El ministro Planas insiste a la Comisión Europea que vigile los precios de referencia de exportaciones agrícolas de terceros países

NÍJAR.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que España "está insistiendo cerca de la Comisión Europea" para que exista un "control efectivo" de los reglamentos comunitarios en cuanto a la entrada de productos hortofrutícolas de terceros países de modo que, entre otros aspectos, "se vigilen efectivamente" los precios de referencia.

Así lo ha indicado el titular en declaraciones a los periodistas ante las protestas del sector agrario de los pasados días, la última de ellas este mismo jueves en Jaén, por la crisis de precios que se da en el sector primario y que, en el caso de las frutas y hortalizas, se ha declarado "estructural" por parte de las organizaciones de productores.

Durante una visita a una finca de Níjar, Planas ha reconocido que el país exporta "más de la mitad" de sus productos del sector agroalimentario y, por lo tanto, debe "abrir nuevos mercados", si bien también ha considerado que es precios que la normativa comunitaria se cumpla "de manera estricta" en cuanto al etiquetado de productos y el cumplimiento de reglas fitosanitarias.

"España está insistiendo cerca de la Comisión Europea para que lo haga sobre todo en el sector de frutas y hortalizas, particularmente, y en el conjunto de los sectores", ha afirmado el titular de Agricultura, quien también se ha referido a la necesidad de que los precios de referencia de entrada de producto, como es el caso del tomate procedente de países extracomunitarios, se cumplan.

En el mismo sentido, ha señalado que "de vez en cuando" es necesario recordar a la Comisión la aplicación de las normas para que lleguen a los estados miembro que tienen que ponerlas en marcha ya que a través de las diferentes fronteras se reciben esos productos. "Creo que de esa forma, quien exporte a España lo hará en plenitud de legalidad y nosotros también, lógicamente, tenemos que defender nuestra provisión en otros mercados", ha dicho.

En relación a las manifestaciones realizadas en los últimos días en lugares como Don Benito (Badajoz) o Almería, Planas ha reconocido la "preocupación" de los productores por los precios, cuya situación es "complicada" y deriva de otros "muchos factores" como la "climatología" o la "situación del mercado".

"Tenemos que ser capaces de estructurar, de mejorar la organización del sector para conseguir efectivamente que la estructuración de la oferta a través también de las cooperativas agroalimentarias, de las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas y también de las interprofesionales, puedan mejorar", ha opinado a tenor de este asunto.

Junto a estos problemas, Planas ha identificado otros "factores de incertidumbre" que acompañan a la crisis de precios, entre los que ha apuntado la negociación de la nueva PAC que se debatirá el 20 de febrero en Bruselas, a donde viajará el presidente del Gobierno; los aranceles impuestos por Estados Unidos y la aplicación del Brexit a partir de enero de próximo año una vez se cumpla la moratoria.

"Ante esa preocupación solo se responde con esfuerzo, trabajo conjunto, diálogo y racionalidad", ha dicho el ministro, quien ha repasado la agenda de reuniones que mantuvo la primera semana como ministro para escenificar la necesidad de "trabajar todos juntos" para "sacar adelante" la agricultura, que es "uno de los grandes activos de España". 

"Creo que el futuro es brillante, pero para esto tenemos que remar todos en la misma dirección", ha apostillado.

De otro lado, Planas se ha vuelto a referir a la aplicación de salario mínimo interprofesional (SMI) en el sector. "Somos uno de los 12 países más ricos del mundo y estamos en octavo lugar en la UE en cuanto importe del salario mínimo interprofesional, con lo que esto no es el problema", ha manifestado.

Para el responsable estatal de Agricultura, la aplicación de SMI es "perfectamente asumible" por lo que ha animado a la patronal y a los representantes de los empleados a "llegar a un acuerdo" para dar "la misma dignidad" al trabajador del campo que al del sector servicios en lugares como Almería, donde el convenio colectivo vigente concluyó en 2015 y está pendiente de actualización.

Planas asume "muchísimas" reivindicaciones del sector hortofrutícola y propone una "hoja de ruta" consensuada

ALMERÍA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que en "muchísimas" de las reivindicaciones que está haciendo en los últimos meses la patronal agraria "piensa como ellos" y ha avanzado que su departamento va a preparar una "hoja de ruta" para abordar de manera "conjunta con el sector" el futuro de un modelo que muestra síntomas de agotamiento.

«Estamos de acuerdo en que hay síntomas que dicen que un cierto modelo de crecimiento puede estar llegando a su límite y que es necesario renovarlo y mejorarlo», ha trasladado Planas al finalizar la reunión mantenida este jueves en Almería con organizaciones agrarias y comercializadoras en la que, según ha subrayado, ha predominado «una voluntad común de trabajo».

El ministro, quien también ha visitado las explotaciones invernadas de Níjar afectadas por la borrasca ‘Gloria’, ha concretado la necesidad de actuar ante la crisis de precios y por el cumplimiento «estricto» de la UE en lo referente a los controles en fronteras de los productos de terceros países y ha «ofertado» al sector la posibilidad de preparar «una hoja de ruta desde el consenso».

Ha apuntado que el Gobierno tienen la «intención» de «integrar» la nueva directiva europea sobre prácticas comerciales desleales para, desde ahí, «revisar la ley agroalimentaria vigente, que creo que es un instrumento muy poderoso de cara al establecimientos y mejora de la posición del agricultor en la cadena alimentaría» frente a la gran distribución.

Planas ha añadido que exigirán a la UE un «control estricto» de fitosanitarios, etiquetado y precios de referencia en los productos procedentes de terceros países. 

«El problema de los precios es real y entiendo lo que el sector está pasando perfectamente pero apelo al respeto, la comprensión y el diálogo porque si trabajamos juntos, saldrá adelante», ha concluido.

En un tono menos beligerante que en las últimas protestas, la patronal agraria ha coincidido en remarcar que todos las partes han reconocido una «crisis estructural, no coyuntural» del modelo y han trasladado su satisfacción por haber alcanzado «un punto de encuentro».

En este sentido, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, ha considerado que, si bien hay un «compromiso» del Gobierno de retomar la agenda de reivindicaciones del sector, el acuerdo no paralizará las movilizaciones «en la calle» pero «liderada por las organizaciones agrarias y como siempre hemos sabido hacer las cosas».

Góngora, quien ha resaltado que las protestas del sector de las frutas y hortalizas comenzó «hace meses aunque ahora estemos en un contexto de movilización nacional», ha insistido en que es una crisis estructural «con pérdida de rentabilidad» y la ha vinculado a «la crisis de precios, a la posición de dominio de las grandes cadenas de supermercados y a las importaciones de terceros países».

Por su parte, desde Asaja, su responsable provincial, Pascual Soler, ha incorporado a las demandas la regulación de los precios del agua y de una ley «que no se está cumpliendo». Ha considerado un «paso de gigante» el compromiso de preparar una «hoja de ruta» y ha pedido que se trabaje no solo en los precios de los productos sino también en los costes de producción.

La portavoz de UPA, Francisca Iglesias, ha alertado del «estrés» en el sector que está llevando «al deterioro y al abandono del modelo ‘Almería'» y ha abogado no «por cambiar cómo se produce sino cómo se vende». «Hay que conseguir seguir vendiendo a un precio razonable para consumidor y agricultor», ha concluido.

Luis Planas, ve posible aplicar fondos Feader para reconstruir los invernaderos dañados por el paso de ‘Gloria’

NÍJAR.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este jueves el núcleo Saladar y Leche de Níjar donde el paso de la borrasca ‘Gloria’ dejó unas 1.700 hectáreas de invernadero afectadas –200 de ellas completamente destruidas– así como el fallecimiento de un hombre de 77 años que quedó atrapado en su explotación agraria.

Tras inspeccionar la zona, el ministro ha mantenido una conversación con varios de los agricultores afectados que tratan de recobrar la productividad de sus fincas, a los que les ha trasladado la posibilidad de recurrir al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) para la reconstrucción de los invernadero.

En declaraciones a los medios, Planas ha asegurado que el uso de fondos Feader «es una magnífica idea que apoyo», con lo que ha mostrado su interés en «reprogramar» el programa en el que el Gobierno realiza el 30 por ciento de las aportaciones en colaboración con Europa y la Junta de Andalucía.

«Con fe y trabajo salimos todos para adelante», le ha asegurado a uno de los agricultores afectados, a quien ha trasladado el «apoyo» y la «solidaridad» del Gobierno ante la «angustia» y «sufrimiento» de los productores que vieron perder sus cosechas en un momento álgido de la campaña.

En esta línea, ha insistido a los agricultores en la necesidad de la contratación de seguros agrarios para proteger sus parcelas. «Lo recomiendo muy vivamente», ha indicado antes de recordar que, si bien este tipo de seguros son «voluntarios», también son cada vez «más necesarios» dados los dos episodios de ‘gota fría’ registrados en la Península en septiembre y diciembre junto con la última gran borrasca.

Asimismo, ha indicado que quien haya contado con anterioridad con un seguro pero no lo contratara para esta campaña también tiene la posibilidad de acogerse a la ayuda pública. Como última posibilidad, el ministro ha apuntado la existencia de los avales de Saeca.

Planas ha señalado además que el Gobierno tendrá en consideración una reducción de módulos fiscales a aplicar con el próximo ejercicio una vez que la Junta de Andalucía remita un informe al respecto. 

«Aparte de eso, quienes tengan trabajadores fijos en su explotaciones pues lógicamente se pueden acoger a las bonificaciones de la Seguridad Social», ha indicado.

La Junta apoya al sector agrícola andaluz en su reivindicación de un precio justo y más controles en productos importados

SEVILLA.- La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha mostrado este jueves el total apoyo del Gobierno de Juanma Moreno a la reivindicación del sector agrícola andaluz de obtener unos precios justos "que supongan una retribución digna al trabajo, esfuerzo e inversión del sector" y que sean acordes a los costes de producción, "porque solo así se puede garantizar el futuro de una actividad esencial para nuestra economía y empleo".

Crespo, quien este jueves se ha reunido con el presidente de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía (Landaluz), Álvaro Guillén, para analizar el impacto de los aranceles y el inminente Brexit, ha incidido en la necesidad de que se intensifiquen los controles fronterizos sobre los productos importados de terceros países.

A este respecto, la consejera ha reclamado inspecciones más exhaustivas "que eviten la competencia desleal de contingentes que pasan la frontera de la Unión Europea sin responder a las mismas exigencias de calidad y sostenibilidad a las impuestas a los productos comunitarios".

La consejera ha vuelto a apuntar a una actualización de la Ley de Cadena Alimentaria que contemple, como ya se hace en Francia, los costes de producción, así como a una revisión del reglamento de la Organización Común de Mercado (OCM).

"Tenemos que apoyar a nuestros agricultores y ganaderos en una reivindicación justa ante la bajada de precios, porque ellos son uno de los principales cimientos de la sociedad, del mundo rural y de la economía de Andalucía", ha recalcado.

Uno de los objetivos de la reunión con el presidente de Landaluz, como asociación empresarial referente en la defensa de la agroindustria andaluza y en la apuesta por aportar valor a los productos de Andalucía dentro de la cadena agroalimentaria, ha sido trasladarle algunas de las medidas puestas en marcha por la Junta de respaldo al sector en estos tiempos de dificultad.

Así, Crespo ha destacado el instrumento financiero de 750 millones de euros al que puede acogerse el sector sin la obligación de aportar garantías, para la ejecución de inversiones o para destinarlo a la promoción con el objetivo de consolidar mercados ya existentes o abrir las puertas de nuevos destinos emergentes. 

En este sentido, la consejera y el presidente de Landaluz han coincidido en subrayar la promoción de los productos andaluces como "un instrumento clave para hacer frente a aranceles injustos, crisis coyunturales y al inminente Brexit".

"Hay que fidelizar la presencia de productos de Andalucía en los países donde ya tenemos un volumen importante de ventas, pero al mismo tiempo tenemos que intensificar la conquista de nuevos mercados para ganar en fortaleza y competitividad", ha insistido la consejera.

Por último, Crespo ha puesto el acento en el diálogo y la unidad de acción para ejercer una "defensa férrea y proactiva" del sector agrícola y agroalimentario andaluz ante la Unión Europea.

"Nos estamos jugando el futuro de Andalucía", ha concluido la consejera, quien ha reclamado al Ministerio "contundencia" para "poner fin a los vetos impuestos sobre los productos andaluces" y "exigir respeto al trabajo y esfuerzo de nuestros agricultores y productores".

'Adelante Andalucía' recuerda al ministro de Agricultura su "compromiso con el campo andaluz"

JAÉN.- El secretario de Medio Rural de Adelante Andalucía, Alejandro Serrato, ha acudido hoy a Jaén para apoyar las movilizaciones del sector olivarero: en Puerto Carretero, Serrato ha recordado al ministro de Agricultura, Luis Planas, su "compromiso con el campo andaluz expresado en distintas declaraciones".

Serrato ha manifestado que "defender salarios dignos en la agricultura es apostar por el futuro de nuestros pueblos" y ha llamado la atención sobre la necesidad de apoyar "pequeñas industrias de transformación que dinamicen la economía de los municipios".

Durante la concentración en Puerto Carretero, desde Adelante Andalucía han atendido las quejas de los agricultores y Serrato se ha mostrado partidario "del olivar tradicional frente a las grandes explotaciones en producción intensiva, porque cuidan el terreno y no exprimen los recursos".

El responsable de Medio Rural de Adelante Andalucía ha tenido palabras de apoyo para los agricultores extremeños que ayer "sufrieron agresiones por parte de la Policía" y ha señalado que si "el campo se muere, se mueren nuestros pueblos".

Asimismo, la diputada de Adelante Andalucía por Jaén, Mamen Barranco, durante las movilizaciones en defensa del sector del olivar y por unos precios justos, ha declarado que "no podemos seguir permitiendo que cuatro multinacionales se lleven el valor añadido del producto y condicionen la viabilidad del pueblo andaluz y jiennense".

Desde Adelante Andalucía han reclamado que el Gobierno "tome cartas en el asunto", y que "se posicione a favor de los agricultores jiennenses". 

"Menos banderitas y más políticas que beneficien al pueblo andaluz y al jiennense", ha señalado.

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor inversión hotelera de España en el año 2019

SEVILLA.- Las inversiones en infraestructuras hoteleras aprobadas en Andalucía en 2019 ascendieron a casi 276 millones de euros, según datos del Observatorio de Negocio de la consultora Doubletrade España, experta en Inteligencia Comercial y Big Data. Este volumen de recursos posiciona a Andalucía como la primera comunidad autónoma en inversión en nuevas construcciones y obras de reforma de esta tipología, por delante de Cataluña, que sumó 196 millones de euros, y Baleares, con 186 millones. En España la inversión global en este sector superó los 1.200 millones de euros el año pasado, con lo cual Andalucía concentró casi la cuarta parte de los fondos, relata hoy Abc.

El rastreo realizado aglutina obras públicas y privadas que están aprobadas, es decir, que han pasado ya la fase de proyecto. Los datos obtenidos por la consultora tecnológica se traducen en 40 proyectos de nueva planta (de los cuales 37 son de hoteles), otros 11 de ampliación y 116 de reforma de instalaciones repartidos por toda la comunidad autónoma. En total, son 167 obras que se dividen en 22 públicas (entre las que destacan las reformas de Paradores nacionales localizados en Andalucía) y 145 de promoción privada.

Los datos recopilados informan de la fecha de inicio de obras destacadas y anunciadas desde hace años, como el primer hotel de 7 estrellas de España, que estará en Almunécar, Granada, cuya construcción arrancará a comienzos de febrero. 

También se fija el mes de diciembre de este año como fecha de inicio del Hotel Torre del puerto de Málaga o el lanzamiento del establecimiento de cuatro estrellas promovido por la compañía Ybarra en la avenida Bueno Monreal de Sevilla, en el inmueble que ocupó Vodafone. En el listado de actuaciones hay un amplio abanico en el que figuran desde pequeñas reformas de presupuesto modesto, a construcciones multimillonarias.

La tipología de los proyectos y de los establecimientos incluidos en este detallado informe también es muy variada, ya que van desde hostales de nueva planta, reformas de albergues municipales o residencias de tiempo libre, a rehabilitaciones integrales o construcción de nuevos hoteles de lujo.

Entre las inversiones hoteleras de capital público figura un nuevo hostal municipal en la localidad sevillana de Marinaleda, promovido por el ayuntamiento en la Avenida de La Libertad, presupuestado en casi 94.000 euros; o la reforma del albergue municipal de Puente Genil.

También se han aprobado distintas obras de mejora en los Paradores nacionales de Arcos de la Frontera, Cádiz, Córdoba, Málaga, Ayamonte, Mazagón y Carmona, que suman casi dos millones de euros. La más cuantiosa es la que está proyectada en el Parador de la capital malagueña, presupuestada en 845.000 euros.

La aprobación de la rehabilitación de un edificio para hacer un hotel de 4 estrellas en Sanlúcar de Barrameda o la adaptación de un cortijo a casa rural en Santa Elena, en Jaén, forman parte de este listado.

Mapa provincial

Málaga es la provincia donde se van a realizar más intervenciones (53) seguida de Cádiz, donde se realizarán 34, Sevilla (31), Granada (16), Huelva (13) y Almería (8). Por su parte, Córdoba y Jaén son las provincias donde hay menos proyectos de inversión hotelera previstas: 6 en cada una.

Doubletrade España destaca que este importante volumen de inversión se puede traducir en oportunidades de negocio y empleo, tanto para personal que se incorporen a los hoteles, como para empresas constructoras, como electricistas, carpinteros o compañías de telecomunicaciones.

Los datos, obtenidos a través de herramientas de «Business Intelligence», aportan información geográfica de los proyectos aprobados, así como tipología de obras, presupuesto, fase y duración de construcción. 

Xavier Piccinini, Country Manager de DoubleTrade España, comenta que «gracias a los datos sobre la construcción en infraestructura hotelera, podemos obtener una panorámica de oportunidades de negocio a su alrededor y transformarlos en una palanca de crecimiento comercial. La inteligencia comercial revaloriza los datos para responder a las necesidades comerciales y de marketing de las empresas, independientemente de su tamaño».

Los proyectos hoteleros millonarios en Andalucía

Entre las 167 inversiones en infraestructuras hoteleras aprobadas el año pasado en Andalucía hay 19 proyectos que superan el millón de euros de presupuesto. Sobresale el primer hotel de siete estrellas de España, una proyecto de 230 millones de euros que convertirá la localidad granadina de Almuñécar en un destino exclusivo de gran lujo. Este proyecto de 180 habitaciones, que se anunció hace casi una década, está promovido por la sociedad Bahía Fenicia Residencial.
La segunda obra por cuantía es la del futuro Hotel Torre Puerto de Málaga, de 350 habitaciones, que supone una inversión de 105 millones de euros. Andalusian Hospitality II figura como empresa promotora de este proyecto financiado por el fondo Al Alfia, vinculado al emirato de Qatar e impulsor de la operación.
En la provincia de Málaga se concentran siete actuaciones millonarios. Otra muy destacada es la que impulsa la promotora IKOS Andalusia y que construirá Acciona en la capital de la Costa del Sol. 

La obra aprobada en 2019 asciende a 36,4 millones, aunque el proyecto de reconversión integral del antiguo hotel Costa del Sol Princess está valorado en 150 millones.

La reforma por partes del edificio La Equitativa es otro proyecto emblemática en Málaga.

Por un lado, KeyContinental, del grupo Didra, construirá en este inmueble un hotel de 5 estrellas y tiene ya aprobada una actuación por más de 4,5 millones de euros. 

En paralelo, Inversiones Gómez Martín reformará otra parte de este edificio para abrir el 4 estrellas «Soho Boutique», con una inversión inicial de 4,2 millones.
En Sevilla se aprobaron el año pasado ocho obras en infraestructuras hoteleras superiores al millón de euros. Entre ellas, una por 16,7 millones para el nuevo hotel Giralda Center, un cuatro estrellas de 186 habitaciones impulsado por el grupo granadino Noga en la calle Juan de Mata Carriazo del barrio de San Bernardo.
Otra gran inversión en la capital hispalense es la de Grupo Ybarra, que construirá un establecimiento de cuatro estrellas en la avenida de la Palmera esquina con Bueno Monreal con una inversión de siete millones de euros. 

También destacan el tres estrellas que construirá el grupo promotor Bouigues en las antiguas oficinas de Abengoa de la calle Luis Montoto, que será explotado por la cadena Ibis, una obra de 6,8 millones; la reforma integral de un edificio de oficinas para convertirlo en hotel de cuatro estrellas en República Argentina impulsada por Insur, valorada en 6,5 millones de euros; o la rehabilitación de un edificio en la Plaza de Molviedro para uso hotelero, un proyecto de 4 millones abanderado por la Fundación Cajasol.
En Cádiz destaca la inversión de casi 14 millones de euros en Conil de la Frontera para levantar un nuevo establecimiento hotelero en el Pago Cañada de Rosal; y en Almería, la ampliación del Hotel Indalo en Mojácar está presupuestada en más de 9 millones de euros.

Diputación facilita la adhesión al sello de calidad ‘Sabores Almería’

ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería va a realizar una modificación del Reglamento de la marca de ‘Sabores Almería’ con el objetivo de facilitar la adhesión a las empresas productoras, de restauración y distribución de la provincia de Almería. 

Esta iniciativa, según ha avanzado el diputado de Promoción Agroalimentaria, Antonio J. Rodríguez, durante la visita del presidente, Javier A. García, a las instalaciones de Industrias Alimentarias Suflí, empresa que forma parte del sello de calidad de los productos agroalimentarios de la provincia de Almería. Ambos han estado acompañados por el alcalde de Suflí, Raúl Guirao, y los diputados provinciales Fernando Giménez y Óscar Liria.

Con el objetivo de aumentar el número de empresas que constituyen ‘Sabores Almería’ y seguir potenciando al sector agroalimentario de la provincia, la Diputación de Almería impulsa estas modificaciones cuya novedad radica en la simplificación de los trámites administrativos para pertenecer a la marca gourmet de la provincia.

El Área de Promoción Agroalimentaria ha realizado un estudio del trabajo desarrollado con ‘Sabores Almería’, cuya principal conclusión es la necesidad de actualizar y adaptar algunos artículos del Reglamento vigente, con el propósito de facilitar los procedimientos de adhesión y, al mismo tiempo, dar la posibilidad a más empresas que producen o comercializan productos susceptibles de pertenecer a ‘Sabores Almería’.

Antonio Jesús Rodríguez ha detallado que esta nueva modificación del reglamento que surge por “la voluntad del presidente y el equipo de Gobierno de facilitar el acceso de las empresas de la provincia a la marca gourmet siempre manteniendo los mismos parámetros de calidad. Con este cambio haremos posible que más productores, restaurantes y distribuidores puedan incorporarse a nuestro sello de calidad”.

Asimismo, ha señalado que otra de las novedades del reglamento de adhesión, además de la simplificación de trámites es la incorporación de las empresas que venden sus productos ‘on line’, una actualización que suma también a las empresas que apuestan por las nuevas vías de comercialización en el universo digital.

En este sentido, el diputado de Promoción Agroalimentaria ha subrayado que “la experiencia con ‘Sabores Almería’ está siendo formidable y en este 2020 potenciaremos nuestra apuesta por este proyecto que lleva la imagen de Almería por todo el mundo gracias a la calidad de nuestros productos”.

Otro de los cambios en el Reglamento se ha plasmado para favorecer la inclusión de empresas que, careciendo de instalaciones y sistemas de procesado propios, sí comercializan productos con marca propia y mantienen estándares de calidad y diferenciación. 

Aquí se circunscriben empresas de aceite, que no cuentan con almazara propia y externalizan el proceso de extracción, o las productoras de gazpachos y salsas, algunas de las cuales procesan en plantas que no son de su propiedad.

Actualmente la marca ‘Sabores Almería’ cuenta con 58 empresas que ya son miembros de pleno derecho y cada vez son más los establecimientos de restauración y distribución que se suman como prescriptores de los productores almerienses. Su pertenencia al sello de calidad les permite estar presentes en importantes ferias gastronómicas nacionales e internacionales bajo el paraguas de Diputación; así como una mayor visibilidad e impacto en el mercado exterior

La fritada de Suflí

El presidente de la Diputación ha visitado esta empresa referente en el Almanzora por la elaboración de conservas vegetales de forma artesanal. Acompañado por el gerente de la empresa, Francisco Torres, ha recorrido las instalaciones y comprobado el proceso de elaboración de los productos artesanales de La fritada de Suflí, que se caracterizan por ser cien por cien naturales y no tener ningún tipo de aditivo. Utilizan el ‘baño María’ para conservar sus fabricados para que los ingredientes mantengan su máxima calidad y sabor.

“Esta empresa es un referente en la provincia de Almería y lleva el nombre de nuestra tierra a través de sus productos por toda España y países como Holanda o Francia. Es un ejemplo de empresa que contribuye a fijar a la población, ya que trabajan en su municipio dando empleo a sus vecinos durante 10 meses al año y, al mismo tiempo, generan riqueza y empleo en la comarca”, ha afirmado Javier A. García en su visita a La fritada de Suflí.

Del mismo modo, ha resaltado que esta empresa cuenta con unos productos conocidos a nivel provincial, nacional y también internacional y ha celebrado “que Paco y su familia unan innovación y artesanía en sus 15 referencias, porque gracias a sus productos la marca ‘Fritada de Suflí’ refuerza la marca ‘Sabores Almería’.

Por su parte, el gerente de la empresa desvelado algunos detalles de la filosofía de la empresa: “Nosotros fabricamos conservas vegetales de forma natural, artesanal y sin el uso de conservantes ni aditivos. No hemos inventado nada nuevo, sólo elaboramos y comercializamos productos que están en el mercado con el mismo procedimiento que se utilizaba hace 100 años”.

Además, Torres ha agradecido la “gran idea” de la Diputación de unir a los productores almerienses en torno ‘Sabores Almería’: “Es una muy buena iniciativa que potencia a los productores, pone de relieve la importancia de nuestras empresas en la provincia y, lo más, importante nos da soporte, apoyo y ánimo para seguir adelante innovando y creando nuevos productos”.

Industrias Alimenticias de Suflí SL nació en 1985 con el objetivo de dar a conocer las conservas artesanales que los lugareños elaboraban para su consumo con las hortalizas que se cultivaban en la vera del río Almanzora. 

La empresa es miembro certificado de ‘Sabores Almería’ y en la actualidad mantiene la esencia du su fundación: preservar la tradición de sus padres y abuelos en la elaboración artesanal de conservas.

Unicaja gana 172 millones en 2019, el 12,9% más

ALMERÍA.- El Grupo Unicaja Banco obtuvo en 2019 un beneficio neto de 172 millones de euros, el 12,9 % más que en el ejercicio anterior, un resultado fundamentado en el aumento del margen bruto, en la mejora de la aportación del negocio inmobiliario y en una disminución de los gastos de explotación.

En una nota de prensa, la entidad señala que estos resultados son particularmente destacables cuando el grupo destinó el pasado año 230 millones de euros a la constitución de provisiones destinadas a la mejora de la rentabilidad futura dentro del nuevo plan estratégico.

El margen de explotación antes de saneamientos subió un 5,8 %, hasta los 402 millones de euros, gracias al aumento de los ingresos ligados a productos y servicios, que crecieron un 5,5 %, y a la bajada de un 2 % de los gastos de explotación, así como a la mejora de los resultados inmobiliarios

La Junta esgrime dos informes de reparo de la Intervención a las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer

SEVILLA.- La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha esgrimido este jueves, para explicar el cambio en la concesión de tres líneas de ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que el procedimiento se revisó tras recibir dos informes de reparo de la Intervención Delegada de la Junta de Andalucía. 

Ruiz ha escuchado de Vox que si decide conceder otros 650.000 euros a las asociaciones "por un lado corta, pero por otro se lo da por la puerta atrás, nos tendrá enfrente y se tendrá que responsabilizar de las consecuencias de estas medidas".

Ruiz ha protagonizado una comparecencia extraordinaria en comisión a petición del PSOE y de Adelante Andalucía para explicar cómo 241 asociaciones no recibieron la resolución definitiva de concesión de la subvención después de contar con una resolución provisional. La consejera de Igualdad ha señalado que la Intervención del IAM rechazó en su primer informe de reparo el prorrateo de las ayudas "por no estar contemplado en las bases reguladoras de las ayudas".

La comisión ha tenido momentos con diferentes interrupciones entre la parlamentaria socialista Soledad Pérez, la diputada de Vox Ángela Mulas y la propia consejera de Igualdad.

La consejera de Igualdad, que ha arrancado su intervención con "la condena y repulsa por los siete asesinatos machistas desde principio de año", ha sostenido que "el Gobierno no ha excluido ni ha establecido unos criterios para excluir" a determinadas asociaciones y ha anunciado que "vamos a modificar esos criterios para que no vuelva a producirse".

Las tres líneas de ayudas objeto de una polémica distribución cuentan con 1,5 millones para el fomento del asociacionismo y la participación de las mujeres, 2 millones para atención a las mujeres con riesgo de exclusión social, así como otros 500.000 euros para erradicación de la violencia de género.

La consejera de Igualdad, que ha apelado a que las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva, de la que ha explicado que las solicitudes beneficiarias son "aquéllas que tengan más puntuación hasta agotar el crédito presupuestario de acuerdo a la puntuación obtenida", según las previsiones del Reglamento del Procedimiento para la concesión de las subvenciones de la Junta.

Ruiz ha explicado que "al no estar provincializadas las ayudas, los proyectos de cualquier provincia compiten con todas las provincias". 

"Se valora el proyecto, no el ámbito territorial", ha apostillado la consejera de Igualdad, que ha afirmado que el IAM resolvió "conforme al mismo criterio de las bases reguladoras de 2016, el prorrateo de la subvención".

El 28 de octubre la propuesta de resolución provisional del IAM repartía los 4 millones de euros de las tres líneas entre 315 entidades. "Esa resolución provisional no da derecho a percibir subvención, sólo la propuesta definitiva tras el visto bueno de la Intervención", ha insistido la consejera de Igualdad.

Ruiz ha descrito dos informes sucesivos de la Intervención Delegada. El primero de rechazo del prorrateo y el segundo que alertaba de que se había obviado el trámite de audiencia previa. La consejera de Igualdad ha explicado que el IAM emitió "una discrepancia ante la Intervención de la Junta, que rectifica y permite a la directora del IAM que resuelve conforme a las bases".

La consejera de Igualdad ha detallado que se acordó la ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas hasta el 31 de julio de 2020 de las líneas 1 y 3 y de la 2 hasta el 30 de marzo de 2020.

Rocío Ruiz ha anunciado la elaboración de unas nuevas bases reguladoras, que ha descrito "más transparentes y acordes a las demandas de asociaciones y contando con todas las garantías legales", así como la habilitación de dos líneas de ayudas de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad con 650.000 euros: 500.000 para formación en violencia y 150.000 para estudios.

La parlamentaria de Vox Ángela Mulas, que ha hablado de "vividoras de género" tras describir que Andalucía ha pasado de contar con 150 asociaciones feministas en 1989 a contar con 2.700 en la actualidad, ha apuntado que de un presupuesto del IAM de 42,8 millones de euros "sólo 1,2 millones fueron destinados a las mujeres maltratadas" mientras que el resto de las cuentas lo ha atribuido al reparto de "un sueldo medio de 50.000 euros al año entre 150 trabajadores".

Mulas, que ha llegado a denominar a Adelante Andalucía como "Adelante Venezuela", lo que ha motivado las protestas de la parlamentaria de esta formación, se ha declarado "estar en contra no sólo de los 214 chiringuitos adoctrinadores", en alusión a las asociaciones excluidas de las ayudas del IAM, "sino de todos".

La diputada de Vox se ha mostrado contraria a las dos líneas de ayuda de 650.000 euros anunciadas por la consejera de Igualdad al argumentar que "si corta y se lo da por la puerta atrás, nos tendrá enfrente y se tendrá que responsabilizar de las consecuencias de estas medidas". 

"Las mujeres no somos una colmena, somos personas con sensibilidad individual", ha apuntado.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Villaverde, que ha sostenido en su intervención que "no quiero que cometa ninguna ilegalidad", ha argumentado que se quiere "camuflar con argumentos técnicos un problema que se basa en una decisión política, que es pactar con su tercera parte, que es Vox y su aversión al asociacionismo feminista". Villaverde, tras lamentar que "hay provincias enteras sin subvenciones", ha afirmado que la concesión de las ayudas ha sido "una gestión nefasta que no se resuelve con una convocatoria nueva".

La diputada del PSOE Soledad Pérez ha afirmado que la polémica del reparto de las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer ha supuesto "el cese de la secretaria general del IAM tras el informe de la Interventora de 13 de diciembre". 

"Nos hemos enterado por el BOJA", ha esgrimido Soledad Pérez, al que ha sumado que "han cesado a la interventora delegada del IAM, que se ha vuelto a la Consejería de Salud".

Pérez, que se ha burlado de que la consejera se haya autodenominado "dique de contención de la extrema derecha", ha sostenido que "viene obligada por dos grupos a esta comparecencia extraordinaria" y ha apuntado sobre su anuncio de las dos líneas de ayudas dotadas con 650.000 euros que "en 2019 ya estaban esos 650.000 euros y se ejecutaron cero euros".

La parlamentaria de Cs, Teresa Pardo, tras reprochar a la parlamentaria de Vox sus expresiones para referirse al movimiento asociativo feminista y a la que ha reclamado "un respeto merecido" y ha asegurado que "esa falta de respeto no se la voy a consentir", ha considerado, sobre la comparecencia de la consejera de Igualdad, que "es una pena que se tenga que sentar para explicar que cumple la ley".

La diputada del PP Ana Vanesa García, que ha recordado al PSOE que "no le importó recibir los votos de Vox en la Diputación Permanente para que hoy estemos aquí", ha apostado por que "aprendamos de lo ocurrido para que no se vuelva a repetir", ha anunciado que "mi Gobierno no se va a saltar un informe de la Intervención", por lo que ha concluido que "se hiciese, no significa que se pudiese hacer", en referencia a la anterior Administración socialista.

Almería cuenta con 272 centros educativos en la red andaluza Escuela Espacio de Paz

ALMERÍA.- El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Antonio Jiménez Rosales, ha señalado este jueves que la provincia cuenta con 272 centros educativos inscritos en la red andaluza Escuela Espacio de Paz en los que se trabaja "en pro de la convivencia positiva y una sociedad justa" para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la cultura de paz.

Así lo ha indicado en una nota tras visitar varios centros educativos de la capital que han conmemorado el 'Día Escolar de la Paz y la No violencia'. la jornada ha comenzado con la visita al IES Alhadra, donde alumnado de la Escuela Infantil Maestro Padilla, CEIP San Luis, Centro Específico de Educación Especial (CEEE) Princesa Sofía y el propio instituto han leído un manifiesto y han interpretado una canción del profesor Juan Rafael Muñoz Muñoz.

El grupo de estudiantes del Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior de Educación Infantil del IES Alhadra, ha realizado una representación teatral al público asistente. Para ella, ha colaborado el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional.

Durante su intervención, el delegado ha dado la "enhorabuena" al alumnado y profesorado de los centros participantes por "la maravillosa labor que hacen con estas actividades que recuerdan los valores de respeto, solidaridad e igualdad, que defiende nuestro sistema educativo".

El delegado también ha visitado en este día al CEIP El Puche, donde se realizan actividades entre varios centros de la zona, como el Josefina Baró, el Ave María del Diezmo o el IES Río Andarax. 

En esta línea, su director del CEIP El Puche, Ramón Espinoza, ha comentado que "el trabajo intercentros resulta fundamental en un barrio de las características de El Puche, con propuestas adecuadas a cada centro pero con objetivos comunes, para un alumnado que comparte las mismas características".

Las actividades, centradas en combatir el acoso escolar, ha pasado por lecturas del libro 'Chico malo' de las autoras almeriense Pilar López y Nanna Garzón, asambleas que han tenido como base la campaña 'Se buscan valientes' o el desarrollo de la expresión corporal y la educación emocional a través de la canción 'Feliz' de Fanny Lu. 

En esta actividad, abierta a la comunidad educativa, ha participado también la escuela de madres del barrio, que trabajan con el grupo 'Movimiento por la Paz'.

Padres de Olula del Río se manifestarán con el Ayuntamiento por la supresión de paradas de bus escolar

OLULA DEL RÍO.- El Ayuntamiento de Olula del Río se manifestará junto con padres y madres afectados por la supresión de paradas del autobús escolar en el municipio a las 17,00 horas del próximo lunes 3 de febrero, según ha indicado el Consistorio en una nota tras mantener una reunión con los progenitores.

La concentración tendrá lugar en la parada del Instituto Viejo con el objetivo de expresar el "malestar" por la decisión tomada por la Delegación Territorial de Educación "que es el de dejar sin transporte a los niños que han gozado de este derecho durante años".

"Después de varios pedidos y solicitudes de reuniones que no han tenido ningún efecto, el colectivo de padres y madres de niños en edad escolar, afectados por esta supresión, han decidido llevar su protesta a las calles", ha señalado el Consistorio.

Del mismo modo, han detallado que aunque el problema se plantea desde hace años aún "no se ha encontrado ninguna solución para niños que tienen que recorrer en algunos casos hasta casi dos kilómetros caminando, un trayecto peligroso en algunos puntos y cargando con mochilas que pesan ocho kilos de media".

La supresión del servicio afecta directamente a las familias que se ven obligadas a buscar maneras alternativas para que sus hijos concurran a los centros educativos, algo que "también atenta contra la conciliación familiar que se impulsa desde el Estado".

"Es deseo de todos nosotros que la Junta de Andalucía escuche y de respuesta positiva a nuestra solicitud, reponiendo el servicio que se ha suprimido en dos paradas de autobuses escolares", han asegurado quienes tomaron la decisión de manifestarse en la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Olula del Río.

Cinco detenidos en Almería por patronear tres pateras con 40 ocupantes rescatados a la deriva

ALMERÍA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cinco personas de origen argelino, responsables de la logística necesaria para de la introducción de 40 personas en España de manera ilegal. Los detenidos gobernaron tres pateras por el Mediterráneo, hasta que fueron rescatados al encontrarse a la deriva y peligrar la vida de todos sus ocupantes.

A finales del año pasado, las organizaciones para las que trabajaban los arrestados, comenzaron a reclutar gente en Argelia para emprender una travesía marítima ilegal con destino a España. Los inmigrantes pagaron una cantidad en dinares equivalente a entre 1.500 y 2.000 euros por persona, y fueron citados en días diferentes y al anochecer, en varios emplazamientos de Orán, y en las playas Sidi Dejoud -Argelia-.

Según las pesquisas policiales, las personas que pagaron a los pateristas detenidos, fueron colocadas en función de su peso y estatura en un lugar determinado de las embarcaciones. De igual modo fueron aleccionados para el caso de ser interceptados por la Policía Nacional, manifestar que entre todos manejaron el timón, y entre todos hicieron uso de los sistemas de navegación y orientación.

Sin embargo, debido a las precariedades de las embarcaciones y a la falta de combustible, las tres pateras que partieron sucesivamente los días 29 de diciembre, 4 y 5 de enero, fueron quedando a la deriva en alta mar hasta el momento en el que fueron rescatadas.

Las investigaciones desarrolladas con el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas -Frontex-, así como las entrevistas efectuadas a los integrantes de la patera, permitieron a los agentes identificar a los ahora arrestados como los encargados de los sistemas de orientación y navegación de la embarcación.

Los cinco detenidos naturales de Argelia, han sido puestos a disposición judicial, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, quien por su parte ha decretado su ingreso en prisión.

El FMI pide cambiar las pensiones para no sostenerlas "a expensas de los jóvenes"

NUEVA YORK.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que mantener el sistema de "generosas" pensiones en España sin modificaciones "no es sostenible" y solo podrá ser respaldado a costa "de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Las "generosas" pensiones en España han ayudado a que los mayores hayan "navegado" la crisis mejor que los jóvenes, que han quedado "particularmente en desventaja", señaló el Fondo en un informe sobre el gasto social.

El informe, titulado 'Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España', ha apuntado que "la desigualdad en España es más alta que en sus socios de la Unión Europea (UE)".

"Las pensiones son la parte más grande de la protección social y son consideradas bastante generosas en la comparación regional. Como resultado, la pobreza en la tercera edad en España es relativamente baja y los pensionistas han estado bien protegidos de la crisis financiera global", agregó.

No obstante, advirtió de que mantener el sistema de pensiones "sin reformas integrales no es sostenible y se haría a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Recomienda, en este sentido, incentivar vidas laborales más largas, elevar los ingresos sin aumentar las ya elevadas cotizaciones y alentar los ahorros suplementarios.

El organismo indicó que un cuarto de la población española todavía está en riesgo de pobreza o exclusión social, y en agosto de 2019, pese a la tendencia a la mejora, el 32,2% de la fuerza laboral juvenil de España (entre 16 y 24 años) estaba desempleada, comparado con el 15,4% en la zona euro.

Tras la aguda crisis económica, las políticas de gasto social han elevado la necesidad de responder pero se encuentran restringidas por la "alta deuda pública", cercana al 100% del producto interior bruto (PIB) y tres veces superior a la de 2007, y las presiones de "una sociedad en proceso de envejecimiento".

"El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deberían ser dirigidos hacia un mercado laboral más inclusivo", indicó.

En este sentido, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva apuntó que "la gran diferencia en los costes de despido entre los fijos y los temporales continúa siendo la causa de que las empresas ofrezcan pocos contratos indefinidos".

En sus últimas previsiones de crecimiento para España, el organismo proyectó una desaceleración del crecimiento económico hasta el 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo previsto, lastrada por la reducción de la demanda interna y las exportaciones.

El Constitucional no ve justificado promover el alquiler mediante decreto

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno "no ha justificado" la necesidad de legislar medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler a través del real decreto, aprobado el pasado marzo, por el que se regulan los contratos en dicho régimen.

Así lo expresan los magistrados, que estiman parcialmente el recurso interpuesto por el PP, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.

En su recurso, los populares denunciaban los enunciados "genéricos" que contenía la disposición adicional primera, la cual carecía de "medidas reales, efectivas, concretas y de aplicación inmediata" como correspondería a una norma de urgencia.

Dichos argumentos trataron de ser refutados por la Abogacía del Estado, que vinculó este apartado a la "insuficiente oferta de viviendas en alquiler".

Ahora el Constitucional, en su sentencia íntegra conocida este jueves, entiende que el Gobierno "no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto ley" para un aspecto que, en principio, no requiere de la "habilitación de una norma con rango de ley".

El mandato recurrido encomendaba al Ministerio de Fomento "un conjunto de acciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición".

Asimismo, le permitía modular los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda para poder atender estas necesidades, y reorientar sus bases para apoyar "exclusivamente" el disfrute de la vivienda en este régimen.

Aspectos que el Pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucionales y que el Ejecutivo deberá reformular, al igual que sucede con la también anulada disposición adicional tercera sobre convenios en materia de infraestructuras públicas.

Para los diputados del PP, "se desconoce en qué medida" esta clase de convenios "puede bajar el precio del alquiler", y alegaban que el Gobierno "no proporcionaba ninguna motivación al respecto".

Por el contrario, el Estado fundamentó su decisión en los objetivos de "movilidad sostenible" en un país, España, que se caracteriza por la importante concentración demográfica.

Sin embargo, los magistrados creen que esa justificación no se puede percibir "directamente" ni es "instantánea o inmediata" al no guardar una "necesaria relación" con una "extraordinaria y urgente necesidad previamente definida".

En cambio, avalan el resto del real decreto, que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios al consumo (IPC).

Para incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.

También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el impuesto de transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos, y amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos, o a 7 si es una persona jurídica.

Apartados todos ellos legitimados por la sentencia del Constitucional, que defiende que los cambios en materia de impuestos -IBI, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados- se limitan a corregir parcialmente la forma que tienen de tributar un pequeño grupo de operaciones -las protegidas por el decreto- de entre las muchas sujetas a estos gravámenes.

De igual modo, respalda el sistema de mejora de la accesibilidad en tanto que "trata de paliar las deficiencias que sufren diariamente las personas con movilidad reducida", y las modificaciones en materia de desahucios "por la situación de extraordinaria y urgente necesidad que quiere revertir".

Tras adelantarse el fallo, el secretario de Estado de Vivienda, Pedro Saura, consideraba ayer que el Constitucional había avalado de forma "clara" el real decreto.

Lectura que antes había compartido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que descartó que la opinión de la sentencia sobre las medidas de dinamización fueran afectar a sus planes de ceder suelos públicos a empresas privadas para que construyan y exploten durante 50 años unas 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.

 

 El Gobierno dice que el fallo del TC no afecta 

a temas relevantes para los alquileres

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado que las cuestiones más relevantes del real decreto para promover el alquiler "continuarán estando plenamente vigentes", tras conocer este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre un recurso interpuesto por el PP.

El Ministerio señala en un comunicado que el real decreto de marzo de 2019 introducía "más de 20 mejoras" en la regulación de los alquileres y también "importantes medidas económicas y fiscales" en materia de vivienda y alquiler, y reitera que todas quedan avaladas por la sentencia del TC.

Los magistrados, no obstante, han estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP en contra de la citada norma, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.

El departamento que dirige José Luis Ábalos indica que se ha desestimado el recurso "salvo en lo que se refiere a las disposiciones adicionales primera y tercera, relativas al programa de medidas para promover la oferta en alquiler y a la duración de los convenios en materia de infraestructuras respectivamente".

"Se trata de dos disposiciones adicionales que no forman parte del cuerpo del real decreto ley", añade el Ministerio.

Igualmente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha reiterado este jueves que el TC avala de manera "clara" el real decreto sobre el alquiler y "tumba" el recurso presentado por el PP.

El 'número dos' de José Luis Ábalos en el rebautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) ha señalado que la sentencia avala que los contratos de alquiler obligatorios pasen de 3 a 5 años y de 3 a 7 años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, mientras que el PP "quería volver al real decreto ley de 2013 y establecerlo en 3 años".

El propio Ábalos ha defendido a través de Twitter que el TC "da la razón al Gobierno al desestimar el recurso del PP" y se pregunta "a ver cómo explica ahora la derecha que garantizar el acceso a la vivienda no es urgente ni necesario".

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, ha opinado que la sentencia del TC ha puesto en evidencia la "improvisación" del ejecutivo y ha afirmado que "cuando se gobierna a golpe de Real Decreto Ley ocurren estas patologías".

"Con esta sentencia queda demostrado que la aparente urgencia en la toma de ciertas decisiones no estaba justificada, violentando así la naturaleza misma y la razón de ser de un Real Decreto Ley", ha recalcado el diputado del PP, para quien el "intervencionismo del Gobierno ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, en un episodio más de una semana para olvidar del ministro Abalos”. 

Las empresas españolas suspenden los viajes de sus empleados a China

MADRID.- Las empresas españolas con presencia en China están suspendiendo los viajes de sus empleados al país asiático y algunas como Bankia y Mango han cerrado sus establecimientos, al tiempo que siguen atentas a la evolución de sus centros de operaciones y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS ha convocado un comité de emergencia para este jueves, formado por epidemiólogos y otros expertos, para determinar si el coronavirus, que ha causado ya al menos 170 muertos, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y, en tal caso, definir las recomendaciones para gestionarla. Y ha declarado finalmente la emergencia internacional.

Entre tanto, unos 6.000 pasajeros de un crucero de la compañía Costa Cruceros procedente de Palma de Mallorca están retenidos en el barco en el puerto de Civitavecchi, en Italia, hasta que concluyan los análisis a una pasajera originaria de Macao que presentaba síntomas compatibles con el coronovirus.

Al tiempo, las empresas españolas en el país asiático activan sus planes de contingencia, que pasan en muchos casos por cancelar los viajes al país, aunque por el momento la mayoría de ellas apenas da información sobre la situación y se limitan a señalar que siguen las recomendaciones de las autoridades.

Recomendaciones que suponen no abrir la oficina ni acudir al puesto de trabajo hasta el 10 de febrero.

La firma española Mango ha sido de las primeras en anunciar el cierre hasta ese día de sus 26 tiendas en China -once propias y quince franquicias-, mientras que Bankia tampoco abrirá su oficina de representación en Shanghái, ni sus tres empleados -dos ciudadanos chinos y un expatriado español- acudirán al puesto de trabajo.

También Denominaciones de Origen (DO) de vino español aconsejan a sus asociados no viajar al país por la propagación del coronavirus de Wuhan y analizan cómo no perder las ayudas para la promoción de sus productos en ese país concedidas por Bruselas.

Bodegas y miembros del sector han admitido su preocupación debido a que China figura entre los diez principales compradores de vino español a nivel mundial, un destino estratégico cuya importancia ha aumentado todavía más desde la puesta en marcha de aranceles en Estados Unidos, en octubre de 2019.

Los inversores, por su parte, trasladan su inquietud en bolsa, donde el temor a la expansión del coronavirus arrastra un día más a las aerolíneas y empresas del sector turístico que caen, en general, por encima del 2 %.

El fabricante de componentes para el automóvil Gestamp, que tiene 11 plantas en China, ha sido claro en su información y ha dicho que tras el brote de neumonía ha ampliado la paralización de la producción que ya había acordado con motivo del Año Nuevo chino.

Banco Santander -con unos 250 empleados, principalmente en Pekín, Shanghái y Hong Kong- ha cancelado los viajes a China o Hong Kong y está recomendando a sus empleados que hubieran viajado allí en los últimos 14 días que acudan a sus centro médicos locales.

Firmas españolas tan diversas como la textil Adolfo Domínguez, con ocho tiendas en el país; la compañía de piscinas Fluidra, con oficina en Shangái y fábricas propias en Ningbó; la farmacéutica Esteve, con una planta en la región de Zhejiang, y la Bodega Matarromera, entre otras, han decidido suspender los viajes de sus profesionales a China.

Banco Sabadell, con 6 empleados en sus dos oficinas de representación en Pekín y Shanghái, les ha recomendado teletrabajar, igual que ha hecho Google, que ha cerrado todas sus oficinas en China.

Sin embargo, la mayoría de las empresas españolas con presencia en China están ofreciendo poca información sobre la situación de sus negocios en el país asiático.

Así, CaixaBank, con 10 trabajadores en las oficinas de Pekin, Shanghái y Hong Kong, dice que están a más de 1.000 kilómetros de distancia del foco de la epidemia y no añade más comentarios.

Siemens Gamesa tiene una fábrica de góndolas (un componente del aerogenerador) en Tianjin y otra fábrica de palas en Lingang y cuenta con oficinas en Pekín y Shanghai, con un total de 1.320 empleados en el país. Sólo comenta que está "monitorizando" la situación de cerca.

La cadena hotelera Meliá sigue atenta a la situación de sus cinco hoteles en China, que siguen operativos aunque con ocupaciones "muy pequeñas" y ha aplicado sus planes de contingencia, pero no precisa más.

Porcelanosa, que desarrolla en China grandes proyectos como el Central Park & Commercial Complex en Shenzhen y tiene más de 30 puntos de venta en diferentes ciudades de China, con un crecimiento en 2019 cercano al 9 %, "no tiene constancia de que les esté afectando en ningún sentido".

La petrolera Cepsa sólo ha informado de que dispone de una planta de producción de fenol en Shanghái, y Prosegur, con una unidad de negocio de seguridad "de pequeño volumen", ha dicho que "no han hecho nada más allá de trasladar las recomendaciones oficiales".

Inditex tiene 577 tiendas en China de todas sus enseñas pero no ha contestado a los requerimientos de información mientras Mango se limita a decir que seguirán las recomendaciones pertinentes.

Mientras, la cadena sueca Ikea sí ha comunicado que cierra desde este jueves hasta nuevo aviso todas sus tiendas físicas en China, un total de 33, según la información de su página web.

La agricultura global tiene un problema de siembra

CHICAGO.- Los cultivos responsables con el clima están recibiendo más atención de agricultores y compañías de alimentos a medida que aumenta la presión por encontrar formas sostenibles de agricultura. Entra Kernza al panorama, un nuevo grano que ya tiene poderosos patrocinadores como General Mills Inc. y el apoyo de la academia.

Kernza es un grano similar al trigo que se puede usar en panes, cereales o incluso servir como arroz pilaf. También es un cultivo perenne, lo que significa que se puede sembrar una vez y luego cultivarse durante varios años. Ayuda al medio ambiente porque captura carbono en el suelo a través de su sistema de raíces profundas y requiere menos insumos químicos.

El signo revelador de los beneficios verdes de Kernza está debajo del suelo. Para los no iniciados, tierra es tierra. Pero los agricultores pueden hablar de innumerables variedades, desde tierra roja y arcillosa, hasta árida, seca y arenosa. 

Luego está lo que se obtiene cuando se desentierra una pradera natural: tierra oscura, rica y aterciopelada, todo un sueño. Cuando Carmen Fernholz, agricultor de Minnesota, inició un cultivo de prueba de Kernza después de siete temporadas, eso fue exactamente lo que vio.

“Era exuberante, la calidad, la estructura, todo era hermoso”, dijo Fernholz.

¿Por qué importa la buena tierra? Porque significa mucho menos fertilizante sintético en el suelo, lo que reduce las posibilidades de escorrentía química y restaura la materia orgánica natural del suelo. Recordemos la “zona muerta” para la vida marina en el Golfo de México, causada en parte por la escorrentía de fertilizantes de la agricultura estadounidense.

La riqueza del suelo refleja el sistema de raíces profundas de Kernza, que puede formarse porque el cultivo se siembra una vez cada cinco años más o menos. Eso contrasta con los principales productos básicos como el maíz y el trigo, cultivos anuales que se replantan cada temporada y contribuyen a la erosión del suelo, el agotamiento de nutrientes y otros problemas ambientales.

La Universidad de Minnesota ha estado trabajando con científicos de un grupo sin ánimo de lucro en Kansas llamado Land Institute para desarrollar Kernza, producto casero a partir de pasto de trigo silvestre y perenne.

Para Fred Iutzi, presidente de Land Institute, el trabajo está ayudando a solucionar un problema que comenzó hace unos 10.000 años en los albores de la agricultura.

Hay otros perennes en proceso, como una variedad de arroz que crece en miles de hectáreas en el sur de China. Estos cultivos también ofrecen beneficios a los agricultores, que ahorran en semillas. 

Los costos de combustible también son más bajos, con equipos de plantación necesarios solo cada cinco años. Durante la temporada de crecimiento, los campos Kernza también se pueden reutilizar varias veces. El cultivo también proporciona paja para el forraje.

Kernza aún se encuentra en etapa de desarrollo. Se necesita más trabajo para ayudar a aumentar los rendimientos, lo que le permitiría competir en la producción comercial a gran escala. Esto aún podría estar a 10 años.

España mira al "brexit" con inquietud por residentes, turismo y Gibraltar

MADRID.- La salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se consumará finalmente en la medianoche de este 31 de enero, genera inquietud e interrogantes en España, donde no se pueden medir totalmente las consecuencias en empresas y ciudadanos.

España mantiene, junto con Irlanda, una de las dos fronteras terrestres con el Reino Unido (la de Gibraltar) y un elevado nivel de turistas y ciudadanos de ambos países que residen en el otro, y todo ello hace que las implicaciones bilaterales del "brexit" sean muy importantes.

Con el fin de conocer las prioridades españolas para la negociación de la relación futura con el Reino Unido viajó este jueves a Madrid el negociador principal de la UE, Miguel Barnier, que mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros del Ejecutivo.

Tras el encuentro, el Gobierno español recordó en un comunicado que es partidario de establecer una relación lo más estrecha posible, preservando la integridad del mercado interior, la autonomía de decisión de la UE y un marco regulatorio equiparable, y que las materias prioritarias para España, de cara a la negociación futura, son la pesca, la agricultura y los servicios.

El divorcio entre Londres y Bruselas se ha ido gestando poco a poco, debido a la indefinición y los retrasos en el Parlamento británico a los que ha obligado la inestabilidad política británica, y por ello el período transitorio será de once meses y concluirá a finales de este año.

A pesar de que el tiempo pasado desde el referéndum del "brexit" de junio de 2016 ha permitido ir tejiendo acuerdos bilaterales entre Madrid y Londres sobre Gibraltar, la inminencia del momento final genera interrogantes por lo que esta situación inédita pueda provocar cuando acabe ese período.

Ambas partes prevén acordar antes del 31 de diciembre todos los aspectos de su relación futura y hasta entonces la legislación de la UE, incluida la libre circulación de personas de trabajadores, seguirá aplicándose en el Reino Unido.

El futuro de esa libertad de circulación es lo que más preocupa. En el Reino Unido viven unos 180.000 españoles y, al igual que los ciudadanos de otros países de la UE, hay inquietud acerca de si las autoridades británicas respetarán, y cómo, los derechos de residencia adquiridos.

Y también preocupa cómo podrán acceder españoles y comunitarios en general al mercado de trabajo británico, un país que tradicionalmente absorbe inmigración.

Por otra parte, se calcula que en España residen cerca de 300.000 británicos (235.000 registrados oficialmente), la mayoría en zonas costeras del Mediterráneo. Muchos de ellos son jubilados que buscan pasar sus últimos años al abrigo del sol y del buen tiempo.

Pero también hay entre ellos profesionales asentados en España, algunos de los cuales trabajan a distancia para empresas británicas, con viajes periódicos en aerolíneas de bajo coste a sus sedes corporativas.

Para todos es clave el mantenimiento de su estatus legal como residentes y el cobro de las pensiones de jubilación.

El acuerdo de salida británica de la UE "no incluye derechos clave" para los británicos que viven en España, como los de libre circulación o de ofrecer servicios profesionales en la nueva Unión Europea, lamenta EuroCitizens, una asociación de británicos residentes en España

Las empresas, grandes y pequeñas, están muy preocupadas por el impacto en el comercio -sobre todo los trámites aduaneros- y las finanzas, pero también en cuestiones legales como la protección de marcas o los derechos de propiedad intelectual.

Un ejemplo es el Banco Santander, la mayor entidad financiera de España y de la zona euro, que tiene una importante filial británica. "No sabemos las condiciones (finales) de salida, pero nos hemos preparado para cualquier eventualidad", declaró este miércoles la presidenta del banco, Ana Botín.

Las ventas de productos españoles a Reino Unido han caído un 8,28 % desde que, en 2016, los británicos votaron a favor de abandonar la UE. Han bajado de los 20.076,57 millones de euros a cierre de 2016 a los 18.413,93 millones hasta noviembre de 2019, último dato disponible en la estadística de la balanza comercial que publica la Secretaría de Estado de Comercio.

No obstante, a falta de conocer el dato de diciembre, todo apunta a que las exportaciones se van a recuperar en el conjunto de 2019 respecto a 2018, año que cerró con un volumen de ventas de 18.580,54 millones.

No obstante, el comercio bilateral de bienes sumó 30.500 millones de euros en 2018, con un incremento anual del 2,8 % y un superávit a favor de España de 7.528 millones de euros.

El turismo es un asunto clave para España. Millones de turistas británicos visitan el país cada año, con un impacto económico aproximado en este país de unos 13.300 millones de euros, según cifras oficiales del Gobierno británico.

El mantenimiento de ese flujo turístico es fundamental para amplias zonas turísticas españolas, que temen que parte de ese movimiento se desvíe a países mediterráneos de turismo de bajo coste.

La atención sanitaria en suelo español a ciudadanos británicos (sean turistas o residentes) y su compensación (en España la sanidad pública es gratuita) es otro asunto a definir.

Por otra parte, está la controvertida cuestión de Gibraltar, la estratégica ciudad que controla el estrecho del mismo nombre y bajo dominio británico desde 1704.

Se trata del único lugar (salvo Irlanda) donde el Reino Unido tiene una frontera terrestre con otro país de la UE. Ahí, entre británicos que hablan español con acento andaluz, está el paso fronterizo más pequeño del "brexit".

Cada día atraviesan la conocida como "verja" de Gibraltar casi 15.000 trabajadores, así como 200 camiones de transporte.

En Gibraltar no hay desempleo, pero al otro lado de la frontera, en La Línea, alcanza casi el 31 por ciento de la población activa, por lo que un impacto económico negativo del "brexit" en la rica colonia británica preocupa mucho a la deprimida comarca con la que bordea.

"La dependencia (económica) es total", reconoce el español Lorenzo Periañez, presidente del grupo transfronterizo que reúne a empresarios y sindicatos de ambos lados.

El pequeño territorio, de 32.000 habitantes, vive sobre todo de la industria de servicios financieros, como las empresas de juego y apuestas por internet. De hecho, Gibraltar, con 6,8 kilómetros cuadrados, alberga ahora mismo 13.536 empresas, que son 3.300 menos que hace un año.

España y el Reino Unido firmaron a finales de 2018 una serie de acuerdos bilaterales en cuestiones como derechos de trabajadores transfronterizos, medio ambiente, cooperación fiscal y aduanera y lucha contra el contrabando de tabaco.