiones autonómicas de España". 
"En Galicia, por ejemplo, el Gobierno dedica más del uno por ciento de su presupuesto a su televisión, y en Andalucía es el 0,38 por cierto. Es decir, que somos la comunidad que menos costamos en relación a su presupuesto, así que hay argumentos para que sigamos siendo lo que menos costamos pero con menos diferencias", ha añadido.
   Tras reiterar que "la casa tiene futuro" y que no se le pasa por la cabeza "que alguien se plantee que los recursos que tengamos no sean los suficientes como para prestar el servicio público que tenemos encomendado" por el Estatuto de Andalucía, Carrasco ha querido poner en valor también la decisión de dotar al Canal 2 de una accesibilidad total.
   Las personas con discapacidad sensorial podrán ver a partir de octubre toda la programación de Canal Sur en lenguaje de gestos --donde adquirirá más protagonista el traductor y ya no estará "vestido de negro y en un cuadro pequeño"-- y las películas no solo estarán subtituladas, sino que estarán audiodescritas, de manera que las personas ciegan no solo escuchen los diálogos sino que oigan la descripción de las escenas y de lo que acontece.

La Junta lamenta que la Diputación "rompa unilateralmente" el convenio de colaboración en materia social

ALMERÍA.- El delegado territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta andaluza en Almería, Alfredo Valdivia, ha lamentado que la Diputación Provincial "haya roto unilateralmente" el convenio de colaboración entre ambas administraciones al "eliminar" las diez plazas concertadas del programa de Respiro Familiar por "motivos de organización", lo que ha motivado que este servicio haya dejado de prestarse desde el 19 de mayo. 

   Así lo ha trasladado tras una reunión mantenida este miércoles con la diputada delegada del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Almudena Valentín. Durante la reunión, según ha indicado la Junta en un comunicado, Valdivia se ha comprometido a agilizar los pagos correspondientes al concierto de plazas durante los meses de junio y julio.
   Al tiempo, ha pedido a la Diputación Provincial una "mayor agilidad" en la remisión de las facturas mensuales, ya que las de  meses de marzo, abril y mayo, no fueron enviadas a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social "hasta mediados de julio, provocando un retraso en los pagos, que por otra parte, ya han sido abonados en su totalidad".
   Según los datos aportados por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, se han transferido en los primeros ocho meses de 2012 un total de 9.639.560,24 euros a la Diputación Provincial de Almería para la financiación de los servicios sociales y a la atención a mayores y personas dependientes en los municipios de menos de 20.000 habitantes de Almería.
   Estas transferencias se destinan principalmente a los servicios de Atención a la Dependencia, el refuerzo de los servicios sociales comunitarios y el concierto de más de un centenar de plazas en la Residencia Asistida que gestiona la institución provincial.
   La principal aportación de la Junta de Andalucía a la Diputación Provincial de Almería en materia de servicios sociales es la destinada al funcionamiento de la Ayuda a Domicilio en los municipios de la provincia. Por este concepto, la Consejería de Salud y Bienestar Social entregó en el año 2011 un total de 18.407.710 euros al ente provincial. En los primeros meses de 2012 se han transferido ya a la Diputación de Almería 7.837.230,85 euros para la financiación de estos servicios, correspondientes al pago comprometido para el primer semestre del año.
   El servicio de Ayuda a Domicilio, puesto en marcha tras la aprobación de la Ley de la Dependencia, permite  en función del grado reconocido al usuario, que éste reciba asistencia en su hogar durante un número variable de horas. Este servicio es gestionado por las corporaciones locales, con la financiación de la Junta de Andalucía.  En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los fondos son transferidos a las Diputaciones Provinciales.
   Igualmente, la Ley de Dependencia contempla un refuerzo económico para los servicios sociales comunitarios, destinado a sufragar la mayor carga de trabajo que supone la atención a las personas dependientes. Por este concepto, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha aportado en 2012 un total de 829.450 euros, abonados en el primer semestre del año, para hacer frente a las transferencias a los ayuntamientos a lo largo de todo el año.
   Para la atención de las personas mayores, la Junta de Andalucía, además de un centro propio, la Residencia de Mayores de El Zapillo, mantiene conciertos con más de una treintena de entidades públicas y privadas de la provincia de Almería. Entre estos centros se encuentra la Residencia Asistida de la Diputación, con la que en diciembre de 2007 se firmó un convenio para la creación de plazas residenciales para mayores y personas con discapacidad.
   En este convenio se establecía el concierto de 117 plazas de asistencia para mayores, 50 plazas para la atención de personas con trastornos graves de conducta y 10 plazas para el programa de Respiro Familiar de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Para hacer frente al mantenimiento de estas plazas, la Junta de Andalucía ha pagado durante el pasado año 2011 más de 1,7 millones de euros.
   En 2012, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha abonado hasta la fecha a la Diputación Provincial de Almería un total de 972.879,27 euros para el pago de las plazas concertadas en la Residencia Asistida.

El Ayuntamiento de El Ejido ejecuta el derribo de diez nuevas chabolas en el asentamiento de tierras de Almería

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha ejecutado este martes las órdenes de derribo que pesaba sobre varias viviendas del asentamiento del paraje 'Tierras de Almería' y en las que vivían diez personas. Esta actuación se suma a la demolición de otra veintena de chabolas en la misma zona aunque, de momento, se ha paralizado el desalojo de un asentamiento mayor en que habitan un centenar de inmigrantes gracias a la interposición de recursos de reposición al acuerdo de junta de gobierno que daba vía libre a esta actuación.

   Así lo ha indicado hoy un portavoz de La Plataforma por los Derechos y la Justicia Social de Almería que integra a una treintena de organizaciones políticas y sociales, Francisco Sánchez, quien ha trasladado que existe un "compromiso" por parte del Consistorio ejidense para convocar una reunión tripartita con la Junta y la Subdelegación del Gobierno central en la que abordar una solución bien individual bien colectiva a la situación que se vive en este poblado chabolista.
   Con este objetivo, la Plataforma ha convocado una encuentro en el que solicitarán a los inmigrantes afectados por las órdenes de derribo que aporten por documentación "por escrito que acredite la situación laboral, social y económica" en la que se encuentran para, de este modo, poder demandar a la administración una "alternativa digna".
   Cabe recordar que la Policía Local con fecha 21 de agosto emplazó a los habitantes del asentamiento ubicado junto a la carretera que une Almerimar y el municipio de La Mojonera, en su mayoría en situación irregular, a que abandonasen el enclave antes del pasado día 1 o a que presentase recurso de reposición en un periodo de 30 días como finalmente ha sucedido.
   Por otro lado, la Plataforma, que integra, entre otros, a colectivos como 'Almería Acoge', IULV-CA, Equo, SOC, Ustea y SAT, ha recibido respuesta de la Junta andaluza a la propuesta que enviaron para mantener una reunión y se ha fijado para el día 17 un encuentro con la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, en la que se abordará el problema de la infravivienda en El Ejido.
   El acuerdo por vía de urgencia de la junta de gobierno local ejidense de fecha 16 de agosto señala que la zona de la Carretera del Alcor acoge un asentamiento de chabolas construidas en torno a una balsa de riego y que se observan "embolsamientos de agua en terreno, conducciones de goma en mal estado y gran cantidad de basuras acumuladas en el tiempo".
   La resolución hace alusión, asimismo, a un informe que describe que los alojamientos son "de pequeñas dimensiones, elaboradas en sus cerramientos y cubiertas con restos de madera, telas de sombreo", por lo que concluye que procede su demolición en virtud de su apariencia de "una situación de ruina".
   En este punto, se refiere al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo y a la ley que regula el derecho a la vivienda en Andalucía, y subraya que el asentamiento carece de todo tipo de instalaciones "tanto eléctricas como de fontanería y saneamiento, presentando una situación de auténtica insalubridad y falta de habitabilidad", por lo que, según añade, procede el "urgente previo desalojo de los moradores y la demolición para evitar riesgos personales innecesarios".

La docente de Religión que se casó con un divorciado no será llamada este curso

ALMERÍA.- La profesora de Religión Resurrección Galera, cuyo despido en 2002 por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional (TC), ha recibido una comunicación del Obispado de Almería en el que se le informa de que "no va a ser llamada" para impartir clases de esta materia en el curso 2012-2013.

   La citada comunicación, realizada mediante un burofax este lunes, señala que Galera, cuya readmisión hasta el 31 de agosto fue ordenada mediante auto judicial el pasado mes de mayo, no ha obtenido la 'missio canóniga' por parte del obispo de la diócesis almeriense con la que se le habilitaría para ejercer la docencia de Religión tras resolver su idoneidad.
   Así lo ha indicado hoy el marido de la profesora, Johannes Romes, quien ha avanzado que, a la espera de que la comunicación sea estudiada por los servicios jurídicos de CCOO, la intención pasa por presentar una nueva demanda por despido nulo. "No hace falta que el Obispado especifique porqué no está en la Propuesta del Ordinario Diocesano. Sabemos que son las mismas razones que llevaron al TC a estimar que actuaron discriminatoriamente", ha añadido.
   El burofax remitido por la Diócesis cita, en la misma línea que el argumentario esgrimido en el segundo recurso de amparo elevado ante el Constitucional, una sentencia de este órgano de 2007 en la que se pronuncia en sentido contrario a caso de Galera en un supuesto similar y apunta a que la citada resolución está pendiente de resolver ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
   Así, para el Obispado es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" y considera que Resurección Galera, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".
   Romes ha indicado, por otra parte, que en próximos días van a estudiar como proceder ante el incumplimiento del Ministerio de Educación (MEC) que sólo ha dado respuesta parcial al auto de ejecución dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 de Almería en abril por el que se ordenaba, además de que en un plazo de cinco días procediese a reponerle en su antiguo puesto hasta el pasado 31 de agosto, que debía serle abonada la cuantía de poco más de 42.000 euros en concepto de salarios de tramitación.
   De momento, según ha detallado, el MEC solo ha abonado los salarios correspondientes hasta ese día 31 en que expiraba la relación contractual de Galera pero sigue sin abonar 12.540,5 euros brutos del total del importe de los salarios de tramitación pese al plazo improrrogable de cinco días que le dio el juzgado a finales de mayo. El auto de ejecución del magistrado Juan Carlos Aparicio se encuentra recurrido en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tanto por la letrada de Galera como por el ministerio.
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional  concedió once años después a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' de la capital, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   En cumplimiento de la orden de retrotraer las actuaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 dictó una nueva sentencia, en este caso favorable a Galera al declarar el despido nulo, que fue recurrida al TSJA, que ratifico la resolución por la diócesis almeriense, que también ha elevado recurso de amparo al TC a través de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal.

El Congreso acelera la Ley que abre la puerta a los rescates autonómicos


MADRID.- El Congreso aprobará la próxima semana las últimas modificaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que precisa los requisitos para poder acceder a mecanismos de financiación extraordinaria que el Estado ponga en marcha para comunidades autónomas y entes locales, tales como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

   Así, la Cámara alta ha decidido acelerar la aprobación de la norma, que en circunstancias normales habría debido pasar por debate de totalidad en el Pleno de las cinco enmiendas de devolución presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, ERC y BNG; trámite de ponencia en la Comisión de Hacienda, debate de las enmiendas parciales y votación definitiva en el hemiciclo.
   Sin embargo, la urgencia de las necesidades de liquidez manifestadas por algunas comunidades autónomas --como Cataluña o Andalucía, que han pedido anticipos de la financiación del FLA-- ha llevado a la Junta de Portavoces del Congreso a decidir la tramitación del proyecto de ley por la vía directa y en lectura única.
   Esto significa que todas las propuestas de modificación se tratarán conjuntamente en el Pleno del próximo jueves, que aprobará definitivamente la norma para que pueda entrar en vigor y regular cuanto antes el FLA.
   Esta decisión ha soliviantado a algunos partidos de la oposición. Así, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela rechazó este martes la decisión de acelerar la tramitación de la norma. "No es cualquier ley", recordó, criticando que las "prisas" del PP por aprobarla "sin discutir" van a dejar la modificación en "una faena de aliño".
   Sin embargo, el portavoz 'popular' en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que sin la aprobación de los cambios en esta ley no es posible poner en funcionamiento el Fondo, y ha afeado a la oposición que "pida que no tratar este tema deprisa pero que luego exija el acceso a los fondos" del rescate.

Este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calcula que este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros, lo que supondría batir el récord del año 2007 e incrementar un 3,7% el dato del año pasado, con lo que el gasto turístico podría superar los 55.000 millones de euros.

   Así lo ha avanzado en su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, donde Soria ha repasado las medidas adoptadas por su departamento en materia turística desde el pasado mes de noviembre y también ha hecho balance de la temporada estival con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
   En este sentido, ha indicado que el verano se cerrará con aproximadamente 27,6 millones de turistas internacionales, el 3,9% más que en la misma época del año pasado, que ya fue "espectacular" gracias a la recepción de muchos visitantes que cambiaron de destino por razones como la Primavera Árabe. Sólo en julio visitaron el país 7,7 millones de extranjeros (+4,4%), y desde enero han superado los 32,8 millones (+3,3%).
   "De mantenerse la tendencia, es muy posible que podamos cerrar el año con cerca de 57,8 millones de turistas internacionales, lo que supondría un incremento del 3,7% respecto a la buena cifra del año pasado", ha apostillado el ministro, que no renuncia a "consolidar" esos turistas llegados por "factores externos".   
   Así las cosas, Soria ha indicado que el gasto turístico en los primeros siete meses del año se ha incrementado un 6,4% (un 8,9% sólo en el mes de julio) por lo que, de mantenerse esta tendencia y a la luz de las cifras de 2011, "se podrían alcanzar los 55.000 millones de euros, un 6,5% más que el año pasado".
   En cuanto a la balanza de pagos, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, el turismo registró, entre enero y mayo, un superávit de 9.817 millones de euros, con una cobertura del 73,5% del déficit comercial.
   Frente a esto, el turismo nacional ha tenido un "peor comportamiento", con una caída de las reservas del 20% hasta agosto. No obstante, Soria ha alertado de lo engañoso de estas cifras, dado que "han aumentado los desplazamientos internos" pero muchos ciudadanos "no han usado alojamientos hoteleros". De hecho, entre enero y julio se incrementaron un 5% los turistas nacionales, con un 3% de mejora sólo en julio.
   "De ahí el llamamiento para que los españoles conozcamos nuestro país y disfrutemos de la intensa oferta existente dentro de nuestras fronteras", ha añadido en referencia a sus declaraciones instando a los españoles a quedarse en el país durante el verano. En su segunda intervención ha precisado que, como ministro, su obligación es promocionar el turismo en el país "dentro y fuera de España".
    "Critican lo que dije, pero es como si el ministro de Industria alemán, en vez de sugerir que se compren coches alemanes, dijera que se compren coches coreanos, que son más baratos. Además, imagine lo que me hubieran dicho hoy aquí si, a la pregunta de si los españoles deben hacer turismo en España, hubiera contestado: 'No, hombre, que hace mucho calor. Que vayan a Laponia este verano'", ha ironizado Soria.
   A renglón seguido, el ministro ha defendido el Plan Nacional de Turismo aprobado en junio y que constituirá la "herramienta fundamental para adaptar y modernizar un sector capital para la economía", con medidas como las líneas ICO dotadas con 266 millones de euros para "renovar la infraestructura turística", aumentar su eficiencia y apoyar a los jóvenes emprendedores del sector.
   Además, se ha "renovado" el modelo de Turismo Sénior de Segittur para "involucrar más a los municipios" receptores de estos visitantes y a la iniciativa privada; y se ha "desarrollado una política de flexibilidad en materia de visados", particularmente con mercados emisores de gran crecimiento como Rusia. Soria ha defendido también la subida de tasas aeroportuarias decidida por Fomento para "combatir el fuerte carácter estacional del modelo turístico de algunas comunidades", con una política "especial" para Baleares y Canarias.
   También ha recordado que, aunque "tres de cada cuatro euros de la actividad turística se desarrollan en turismo de sol y playa", España también cuenta con "una riqueza potente y creciente" de oferta turística rural, cultural, gastronómica, de compras o deportiva. "Están en alza y tienen un potencial de crecimiento ciertamente grande", ha dicho.
   Por último, el titular de Turismo ha puesto de relieve que el Plan Nacional está pactado con todos los actores públicos y privados, de quienes se han incorporado 200 propuestas de mejora; y también es transversal, al tener en cuenta aspectos de otros ministerios como flexibilidad laboral, Ley de Costas o estadísticas.
   En la misma línea, se ha puesto en marcha una plataforma de intercambio de iniciativas con las comunidades autónomas y se apuesta de forma decidida por las nuevas tecnologías en la promoción turística, "bajo el paraguas de la Marca España". Para abundar más en las líneas generales del Plan, Soria ha anunciado que solicitará una nueva comparecencia específica de Turismo en el Congreso.
   Durante su réplica, el socialista Sebastián Franquis ha reprochado al ministro que, pese a su larga intervención, "no haya dedicado ni una palabra al impacto que la subida del IVA ha tenido en el sector turístico" ni ha entrado en las "consecuencias negativas" de la subida de tasas aeroportuarias.
   Además, se ha quejado de la escasez de tiempo para tratar asuntos tan extensos, especialmente en un sector como el turístico, que "hasta hace pocos meses crecía económicamente y creaba empleo, cosa que no ocurre en estos momentos por las medidas del Gobierno". "Han sido seis meses de mucha desconfianza, desconcierto, engaños e incumplimientos. Y las cifras no pueden esconder las falsedades", ha añadido.
   Por último, ha criticado las palabras de Soria este verano, instando a los españoles a practicar turismo nacional porque fuera "hay muchos mosquitos", ya que a su juicio reflejan "una visión muy estrecha" del turismo. "Habríamos querido campañas para favorecer el turismo nacional, pero eso es diferente a ocurrencias como ésa. Además, ¿qué diría si los ministros de Francia, Alemania o Reino Unido practican lo que usted dice? ¿Estaríamos teniendo estas cifras de turismo?", ha concluido Franquis.
   Carles Pàramo, de CiU, ha recomendado al Gobierno que aplique una "visión transversal" al tema turístico, y ha apuntado la necesidad de mantener líneas de financiación "accesibles y flexibles", atender a Internet, apoyar a empresarios que trabajan en mercados emergentes, y diseñar un "marco fiscal y laboral que apoye al turismo en temporada baja".
   Además, ha reclamado "reconocimiento" a los municipios turísticos, medios para luchar contra el 'top manta' o la prostitución, y más inversión en infraestructuras de transporte. "¿Para cuándo la conexión del AVE con Europa o la participación del sector privado en la gestión de los aeropuertos?", ha preguntado.
   El diputado canario Pedro Quevedo (CC-NC) ha coincidido en que dichas palabras "no benefician en nada" y deberían "evitarse" porque "la mayoría de los españoles veranean ya en España, y además mal, porque no tienen posibilidad de veranear en otro sitio". Asimismo, ha acusado al ministro de haber "hundido" al sector, como muestran los "deteriorados" datos de paro y actividad, y ha hecho referencia a los problemas particulares de Canarias, donde el 30% del PIB regional depende del turismo.

La receta de Rajoy no funciona / Juan Torres López *

Rajoy ha tratado de hacer frente a la crisis mediante una receta que contiene tres ingredientes principales.

El primero es una gran dosis de disimulo para tratar de ocultar las mentiras, los incumplimientos programáticos y los juegos de manos que está habituado a hacer. Todo el mundo sabe que el presidente es un consumado especialista en mirar a otro lado cuando se presenta un problema para tratar de solucionarlo por el simple expediente de dejar que se pudra o que desparezca solo. Un procedimiento, sin embargo, que ya no le funciona por la sencilla razón de que no es lo mismo ser ministro o incluso principal líder de la oposición que presidente del gobierno, una posición desde la que, como siempre se ha dicho, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo. Y, sobre todo, porque ha cometido el mismo error garrafal que hundió a José Luis Rodríguez Zapatero y a su partido: creer que la crisis era domesticable, no solo con dejar pasar el tiempo sino, en el caso de Rajoy, pensando que la llegada al gobierno del PP sería suficiente para modificar el signo de los acontecimientos (“Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, decía Montoro, no en vano, uno de sus hombres de confianza).

El segundo ingrediente de la receta Rajoy es un prontuario ideológico muy elemental y en su caso desarrollado con una retórica bastante pobre pero que contiene todos los principios ideológicos del neoliberalismo. Sea por convicción, por conveniencia o por necesidad, Rajoy forma parte de esa cohorte de políticos y economistas que se ha creído que los primitivos dogmas neoliberales que recitan de memoria, y cuya eficacia nadie ha conseguido demostrar, son realmente capaces de resolver los problemas que tienen por delante. Se creen que liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo salarios y haciendo reformas orientadas a dar más poder a los empresarios se creará más empleo y aumentará la competitividad de la economía; que las políticas de austeridad, la disminución del gasto y los impuestos reducen el déficit y la deuda en etapas de recesión; que eliminando sector público se estimula la actividad privada; o que se logra más equilibrio y estabilidad dando plena libertad a las fuerzas del mercado y a los grandes grupos financieros y empresariales.

Tampoco le funciona ya este ingrediente porque la realidad es terca, incluso más terca que el propio Rajoy, y demuestra que esos prejuicios ideológicos no funcionan cuando se llevan a la práctica: ni se crea empleo con reformas liberales cuando lo que le falta a las empresas es demanda y financiación, ni se reduce la deuda cuando la austeridad reduce aún más la actividad económica, ni se estabiliza la economía con un mercado dominado por fuerzas oligopolistas que solo responden a lógicas muy improductivas y puramente especulativas.

La terca realidad indica que en ningún país ni en circunstancias parecidas a las nuestras han funcionado esas recetas que la Unión Europea, Rajoy y sus equipos defienden como la adecuadas para poder salir de la crisis.

El tercer ingrediente es una estrecha alianza con las clases dirigentes, con las élites profesionales, económicas, mediáticas y financieras que vienen dominando a la sociedad española desde hace decenios y, principalmente, gracias a la libertad de acción que le concedió la dictadura fascista durante cuarenta años y que la democracia no ha sabido o querido eliminar.

Esa alianza se traduce (como hemos analizado Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a los recortes del PP) en la adopción de medidas que solo conllevan mucho más poder y riqueza para esos grupos privilegiados pero que son incapaces de sacarnos del estancamiento económico.

Todos esos grupos clamaron en su día por la llegada al poder de Rajoy y lo jalearon durante un buen tiempo, pero no han tardado mucho en darle la espalda casi por completo.

Conceder más privilegios a los privilegiados es un remedio, pero muy efímero cuando la situación económica es tan agobiante. Los empresarios se alegran cuando una reforma laboral les da más poder pero pronto comprueban que eso no les sirve de mucho cuando lo que les falta son clientes en la puerta y créditos que los bancos no les conceden. Los banqueros agradecen los apoyos de las sucesivas reformas financieras diseñadas a su favor, pero comienzan a dudar cuando comprueban que el apoyo gubernamental se hace a costa de trapichear con sus socios europeos, que ya comienzan a estar hartos de ese juego y de tantas trampas. Incluso los grandes medios de comunicación comienzan a darle la espalda a un gobierno que ha batido todos los record de desafección política y que, por tanto, puede tener los días contados.

La conclusión es evidente: solo con mentiras, con un prontuario ideológico de Todo a cien que está bien para espantar a ingenuos pero que es completamente inútil para solucionar problemas económicos reales, e incluso con cada vez menor apoyo de los grupos oligárquicos no se va a ningún sitio, dada la situación a la que ha llegado nuestra economía y nuestra sociedad, harta ya de incompetencias, de improvisaciones y de excusas.

España (de la mano del PP y del PSOE) cayó hace tiempo en la trampa que supuso la política monetaria expansiva que el Banco Central Europeo adoptó (sin tener en cuenta su efecto sobre los demás países) para facilitar la recuperación de Alemania cuando su economía corría peligro de estancamiento. El exceso de ahorro y capital que gracias a ello obtuvo Alemania se tradujo en un flujo ilimitado de capital que nos inundó provocando un déficit exterior casi simétrico al superávit alemán, una burbuja inmobiliaria y un endeudamiento fatal de nuestro sector bancario del que se derivó el de las empresas y familias. Mientras que nos llegaba financiación barata casi nadie puso objeciones (ganando tanto dinero como estaban ganando los grupos que influían en las decisiones de los sucesivos gobiernos) y todos se jactaban de dirigir la mejor de las situaciones posibles. Pero cuando España dejaba de tener financiación externa y tuvo que dedicarse a hacer frente a la deuda exterior, las empresas y los consumidores dejaron de tener acceso al crédito, la demanda agregada (sobre todo el gasto dedicado a bienes y servicios nacionales y no tanto a los de fuera) se vino abajo, el negocio de la construcción saltó por los aires, se desbocó el paro… y empezó el llanto y crujir de dientes.

Casi inmediatamente aumentaron los gastos fiscales (desempleo y ayudas de todo tipo) y los públicos extraordinarios dedicados a evitar el colapso, cayeron los ingresos y el déficit se disparó, aumentando una deuda pública que se añadía a una privada mucho mayor aún.

Como no se podía acudir a la financiación fácil y barata de un banco central y como los financiadores privados no son tontos y sabían que, en esas condiciones, la situación necesariamente iba a ir a peor, comenzaron a apretar las tuercas y así hemos llegado al abismo en el que estamos.

A mí me parece que a estas alturas es una completa estupidez que los españoles y los europeos nos sigamos engañando. La realidad indiscutible es que la deuda (no solo española sino la que se ha acumulado en el conjunto europeo) es materialmente impagable. No hay posibilidad alguna de que España o Italia, por no hablar de Grecia, Irlanda o Portugal, puedan pagar todo lo que deben, y mucho menos en las condiciones impuestas y en las que van a ir imponiendo los financiadores privados.

Solo hay dos soluciones posibles (aparte, claro está, de dejar que los deudores se declaren en bancarrota, de desencadenar una inflación galopante o de provocar una guerra dramática y se empantane toda Europa y la economía mundial) para absorber la deuda que se ha acumulado.

La primera, que se la cobren los acreedores a base de adquirir a bajo coste el patrimonio que queda de los deudores. Es posiblemente lo que se busca con el diseño que los alemanes han hecho del banco malo (para poder quedarse con la mayor parte posible de la riqueza inmobiliaria que pueda salvarse), lo que seguramente trata de sondear Merkel en la visita que estos días nos hace, y lo que organizarán los hombres de negro (con privatizaciones de todo tipo) cuando seamos intervenidos tras un rescate que en cualquier caso no servirá para arreglar la situación.

La segunda alternativa es llegar a un acuerdo general de reestructuración y quita de la deuda (algo que Alemania trató de evitar obligando a la reforma constitucional de hace un año) para abordar un plan de regeneración económica bien organizado y consensuado desde principios de justicia social, solidaridad y compromiso con los intereses generales.
Los españoles deberíamos decidir pronto si queremos entregarnos o salvar y rescatar de verdad a España.

(*) Catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla

Los 'sin papeles' pagarán sanidad en función de la dolencia que padezcan

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' seguirán siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pese a no tener tarjeta sanitaria, pero en caso de que el médico le recete un medicamento deberán pagar una parte o la totalidad de su precio en función de la dolencia para la que esté indicado.

   Así lo han confirmado hoy fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después de que la Organización Médica Colegial (OMC) mostrara este martes su preocupación por cómo se iban a recetar en los centros de salud los medicamentos a éste u otros colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento pierdan su tarjeta sanitaria.
   De este modo, han dejado claro que en aquellos casos en que la ley garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades transmisibles, mujeres embarazadas, y menores de 18 años) los pacientes deberán pagar un 40 por ciento por sus medicinas, al igual que cualquier trabajador activo.
   Los 'sin papeles' que sufren una enfermedad crónica y ya estuvieran en tratamiento se seguirán beneficiando del régimen de aportación reducida que tienen los medicamentos para estas patologías, y sólo abonarán un 10 por ciento de las medicinas. En ambos casos, el médico deberá ofrecerles una receta del SNS en que aparezca el código con la aportación que el paciente ha de realizar.
   Sin embargo, para el resto de casos (un dolor de espalda o un resfriado, por ejemplo) los pacientes deberán abonar el importe íntegro de lo que cueste en la oficina de farmacia. De hecho, han explicado las mismas fuentes, el médico deberá expedirles una receta 'blanca', como la que se hace en la sanidad privada o para cualquier fármaco no financiado.
   Fuera de esta casuística estarían los pacientes atendidos en los hospitales, tanto crónicos como agudos, que no deberán abonar nada por los medicamentos que reciban.
   No obstante, el departamento de Ana Mato ha recalcado que en este caso, al igual que a la hora de facturar la asistencia prestada, las comunidades tienen libertad para decidir si se hacen cargo de dicho coste o lo reclaman bien al país de origen bien al propio paciente una vez atendido.

Griñán critica que se negara a Andalucía un anticipo y se concediera a otras CC.AA.

SEVILLA.-   El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, señala que Andalucía ya pidió un anticipo al Gobierno central y que se le dijo que no porque "no había para anticipos" y, sin embargo, luego sí se los concedió a otras comunidades autónomas. 

   En una entrevista con Canal Sur Radio, Griñán ha insistido en que una solicitud de anticipo, como la que ha hecho su Gobierno esta semana de 1.000 millones de euros, forma parte de la relación normal entre las distintas administraciones, como, por ejemplo, los ayuntamientos se los piden a la Junta. Ha indicado que muchas comunidades ya los han pedido a la administración central, como la Valenciana, la de Madrid o Cataluña.
   Ha expresado su queja de que Andalucía, ante este tema, pueda ser una vez "más discriminada" en el trato en relación con otras comunidades. Ha aprovechado para poner de manifiesto que el modelo de financiación se nos está aplicando incorrectamente y que esta comunidad está perdiendo dinero con ello, o que el cómputo del déficit y del endeudamiento está "castigando" más a comunidades con menos deuda, como es el caso de Andalucía.
   Ha explicado que la Junta no había pedido, con anterioridad, prácticamente nunca anticipos al Gobierno por que las relaciones con las entidades financieras hacían siempre posible que si en un momento determinado necesitábamos anticipar unas cantidades, pudiéramos tener la liquidez suficiente, pero ahora, sin embargo, los mercados "han cerrado".
   Al mismo tiempo, el presidente ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en relación con el Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), al que ya han solicitado acogerse algunas comunidades, y ha indicado que de ninguna de las maneras se puede mantener "sin un principio de equidad" y sin unas reglas que sirvan para todos de la misma manera.
   En cuanto al último dato sobre el aumento del paro, el presidente ha aprovechado para recordar que cuando se conocieron los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se pudo ver que el Gobierno había presupuestado un cinco por ciento menos para gasto en desempleo, previendo como había hecho, que iba a aumentar el paro.
   Asimismo, José Antonio Griñán se ha mostrado convencido de que el rescate de España "ya esta hecho" porque si este país tiene que cumplir unas condiciones para obtener ese préstamo del Banco Central Europeo o una compra de deuda, ya se han cumplido y "más no se puede".  
   De cara a la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel, Griñán ha señalado que el jefe del Ejecutivo español tiene que saber "que tiene a toda España detrás" y que se le pide que no se identifique con la ideología política de Merkel, "que coincide con la suya, y no estén hablando entre alguien del PP español y el alemán porque así no nos vamos a entender, ya que el proyecto del PP alemán es desastroso para España".
   "Que él sepa que todas las fuerzas políticas y ciudadanos defendemos la posición que defiende Rajoy y que cuando hable con Merkel que sepa que tiene a todo el pueblo español cuando le pida igualdad de trato del BCE", ha expresado.
   Para Griñán, es fundamental en estos momentos de crisis que el BCE compre deuda y que haya al mismo tiempo un gran plan europeo para la reactivación económica y la creación de empleo. Ha insistido en que si no se crea empleo, tenemos más déficit.  
   José Antonio Griñán ha querido dejar claro que su Gobierno está comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit y de control del gasto y que va a trabajar por ello en todos aquellos ámbitos en los que no repercute sobre el principio fundamental, que es la igualdad de oportunidades.
   En este sentido, ha indicado que es fundamental mantener la educación en el nivel que siempre ha tenido y preservar en la misma la igualdad de oportunidades. Ha indicado que, sin duda, las normas generales que vienen impuestas por el Estado no hay más remedio que cumplirlas, como es el caso del aumento de las horas lectivas del profesorado, lo que ha provocado que se requiera de menos profesores interinos.
   Ha indicado que, de aquí a final de año, habrá que tomar medidas en distintos ámbitos, pero sin tocar los derechos fundamentales.