GRANADA.- El consejero de Educación de la Junta de
Andalucía en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, ha criticado este
sábado la decisión "calculada, fría, insensible y cobarde" del Gobierno
Central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la
convocatoria de oposiciones andaluzas y ha exigido al líder regional de
los 'populares', Javier Arenas, que pida la retirada de ese recurso, que
deja el proceso en suspensión cautelar durante cinco meses.
En una comparecencia en Granada, el consejero ha censurado
además que el Gobierno andaluz haya conocido la "gravísima" noticia por
los medios de comunicación y que no haya habido comunicación oficial por
escrito de manera previa, lo que ha dejado a la Junta de Andalucía "sin
posibilidad de defensa".
Asimismo, le ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que
haya "ocultado" su decisión y la haya tomado justo en el último día
posible, cuando ha tenido cuatro meses para hacerlo. Para el consejero
es además "doloroso" constatar que con las mismas circunstancias,
superando también la tasa de reposición del 10 por ciento, el recurso no
se haya planteado contra la oferta pública en el País Vasco,
simplemente porque en esa comunidad "habrá elecciones el próximo año".
El consejero ha hecho un relato cronológico de los hechos para
explicar cuál ha sido la posición del Gobierno andaluz y cuál la del
Gobierno de Mariano Rajoy. Según ha detallado, el 18 de octubre de 2011,
la Consejería ya trasladó al Gobierno en la conferencia sectorial de
educación su intención de convocar la oferta de empleo público docente;
el 27 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el
decreto, que se había pactado previamente con los sindicatos en la Mesa
Sectorial de Educación; y el 26 de enero de 2012, el Gobierno de
Andalucía reitera su intención, aunque el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, le pidió que no lo hiciera porque
provocaría un "efecto llamada".
El 7 de febrero, ha recordado Álvarez de la Chica, el
Ministerio publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cambio de
temario de las oposiciones "mediante una orden desconocida para el
conjunto de las comunidades autónomas", en lo que supuso el "primer
golpe en la mandíbula y a traición a los opositores"; el 13 de febrero,
después de que la Conserjería decidiera junto a los sindicatos no
recurrir esa decisión, De la Chica firmó la orden de la convocatoria de
oposiciones de Secundaria; el 15 de febrero, la Junta de Andalucía
acepta reunirse con el Ministerio de Hacienda al ser emplazada para que
aclarase algunos de los términos de esa convocatoria; la reunión se
produce el 20 de febrero, "sin poner ningún informe jurídico y
administrativo sobre la mesa" y el Gobierno andaluz queda a la espera de
una nueva convocatoria mientras Hacienda estudiaba el asunto, aunque
ésta no se ha producido, según el consejero.
El 22 de febrero se publicó la convocatoria para la
inscripción de los aspirantes, que concluye el 12 de marzo con la
inscripción de 33.154 opositores, y en la semana previa a las elecciones
andaluzas, la Junta intenta ponerse en contacto con el Ministerio de
Hacienda para comprobar si se puede alcanzar un acuerdo, puesto que
Cristóbal Montoro afirma en el Senado por entonces que no recurrirá las
del País Vasco. Tras reiteradas llamadas, la Junta de Andalucía no
consigue una respuesta y, de pronto, se entera este viernes, "por los
medios de comunicación", de la "decisión gravísima" del Gobierno de
recurrir las oposiciones ante el TC.
"¿Por qué toman esta decisión calculada, fría, insensible y
cobarde de esta manera el último día posible de los cuatro meses que han
tenido? ¿Por qué no lo hicieron el 9 de enero si pensaban que era
inconstitucional? ¿Por qué han elegido este procedimiento? Porque es el
que más daño hace, especialmente a los opositores, y deja a la Junta de
Andalucía sin posibilidad de defensa. ¿Por qué no han acudido a la vía
contencioso-administrativa? Porque saben que corrían el riesgo cierto de
que no les hubieran dado la razón", ha considerado el consejero.
Para Álvarez de la Chica, el Gobierno tiene la "obligación
ética y moral" de responder a la pregunta de por qué no ha habido
comunicación previa alguna, porque, según ha indicado, se podría haber
alcanzado un acuerdo para evitar la situación actual. "Claramente no ha
existido voluntad de diálogo, han querido hacer daño", ha considerado el
consejero, que ha incidido en la importancia del sistema educativo
público andaluz y en la necesidad de una oferta pública que no supone
más gasto pero sí más estabilidad a los profesores.
"Este es un ataque más, un ataque infame a Andalucía, pero yo
le digo a Rajoy, al PP, y al PP andaluz que ni nos van a callar, ni nos
van a poner de rodillas. Vamos a defender con uñas y dientes el Estatuto
de Andalucía y el derecho a tener una educación pública de calidad", ha
mantenido el consejero, que ha exigido a Arenas que acabe con su
"escandaloso silencio" y pida al Gobierno central la retirada del
recurso.
El consejero ha defendido que de las 2.389 convocadas, 1.752
corresponden a la aplicación del estatuto básico del empleado público, y
por lo tanto, solo 637 son sobre la tasa de reposición, es decir, un
19,43 por ciento. Por ello, de haberse producido una comunicación
oficial del Gobierno, la Junta de Andalucía hubiera estado dispuesta a
plantear las 310 plazas menos necesarias para alcanzar la cuota
requerida, "pero no han querido dialogar, han querido hacer daño".
"Esta ha sido la solución más cobarde, porque les da cinco
meses que ya nos ocasionan un perjuicio, y no podemos hacer nada, solo
esperar", ha indicado el titular de Educación en Andalucía, que está
dispuesto a que, si se levanta la suspensión, se convoquen las
oposiciones lo antes posible, en septiembre o diciembre.
Álvarez de la Chica ha querido hacer un reconocimiento a los
33.154 aspirantes a las 2.389 plazas convocadas por la Consejería de
Educación que "hoy viven un día muy duro después de tanto esfuerzo y
dinero empleado en estos cuatro meses de angustia a los que les ha
sometido el Gobierno". "Comprendo su situación, sé cuál es su estado de
ánimo, y que se han visto inmerecidamente sometidos al comportamiento
inaceptable del PP. Nosotros hemos hecho todo lo posible", ha apuntado
el consejero, para quien el PP quiere con esta decisión ahorrar "de la
forma más fácil pero más injusta".
También a los sindicatos ha querido agradecer su "actitud
leal" por su apoyo "desde el principio" a la oferta pública de empleo y
por su defensa "rotunda" de la educación pública andaluza, mediante un
"diálogo sincero y fructífero".
