SEVILLA.- El Gobierno andaluz ha resumido con un "ojalá" su escepticismo hacia la
posibilidad de que el Gobierno cumpla con el plazo de cinco meses que se
dio para la demolición del hotel del paraje El Algarrobico en
Carboneras.
El primer paso se empezó a dar este
martes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo
de Consejo de Ministros sobre la declaración de utilidad pública de
bienes y derechos en ese municipio, y que supone en la práctica
considerar expropiable un 50% de la superficie afectada por la
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre: 16.432
metros cuadrados de una superficie de la parcela de 32.654.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del
Gobierno andaluz, Carolina España, ha esgrimido que "ha empezado la
cuenta atrás" del plazo que se marcó la vicepresidenta primera y
ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María
Jesús Montero, quien el 10 de febrero anunció esa iniciativa por parte
del Gobierno con una comparecencia informativa in situ.
España
ha sostenido que "en julio, según su anuncio, se cumplen los cinco
meses para demoler" el hotel, por lo que se ha preguntado si "creen que
se va a poder cumplir ese plazo", antes de expresar ese ojalá, así como
sus dudas de que "nos tememos que haya otro cambio de opinión de la
señora Montero".
La consejera y portavoz se ha cuestionado
igualmente que el Gobierno haya optado por la vía ordinaria "en vez de
elegir el procedimiento de urgencia" sobre los trámites administrativos
que lleven a la expropiación del terreno a partir de la declaración de
utilidad pública de los bienes y servicios, y a la que deberían seguir
otras fases como la necesidad de ocupación del terreno, la declaración
del justiprecio que abonar a la propietaria, su pago y la toma de
posesión, según los pasos que contempla la Ley de Expropiación Forzosa.
España ha apuntado la posibilidad de que contra esa expropiación que
iniciaría el Gobierno "se interponga un recurso y se judicialice",
circunstancia legal que ha advertido "la señora Montero tiene que tener
presente".
La consejera y portavoz, con la premisa de que "los
que han cambiado de opinión es el Gobierno de España", ha recordado que
en 2007 ya desistieron de ese procedimiento de expropiación por cuanto
reconocieron entonces que "el procedimiento más rápido era anular la
licencia" de obras que le concedió el Ayuntamiento de Carboneras, que en
la actualidad esgrime su falta de recursos humanos para poder cumplir
con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
que le insta a ello.
"No hemos cambiado de opinión, hemos
dicho siempre lo mismo", se ha reafirmado España sobre la posición de la
Junta de Andalucía.
