MADRID.- El Gobierno español ha aprobado este jueves dos
medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación
de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha
aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder
evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el
tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear
de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta
baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas
viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.
Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de
Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una
primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial
vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con
los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para
la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada
en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de
dación en pago.
Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en
el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado,
pero ahora, dijo, se trata de "revisar en qué circunstancias económicas y
de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas
Prácticas". Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las
viviendas que se podían acoger al fondo.
Además, anunció que "también se mejorarán aspectos importantes
como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora
--ahora en el 20 por ciento en muchos casos--, mecanismos para dar mayor
independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la
hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las
compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o
mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones
hipotecarias".
Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del
Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los
grupos pero, precisó, "muy especialmente éstas que el Gobierno tiene
interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en
negociación con los grupos".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del
Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores
hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se
tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de
hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por
ciento, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus
hipotecas.
De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay
que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos
protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique
esta medida.
Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio,
permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno,
para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de:
familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una
familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros
discapacitado superior al 33 por ciento.
Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por:
dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda
hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando
convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su
cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y
que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad
grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades
familiares en las que exista una víctima de violencia de género.
Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones
económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de
tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),
que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros
mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.
También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una
"alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que
el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por
1,5 veces en los últimos cuatro años --es decir, que si suponía un 40
por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento--; que la cuota
hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate
de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y
concedido para la compra de la misma.
A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al
Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio
social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una
ejecución hipotecaria.
Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al
Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades
financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos
adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo
para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al
tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según
las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay
que corregirlas.
Estas viviendas --añadió-- están en posesión de los bancos en este
momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han
quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.
El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del
sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que
el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria".
En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo
necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que
pertenecen a colectivos que, "en situación de buena fe, pero por razones
sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio".
Pero dejó claro que el principio general es que "las deudas y los
intereses hay que devolverlos". Por lo tanto, dijo "no hay ninguna
afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y añadió
que el problema "está acotado" porque se atiende a "un colectivo muy
específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria
que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja".
Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la
dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos
precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que
se trata de una solución de "última instancia" y que es mejor primero
aplicar una "reestructuración de la deuda" o una "quita".
Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta
opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los
cambios legislativos se trata de "actuar con equilibrio, justicia,
sensibilidad social e inteligencia" y advirtió de que si se protege en
exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de
préstamos.
De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley
Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. "No
voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una
tramitación de una Ley", dijo en referencia a que el Real Decreto se
tramitará como proyecto de Ley.
