El informe de Greenpeace que desató la ira de Cospedal

MADRID.- Greenpeace recibió esta semana un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor. Quien ha decidido acudir al juzgado a defender su buen nombre no es otra que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. ¿El motivo? El informe Amnistía a la destrucción, publicado el pasado mes de diciembre, en el que la organización no gubernamental repasa la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno conservador, según publica http://www.infolibre.es

El informe sostiene que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, es consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo es tan intenso, sugiere el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

En esas fechas Cañete se sentaba también en el consejo de administración de Bami Newco, puesto en el que se mantuvo hasta su nombramiento como ministro, en diciembre de 2011. En la actualidad, siempre según el informe de Greenpeace, conserva una acción de esta empresa.
No son estos los únicos conflictos de intereses del ministro que observa Greenpeace. Entre otros cita sus participaciones en la petrolera Ducar SL y en Petrologis Canarias SL. La primera la presidió hasta su nombramiento. En ella también tienen presencia su esposa y su cuñado, Miguel Domecq, que es además quien le ha sustituido como presidente. El informe señala también a otros dos cuñados del ministro (José Ramón Bujanda, que presidió la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón preparado, y Borja Domecq), así como a dos sobrinos con intereses en Bofado Inversiones SL, una empresa dedicada a la construcción.
Greenpeace sostiene que existen “posibles conflictos de intereses” con el proyecto de modificación de la ley de Costas impulsado por el ministro nada más llegar al Gobierno. La organización ecologista cree que el cambio normativo persigue hacer posibles determinados negocios gracias a la modificación de las zonas de protección y afirma que, entre sus beneficiarios, figuran notables políticos del PP, como el exministro Abel Matutes, el expresidente balear Gabriel Cañellas o el empresario afín al PP Juan Miguel Villar Mir.

Greenpeace considera que en el informe únicamente se indica la arbitrariedad e inseguridad jurídica que supone la nueva Ley de Costas, lo que favorece a sectores "muy concretos con intereses privados en el litoral". Con la reforma, según la ONG, se indultarán los edificios ilegales y la destrucción del litoral que se ha producido durante los años de la burbuja inmobiliaria.
Para Greenpeace, la reforma de la Ley de Costas supone uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental de los últimos años e insiste en que el proyecto de ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.

El abogado de Greenpeace José Manuel Marraco Espinós sostiene que con su informe la organización está defendiendo el derecho al medio ambiente que recoge el artículo 45 de la Constitución, en el marco de sus fines, ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión que recoge el artículo 20 de la Carta Magna, informa Europa Press.
En la demanda, Cospedal pide que se condene a Greenpeace a rectificar la información de dicho informe y a resarcir los daños y perjuicios mediante el pago de una indemnización.

Más de 4.400 viajeros utilizan el vuelo Almería-Sevilla durante los dos primeros meses de 2013

SEVILLA.- Durante los dos primeros meses de este año 4.428 personas utilizaron para sus desplazamientos interprovinciales la ruta aérea que conecta las provincias de Almería y Sevilla, con un total de 191 vuelos y una ocupación media del 47 por ciento en dichos meses. Iberia Regional-Air Nostrum es la compañía responsable de operar este vuelo desde su puesta en funcionamiento, el 15 de enero de 2010, con una aeronave (CRJ200) de 50 plazas.

   Según ha señalado en un comunicado la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, este vuelo tiene carácter de servicio público desde 2009 y, por tanto, está sujeto a las obligaciones que ello implica, entre otras cosas, que debe ser una operación regular y continuada de los servicios, con horarios que permitan una adecuada conectividad entre ambas ciudades y con unas condiciones mínimas de precio y oferta de asientos. Con ello, se alcanza su objetivo principal que es "cohesionar territorialmente Andalucía y mejorar las comunicaciones interiores de la región, favoreciendo el intercambio de bienes y servicios".
   De esta manera, en los datos correspondientes a los dos primeros meses de 2013 se observa que el mes de mayor ocupación fue enero, cuando se contabilizaron 2.278 viajeros en la ruta, 1.146 desde Almería a Sevilla y 1.132 en el sentido contrario, lo que supuso una ocupación que rondó el 44 por ciento en los 105 vuelos que realizaron ambos trayectos durante ese mes. En cuanto a febrero, fueron 2.150 personas las que viajaron en 86 vuelos. En enero se registraron tres cancelaciones, todas por causas del aeropuerto.
   La oferta horaria diseñada permite a los pasajeros realizar la ida y vuelta en el día con independencia del punto de salida. Así, recuerdan que los aviones parten del aeropuerto de Almería a las 7,10 horas, de lunes a sábado, y a las 20,05 horas de lunes a viernes y el domingo. Desde Sevilla, la salida de las aeronaves se realiza a las 8,40 horas de lunes a sábado y a las 21,35 horas de lunes a viernes y domingo. Es decir, dos vuelos diarios en cada sentido de lunes a viernes y uno los fines de semana.

Empresarios creen que se han cumplido las previsiones de ocupación media de entre el 65 y el 70%

SEVILLA.- Los empresarios turísticos andaluces creen que, a falta de tener datos exactos y a pesar del mal tiempo, se han cumplido las previsiones de ocupación media de turistas que esperaban para la Semana Santa de este año en Andalucía, que estiman que ha oscilado entre el 65 y el 70 por ciento, cifras similares a las del año anterior.

   Así lo ha indicado el presidente de la Mesa de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, que, no obstante, ha remarcado que estos datos son provisionales y están basados en las primeras cifras que ha podido recibir en estos días, si bien no será hasta este lunes cuando la organización a la que representa realizará un sondeo para recabar los datos definitivos.

   Según Sánchez, tanto la fecha en la que ha caído este año la Semana Santa --"demasiado temprano en el calendario"-- como las malas condiciones meteorológicas que se han registrado en Andalucía han lastrado la llegada de turistas a la Comunidad con motivo de esta celebración.

   A ello hay que sumar, según ha apuntado, la caída generalizada del turismo nacional, que ha sido "el que tradicionalmente se ha portado mejor en Semana Santa", por encima del de procedencia extranjera, que "alcanza cifras decentes en el litoral, pero que no tiene un comportamiento destacado en Semana Santa" por ser ésta una festividad que "fuera no se celebra como en España".

   Así las cosas, el hecho de que a lo largo del año haya menos turistas españoles "también ha afectado a la Semana Santa andaluza", ha ratificado Sánchez, que también ha señalado que las capitales de la comunidad han registrado mejores niveles de ocupación que las zonas de litoral y de interior.

   "El turismo rural y el de costa han pinchado", ha confirmado el presidente de la Mesa de Turismo de los empresarios andaluces, que ha concluido destacando que, en cambio, "las ciudades han resistido mejor", si bien no ha podido aportar datos más concretos por provincias al no disponer aún de ellos.