SEVILLA.- El Grupo Socialista registró este miércoles una solicitud de
comparecencia en el Parlamento andaluz de la exinterventora general de
la Junta Antonia González, y de los "cuatro interventores cesados"
recientemente en la administración andaluza para que den "explicaciones"
sobre las supuestas irregularidades en contratos de emergencia del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por los diputados del
PSOE-A.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el
Parlamento la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez, quien
ha defendido que los andaluces "merecen" saber qué ha pasado con "los
contratos irregulares" del SAS tramitados por el procedimiento de
emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19, y "sobre la
reestructuración que se ha producido en la Intervención General" de la
Junta.
"Queremos saberlo todo", ha enfatizado la también
portavoz de la Ejecutiva del PSOE andaluz, quien ha agregado que si el
presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es "tan transparente"
como presume, "votará a favor" de dicha solicitud de comparecencia de la
Interventora General cesada el pasado mes de enero, para contar a los
andaluces "qué es lo que realmente está pasando".
María Márquez ha comenzado su rueda de prensa señalando que este 5 de
febrero es un miércoles "negro" para el presidente de la Junta, al que
"se le ha acabado su tiempo", y que "tiene más corrupción que días en el
Gobierno" andaluz, según ha sentenciado la diputada socialista antes de
subrayar que el también líder del PP-A "vuelve al debate parlamentario
después de unas largas vacaciones con la mesa llena de problemas y de
corrupción, lamentablemente para los andaluces".
Así, la
representante del PSOE-A ha aludido al caso de los contratos de
emergencia del SAS, adjudicados "a dedo" y "sin control a la sanidad
privada", así como a "una presunta trama de corrupción urbanística
gravísima" que salpica al "PP de Sevilla al máximo nivel político", en
relación al proyecto de construcción de un tanatorio en Mairena del
Alcor; a las polémicas declaraciones del delegado territorial de
Desarrollo Educativo de la Junta en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, sobre
niños con necesidades educativas especiales, y a la concesión de una
subvención al proyecto 'Senderos del Rocío' impulsado por el cantante
José Manuel Soto.
En relación al caso de los contratos, la
representante del PSOE-A ha subrayado que hay tres gerentes del SAS --la
actual, Valle García, y sus dos antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego
Vargas-- "imputados, investigados por la justicia", que son "la punta
del iceberg de la trama de corrupción sanitaria más lamentable,
insensible e inhumana a la que se ha enfrentado esta tierra", ha
enfatizado.
María Márquez ha subrayado que se ha sabido que la
Fiscalía "pide que se amplíe la investigación" y ha vuelto a pedir
"informes, pruebas, detalles de lo que está pasando y de lo que se
hizo", ha advertido la representante del PSOE-A.
Ha remarcado
que "la Justicia le ha pedido información a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, y ha sostenido que "no es casual" que, el pasado 8
de enero, el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno acordase
el cese de quien ocupaba dicha responsabilidad, Antonia González, antes
de que la Junta decidiera también cesar a "cuatro interventores más", es
decir, "gente que tiene la información" sobre dichos contratos, "que
sabe lo que ha pasado y que, además, ha denunciado lo que ha pasado", ha
abundado.
La diputada socialista ha añadido que "el
ingrediente que le faltaba a este potaje es lo que hemos conocido esta
mañana, que son las declaraciones de la viceconsejera de Hacienda
diciendo que lo que hace falta en la Intervención General de la Junta de
Andalucía es mano dura que meta en cintura a los interventores".
"Lo que necesita Andalucía es mano dura contra la corrupción", y el
presidente de la Junta "tiene de manera inmediata que salir a darnos
explicaciones a los andaluces", al igual que la viceconsejera de
Hacienda "tiene que cesar", ha sentenciado la portavoz del PSOE-A para
remarcar que a los socialistas "no nos vale que cesen a quien denuncia
la corrupción y que protejan a quien señala", mientras que "a quien
expulsa" sea "a quien denuncia la corrupción", algo que, en todo caso,
"no sorprende", porque "no es la primera vez" que el PP actúa así, según
ha manifestado la diputada, que al respecto ha citado el caso de la
salida de Pablo Casado de la presidencia del PP en 2022 tras su
enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso.
En esa línea, ha apuntado que en el PSOE-A están
"convencidos" de que la Junta "va a boicotear" el "proceso judicial"
vinculado a los contratos del SAS como ya "ha hecho" en el Parlamento,
"boicoteando todas las propuestas" del Grupo Socialista para, por
ejemplo, constituir una comisión de investigación o celebrar un pleno
extraordinario monográfico sobre sanidad.
María Márquez ha
acusado al Gobierno del PP-A de emprender una "caza de brujas" en la
Intervención General de la Junta con el objetivo de que "los que tenían
la información" sobre el caso de los contratos "no estén" en sus
puestos, y que "los que vengan" a sustituirles "sepan qué pasa si se
denuncia". "Es la teoría del miedo y de la persecución de siempre, de
toda la vida, del Partido Popular", ha aseverado.
Por otro lado, la portavoz socialista se ha hecho eco de una
"información nueva sobre una presunta trama de corrupción, un 'pelotazo'
urbanístico" en el que "está implicado el Partido Popular de Sevilla al
máximo nivel", hasta el punto de que el delegado del Gobierno de la
Junta en la provincia y presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez,
"es una de las personas que se está investigando en estos momentos" por
el proyecto de construcción de "un tanatorio público que se prometió a
los vecinos" de Mairena del Alcor, pero que "en ocho años no se
construyó", mientras que, "casualmente, en cinco meses" se ha construido
"un tanatorio privado con menos papeles que una liebre", ha relatado.
La representante del PSOE-A ha señalado que "se está investigando en
estos momentos" a representantes del PP de Sevilla "por delitos de
tráfico de influencias, prevaricación urbanística y administrativa y
administración desleal", y ha considerado que el presidente de la Junta y
del PP-A, Juanma Moreno, "cuanto antes tiene que dar una explicación".
De igual modo, María Márquez ha aludido al caso de las declaraciones
sobre niños con necesidades especiales que se atribuyen al delegado de
Educación de la Junta en Sevilla, de quien ha dicho que "es inadmisible
que no haya dimitido" aún, porque su "insensibilidad" es "vergonzosa",
según ha aseverado.
Además, se ha preguntado si el presidente
de la Junta, al no pronunciarse sobre este asunto y jugar "al
escapismo", "permite acaso que se trate así a las familias que salen
llorando de una reunión porque se desprecia a los niños que tienen un
problema y que necesitan de todos nosotros, de los servidores públicos".
Finalmente, la representante del PSOE-A se ha hecho eco de lo que en
una rueda de prensa previa ha anunciado el grupo Por Andalucía, y es
que la Oficina Andaluza Antifraude ha emitido una resolución que
"confirma irregularidades en la adjudicación de un contrato menor a
Caminos de Andalucía S.L., empresa vinculada al cantante José Manuel
Soto, por parte del Gobierno andaluz".
"Esto es lo que tiene
hacer contratos con la mirada", ha comentado la representante del
PSOE-A, que ha subrayado que los socialistas ya avisaron de que "esto de
darle un contrato de tantísimo dinero a una persona solo porque te cae
bien, porque lo conoces, porque es famoso y porque cuando te mira te
conmueve, no iba a salir bien".
José Manuel Soto, "un tipo sin formación"
El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha asegurado este miércoles que
el cantante José Manuel Soto ha debido devolver 30.000 euros a la Junta
de Andalucía por unas facturas de justificación de gastos no ajustadas
al objeto del dinero concedido para el proyecto de promoción denominado
Caminos del Rocío.
A ese reintegro de dinero por parte de Soto
ha sumado Por Andalucía una resolución de la Oficina Andaluza contra el
Fraude y la Corrupción, que se pronuncia a raíz de una denuncia de este
grupo parlamentario sobre la posible corrupción de una subvención
nominativa, que ha emitido una resolución en la que aprecia en ese
contrato menor a la mercantil Camino de Andalucía SL "un vicio de
nulidad en la adjudicación del contrato".
Esa conclusión la
sustenta en el hecho de que "la mercantil (Camino de Andalucía SL)
carecía de capacidad para actuar en el tráfico mercantil en actividad
ajenas" a su objeto social inicial, que era "la promoción, organización y
realización de toda clase de actividades artísticos musicales".
Seguidamente este órgano de extracción parlamentaria plantea a la
Consejería de Turismo y Andalucía Exterior que "proceda, en su caso, a
la revisión de oficio del contrato 2021/921166", así como advierte de
que "se debe informar a la Oficina de los resultados de las actuaciones
de investigación e inspección realizadas, en un plazo máximo de seis
meses desde el traslado de las actuaciones y resolución motivada".
Este pronunciamiento de la Oficina Antifraude es posterior a otro
previo, donde señaló "no apreciar indicio alguno de irregularidad que
permita a esta oficina incoar un procedimiento de investigación sobre la
subvención nominativa otorgada a la Fundación Destino Rocío", por
cuanto concluyó que "se haya motivado a lo largo del procedimiento el
objetivo del interés público de la subvención, con desglose de los
gastos subvencionables y la auditoría de la cuenta justificativa".
Los parlamentarios Esperanza Gómez Corona y José Manuel Gómez Jurado han explicado estos pormenores en rueda de prensa.
Gómez Jurado ha explicado que "la intención del PP es separar el
contrato menor de la subvención", por cuanto el primero se le concedió a
una empresa mercantil, Camino de Andalucía SL, mientras que la
subvención ha sido para la Fundación Destino Rocío, al tiempo que ha
advertido que empresa y fundación comparten domicilio social: "una
vivienda de José Manuel Soto".
Este parlamentario
representante de Podemos Andalucía en el Grupo Parlamentario Por
Andalucía ha sostenido que ese contrato menor inicial, que ha cifrado en
un importe de 15.000 euros, "se tendría que haber hecho una licitación
para que las empresas concurran", y ha esgrimido aquí que en ese caso
"el riesgo era de que no se lo quede José Manuel Soto".
Gómez
Jurado ha concluido que se trata de "un chiringuito montado en honor y
gloria de José Manuel Soto" y ha inferido de ello que "es un caso de
corrupción chabacano, burdo".
El diputado de Por Andalucía ha
indicado que "cuando denunciamos este caso", en alusión a septiembre de
2023, "nos había costado 290.000 euros", para precisar entonces que "a
día de hoy nos ha costado medio millón de euros".
Ha subrayado
la constatación de que la mercantil creada por José Manuel Soto carece
de "ni medios ni condiciones para llevarlo a cabo", por lo que ha
blandido aquí que "nos dice Antifraude que no tenía objeto social ni
capacidad para poner en marcha".
Ha planteado que "ahora
empieza la segunda parte, las de las subvenciones" a la Fundación
Destino Rocío, antes de apuntar que "tenemos claro que Soto y amigos han
comido bien, han dormido en buenos hoteles, sin justificar", por cuanto
ha esgrimido en este sentido la presentación de facturas "por valor de
casi 4.000 euros para comer y dormir".
"A día de hoy ha tenido
que devolver casi 30.000 euros de la primera ayuda", ha indicado Gómez
Jurado, quien se ha mostrado convencido de que "todo el mundo entendió
que olía mal" esta ayuda concedida para la promoción de los caminos del
Rocío, objetivo sobre el que ha ironizado para indicar que "original no
era ir andando al Rocío".
El también coportavoz de Podemos
Andalucía se ha preguntado si "se va a exigir que se devuelva ese
dinero", así como si alguien va a asumir "la responsabilidad política",
por lo que se ha cuestionado "si alguien dimitir por el medio millón de
euros por este caso de corrupción política", de manera que ha instado a
"la Junta de Andalucía a asumir responsabilidades por este más de medio
millón concedido a un tipo sin formación para levantar este proyecto".
Esperanza Gómez Corona ha dado cuenta en la rueda de prensa de las
dificultades que se ha encontrado el Grupo Parlamentario Por Andalucía
para acceder a la documentación del expediente en la Consejería de
Turismo, a resultas de lo cual les ha llevado a presentar un escrito de
amparo dirigido al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús
Aguirre, sobre las dificultades encontradas para el ejercicio de las
funciones de los diputados.
En su relato de los hechos ha dado
cuenta de una primera a la Consejería de Turismo, que tuvo el lugar el
viernes 31 de enero, un encuentro donde ha indicado que "te dan papel y
boli para copiar miles de folio", un encuentro al que seguiría un
segundo este lunes, día 3 de febrero, que se anuló porque "me dijeron
que no se podía acceder".
Las motivaciones alegadas por la
Junta de Andalucía eran que "no había ninguna sala disponible para
consultar", junto con que "ningún funcionario estaba disponible" para
acompañarles en ese cometido, tras lo cual Por Andalucía ha decidido
"solicitar el amparo" y se ha declarado convencida de que "en este
asunto se demuestra que hay algo que esconder".
