lunes, 20 de abril de 2026
Los usuarios del Trasvase podrán reclamar indemnizaciones si sufren daños por la reducción de caudales
CARTAGENA.- El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del
Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés
Molina Giménez, ha señalado este lunes en la Asamblea Regional de
Murcia que, en el caso de que la reducción de caudales provoque
perjuicios económicos, los usuarios del Trasvase podrían acudir a la vía
legal.
En este sentido, ha explicado que "en el escenario
posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del
Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales
ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración
indemnizaciones", al tiempo que ha precisado que dicha opción estaría
sujeta a que "se produzcan daños o perjuicio patrimonial como
consecuencia de la reducción en los caudales aportados".
Así
lo ha planteado durante su comparecencia en la Comisión Especial de
Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas
medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde
ha advertido de la "importante inseguridad jurídica" que, a su juicio,
han padecido históricamente los usuarios de esta infraestructura y ha
sostenido que el trasvase atraviesa ahora un proceso de
"desnaturalización por vía reglamentaria".
Molina ha
estructurado su intervención en cinco bloques, centrados en la evolución
jurídica del acueducto, los caudales ecológicos en la demarcación del
Tajo, la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura,
la futura regla de explotación y la eventual responsabilidad patrimonial
de la Administración.
En primer lugar, ha recordado que el
Trasvase Tajo-Segura tiene como principales referencias normativas las
leyes de 1971 y 1980 y ha estado sometido "siempre a tensiones de
carácter político entre los territorios".
A su juicio, esa situación se
agravó especialmente entre 2005 y 2010, con iniciativas como la conocida
"cláusula Narbona" o la propuesta de reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha, que contemplaba la caducidad del trasvase.
Frente a ello, ha situado el Memorándum de 2013 como el instrumento que
permitió estabilizar parcialmente el marco legal, al propiciar una
nueva regulación a través de la Ley de Evaluación Ambiental y de la
regla de explotación.
La reducción del peso real del
acueducto se está produciendo por tres vías. La primera sería la
interpretación del nivel 3 de explotación, que entre 2018 y 2024 habría
provocado "al menos 27 recortes de la cantidad máxima trasvasable",
generando, según los cálculos del Instituto del Agua de la Universidad
de Alicante, "una deuda hídrica para la cuenca del Segura en el entorno
de los 192 hectómetros cúbicos".
La segunda sería la futura modificación
de la regla de explotación. Y la tercera, la más importante en su
opinión, sería la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo.
Sobre este último punto, Molina ha afirmado que ese incremento
supondrá "a partir de 2027 una merma de 105 hectómetros cúbicos anuales
para regadío como media", con una pérdida estimada del "16% del regadío
de la cuenca", unas 27.400 hectáreas afectadas, un impacto económico de
"5.300 millones de euros de 2021" y la pérdida de "unos 15.400
trabajadores directos que dependen del Trasvase Tajo-Segura".
El catedrático también ha querido aclarar que las sentencias del
Tribunal Supremo de 2019 no obligaban a fijar una cuantía concreta para
esos caudales.
"Lo que no podía hacer de ninguna manera el tribunal es
fijar los caudales", ha señalado, al tiempo que ha cuestionado que los
nuevos caudales ecológicos tengan respaldo técnico suficiente.
A ello ha sumado un problema de coordinación entre los planes
hidrológicos del Tajo y del Segura. Molina ha recordado que la elevación
de los caudales ecológicos iba ligada a una serie de medidas
compensatorias, como la ampliación y optimización de la desalación o las
interconexiones necesarias para llevar esa agua a las zonas regables,
pero ha denunciado que, a día de hoy, esas infraestructuras "no se han
realizado".
Por ello, ha advertido de una "contradicción interna" dentro
del propio real decreto que aprueba los planes hidrológicos, ya que
"uno se cumple y el otro no".
En relación con la futura regla
de explotación, ha evitado entrar en excesivos detalles al encontrarse
aún en tramitación, aunque sí ha reclamado que, cuando se apruebe, se
analice con detalle "el impacto que pueden tener esas soluciones en la
demarcación del Segura".
Al abordar la eventual
responsabilidad patrimonial de la Administración, Molina ha explicado
que existen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
reclamaciones ligadas a la fijación de caudales ecológicos y ha
sostenido que, si la aplicación de esos nuevos caudales causa daños
efectivos, los usuarios del trasvase podrán pedir una compensación
económica.
"En el escenario posible de que se generen daños y perjuicios
a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de
los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la
Administración indemnizaciones", ha afirmado.
Para sostener
esta tesis, ha invocado tanto el texto refundido de la Ley de Aguas como
la Ley del Plan Hidrológico Nacional, además de varias sentencias del
Supremo que, según ha explicado, equiparan la posición de los usuarios
del trasvase a la de otros usuarios del agua aunque no tengan
formalmente la condición de concesionarios.
"Los usuarios creo que
merecen que sus derechos sean respetados, ya que han confiado
legítimamente", ha subrayado.
En el turno de intervención de
los grupos, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha reconocido compartir
"muchas" de las reflexiones jurídicas expuestas por Molina, aunque ha
defendido que los poderes públicos deben actuar conforme a las
resoluciones judiciales y al marco legal vigente.
Moreno ha preguntado
qué margen de maniobra existe para complementar el trasvase con otros
recursos, como la desalación, la reutilización o los recursos propios de
la cuenca, y ha defendido que la hoja de ruta socialista pasa por
considerar el acueducto como "irrenunciable", pero acompañado de
recursos complementarios.
Desde Vox, Antonio Martínez ha
alabado la "serenidad académica" del compareciente y ha asegurado que su
intervención debería convertirse en "el catecismo sobre el trasvase"
para todos los representantes políticos del Levante.
El diputado ha
compartido la tesis de que el acueducto es "irrenunciable" e
"insustituible" para la economía y el medio ambiente del sureste y le ha
pedido una estrategia jurídica y política para afrontar el cuarto ciclo
de planificación hidrológica y el conjunto de amenazas que, a su
juicio, pesan sobre el regadío levantino.
Por parte del Grupo
Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida
Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis
Álvarez-Castellanos, ha introducido una visión más crítica con el modelo
actual y ha insistido en que el debate no puede desligarse de la caída
de aportaciones en cabecera, del crecimiento del regadío y de los
impactos ambientales del modelo agrointensivo.
En este sentido, ha
preguntado si no será necesario "redimensionar" el sistema en función de
la disponibilidad real de recursos y de sus efectos ecológicos.
El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha agradecido una
intervención que ha considerado "enriquecedora" y ha subrayado varias de
sus conclusiones, entre ellas que las sentencias del Supremo no fijaron
la cuantía concreta de los caudales ecológicos y que los usuarios del
trasvase han actuado confiando en un marco legal que ahora, a su juicio,
se está alterando.
Cano ha pedido al compareciente que profundizara en la falta de coherencia entre los planes del Tajo y del Segura y en las oportunidades que podría ofrecer el futuro marco europeo de resiliencia hídrica.
El vicepresidente del SCRATS advierte de que la subida del caudal ecológico ya resta 70 hectómetros al Trasvase
CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante
Margen Izquierda del Segura y vicepresidente primero del SCRATS, Roque
Luis Bru, ha advertido en la Asamblea Regional de que el aumento del
caudal ecológico en el Tajo "ya está suponiendo unos 70 hectómetros
menos de agua" para los usuarios del trasvase y ha pedido a los
diputados que "trabajéis allá donde podáis, sobre todo en Madrid", para
garantizar la continuidad del Acueducto Tajo-Segura.
Así lo ha
trasladado durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio
sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas
anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde ha
detallado la dependencia estructural de su comunidad de regantes
respecto a esta infraestructura.
Según ha explicado, la entidad agrupa a
"unos 22.000 comuneros" y "unas 25.000 hectáreas de cultivo" en el sur
de Alicante, con un consumo anual de entre "50 y 60 hectómetros
cúbicos".
Bru ha recordado que la llegada del trasvase hace 47
años permitió transformar el modelo agrícola de la zona al "abrir el
abanico a cultivos con mayor valor añadido", frente a una situación
previa marcada por el uso de aguas del Segura de peor calidad.
"Hoy, al
igual que Murcia y Almería, nuestra dependencia del trasvase Tajo-Segura
es total", ha afirmado.
El dirigente ha señalado como uno de
los principales problemas la subida del caudal ecológico aprobada en
2023. Aunque ha reconocido que los actuales niveles de agua en cabecera
pueden enmascarar el impacto, ha insistido en que "esos dos metros
cúbicos por segundo ya están suponiendo unos 70 hectómetros menos de
agua" para los regantes.
A su juicio, esta reducción añade
"incertidumbre" a un sector que ya afronta dificultades económicas,
falta de relevo generacional y compromisos de inversión pendientes.
En este contexto, ha defendido que la desalación "es fundamental",
pero ha advertido de que no puede sustituir al trasvase. "El agua
desalada tiene un coste muy superior", ha subrayado, insistiendo en que
el trasvase permite "mantener un precio asumible del mix de aguas" que
utilizan las comunidades de regantes.
"Sustituir gran parte de ese
recurso por agua desalada no es viable para la mayoría de agricultores",
ha indicado.
Bru también ha cuestionado el impacto ambiental
de la medida y ha asegurado que "no hay ningún informe serio sobre el
impacto económico y social" del incremento del caudal ecológico.
En este
sentido, ha afirmado que "los únicos beneficiarios han sido los
portugueses", al sostener que el agua adicional acaba en Portugal sin
generar beneficios en España.
Durante su intervención, ha
defendido el papel estratégico del sector primario en un contexto
internacional incierto y ha reivindicado la "soberanía alimentaria".
"Lo
único que queremos los agricultores es poder seguir trabajando", ha
concluido.
En el turno de los grupos parlamentarios, el
diputado del PSOE Fernando Moreno ha asegurado que "el trasvase
Tajo-Segura es irrenunciable" para su partido.
Moreno ha defendido que la posición del PSOE pasa por garantizar esta infraestructura y ha planteado como complemento un "mix hidrológico" que incluya desalación, reutilización y recursos propios.
Además, ha preguntado al compareciente
por su opinión sobre la desaladora de Torrevieja, su interconexión con
el sistema del trasvase y el Júcar-Vinalopó.
Desde Vox,
Antonio Martínez ha respaldado el discurso del representante de los
regantes y ha denunciado una "violencia hídrica" contra el Levante. El
diputado ha advertido de que el actual proceso de planificación
hidrológica puede suponer "la condena de muerte" del trasvase y ha
reclamado una respuesta política conjunta para revertir esta situación.
Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición
Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo
Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha introducido un enfoque más
estructural del problema.
A su juicio, la situación del trasvase "no es un problema puntual", sino consecuencia de factores como la reducción de aportaciones en cabecera por el cambio climático, el crecimiento del regadío y el impacto ambiental del modelo agrointensivo.
En este
sentido, ha planteado la necesidad de estudiar "una reconversión" o "un
redimensionamiento de la capacidad productiva agrícola".
El
diputado del Partido Popular Jesús Cano ha denunciado, por su parte, que
las decisiones del Gobierno central se están tomando "sin diálogo real y
de espaldas al territorio" y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez
de poner "la guillotina al trasvase".
Cano ha reclamado que el futuro de
esta infraestructura se base en criterios técnicos y no políticos, y ha
advertido del impacto económico que tendría su desaparición.
En su réplica, Bru ha respondido a las cuestiones planteadas por los
grupos y ha reiterado su defensa del trasvase como eje fundamental del
sistema hídrico del Levante. Ha defendido la interconexión de la
desaladora de Torrevieja con el sistema del trasvase y ha asegurado que
existe "colaboración total" entre administraciones para su desarrollo.
También ha apostado por potenciar el uso de aguas depuradas, que ha
señalado como una de las fuentes más eficientes.
Asimismo, ha
advertido de las dificultades de adaptación del sector a modelos como la
agricultura ecológica en un mercado global competitivo.
"No podemos
competir con productos de terceros países que utilizan materias activas
prohibidas aquí", ha lamentado.
Finalmente, ha subrayado el
peso económico del regadío vinculado al trasvase, que, según ha
indicado, sostiene "más de 100.000 empleos directos", y ha insistido en
que su desaparición tendría consecuencias "muy graves" para el conjunto
del sureste español.