martes, 24 de enero de 2012

Fiscalía ve indicios de presunta prevaricación y denuncia una licencia del Ayuntamiento de Roquetas

ALMERÍA.- La Fiscalía Provincial ha remitido denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia municipal de obras para construir diez viviendas unifamiliares de lujo en una parcela localizada en la conocida como la finca La Fabriquilla, en Roquetas de Mar.

   Las diligencias de investigación, incoadas en julio de 2011 y de las que se dio traslado para su transformación en previas el pasado 13 de enero, indican que el hecho relevante que el Ministerio Público considera que "debe ser investigado" es el acto administrativo por el que se autorizó "de una forma no legal" la obra en una zona donde "no se podía autorizar". En concreto, se trata de una parcela en la Unidad de Ejecución UE-109.
   Fuentes judiciales han precisado hoy que la licencia cuya legalidad cuestiona la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía al estimar un supuesto ilícito penal tipificado en el artículo 320 fue concedida en 2007, al tener delegadas las competencias en esta materia, por la Concejalía de Urbanismo. El caso está pendiente de judicializar, por lo que no hay imputados.
   La corporación local acordó en marzo de 2006 la aprobación de la modificación puntual de la parcela 11 incluida en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la UE-109, que se promovió a instancia de la sociedad Hortiagrícola SL. La citada modificación cambió el uso del suelo de comercial a residencial --urbano consolidado-- y sobre este se levantaron los diez chalets.
   El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en un fallo dictado el pasado mes de noviembre este acuerdo por no ser ajustado a derecho. El fallo, que estima el recurso que interpuso la Junta de Andalucía, recoge en los fundamentos que "difícilmente puede considerarse suelo urbano consolidado aquel que precisamente está sujeto a operaciones integrales de reforma interior para crear una superficie residencial en el Plan Especial que se modifica".
   La sala de lo contencioso-administrativo decretó la nulidad del acuerdo de pleno ya que se vulneraban en su aplicación los artículos 17 y 36 de la LOUA "al incumplir con el estándar tanto de reserva de plazas para aparcamientos como de cesión de suelo dotacional público" o espacios verdes. Sostiene el Alto Tribunal, además, que altera "el equilibrio entre el equipamiento comercial y la población prevista para el lugar".
   La denuncia elevada al Juzgado Decano de Roquetas de Mar para la apertura de diligencias previas parte de la denuncia previa de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Superior de Andalucía. El documento contiene un relato cronológico de otros acuerdos de la corporación aunque, de apreciarse indicios de presunta prevaricación y delito contra la ordenación, no podrían ser enjuiciados al haber prescrito.
   En concreto, alude a la recalificación de suelo rustico a suelo urbanizable de la finca de La Fabriquilla, que se encuentra dividida en dos unidades de ejecución, si bien se trataría de "unos hechos muy antiguos" que las mismas fuentes enmarcan en una época en la que se potenció y se produjo un "boom" en el desarrollo urbanístico de la mayoría de municipios españoles al amparo de la legislación vigente.
   La formación UPyD en Almería ha avanzado este martes en declaraciones a los periodistas que la Fiscalía Provincial había remitido denuncia al Juzgado Decano de Roquetas de Mar aunque declinaron facilitar más detalles de la investigación ya que, según han explicado, los servicios jurídicos del partido "nos han aconsejado encarecidamente prudencia al respecto al no haber imputados".

Holcim reduce a 141 los trabajadores afectados por el ERE, pero mantiene el cierre de 23 plantas

MADRID.- Holcim España ha reducido desde 151 hasta 140 el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en España, que representarán así al 40% de la plantilla total, en virtud del acuerdo alcanzado con los represantes de los trabajadores.

   El ajuste diseñado por el grupo para su actividad en España mantiene, no obstante, el cierre de 23 plantas de hormigón, del total de 56 con que cuenta en el país, según informaron fuentes sindicales.
   Holcim indemnizará a los afectados por el ERE con treinta días por año trabajado (frente a los veinte días que inicialmente ofreció la empresa), con un máximo de 22 mensualidades. Además, lo complementará con una paga lineal de 2.000 euros para formación y reciclaje de estos empleados.
   El ajuste de la filial española del grupo suizo queda ahora pendiente del pertinente examen de la autoridad laboral correspondiente.
   El grupo suizo Holcim atribuye su decisión al descenso de la demanda de hormigón en España como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.
   No obstante, el ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

El Gobierno argelino autoriza la creación de diez nuevos partidos políticos

ARGEL.- El Gobierno argelino ha autorizado este martes la creación de los primeros nuevos partidos políticos en más de una década, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Abdelaziz Buteflika para evitar la propagación al país de protestas como las vividas en otros países de la zona.

   En un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado de que se ha autorizado a diez nuevas formaciones políticas a celebrar su congreso constitutivo, una vez se haya promulgado la nueva ley orgánica relativa a los partidos políticos.
   Según el documento, recogido por la agencia oficial APS, las formaciones autorizadas son el Movimiento de los Ciudadanos Libres (MCL), la Unión para la Democracia y la República (UDR), el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), el Frente de la Justicia y el Desarrollo (FJD - El Adalá), Jil Jadid (JJ), Frente Nacional para la Justicia Social (FNJS), Frentre de la Nueva Argelia (FAN), Frente El Moustakbal (FM), Partido de los Jóvenes (PJ) y Partido El Karama (PK).    
   No obstante, el Ministerio del Interior ha advertido de que la autorización definitiva de los nuevos partidos "está subordinada al estudio de la conformidad" de los respectivos congresos constitutivos con la nueva ley en la materia.
   Por otra parte, Interior ha precisado que el examen de las nuevas solicitudes para la creación de partidos políticos se abordará "con diligencia y tan rápido como sea posible a medida que los dosieres sean concluidos por los miembros fundadores, con los que los servicios del Ministerio están en contacto".
   "Hemos actuado de tal manera que el máximo número de partidos pudiera conseguir el visto bueno", ha asegurado el ministro del Interior, Daho Ould Kablia, según informa la agencia APS. Esta es la primera vez desde que Buteflika llegó al poder en 1999 que se autoriza la creación de nuevos partidos.
   Según la agencia, las nuevas formaciones autorizadas incluyen a varios grupos islamistas moderados. Los críticos con el Gobierno argumentan que muchas de las nuevas formaciones son en realidad próximas al Ejecutivo si bien una de ellas, el islamista Frente de la Justicia y el Desarrollo de Abdalá Djabalá, es un opositor declarado.
   En estos momentos, el Parlamento argelino está controlado por una alianza que integran el Frente de Liberación Nacional, que ha dominado la vida política argelina desde la independencia de Francia, y la Unión Nacional para la Democracia, del primer ministro Ahmed Ouyahia.

Organizaciones agrarias piden a Arias Cañete firmeza contra la renovación del acuerdo UE-Marruecos

MADRID.- Las organizaciones Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y la Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han trasladado al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, su preocupación por la repercusión que puede tener en el sector hortofrutícola español la posible aprobación en el Parlamento Europeo del nuevo acuerdo de libre comercio con Marruecos.

   COAG ha pedido al ministro un rechazo "firme y contundente" del Gobierno a la ratificación del acuerdo y su colaboración para influir en el voto de los europarlamentarios del Grupo Popular Europeo, según informó en un comunicado.
   UPA, por su parte, califica de "nefasto" el acuerdo, que, según estima, implicaría una reducción de las producciones y las exportaciones españolas, así como un incremento "espectacular" de las importaciones de Marruecos. Además, advierte de que están en juego más de 450.000 empleos directos.
   Asaja señaló este lunes en una nota que espera que de la reunión con Arias Cañete pueda salir una línea de trabajo por la defensa de los intereses de los productores hortofrutícolas.
   Las cinco organizaciones que se han entrevistado con el ministro advirtieron hace una semana de que el nuevo acuerdo liberaliza prácticamente la exportación marroquí a los mercados europeos, destino de las exportaciones españolas, y erosiona "seriamente" la protección arancelaria para las producciones.
   Por su parte, Arias Cañete criticó ayer lunes en Bruselas por "desequilibrado" el acuerdo agrícola que debe ser aún ratificado por la Eurocámara, al tiempo que afeó al anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "permitiera una deriva" de las negociaciones que perjudican al sector español.
   El acuerdo, cerrado por Bruselas y Rabat en 2010, está aún pendiente del voto del Parlamento Europeo y el próximo jueves será sometido a la opinión de la comisión europarlamentaria competente, la de Comercio.

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.
   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.
   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".
   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".
   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".
   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".
   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".
   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".
   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.
   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.
   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.
   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.
   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".
   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.
   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.
   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".
   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.
   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".
"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.
   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".
   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.
   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 
"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.
   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.
   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.
   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"
. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.
   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".
   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.
   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".
   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".