Competencia multa a Asaja, COAG y Alhóndigas de Almería por pactar precios

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 238.446 euros a Asaja, COAG y Alhóndigas de Almería por acordar el establecimiento de precios mínimos de algunas variedades de pimiento, calabacín, pepino, berenjena y tomate, según ha informado este jueves en un comunicado.

En concreto, este organismo ha sancionado a COAG con una multa de 29.662 euros, a Asaja, con 25.570 euros, y a las Alhóndigas, con 183.214 euros, en los tres casos en su representación provincial.

La CNC ha explicado que el expediente sancionador se inició tras unas informaciones periodísticas sobre la posible existencia en el sector hortofrutícola de Almería de un acuerdo de fijación de precios mínimos y de una mesa de trabajo para regular su variación.

En este sentido, este organismo ha considerado acreditado que Asaja y COAG Almería acordaron iniciar un proceso de unidad de acción para realizar acciones en defensa de varias reivindicaciones, entre las que se encontraban la adopción de medidas sobre los precios de los productos agrícolas.

Además, anunciaron la futura constitución de una mesa de trabajo a la que tenían previsto invitar a los representantes del comercio para realizar el seguimiento de la evolución de los precios en origen y adoptar las medidas oportunas.

Plasmaron todas estas cuestiones en un documento llamado 'Acuerdo de unidad de acción sindical entre Asaja-Almería y COAG-Almería, en relación con la crisis del sector hortofrutícola de la provincia'.

Posteriormente, se repartió un 'Documento de acuerdo de precios de productos hortícolas', en el que recogían un principio de acuerdo para que los agricultores se adhirieran a un sistema de precios recomendados, comprometiéndose a no vender por debajo de determinados niveles que se irían acordando y fijando unos mínimos de partida para ciertos productos hortofrutícolas.

Este texto recogía, además, la obligación de reflejar los precios mínimos acordados en todos los albaranes de entrada o facturas.

En el caso de las alhóndigas, Competencia ha apuntado que no participó inicialmente en el acuerdo pero se adhirió dos días después de forma pública a través de una nota de prensa.

En su Resolución, el Consejo de la CNC concluye que las conductas analizadas constituyen un acuerdo horizontal de fijación de precios mínimos, contrario a la Ley de Defensa de la Competencia y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La CNC ha aclarado que no se opone a que las organizaciones agrarias alcancen acuerdos de acción conjunta, pero "no puede aceptar que, bajo el título de acción sindical, se amparen conductas contrarias a las normas de competencia, como es el caso de los acuerdos de fijación de precios mínimos, que exceden los límites de una acción sindical legítima".

Ha recordado, además, que este tipo de acuerdos sobre precios mínimos "no se ha mostrado eficaz para resolver los problemas, ni permite asegurar el objetivo buscado de una renta justa para los agricultores".

El juez rechaza suspender el contencioso en el que Elsur reclama 89,2 millones al Ayuntamiento ejidense

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Almería ha rechazado la suspensión del procedimiento en el que la Empresa Mixta de Servicios Municipales SL (Elsur) de El Ejido reclama 89,2 millones de euros al Ayuntamiento al considerar que no resulta "imprescindible" esperar a que se dicte sentencia en el caso 'Poniente' que se investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a Elsur para decidir si se le debe abonar o no la citada cantidad por obras realizadas en el municipio.

   En una providencia el magistrado Jesús Rivera desestima por segunda vez la pretensión del Consistorio ejidense, que alega que, según se desprende de lo instruido hasta ahora en la causa penal, las subcontratas a las que la empresa mixta encomendó los trabajos cuyo pago reclama "facturaron a precios desorbitados estos servicios mediante prácticas supuestamente fraudulentas".

   La citada resolución, que se remite al primer auto dictado en septiembre para declarar que no existe prejudicialidad penal en este caso, reitera que determinar si procede o no el abono de los 89,2 millones de euros que Elsur reclama al Ayuntamiento es una "cuestión compleja" que exige el planteamiento de "una cuestión prejudicial devolutiva" y, en definitiva, exige "un pronunciamiento previo de la jurisdicción contencioso-administrativa".

   Añade el magistrado Rivera que es "indudable" que el pronunciamiento penal --en alusión al caso 'Poniente' que instruye el Juzgado número 2 de Almería-- no resulta "en modo alguno imprescindible" para el "control jurisdiccional" de la resolución por la que el Consistorio denegó por silencio administrativo el pago de la cantidad que demanda la empresa mixta y, por tanto, declara que no ha lugar suspender el proceso incoado en 2010.

   En su primer escrito, el Ayuntamiento ejidense señaló que el caso 'Poniente' condicionaba el resultado de del procedimiento contencioso-administrativo y argumentó que podría haberse dado una "sobrefacturación" por parte de Elsur con respecto a canon de "al menos 10 millones de euros", cuantía que podría ser "superior" como consecuencia de "otras tipo de prácticas irregulares por parte de las subcontratas, como pagos simulados a empresas del mismo grupo o grupos afines, o gastos simulados no imputables a la explotación".

   En esta línea, subrayó que si, finalmente, existiese alguna responsabilidad penal por los hechos que investiga el caso 'Poniente', esta "tendría una influencia decisiva" para dirimir la procedencia del pago de la cantidad reclamada, lo que "no es independiente de que sean responsables desde el punto de vista penal las personas que ha dirigido la empresa mixta".

   Tras la primera desestimación, en la que el magistrado Rivera reprochó por "no serio" que se pidiese la suspensión "sobre noticias aparecidas en medios de comunicación", el alcalde ejidense, Francisco Góngora, anunció que volvería a pedir la prejudicialidad penal una vez el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería aceptase la personación del Consistorio como acusación particular.

   La personación del Ayuntamiento de El Ejido en el caso, por el que están imputados entre otros el exregidor ejidense Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal, José Alemán, y se indaga en la actuación de los grupos empresariales Amate, Galán y Abengoa, fue aceptada a finales de octubre.

   El magistrado instructor consideró que el Consistorio es parte "perjudicada" en los delitos que se investigan en las diligencias previas incoadas por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

   La Fiscalía también señaló que su condición de parte perjudicada ya que la presunta malversación que se investiga podría hacer referencia a dinero de las arcas públicas ejidenses y subrayó que procedía la personación ya que ninguno de los actuales responsables de la corporación local está imputado en la causa.

La Sudelegación dice que la Oficina de Extranjería renueva el 90% de permisos de residencia

ALMERÍA.- La Subdelegación del Gobierno central en Almería ha indicado este jueves que la Oficina de Extranjería renueva "el 90 por ciento" de los permisos de trabajo y residencia que se tramitan y ha trasladado que existe una "disposición absoluta" a escuchar planteamientos y demandas que "contribuyan a mejorar el funcionamiento" de este órgano.

   En un comunicado, la administración ha hecho referencia a las críticas de una treintena de colectivos entre asociaciones, partidos, sindicatos y ONG que han convocado una protesta este domingo ante lo que consideran actuaciones "abusivas, injustas y caóticas" con "miles de personas emigradas" que residen en la provincia por la "denegación masiva" de permisos.

   Según los datos facilitados por la Oficina de Extranjería, en 2010 se extingueron 168 autorizaciones y se concedieron más de 1.700 permisos por arraigo mientras que en este año 2011 los permisos extinguidos son de 120 frente a 1.270 autorizaciones de arraigo social concedida, lo que, ha remarcado, "no debe calificarse de masiva".

   La Subdelegación ha trasladado, asimismo, su "desacuerdo" con la demora en la tramitación que han criticado los colectivos, que aseguran que se eleva a 18 meses, y ha señalado que la resolución de los expedientes por arraigo social está "prácticamente al día" salvo, matiza, lo que han entrado a partir de agosto de 2011 tras la puesta en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.

   Así, ha remarcado que la demora media no supera el plazo de resolución de unos cuatro meses y ha resaltado que, a pesar del importante volumen de expedientes, se ha realizado "en los últimos tiempos un esfuerzo muy importante para disminuir los plazos de resolución de los  mismos, tal y como muchos profesionales que trabajan en este ámbito han reconocido a esta Subdelegación". "Actualmente la media de resolución de los expedientes, sin contar los de arraigo social, está en 45 días", ha puntualizado.

   En cuanto al tiempo que transcurre desde la petición de la cita para obtener el NIE o el certificado de comunitario, hasta que se comparece para realizar el trámite, la espera media para cita se sitúa actualmente en torno a los 20 días naturales, han añadido.

   Desde la Subdelegación se ha trasladado, asimismo, que, a principios de verano, se creó una comisión técnica con algunas de las organizaciones que han convocado la manifestación a raíz de una reunión "con el objeto de conocer sus demandas y mejorar el funcionamiento del trabajo en común". La citada comisión, ha especificado, "ha podido tratar cuestiones de carácter general y casos individuales, prueba evidente de que existe una disposición absoluta a escuchar todo los planteamientos".  

  Por otra parte, ha reiterado el "importante esfuerzo" de la administración para eliminar las colas en la Oficina de Extranjería con la puesta en funcionamiento en 2007 de un inmueble "adecuado, que proporciona un trato más digno a todos los que solicitan cualquier tipo de trámite". Así, han apuntado, que durante el primer semestre se ha atendido a una media diaria de 708 personas en la Oficina de Extranjería.

   "El número de extranjeros en nuestra provincia es muy importante en términos absolutos y relativos, por lo que su atención e integración dentro del marco normativo existente es objetivo prioritario. Ello exige, en primer lugar, que los extranjeros tengan un contrato de trabajo real y efectivo para poder obtener la autorización correspondiente al tiempo que se endurece el régimen sancionador para los empresarios que den trabajo sin autorización", ha concluido.

    Según explicaron el miércoles en un comunicado la treintena de colectivos que reclaman un "trato digno" en la Oficina de Extranjería, en la provincia no se aplica con la "misma fluidez" que en el resto de España la normativa en materia de extranjería.

   En esta línea, criticaron que en Almería "la mayor parte de los expedientes son puestos bajo sospecha y denegados por cualquier motivo mientras que el pequeño porcentaje de permisos que se conceden son, con posterioridad, extinguidos por la Oficina de Extranjería a los tres días de estar dado de baja en la Seguridad Social",

   Entre los colectivos convocantes de la manifestación figuran, además de asociaciones de inmigrantes de los municipios del Poniente almeriense y la Comarca de Níjar y diferentes congregaciones de religiosas, Almería Acoge, Cáritas Diocesana, Asociación Innova Almería, Centro Indalo Loyola, SOC, Almería Intercultural, 15-M, Equo, Foro Social, PCE, IULV-CA, Ustea, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la asociación de abogados Comité Rene Cassini.

   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se ha unido este jueves a las reivindicaciones y ha criticado las denegaciones, extinciones o no renovación de permisos a ciudadanos extranjeros por parte de la oficina de Extrnajería de Almería, que, según ha advertido, parece haberse convertido en un "laboratorio" en el que se "experimenta" en terreno migratorio "con lo que después se va a hacer" en otros lugares.

La elección de la nueva dirección del PSOE local tras la disolución de la anterior se celebrará el día 21

ALMERÍA.- La asamblea general extraordinaria de la que ha de salir la nueva ejecutiva municipal del PSOE de la capital, disuelta hace dos semanas tras una cascada de dimisiones que derivó en la renuncia de su líder y expresidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, se celebrará el próximo día 21 a las 19,00 horas en el Hotel Elba de la ciudad.

   Así lo ha avanzado el secretario de organización del PSOE de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, quien ha considerado que esta fórmula, que se prevé en los estatutos del partido, es "lo mejor" para "devolver la normalidad" frente a una gestora, que hubiera ocasionado una situación de "interinidad, que, entendemos, no era buena ni para la militancia ni para la ciudad".

   Pérez Navas ha precisado que la decisión de resolver "directamente" mediante la asamblea general extraordinaria se ha adoptado con el objetivo "primordial" de que los militantes "tomen la palabra" en la elección de una dirección local "nueva" para, según ha remarcado, la agrupación "más importante" de la provincia en un momento "tan clave y delicado" en el que se han de preparar las elecciones autonómicas y el Congreso Federal del PSOE.

   Al hilo de esto, ha subrayado que se ha primado que los militantes sean los que decidan y ha considerado que la gestora hubiera conducido a una situación de "inestabilidad" en el que "decidirían un grupo muy reducido de personas". 

"Eso nos resta y lo que suma en este momento es una buen equipo decidido por los militantes", ha afirmado.

   El secretario de organización de los socialistas almerienses ha calificado de "positivo a nivel interno" que, ante un proceso abierto como el iniciado, surjan "varias candidaturas" ya que es muestra, a su juicio, "de vida interna" de la agrupación y de las "ganas de participación" en los procesos orgánicos. "Nos satisface que haya opciones ya que es prueba de que hay interés y ganas", ha añadido.

Joaquín Jiménez se postula para dirigir el PSOE de la capital con una candidatura que "recupere a las bases"

ALMERÍA.- El concejal socialista del Ayuntamiento de Almería y exsecretario de Comunicación de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Joaquín Jiménez, ha revelado su disposición a encabezar una segunda candidatura a la dirección de la Agrupación municipal en la capital "si se hace una apuesta municipalista, con las bases" y en su condición de "representante" del colectivo de ediles.

   "Si conseguimos que recuperar a las bases y que tenga protagonismo en la candidatura, voy para adelante", ha asegurado Jiménez, quien ha precisado que el impulso a su propuesta viene de un "grupo de militantes" que creen que las bases no se ha visto representada "y que creen que pueden tener cabida".

   En esta línea, y tras matizar que la confirmación de presentación de candidatura está aún "por cerrar", se ha mostrado convencido de que puede haber una "alternativa" integrada por personas que "respeten todas las sensibilidades" que existen en el seno de la Agrupación municipal y que "se han sentido desplazadas".

"Hay un millar de personas que son el capital verdadero a disposición del partido", ha indicado

   Jiménez, quien ha resaltado que la intención de optar a la dirección del PSOE local "ha partido" desde el grupo municipal en el Ayuntamiento, ha señalado que su proyecto pasa por dar protagonismo "a los barrios" para, de este modo, recuperar el "espacio perdido" y alcanzar "la paz social" en el seno de la agrupación que permita --ha añadido-- "hacer labor de oposición y trabajar de cara a las elecciones andaluzas".

   El concejal, integrante de la ejecutiva municipal disuelta hace dos semanas con el cese de Juan Carlos Usero tras una cascada de dimisiones, ha asegurado que los contactos para conformar la candidatura surgieron después de la postulación de Josefa Requena para estudiar la "posibilidad de reunir a personas distintas a las que hasta ahora han estado en primera línea de fuego y crear una alternativa a la ya anunciada".

El Presidente del TSJA propone "filtros administrativos" para frenar la corrupción urbanística

GRANADA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abogado este jueves por establecer controles previos y "filtros" por parte de la Administración que ayuden a paliar e impedir conductas urbanísticas delictivas y evitar, de esa manera, dar solución a estos casos exclusivamente desde el ámbito de la jurisdicción penal. 

   Antes de inaugurar en la Facultad de Derecho de Granada del congreso 'Delincuencia urbanística y corrupción política', Del Río ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que, pese a que este tipo de casos tienen gran trascendencia social y económica, no debe de trasladarse a la sociedad que España es una país donde "campea" la corrupción, puesto que esa "no es la regla ni la tónica".

   No obstante, sí ha advertido de la necesidad de dotar a los juzgados de medios suficientes para el tratamiento de este tipo de casos, ya que en ocasiones relacionan a un gran número de imputados, e implican la realización de periciales y el trabajo de personal de refuerzo.

   El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada (UGR), Lorenzo Morillas, ha apostado también por arbitrar soluciones en el marco del derecho administrativo para resolver posibles infracciones administrativas, frente al ámbito penal, como, según ha dicho, se aplica en países como Alemania.

   En ese sentido, ha abogado por una "alternativa intermedia" entre el sistema alemán y el español, donde el ámbito punitivo es cada vez "más expansionista", en parte porque, a su juicio, las infracciones urbanísticas han sido "un factor importante" en el desencadenamiento de la crisis actual en el país. Si la vía administrativa logra ser eficaz en el tratamiento de los casos de corrupción, las penas más severas podrían ir destinadas a los hechos más graves, ha señalado Morillas.

El proceso de fusión entre Cajamar y Ruralcaja podría culminar en mayo

ALMERÍA.- El director de Comunicación de Cajamar, Manuel Gutiérrez Navas, ha indicado este jueves que el periodo de fusión entre la almeriense y la valenciana Ruralcaja, cuyo inicio se ha acordado por los consejos rectores de ambas entidades y que se va a abordar en asambleas generales el próximo 17 de enero, podría culminar en los primero días de mayo, si bien hasta entonces se espera que se produzca la incorporación de más entidades al grupo.  

   Según ha señalado Gutiérrez Navas en rueda de prensa, tras la próxima asamblea general será necesario iniciar el proceso de autorizaciones, tras lo que el proyecto de fusión será comunicado al Banco de España, que deberá ser aprobado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda.

   Así, será sometido a información pública a través del Borme para, seguidamente, firmar la escritura de fusión y dar entrada a los distintos registros.

   Hasta esta fecha, "los consejos rectores de ambas entidades seguirán con su funcionamiento habitual y será a partir de ese momento cuando causará efecto el inicio de actividad de la nueva entidad", ha indicado  el director de Comunicación. Así, ha precisado además que ambas entidades mantendrán sus marcas comerciales, si bien después de tres años se unificarán bajo un mismo nombre.

   El propósito del Cajas Rurales Unidas pasa por "fortalecer el papel de las cajas rurales españolas, en convertirlas en actores relevantes del sistema financiero español" sentido en el que las partes han usado la nueva denominación para que sea una "invitación" a que se unan otras entidades. "Hay algunas entidades con las que tenemos contactos, si bien aún no se ha avanzado en ello ni se ha cerrado", ha señalado Gutiérrez Navas al respecto.

   Con esto, la fusión de ambas cajas conlleva la "operación de concentración de mayor calado de las cajas rurales españolas" de manera que ha contemplado que "lo ideal" sería que "todas las cajas rurales españolas" estuvieran "unidas bajo un único proyecto"; sentido en el que además no se descarta una futura integración con grupos ya existentes si bien el trabajo se ha centrado en la configuración de un grupo propio.

   Así, el proyecto de fusión parte del último trimestre en curso, si bien será a partir del segundo trimestre de 2012 cuando la caja "sea una", cuando "se consolidará los balances, la cuenta de resultados y la contabilidad de la entidad".

"El propósito que mueve a Cajamar es la integración en un proyecto común de todas las cajas rurales españolas", ha subrayado.

Rabat desarrollará su sector pesquero con sus medios sin descartar otros socios

RABAT.- El ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Aziz Akhannouch, ha calificado de "lamentable" la decisión del Parlamento Europeo de no prorrogar el acuerdo pesquero con Marruecos y ha asegurado que el país seguirá desarrollando el sector pesquero con sus propios recursos, sin descartar abrirse a otros socios.

   "Lamentamos que el Parlamento Europeo no haya querido recompensar todos los esfuerzos enormes realizados en los últimos años por Marruecos" para desarrollar una pesca competitiva y de calidad, ha señalado el ministro en Agadir, según recoge la agencia oficial MAP.

   Según Akhannouch, hace diez meses se llegó a un acuerdo equilibrado con la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, tras largas discusiones, por lo que ha lamentado que ésta "no haya podido desgraciadamente sacar adelante este proyecto en el Parlamento Europeo".

   Así pues, "ahora se nos envía hacia un nuevo acuerdo" a negociar, ha señalado, advirtiendo de que la decisión de la Eurocámara tendrá "consecuencias muy negativas en la relación entre la UE y Marruecos".

   "Nosotros tenemos nuestros propios medios para desarrollar el sector", ha subrayado el ministro, precisando que el Gobierno marroquí seguirá actuando para un desarrollo sostenible de este sector respaldando la aplicación del plan 'Halieutis'. "Más que una amenaza que podría planear sobre el sector (pesquero marroquí), se trata de una oportunidad", ha asegurado.

   "Tenemos abundantes profesionales que quieren pescar este recurso y ponerlo en valor en favor de Marruecos", ha aseverado el ministro, que no ha descartado la posibilidad de que Rabat mire hacia otros posibles socios que tengan "una relación bilateral excelente con Marruecos".

"Ya tenemos demandas para ello", ha precisado.

   Este miércoles por la noche, el Gobierno de Marruecos anunció, a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores, que todos los barcos europeos que pescan en sus aguas debían retirarse de la zona antes de medianoche.

Pérdidas españolas

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha ofrecido una primera estimación "provisional" que cifra en al menos "30 millones de euros" los daños para los buques españoles que la pasada medianoche tuvieron que abandonar los caladeros que gestiona Marruecos, después de que la Eurocámara vetara el miércoles dicha prórroga.
  "La Unión Europea tiene que resarcir los daños a los armadores, pescadores y daños colaterales que en una evaluación preliminar, sólo como punto de partida, van a superar los 30 millones de euros por dos meses y medio que no se va a poder faenar", ha explicado Aguilar en rueda de prensa en Bruselas.
   La ministra ha insistido en que se trata de una cifra "indicativa" y ha pedido a la Comisión Europea que sea de las arcas comunitarias de donde salgan las compensaciones.
   "Que no nos mire a los Estados miembros para que tengamos que aportar dinero, porque no hemos sido nosotros. De los daños tiene que responder la Unión Europea", ha apuntado.

Los comerciantes temen que Rajoy extienda la liberalización de horarios de Madrid a otras CC.AA.

MADRID.- Los comerciantes madrileños han expresado su temor ante la posibilidad de que el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, extienda la decisión de la Comunidad de Madrid de liberalizar los horarios comerciales a otras comunidades autónomas y le han reclamado que clarifique su postura al respecto.     

   "Lógicamente cuando lo hace una presidenta de una comunidad del PP nos hace pensar que esto puede ser el ambiente y el pensamiento que pueda haber dentro del PP y por lo tanto dentro del partido que está llamado a gobernar", afirmó el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.

   En su opinión, una liberalización de los horarios comerciales no supondrá un incremento de las ventas, ni del empleo, e irá, por el contrario, en detrimento del equilibrio entre los distintos formatos, que es "vital" para favorecer al consumidor.  

   "El ritmo que se marcará en la Comunidad de Madrid, y esperemos que se quede única y exclusivamente en la Comunidad de Madrid, no lo podrá mantener el pequeño y mediano comercio", subrayó el presidente de la CEC, quien agregó además que tampoco las grandes superficies podrán aguantar el reto de abrir 24 horas.

   García-Izquierdo insistió en que esta medida no aumentará el empleo, sino que lo que se producirá será una trasvase de los horarios que tengan actualmente algunos empleados. "No creemos que se produzca un aumento del empleo, puesto que en las propias fiestas navideñas tampoco se registra", señaló.

Nace 'Cajas Rurales Unidas' de la fusión Cajamar Caja Rural-Ruralcaja

ALMERÍA.- Los consejos rectores de Cajamar Caja Rural y Ruralcaja, las dos primeras cajas rurales de España, han rubricado ayer miércoles el proyecto de fusión de ambas entidades, que se va abordar en asambleas generales el 17 de enero. La entidad resultante, con la denominación social 'Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito', nace con 63.559 millones de euros de volumen de negocio y activos por importe de más de 38.000 millones.

   La operación dará lugar a la integración de los dos SIP que encabezan ambas entidades, el Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo CRM, que ya suma 22 entidades y fortalece su posición de liderazgo en el sector de cajas rurales españolas con un coeficiente de solvencia del 12,33 por ciento, 968.851 socios, 3,3 millones de clientes, 6.352 empleados y un total de 1.465 oficinas.

   En un comunicado, ambas entidades han coincidido en la necesidad de "dar un impulso al proceso de concentración del sector de cajas rurales", que contribuya a "reforzar su solvencia" y a "mejorar su eficiencia y competitividad" en el sistema financiero español.

   Asimismo, han trasladado una invitación a las demás cajas rurales españolas para que se sumen s a un nuevo grupo nacional "unido y cohesionado, capaz de dar respuesta a los retos derivados de la situación económica actual", y que mantiene "especialmente" su compromiso con el sector agroalimentario y el mundo rural.

Todos los barcos españoles se retiran de las aguas gestionadas por Marruecos

BRUSELAS.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha confirmado que toda la flota española que faena en aguas gestionadas por Marruecos se han retirado de los caladeros de la zona, después de que Rabat les diera este miércoles un ultimátum, en respuesta a la decisión del Parlamento Europeo de tumbar una prórroga provisional del acuerdo pesquero que permitía a los barcos europeos pescar en aguas marroquíes.

   "Les pedimos que volvieran a sus respectivos puertos porque no queríamos que pudiera haber otras consecuencias no deseadas. Todos los barcos nuestros han vuelto. Hay tres que están todavía volviendo pero todos entendieron la situación", ha explicado en declaraciones a los medios en Bruselas, en donde Aguilar asiste a su último consejo de ministros europeos.

   También ha afirmado que el Gobierno "respeta" la decisión de la Eurocámara, aunque "no la comparte" y ha emplazado a los 27 a dar un mandato "cuanto antes" para que Bruselas pueda cerrar un nuevo convenio con la parte marroquí también "cuanto antes" para poner "punto y final a esta situación".

   Aguilar ha recalcado que se trata de un pacto pesquero "en el marco de la Unión Europea" y, por tanto, es en ese marco donde se debe buscar el nuevo acuerdo, ha dicho, al ser preguntada por si España baraja establecer algún acuerdo bilateral con Rabat para permitir la vuelta de los pescadores españoles.

   Además, la ministra ha adelantado que aprovechará la reunión de este jueves para pedir ante los Veintisiete y la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que se compense a la flota comunitaria por el daño que esta retirada les va a suponer.

   El acuerdo que ha quedado invalidado por el voto de la Eurocámara ofrece 36,1 millones de euros anuales a Marruecos a cambio de 119 licencias de pesca, cerca de un centenar de ellas para barcos españoles; andaluces y canarios en su mayoría.

   Aguilar ha precisado que en estos momentos había en la zona unos 70 buques españoles --todos andaluces o canarios -- y que de su actividad dependen 500 puestos de trabajo directos, si bien no ha cuantificado en cifras el impacto económico del cese de la pesca. "Hay pueblos en Andalucía que viven prácticamente de la pesca en los caladeros marroquíes", ha añadido, para explicar que también hay empleos indirectos que sufrirán las consecuencias.

   En este sentido, Aguilar ha considerado que "este daño hay que resarcirlo" y ha dejado claro que "quien lo tiene que resarcir es la Unión Europea", para compensar el cese de la actividad a los patrones de los barcos afectados, pero también "a aquellos tripulantes que han perdido su puesto de trabajo".

   "Lo que nos importa es el daño que se le hace a la flota española y vamos a pedir a la comisaria que ese daño sea resarcido por la Unión Europea. Esto no puede quedar así", ha insistido la ministra española, para después reclamar "cuanto antes" un nuevo mandato para que Bruselas pueda negociar con Rabat "bases nuevas" para "ir a la búsqueda rápida y urgente" de un nuevo régimen pesquero con Marruecos.

   Las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo respecto al respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara Occidental y otras polémicas por el impacto medioambiental del acuerdo y por su poca rentabilidad económica para la UE habían retrasado hasta ahora la votación de la prórroga. Pese a todo, los buques europeos han seguido faenando en la región en virtud de un acuerdo provisional entre Bruselas y Rabat.

   Se trata de una muy mala noticia para España, país de la Unión Europea con más barcos en la zona y que siempre ha defendido el valor comercial y económico de este pacto, además de destacar que Marruecos es un socio estratégico para los intereses comunitarios, no sólo en relación a la pesca sino a otras áreas como inmigración.

   El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí reprochó anoche la "lamentable" decisión de la Eurocámara y alertó de que tendrá "consecuencias serias" en la cooperación entre Marruecos y los Veintisiete, según informa la agencia MAP. Rabat dio de plazo hasta la pasada medianoche para que los barcos de la UE se retiraran de las aguas que gestiona..

Marruecos prohíbe la actividad pesquera de la Unión Europea en sus aguas

RABAT.- El Gobierno de Marruecos ha advertido de que todos los barcos europeos que pescan en sus aguas debían retirarse de la zona antes de este jueves, en su primera respuesta a la decisión del Parlamento Europeo de no mantener la prórroga del acuerdo pesquero con el país norteafricano.

   El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí ha reprochado la "lamentable" decisión adoptada por la Eurocámara y ha alertado de que tendrá "consecuencias serias" en la cooperación entre Marruecos y los Veintisiete, según informa la agencia MAP, que anticipa una posible "reevalución global del partenariado" con la Unión Europea y repercusiones en materia de comercio y de movilidad, entre otras cuestiones.

   El Ministerio marroquí ha citado en su nota las razones alegadas por el Parlamento Europeo --"financiera y presupuestaria, económica y ecológica"-- y ha recordado que, a cambio de permitir la explotación de sus aguas, Marruecos recibía al año unos 36 millones de euros.

   Rabat también ha hecho hincapié en que desarrolla una "estrategia integrada, ambiciosa y global" que es respetuosa con los productos del mar y trabaja para lograr una pesca "competente". Dentro de estos esfuerzos, también trata de "preservar la biodiversidad del medio marino, luchar contra la sobreexplotación, velar por la reconstitución de los 'stocks', proteger las especies amenazadas y promover prácticas de pesca duradera y responsable".

   El comunicado no valora los argumentos relativos a que el acuerdo supone explotar recursos de la población saharaui y se limita a mencionar de pasada la antigua colonia española para aplaudir que, junto al veto al acuerdo pesquero, este miércoles se han rechazado propuestas que cuestionaban la "integridad territorial" de Marruecos y su soberanía sobre el Sáhara Occidental.

   La decisión de la Eurocámara también ha llevado al representante de la UE en Marruecos, Eneko Landaburu, a hacer público un comunicado en el que "lamenta" el fin del acuerdo y los posibles efectos que puede tener en las relaciones bilaterales. Landaburu ha asegurado que la posibilidad de firmar un nuevo pacto sigue, sin embargo, "totalmente abierta".

El Polisario aplaude la anulación del acuerdo pesquero entre UE y Marruecos

TINDOUF.- El embajador del Frente Polisario en Argelia, Brahim Ghali, aplaudió la decisión del Parlamento Europeo de no extender el acuerdo de pesca que mantenían de forma provisional la Unión Europea y Marruecos y lo calificó de una "victoria" para los saharauis.

 Ghali, que también es miembro del consejo nacional del Frente Polisario, calificó la decisión de "justa, honesta y correcta conforme a la legislación internacional".

"Se ha hecho justicia. Es una victoria para el pueblo saharaui que lucha por la autodeterminación y la independencia, pero sobre todo, es un fracaso para Marruecos y el principio del fin de su política de acaparamiento de la riqueza de nuestro país", agregó.

Para el representante saharaui, la decisión es también "un claro mensaje a los líderes de la UE para que adopten una nueva política hacia el Sáhara Occidental.

El diplomático también quiso agradecer a "todos aquellos que han echado abajo la política marroquí de usurpación de la riqueza saharaui".

El Parlamento Europeo rechazó hoy -por 326 votos a favor, 296 en contra y 58 abstenciones- la prórroga del acuerdo pesquero, porque considera que causa la sobreexplotación de algunas especies y es ilegal, según el derecho internacional, ya que interfiere en los recursos de la población local saharaui.

Por su parte, y tras conocerse la decisión europea, el Gobierno marroquí pidió a todos los barcos que operan en el marco del acuerdo UE-Marruecos que abandonen las aguas marroquíes antes de la medianoche y advirtió de "las graves consecuencias en el futuro en materia de pesca".

En un comunicado, el Ejecutivo de Marruecos amenazó con "una reevaluación global de su asociación con la UE", y subrayó que "la decisión del Parlamento Europeo marca así una lamentable evolución, de consecuencias graves sobre el futuro de la cooperación entre Marruecos y la UE en materia de pesca".

Los barcos que estaban faenando en Marruecos lo hacían en virtud de un acuerdo firmado en 2007, ratificado año tras año. Pero desde el 28 de febrero pasado estaba todavía pendiente la prórroga para este año 2011.

La UE aprueba la apertura de negociaciones de libre comercio con Marruecos

BRUSELAS.- Los países de la UE han aprobado autorizar la apertura de negociaciones para establecer zonas de libre comercio con Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania con el objetivo de acompañar las reformas democratizadoras emprendidas en los cuatro países del sur del Mediterráneo. 

Los acuerdos no se limitarán a la supresión de aranceles sino que cubrirán también la protección de inversiones, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y los mercados públicos.

"Lo que ofrecemos a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez es la integración económica progresiva en el mercado único de la UE", ha asegurado el comisario de Comercio, Karel De Gucht, que negociará en nombre de los 27.

"Deseamos mejorar las condiciones de acceso para estos 4 miembros de la OMC ahora que emprenden un proceso de reforma democrática y económica. Nuestra puerta está abierta a otros socios del sur del Mediterráneo, una vez que cumplan las mismas condiciones", ha dicho De Gucht.

Las negociaciones tendrán en cuenta las diferentes prioridades en materia de regulación y desarrollo económico de los países del sur del mediterráneo, según ha dicho la Comisión. El objetivo es mejorar las posibilidades de acceso a los mercados de Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez e instaurar un clima propicio a las inversiones en estos países, así como impulsar las reformas económicas.

La UE tratará además de impulsar la integración económica regional iniciada con el acuerdo de libre comercio de Agadir que han suscrito los cuatro países.