ALMERÍA.- La Ley de Protección y Uso Sostenible del
Litoral y de Modificación de la Ley de Costas va a permitir preservar la
actividad de 105 instalaciones turísticas que generan unos 3.500
empleos directos en la provincia por los que se factura unos 36 millones
de euros anuales.
Según los datos de la Subdelegación de Gobierno, la nueva Ley de Costas permitirá evitar que desaparezcan
4.604 viviendas en el litoral andaluz, de las que 213 se encuentran en
Almería. Asimismo, permitirá preservar 93 restaurantes y chiringuitos y
12 edificios hoteleros.
La nueva ley planea devolver la propiedad a aquellas salinas y
establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de
Costas de 1988, lo que se entiende como "actividades beneficiosas cuya
desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral". En este
caso, según apunta el Gobierno, Almería es una de las principales
beneficiadas junto con Cádiz, dada la afectación que esto tiene
principalmente Cabo de Gata y en Punta Entinas-Sabinar.
En cuanto a las viviendas situadas en zonas de servidumbre de
protección, es decir, las viviendas que durante 25 años tuvieron
prohibiciones de obras conforme a la Ley de Costas de 1988, quedarán
beneficiadas con la nueva ley que permite mejorar y modernizar las
viviendas.
En el caso de Almería, se trata de 3.565 viviendas en las que se
permitirán este tipo de actuaciones restringidas, ya que, en todo caso,
se prohíbe obras de mejora un aumento de volumen, altura o superficie o
que conlleven la degradación ambiental.
La nueva ley proporciona, además, instrumentos para evitar
actuaciones urbanísticas que se hicieron "al amparo de la ley de 1988"
con ejemplos como el del hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras.
A este respecto, la nueva ley atribuye competencias a los
delegados del Gobierno, que podrán suspender cautelarmente las obras que
afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la
servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas.
Asimismo, se mantiene la prohibición de edificación residencial en
la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos,
prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de
tamaño, altura o superficie.
