ALMERÍA.- El Jurado Provincial de Expropiación ha fijado el justiprecio de una
veintena de fincas que se ubican en el área bajo vigilancia radiológica
de Palomares, en los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora, después de que los propietarios y el Estado no alcanzasen
acuerdo económico en el marco del procedimiento forzoso iniciado en 2021
por el Gobierno sobre suelos que "continúan afectados" desde 1966 por
la caída de cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire
entre un bombardero y un avión nodriza de las fuerzas aéreas de EEUU.
La decisión de expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas se adoptó en Consejo de Ministros tras un informe del Ciemat que indicaba que "no era aconsejable" una "nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EEUU y que prevé limpiar 50.000 metros cúbicos de tierra contaminados con plutonio y americio.
Según han indicado fuentes de la Administración, se han notificado resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones, que fueron dictadas en junio, a los propietarios de "una veintena" de fincas, si bien aún quedan expedientes por sustanciarse, lo que se hará en "sesiones a celebrar próximamente".
La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.
Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.
Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.
Las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación siguen la línea de desestimar las alegaciones que presentaron los afectados contra la valoración económica hecha por el Estado, que difiere sustancialmente con las hojas de aprecio aportadas por los propietarios del terreno.
Fuentes consultadas han señalado que el justiprecio que se ha fijado en los casos ya analizados alcanza los 6.856,2 euros por hectárea, sea cual sea la condición del suelo, por lo que "la mayoría" de los expedientes incoados llegarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la vía del recurso contencioso-administrativo.
Han precisado que el Jurado Provincial de Expropiación entiende que la tasación del suelo ha de realizarse "con arreglo a su valor a la fecha del inicio del expediente de justiprecio", y apunta que, de manera "indubitada", los suelos se encuentran en "situación básica de suelo rural" tal y como sostuvo la administración.
Añade que, en ningún caso, "pueden tenerse en cuenta las expectativas urbanísticas que no hayan sido plenamente realizadas" y hace referencia a la valoración contenida en el informe técnico del ingeniero agrónomo.
El Jurado Provincial de Expropiación alude a los usos y aprovechamientos medios existentes en la zona y las características agronómicas, la climatología, la edafología, la orografía, minería, linderos y las infraestructuras existentes en la zona y concluye que a las fincas les corresponde el valor de un suelo rural "en caso de imposible explotación".
El Ciemat informó en junio de 2021 de que no resultaba "aconsejable" que el ejecutivo formalizase "una nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010 para las fincas bajo vigilancia radiológica ni la extensión del contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas y aludía a que no se han terminado aún "los trabajos de recuperación".
Señaló que lo "pertinente" en este caso era la expropiación forzosa de todos los terrenos que "continúan afectados" desde 1966 por la caída de cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire entre un bombardero y un avión nodriza de las fuerzas aéreas de EEUU.
Según la documentación consultada, desde 2010 y una vez que finalizó el plazo inicial de tres años de ocupación temporal, se produjeron "varias prórrogas", la primera de cinco años y la segunda por dos años.
Igualmente, existen "numerosos" contratos de arrendamiento concertados con los propietarios de 10,52 hectáreas ubicadas en las zonas 2, 3, y 2-bis, en Vera y Cuevas del Almanzora, mientras que en ocupación hay 21,79 hectáreas en la zona 6 (Sierra Almagrera) de terrenos también contaminados con el Ciemat como arrendatario y con la finalidad "de restringir su uso".
La expropiación forzosa se justifica, así, en la necesidad de "mantener el control" sobre el suelo afectado "residualmente por contaminación" de acuerdo al artículo 35 del Tratado Euratom ya que no se han terminado los trabajos de recuperación y también en el hecho de una "nueva prorroga excedería la indemnización del valor de las fincas"
El Ciemat advirtió, asimismo, de que la "disparidad" de instrumentos jurídicos existentes sobre los terrenos afectados, era "obligado" declarar la utilidad pública a efectos de "salvaguardar la salud pública y permitir la estrecha vigilancia radiológica de los terrenos afectados con el fin último de proceder a la expropiación forzosa de dichos bienes".
El acuerdo de Consejo de Ministros incluyó, asimismo, un documento técnico en el que se informaba de la disponibilidad de 345.127,95 euros de presupuesto para la expropiación en Vera y en Cuevas del Almanzora.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, acordaron el pasado 12 de mayo, antes del dictado de la resolución de Bruselas, que equipos técnicos de ambos países se reunieran "cuanto antes" para poder avanzar en el proceso de remediación de la zona sobre la que cayeron cuatro bombas termonucleares en 1966 tras el choque de dos aviones de EEUU en el aire.
Antes, en octubre de 2015, el entonces secretario de Estado, John Kerry, y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, firmaron en Madrid una declaración de intenciones en la que ambos países se comprometieron a una "rehabilitación mayor" del entorno de Palomares y a acometer el traslado de tierra contaminada a un "emplazamiento adecuado" en Estados Unidos. En discusión, si se retiran 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, o tan solo 28.000 metros cúbicos.
La decisión de expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas se adoptó en Consejo de Ministros tras un informe del Ciemat que indicaba que "no era aconsejable" una "nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EEUU y que prevé limpiar 50.000 metros cúbicos de tierra contaminados con plutonio y americio.
Según han indicado fuentes de la Administración, se han notificado resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones, que fueron dictadas en junio, a los propietarios de "una veintena" de fincas, si bien aún quedan expedientes por sustanciarse, lo que se hará en "sesiones a celebrar próximamente".
La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.
Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.
Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.
Las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación siguen la línea de desestimar las alegaciones que presentaron los afectados contra la valoración económica hecha por el Estado, que difiere sustancialmente con las hojas de aprecio aportadas por los propietarios del terreno.
Fuentes consultadas han señalado que el justiprecio que se ha fijado en los casos ya analizados alcanza los 6.856,2 euros por hectárea, sea cual sea la condición del suelo, por lo que "la mayoría" de los expedientes incoados llegarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la vía del recurso contencioso-administrativo.
Han precisado que el Jurado Provincial de Expropiación entiende que la tasación del suelo ha de realizarse "con arreglo a su valor a la fecha del inicio del expediente de justiprecio", y apunta que, de manera "indubitada", los suelos se encuentran en "situación básica de suelo rural" tal y como sostuvo la administración.
Añade que, en ningún caso, "pueden tenerse en cuenta las expectativas urbanísticas que no hayan sido plenamente realizadas" y hace referencia a la valoración contenida en el informe técnico del ingeniero agrónomo.
El Jurado Provincial de Expropiación alude a los usos y aprovechamientos medios existentes en la zona y las características agronómicas, la climatología, la edafología, la orografía, minería, linderos y las infraestructuras existentes en la zona y concluye que a las fincas les corresponde el valor de un suelo rural "en caso de imposible explotación".
El Ciemat informó en junio de 2021 de que no resultaba "aconsejable" que el ejecutivo formalizase "una nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010 para las fincas bajo vigilancia radiológica ni la extensión del contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas y aludía a que no se han terminado aún "los trabajos de recuperación".
Señaló que lo "pertinente" en este caso era la expropiación forzosa de todos los terrenos que "continúan afectados" desde 1966 por la caída de cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire entre un bombardero y un avión nodriza de las fuerzas aéreas de EEUU.
Según la documentación consultada, desde 2010 y una vez que finalizó el plazo inicial de tres años de ocupación temporal, se produjeron "varias prórrogas", la primera de cinco años y la segunda por dos años.
Igualmente, existen "numerosos" contratos de arrendamiento concertados con los propietarios de 10,52 hectáreas ubicadas en las zonas 2, 3, y 2-bis, en Vera y Cuevas del Almanzora, mientras que en ocupación hay 21,79 hectáreas en la zona 6 (Sierra Almagrera) de terrenos también contaminados con el Ciemat como arrendatario y con la finalidad "de restringir su uso".
La expropiación forzosa se justifica, así, en la necesidad de "mantener el control" sobre el suelo afectado "residualmente por contaminación" de acuerdo al artículo 35 del Tratado Euratom ya que no se han terminado los trabajos de recuperación y también en el hecho de una "nueva prorroga excedería la indemnización del valor de las fincas"
El Ciemat advirtió, asimismo, de que la "disparidad" de instrumentos jurídicos existentes sobre los terrenos afectados, era "obligado" declarar la utilidad pública a efectos de "salvaguardar la salud pública y permitir la estrecha vigilancia radiológica de los terrenos afectados con el fin último de proceder a la expropiación forzosa de dichos bienes".
El acuerdo de Consejo de Ministros incluyó, asimismo, un documento técnico en el que se informaba de la disponibilidad de 345.127,95 euros de presupuesto para la expropiación en Vera y en Cuevas del Almanzora.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, acordaron el pasado 12 de mayo, antes del dictado de la resolución de Bruselas, que equipos técnicos de ambos países se reunieran "cuanto antes" para poder avanzar en el proceso de remediación de la zona sobre la que cayeron cuatro bombas termonucleares en 1966 tras el choque de dos aviones de EEUU en el aire.
Antes, en octubre de 2015, el entonces secretario de Estado, John Kerry, y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, firmaron en Madrid una declaración de intenciones en la que ambos países se comprometieron a una "rehabilitación mayor" del entorno de Palomares y a acometer el traslado de tierra contaminada a un "emplazamiento adecuado" en Estados Unidos. En discusión, si se retiran 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, o tan solo 28.000 metros cúbicos.
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