jueves, 21 de junio de 2012

Ecologistas lleva a la Fiscalía al alcalde de Carboneras por "incumplir" sentencias del Algarrobico

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Almería al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), al entender que está "haciendo caso omiso" a las recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico y sitúan el hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas ya que no se ha modificado la calificación de urbanizable que la zona tiene en la normativa urbanística municipal ni se ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras.

   La denuncia presentada el pasado día 19, hace referencia, asimismo, a que el regidor, "lejos de cumplir las resoluciones judiciales contrarias a la apertura del hotel", está "incitando" a los ayuntamientos de la provincia "para que se sumen a la desobediencia" con una moción, ya aprobada por las mancomunidades de municipios del Levante y el Almanzora, en la que se afirma "la legalidad incuestionable" del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones. "Incluso --añade-- ha creado una mesa para conseguir la reactivación del hotel".
   La organización ecologistas explica en su escrito a la Fiscalía Provincial que, después de que el Ayuntamiento no haya contestado a sus requerimientos para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), solo le "resta la vía penal" para conseguir que se "respete el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se adopten medidas coactivas necesarias para obligar a los responsables municipales de Carboneras a someterse a las más elementales reglas de un Estado de Derecho".
   La denuncia, que sostiene que la actuación de Hernández podría ser constitutiva de delitos de desobediencia y prevaricación, recuerda que, con anterioridad a que el Supremo dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
   En esta línea, Ecologistas en Acción señala que el Ayuntamiento "se niega a adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedece" el fallo del TSJA que devuelve al Algarrobico en nivel de protección que tenía en 1994 y resta validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
   "A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le orden seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas --ahonda-- de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario".
   La normativa municipal en vigor donde el sector ST-1 aparece como urbanizable fue aprobada en 2009 por la corporación local carbonera, entonces gobernada por el socialista Cristóbal Fernández. El TSJA acordó cuatro meses después prohibir al exalcalde que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
   La denuncia recuerda este episodio a la Fiscalía y sostiene que, desde ese momento, el Ayuntamiento "ha venido actuando con total impunidad haciendo caso omiso a los numerosos autos y sentencias contrarias a la clasificación del Algarrobico como urbanizable".

La Cámara de Cuentas cifra en 13.543 millones la deuda viva de la Junta a junio de 2011

SEVILLA.- La deuda viva de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos y agencias asciende a 30 de junio de 2011 a 13.543 millones de euros, según ha indicado el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, durante la presentación del informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2010 y de la Memoria de la Cámara de Cuentas de 2011 y el Plan de Actuación de 2012.

   López ha indicado que la cifra total de deuda vida al cierre del ejercicio 2010 asciende a 11.891 millones de euros, cifra que supone un incremento del 24,5 por ciento respecto a 2009, que fue de 9.550 millones, y representa el 47,52 por ciento de los ingresos corrientes en 2010.
   Tras precisar que el 92,8 por ciento de la deuda total se ha materializado a largo plazo y el 7,2 por ciento restante a corto plazo, el presidente ha indicado que con posterioridad la Cámara de Cuentas ha elaborado un informe sobre la evolución del endeudamiento de la Junta, de forma que se cifra en 13.543 millones a 30 de junio.
   El tipo medio de interés del endeudamiento a cierre de 2010 se ha reducido, pasando al 3,85 por ciento y posee una vida media de 7,23 años. Asimismo, el ahorro bruto se cifra en 270 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 87,63 por ciento en relación con el ejercicio anterior.
   Asimismo, el consejero mayor ha precisado que el resultado presupuestario en 2010 sigue siendo negativo, ascendiendo a -3.442 millones de euros.
   De esta forma, el saldo presupuestario de la Administración de la Junta pasa a ser positivo en 2010, hasta los 1.450 millones de euros. El superávit de financiación de 2010 asciende a 2.046 millones.
   En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, presenta un superávit de liquidez de 1.307 millones en 2010, lo que supone un importante incremento del 173 por ciento en relación con 2009.
   Dentro del remanente de tesorería, las obligaciones pendientes de pagos asciende a 5.264 millones y los derechos pendientes de cobro ascienden a 4.662 millones, e incluyen 2.476 millones de deuda pública autorizada pendiente de emisión. En cuanto a los libramientos pendientes de justificar, los de 2010 ascienden a 792 millones y los de ejercicios anteriores a 2.632 millones.
   El grado de ejecución del presupuesto de gastos en 2010 se sitúa en el 88,89 por ciento, 3,38 puntos menos respecto a 2009. En cuanto al estado de ingresos del presupuesto, el grado de ejercicio es del 94,05 por ciento, 3,39 puntos porcentuales más que en 2009.
   En su informe, López demanda que se establezcan unos criterios mas depurados para la determinación de los saldos que resulten de difícil o imposible recaudación a través de un método "mas prudente y realista que singularice cada uno de los expedientes de los deudores".
   La Cámara de Cuentas recomienda a la Dirección General de Presupuestos que "recabe de los órganos gestores la fijación de objetivos presupuestarios concretos y medibles y que sean susceptibles de seguimiento a través de indicadores cuantificables, de modo que sirvan para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos que se especifican en los programas presupuestarios y sean herramientas útiles para la toma de decisiones".
   López reconoce las limitaciones al alcance de este informe e insta a adoptar las medidas oportunas para que "la información contable sea correcta" y recomienda la elaboración de la normativa contable para determinar los criterios de formulación de los estados consolidados.
   En cuanto a las entidades públicas empresariales, el volumen de fondos percibidos de la administración autonómica por estas entidades durante 2010 asciende a 3.032 millones, un 23 por ciento menos que en 2009. El 62,3 por ciento de estos fondos se concentran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Empresa de Gestión de Medioambiental (Egmasa), Infraestructuras y servicios educativos, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Empresa Pública de la Radio y la Televisión de Andalucía.
   El endeudamiento financiero a 31 de diciembre de 2010, asciende a 825 millones de euros, lo que supone un aumento del 135 por ciento respecto al ejercicio anterior. En ese punto, precisa que las entidades públicas empresariales que mantienen los niveles más altos de endeudamiento son la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), Egmasa y la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de forma que las deudas de estas tres entidades representan el 74 por ciento del total del endeudamiento financiero.
   El resultado negativo en el ejercicio 2010 se ha incrementado un 57 por ciento, pasando de -89 millones en 2009 a -140 millones en 2010, de forma que las pérdidas han crecido en 51 millones.
   En cuanto a las fundaciones, donde el ente fiscalizador pide que todas las fundaciones que pertenecen a la Junta deben incluirse en el Presupuesto de la Comunidad y en la Cuenta General, ha apuntado que los fondos percibidos de la Junta por las fundaciones ascienden a 575 millones, mientras que a cierre del ejercicio, el conjunto de fundaciones han obtenido un resultado negativo por 43.000 euros.
   Sobre los consorcios, el ente fiscalizador pide que con vista a la Cuenta General de 2011 "se pongan las medidas para definir cuántos y cuáles son los consorcios que pertenecen a la Junta" y cifra la deuda total de los consorcios en 37,56 millones, un 51,96 por ciento más que en 2009.
   Sobre los fondos sin personalidad jurídica, López aboga por "revisar el procedimiento que se está siguiendo para conceder estos  recursos, así como formalizar los convenios reguladores de los fondos con mayor antelación, de manera que las operaciones de financiación puedan ser formalizadas en el mismo ejercicio en el que se solicitan".
   En cuanto a la contratación pública, durante el ejercicio 2010 la Administración de la Junta de Andalucía adjudicó un total de 37.182 contratos, por una cuantía de 1.515,33 millones. A través del procedimiento abierto se adjudicó el 48,98 por ciento de la inversión realizada en el ejercicio 2010, equivalente al 20,58 por ciento del total de contratos formalizados. Mediante el procedimiento negociado se ha tramitado el 22,26 por ciento de la inversión total, 1.690 contratos que representan el 38,17 por ciento de los adjudicados.
   Antonio López ha puesto de manifiesto la necesidad de "mejorar los tiempos de elaboración de los informes" y cree que en lo que respecta al Informe de la Cuenta General, sería conveniente que su rendición a la Cámara de Cuentas, que ha de realizarse con anterioridad al 30 de septiembre del ejercicio inmediato siguiente, tal como establece la legislación actual, "se adelante al 30 de junio, lo que permitiría presentar el correspondiente informe definitivo antes de la finalización del año siguiente al que hace referencia".
   Esta petición fue bien recibida por el conjunto de los partidos políticos, quienes también reconocieron la necesidad de ampliar los medios y recursos humanos.
   López también defendió el empleo de auditorías externas para apoyar los trabajos de fiscalización, y propone una experiencia "piloto", que supondría "un coste muy razonable, cuatro o cinco veces menor". Esta propuesta fue rechazada por el diputado del PP Rafael Carmona, que considera que ello puede suponer "externalizar y privatizar estos servicios".
   López ha hecho mención de toda la actividad efectuada en 2011 y ha apuntado el plan de actuaciones para 2012 en los diferentes ámbitos.
   Por su parte, el portavoz de IU Ignacio García ha apostado por "reforzar el empoderamiento de la Cámara de Cuentas para actuaciones de oficio" y la mejora de medios, además de considerar positivo la "metafiscalizacion", esto es, análisis de las fiscalizaciones de manera sistemática para hacer un seguimiento de éstas.

Gordillo no votará "ningún recorte" y no comprende la "ceguera" de IULV-CA

SEVILLA.- El diputado de IULV-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha advertido de que no votará "ningún recorte" en el Pleno del Parlamento andaluz, en relación al plan de ajuste de la Junta, al tiempo que ha dicho no comprender "tanta ceguera" por parte de la dirección de IULV-CA, que se sitúa "fuera del programa", para lo que, en su opinión, "no hay justificación".

   Así se ha pronunciado este jueves Sánchez Gordillo en su cuenta de Twitter, en la que también ha explicado que la "sencilla razón" por la cual no votará "ningún recorte por ningún motivo" es que suponen "un trasvase de rentas de los trabajadores a los señores banqueros".
   Para el parlamentario de IULV-CA y también alcalde de Marinaleda, la crisis "no es mas que la lucha de clases sin caretas". Y es que, a su juicio, "los recortes son objetivamente una violencia y un robo de la burguesía capitalista contra la clase obrera".
   Tras asegurar que ayer estuvo en la manifestación contra los recortes convocadas por los sindicatos y que volverá a estar cuando se convoquen otras, Sánchez Gordillo ha considerado que el Gobierno andaluz "lo quiera o no se sitúa de rodillas frente al mercado que debería combatir".
   Asimismo, ha dicho alegrarse del comunicado enviado este miércoles por las Juventudes Comunistas de España y de Sevilla "criticando la sumisión de IU a medidas tan procapitalistas", en relación también al plan de ajuste económico de la Junta, cuyo decreto se convalidará o derogará en el próximo Pleno del Parlamento.

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía elegirá nuevo presidente en septiembre

ALMERÍA.-   La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) celebrará el próximo 6 de septiembre una asamblea general extraordinaria en la que se elegirá la nueva junta directiva, de forma que su actual presidente, Bienvenido Cayuela, pondrá final a tres años de mandato al frente de la asociación, según ha trasladado en una nota la organización. 

   Cayuela ha mostrado su convencimiento de que esta asociación empresarial "seguirá trabajando por los intereses de los empresarios del sector de la piedra natural" de la comarca de Macael y empresas afines, de manera que ha agradecido a los miembros de junta directiva su apoyo "firme e incondicional".
   Igualmente, el presidente de AEMA ha reconocido que "aunque han sido unos años difíciles para el sector afectado gravemente por la actual crisis y con continuos cambios en la Administración" también han sido unos años "gratificantes e ilusionantes". Las candidaturas se deberán presentar completas y cerradas  avaladas con la firma de un cinco por ciento de los socios con derecho a voto hasta las 14,00 horas del día 21 de agosto.

El Ayuntamiento culmina la compra de inmuebles en la calle Pendiente para la mejora de los accesos a La Alcazaba

ALMERÍA.- El Consejo de Gerencia celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad la compra, por procedimiento negociado, de los últimos cuatro inmuebles situados en la calle Pendiente, necesarios para la ejecución del proyecto de actuación previsto por el Ayuntamiento para la ampliación de la calle Fernández y la mejora de los accesos a La Alcazaba. 

   Los acuerdos suscritos se refieren a la compraventa de los inmuebles de los números 2,6 y 14 en la calle Pendiente. El Consejo de Gerencia además ha acordado además la adquisición del número 4 de esta vía, con lo que ha modificado un acuerdo anterior respecto a esta compra al quedar condicionada a la cancelación de la hipoteca que recae sobre el inmueble.
   El concejal responsable del Área de Economía y Territorio, Pablo Venzal, ha subrayado el trabajo desarrollado por el equipo de gobierno en el último año y el "esfuerzo" realizado para culminar hasta 13 expedientes diferentes de compra, incluyendo todos los relativos a la calle Pendiente. El concejal de Urbanismo se ha congratuladoa así por la culminación de un proceso "muy complejo desde el punto de vista administrativo que, sin embargo, hemos resuelto desde la vía de la negociación con los propietarios".
   "Ahora hay que pensar en el objetivo final de todo este proceso, acelerado en las dos anteriores corporaciones, y que queremos coronar durante la actual con la construcción de un vial de doble sentido que permita mejorar la accesibilidad al casco histórico, a La Alcazaba y a su entorno más cercano, objetivo final de toda esta actuación", ha dicho el edil.
   La superficie registral de estos cuatro inmuebles suma 179 metros cuadrados, aproximadamente. Se trata de tres casas de planta baja y una vivienda de dos plantas. Alrededor de 260.000 euros abonará el Ayuntamiento al conjunto de propietarios de estos inmuebles que pasan ya, de esta manera, a ser propiedad municipal.
   La actuación es también "fundamental" para la puesta en valor y recuperación de las Cuevas del Mesón Gitano que abordará también la iniciativa Urban. De hecho, se justifica la adquisición de estos inmuebles al estar incluidos dentro de la zona calificada en el actual PGOU como Plan Especial de equipamiento e infraestructura, plan especial de iniciativa municipal que fue aprobado definitivamente el 11 de mayo de 2005.
   Por otra parte, el Consejo de Gerencia ha aprobado la propuesta de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almería, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería para la inspección periódica de construcciones y edificaciones (ITE) tras ser aprobada recientemente la ordenanza que regula la obligación de propietarios, comunidades de propietarios y titulares de derechos de uso de construcciones y edificaciones, de efectuar una inspección periódica dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas.
   El convenio que se firmará próximamente por las partes pretende ser un "instrumento de colaboración" que facilite la viabilidad de la ITE, así como la participación de profesionales, aparejadores y arquitectos, tanto en el procedimiento como en la actuación sustitutoria del Ayuntamiento en el caso de incumplimiento por parte de los propietarios de edificios de su deber de realizar la inspección.

CCOO manifiesta su "total rechazo" al ERE extintivo de Elsur y exige el Ayuntamiento que rescate el servicio

ALMERÍA.- El sindicato CCOO ha manifestado este jueves su "total rechazo" al nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo planteado para 143 trabajadores de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido, de forma que ha trasladado que pondrá "todo su empeño" para "paralizar esta medida dañina" a la vez que ha exigido el Ayuntamiento ejidense (PP) que cumpla su "promesa electoral de rescatar el servicio municipal".

   Para el coordinador del sector de Administración Local de FSC de CCOO Almería, Juan López, "se trata de un nuevo intento de hacer pagar a los más débiles los presuntos desmanes que los responsables municipales  y gestores de la filial ejidense de Abengoa pudieran haber cometido y que dio lugar a la conocida operación 'Poniente'", según ha trasladado el sindicato en una nota.
   CCOO, a pesar de no ostentar en estos momentos la mayoría en el comité de empresa, a través del coordinador del sector de Administración Local, ha asegurado que "pondrá todos sus esfuerzos en conseguir, una vez más, la paralización de tan dañina medida" para lo que exigirá al equipo de gobierno "el cumplimiento de su promesa electoral de rescatar el servicio municipal y prestar, a través de una empresa participada al cien por cien por el Ayuntamiento, los servicios que en la actualidad presta la filial de Abengoa".
   En este sentido, asegura que desde el mes de febrero, el sindicato tenía conocimiento de la nueva iniciativa de Abengoa, a través del consejo de administración de Elsur "que, como es conocido, es presidido por Francisco Góngora, actual alcalde de El Ejido".
   López recuerda que "la capacidad de provocar sufrimiento por parte de los gestores de la empresa no es nueva". Así, ha rememorado como a principios de 2009 se presentó el primer ERE en las subcontratas Arborimar y Maviroad, que "fue contraatacado por CCOO, sindicato con mayoría absoluta de representación en su momento en estas empresas, siendo el resultado el del archivo de la propuesta empresarial".
   Igualmente, indica que durante los años 2010 y 2011 se sucedieron diversas movilizaciones "todas ellas lideradas por CCOO en asuntos tales como el embargo de las cuentas y créditos municipales a las empresas de Juan Antonio Galán, con el consiguiente retraso e impago de salarios a sus trabajadores y la presentación de hasta tres ERE que fueron sistemáticamente desmontados por la representación sindical y obtuvieron la negativa de la administración autonómica o la resolución judicial contraria del juez de lo Mercantil".

El promotor de Hoya Altica presenta alegaciones a su proyecto turístico de golf e introduce cambios

ALMERÍA.- Los promotores del proyecto turístico de golf de Hoya Altica, en Almería, han presentado alegaciones a la suspensión determinada por la comisión técnica de calificación para proyectos susceptibles de ser calificados como de interés turístico, de forma que han trasladado cambios sustanciales en el proyecto, tal y como exigía el órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio. 

   Fuentes de la Administración andaluza han indicado que el promotor ha remitido en el plazo adecuado un amplio documento en el que trata de solventar los aspectos requeridos por la comisión, de forma que la Consejería deberá estudiar los cambios aplicados ya que, hasta el momento, se ha realizado únicamente una lectura preliminar del mismo.
   No obstante, se ha dado cuenta de que los cambios aplicados por los promotores afectan a los dos puntos que, principalmente, incumplía el proyecto para ser catalogado como de interés turístico y que están relacionados con el uso de suelo turístico y con el planeamiento urbanístico de la zona. De esta forma, la comisión deberá ahora estudiar los cambios antes de emitir un nuevo pronunciamiento sobre su adecuación.
   El proyecto presentaba hasta el momento un campo de golf de 18 hoyos y 71 hectáreas, un hotel de cinco estrellas y un residencial de más de 1.800 viviendas así como un colegio privado, entre otros equipamientos, con lo que, en su conjunto, proponía la creación de 4.300 puestos de trabajo. En concreto, el proyecto planteado en 248 hectáreas entre núcleo poblacional de Retamar y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se completaba con un balneario spa, un complejo deportivo, un centro comercial abierto y alojamiento específico para la tercera edad y estudiantes, entre otros aspectos.
   La actuación a desarrollar en el área de oportunidad turística Hoya Altica definida por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería (Potaua) en tramitación, también propone un complejo deportivo en un espacio de 107.900 metros cuadrados, un balneario-spa con capacidad para 2.000 personas al día y un 'town center' de 4,6 hectáreas que incluiría un centro comercial, así como apartahoteles, 1.400 viviendas unifamiliares y 470 plurifamiliares, un colegio internacional concertado, y un centro tecnológico internacional de innovación en alimentación, bienestar y salud.

Los pensionistas andaluces no abonarán sus fármacos si superan los límites

SEVILLA.- La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar a partir del 1 de julio el pago de los fármacos que retiren de las farmacias con cargo a una receta pública, más allá lógicamente de los tramos fijados en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y que comprenden una horquilla mensual de pago que va de los 8 a 18 y 60 euros (en función del nivel de renta de cada contribuyente).

   Montero, que ha defendido que la comunidad tiene competencia para llevar a cabo esta medida, ha explicado en rueda de prensa en Sevilla que el RDL 16/2012 fija para todo el Estado el que los pensionistas abonen por adelantado el pago de sus medicinas, un dinero que luego le sería reintegrado de forma semestral si supera sus límite mensuales en función de los topes fijados por Sanidad para su nivel de renta.
   Según ha precisado, el sistema que permitirá ahora a los pensionistas andaluces no tener que adelantar más dinero hasta su reintegro definitivo a los seis meses que el que fija el Gobierno central es gracias a la historia clínica digitalizada Receta XXI.
   En concreto, este sistema, "accesible prácticamente al 100 por cien de los andaluces" y que ya permite a los usuarios retirar sus medicinas sin necesidad de acudir a los centros de salud para renovar sus tratamientos en caso de que sean crónicos, recogerá ahora una pestaña o suerte de 'contador de euros' en cada historial digitalizado de cada paciente.
   De esta forma, y una vez superado el límite fijado por Sanidad de copago mensual de las recetas de un pensionista andaluz dado, el mismo no tendría que pagar más por alentado la retirada de nuevos fármacos durante ese mismo mes, ya que el contador 'avisará' al farmacéutico de que ese usuario ha llegado al tope de abono de ese usuario.
   A modo de ejemplo, Montero ha expuesto un caso común y real: una persona pensionista que padezca Alzheimer, hiperplasia benigna de próstata, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes, que además requiera de absorbentes y tiras reactivas, tendría que abonar más de 42 euros al mes por los 22 medicamentos necesarios para controlar estas enfermedades (el 10% del coste total del tratamiento, estimado en 424 euros mensuales). Salud evitará a este paciente tener que esperar más de medio año para que le devuelvan los 204 euros extra que pagará por seis meses de tratamiento (unos 40 euros superan el tope cada mes), ya que el sistema Receta XXI de la comunidad detectará cuándo ha llegado al pago de los 8 euros impuesto por el Gobierno central e informará a la farmacia de que no tiene que seguir cobrando al usuario ese mes.
   De hecho, la estrategia digital Diraya permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto significa que la Consejería de Salud podrá cada mes actualizar en qué situación laboral se encuentra el ciudadano y hasta cuánto le corresponde pagar antes de que vaya a la farmacia. Asimismo, garantizará a los usuarios en paro que han perdido derecho a prestación que no paguen nada cuando retiren sus fármacos.
   "Con esta medida, y en estos momentos de crisis, intentamos ayudar a los pensionistas andaluces frente a un decreto de Rajoy que supone en la práctica una impuesto para la enfermedad de los más débiles y una bajada real de las pensiones, ya que el Estado está empezando a dejar de ocuparse den los pensionistas", ha reprochado Montero.
   Del mismo modo, ha defendido que con esta medida Andalucía se salva de las "posibles tensiones de Tesorería" que otras comunidades pueden sufrir "cuando a los seis meses tengan que devolver ese dinero a sus pensionistas, pero puedan tener problemas incluso para devolver esos pagos por adelantado como consecuencia de esta crisis".
   En este mismo sentido, ha resaltado que Andalucía también quedará exenta de los posibles "picos de tensión de Tesorería" que también puedan sufrir otras comunidades para obtener liquidez con los que hacer frente al reintegro de las cantidades abonada de más por sus ancianos.
   Junto a ello, ha resaltado que el sistema andaluz evitará al paciente tener que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar cada seis meses la devolución, minimizando así el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos.
   Según los datos que maneja el departamento que dirige Montero, cerca de medio millón de pensionistas andaluces mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
   No obstante, los datos que maneja Salud revelan que la imposición de esta normativa va a afectar al colectivo de los pensionistas andaluces (1.679.801 en la actualidad), que ha recibido la medicación prescrita por su médico de manera gratuita desde la década de los 60. A partir del 1 de julio, Sanidad les obligará a contribuir con entre el 10 por ciento y el 60 por ciento del coste del tratamiento hasta un máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros.
   Más concretamente, 1.414.873 pensionistas (el 85% del total) estarán en el tramo que pagarán 8 euros al mes según la norma, 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes, y 4.033 pensionistas (el 0,2%) hasta 60 euros mensuales.
   Además, 1.169.228 andaluces en activo tendrán que pagar más al retirar sus medicinas de las oficinas de farmacia. En concreto, 1.148.402 aportarán el 50% del coste (se trata de la población con una renta comprendida entre 18.000 y 100.000 euros que antes de la entrada en vigor del Decreto asumía el 40%), y 20.826 usuarios abonarán el 60% (con una renta por encima de los 100.000 euros, antes contribuían con el 40% del coste también).