SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena
Cortés (IU), ha exigido al Gobierno central que "se paralicen todos los
desahucios de forma inmediata" y que se restituyan los derechos
"vulnerados" por estos desalojos "con carácter retroactivo", algo que
cree que las familias pueden y deben también exigirlo, después de que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado este
jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa
comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección
suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
En declaraciones a los periodistas, la consejera ha resaltado la
importancia de esta sentencia y ha recordado que en España "se han
registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde
2007".
Por ello, considera que la sentencia del tribunal europeo dice que
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria "no responden ni
dan protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas, no ha
habido tutela judicial efectiva de lo que es un derecho humano que
tienen las personas".
Por ello, tras apuntar la existencia de una "responsabilidad
política de todos los gobiernos que se levaron las manos y miraron para
otro lado cuando se produjeron en este país tantos desahucios", Cortés
considera que el Gobierno "está obligado a aprobar la iniciativa
legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, a
cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, a trasponer
la directiva comunitaria para proteger a consumidores de productos
financieros, hipotecas o preferentes que han desprotegido a los
consumidores".
Asimismo, Cortés considera que "tanto la Junta como las propias
familias estamos obligados a exigir al Gobierno la paralización
inmediata de todos los desahucios", algo que, junto al alquiler social
"debe ser el punto de partida para el Gobierno central, que está
obligado a restituir el derecho humano de la familia a una vivienda,
porque aquí se ha ejercido una violencia sobre las familias que han
perdido sus viviendas desde 2007 hasta hoy".
Cortés, que ha recordado que ha habido varios partidos políticos,
entre ellos IU, que han venido planteando iniciativas en el Congreso
"pero los partidos mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo
el derecho humano a la vivienda y de proteger a los trabajadores y las
familias, pese a esa violencia que se ha venido ejerciendo desde 2004
pero de forma masiva desde 2007, cuando se intensificó la estafa
económica que ha provocado los desahucios".
Para la consejera, "se ha producido una vulneración de un derecho
que ha provocado algo tan gordo como que se despoje a las familias de
sus viviendas y además el tribunal dice que la ley es ilegal, por lo que
esta restitución de derechos tiene que tener carácter retroactivo".
"Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia
ejercida sobre las familias", ha aseverado la consejera, quien considera
que esas familias "podrán hacer valer esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo y están obligadas a exigir al Gobierno que paralice de forma
inmediata todos los desahucios, como hemos hecho en Andalucía con el
parque público de viviendas".
Considera que el Gobierno "está obligado jurídica y políticamente a
arbitrar la dacion en pago con carácter retroactivo", en insiste en que
"cualquier ciudadano desahuciado en los últimos años puede reclamar la
restitución de sus derechos con esta sentencia del tribunal europeo, en
cuando a todos los desahucios que se hayan producido a partir del 1 de
enero de 1995, porque la directiva comunitaria era de obligado
cumplimiento y debía estar traspuesta a la normativa estatal el 31 de
diciembre de 1994".
Hay sentencias clarísimas del tribunal sobre las directivas
comunitarias que obligan a los estados miembros a trasponer las
directivas". Cortes anima a las familias a que "acudan a las oficinas en
defensa de la vivienda, donde vamos a seguir defendiendo derechos y
ahora con un arma que potencia mucho más esas oficinas, que es esa
sentencia del Tribunal de Luxemburgo".
Asimismo, Cortés ha recordado que la Junta, en el marco de sus
competencias, está elaborando una ley de protección a los consumidores
de productos financieros, donde "se exprimirán las competencias del
Gobierno andaluz".
"Para IU es innegociable la defensa de las familias que están en
proceso de desahucio y es innegociable la defensa de ciudadanos frente a
leyes que implican abusos y eliminar derechos humanos", ha aseverado.