El nuevo decreto de simplificación administrativa modifica 176 normas y reduce un 90% aplicaciones de la Junta

 SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el cuarto decreto ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración autonómica y el impulso de la actividad económica, y que supone la modificación de 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) y la reducción en un 90% del número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100.

Este decreto ley, compuesto por más de 600 páginas, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se espera que su convalidación por el Parlamento se produzca en el último pleno de este mes o el primero de marzo, según ha informado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Ha destacado que se trata del plan de simplificación administrativa "más revolucionario y potente que jamás haya hecho una administración en España".

Este decreto forma parte del Plan Andalucía Simplifica, denominado 'Plan AS', el paquete de medidas para luchar contra el exceso de burocracia que el Gobierno andaluz ha empezado a poner en marcha, y que engloba todas las medidas pensadas para mejorar la vida de los ciudadanos, además de para facilitar la actividad empresarial y la llegada de inversores a Andalucía.

Este nuevo decreto ley recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la "complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación". El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.

Con la nueva norma aprobada este martes, en el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. Se recorta el plazo en un año. Además, la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía. 

Se crea, además, un modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar o jurídica que les pueda ayudar.

Mejora la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. Se mejoran tanto la solicitud como los anexos de la tramitación de la concesión. También se modifica el Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa para unificar los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo, de manera que se agiliza evitando rellenar formularios en los que duplica la información y que ha de firmar varias veces.

Al mismo tiempo se eliminan obstáculos en la prestación de servicios sociales, con un régimen de autorización menos restrictivo que garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Así, se pasa de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses, con una declaración responsable; estableciéndose además silencio positivo.

De forma general, con este decreto ley se amplían significativamente los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables, pero siempre garantizando la seguridad y el control en los procesos. De hecho, se establece un régimen sancionador general y aplicable a toda la administración, que sirva para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.

Este decreto ley prevé la creación de mecanismos de coordinación y colaboración, así como sistemas de acompañamiento individualizado para la ciudadanía y entidades particulares para la tramitación y ejecución de los procedimientos. Para ayudar a que la simplificación sea una realidad, se crea la figura de entidades de colaboración de certificación, regulándose su acreditación, registro y sus obligaciones.

Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas, a las que se les otorga la competencia para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas en la gestión de determinadas materias en el ámbito de la Administración autonómica, estableciéndose la figura del convenio como instrumento a través del cual fijar los derechos y obligaciones de éstas.

Se incluye también un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta de Andalucía. El objetivo es extender la robotización a trámites y procesos que afectan directamente a la ciudadanía.

En materia de Patrimonio Histórico, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. Gracias a esta iniciativa, unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.

Por otro lado, el decreto ley modifica la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para la gestión de la ejecución presupuestaria del gasto. Se elimina no sólo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedará subsumida en los actos de gestión administrativa que la conlleven.

En materia de Justicia, se mejora el procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia que requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas. Ahora se unifican ambas resoluciones en una sola.

En materia de energía, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas. 

La consejería del ramo elimina con este cuarto decreto de simplificación las trabas adicionales introducidas por la regulación autonómica para el desarrollo de la actividad de los organismos de control, para aumentar su competitividad, reduciendo al mismo tiempo los costes trasladados al sector industrial que afectan a la competitividad de todo el sector.

La principal medida en este sentido es la eliminación de las obligaciones de comunicaciones en papel, medida que adquiere una especial trascendencia teniendo en cuenta que el volumen de inspecciones anuales de estos organismos excede de las 100.000, estimándose el ahorro económico anual para los organismos de control, únicamente en lo relativo a sus comunicaciones con la Administración, en unos tres millones de euros.

Otra modificación aprobada afecta al procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

En cuanto a las medidas que afectan a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, una de las principales novedades es que se suprime el informe preceptivo de la Junta de los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regular los mismos.

El decreto también simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC. A partir de ahora tendrán que aportar menos datos y se facilitarán las comunicaciones por medios electrónicos.

Cómo afectará a los ayuntamientos pequeños la nueva Ley de Régimen Local

MADRID.- La reforma de Ley de Bases de Régimen Local aprobada por el Gobierno y convalidada esta semana por el Congreso tiene entre sus objetivos conseguir que los ayuntamientos de menor tamaño, a los que prestar determinados servicios o modernizarse les resulta más complicado, sean tan eficaces como los grandes.

Las novedades en este texto legal aparecen en uno de los dos decretos leyes convalidados el pasado miércoles, después de su aprobación por el Consejo de Ministros del 19 de diciembre con el objetivo, según el Ejecutivo, de acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales a través de medios digitales y garantizar la prestación de servicios públicos en los municipios pequeños.

Mediante la modificación de esta ley se da cumplimiento además a los compromisos reflejados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y asumidos frente a la Unión Europea.

Municipios de menos de 20.000 habitantes

La modificación aprobada incorpora como criterio de atribución de las competencias de los ayuntamientos el principio de "diferenciación", de acuerdo con la capacidad de gestión de las entidades correspondientes.

Igualmente, en virtud de ese principio de diferenciación se establece un régimen especial para la "gestión colaborativa" de los servicios en municipios de menor población, con lo que se busca facilitar la fijación de la población y una mejor prestación de sus servicios públicos.

Para ello, en el artículo 25, que habla de las competencias municipales -planeamiento urbanístico, tráfico, ferias, cementerios...- incorpora un nuevo punto que señala que, con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, deberá realizarse una "ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local".

En otro artículo, el 28, se dice que en esos municipios de menos de 20.000 habitantes podrán establecerse sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación "de calidad, financieramente sostenible", de los servicios públicos mínimos obligatorios.

En concreto se apunta a medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios, y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios.

La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la comunidad autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, siempre con la conformidad del municipio.

Obligatorio disponer de un portal de internet

La revisión de la ley persigue también fomentar la participación ciudadana a través de medidas concretas como la obligación de crear y mantener un portal de internet de participación ciudadana, así como de elaborar planes para la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y empresas a los servicios públicos.

En un cuarto artículo número 70 se especifica que este portal deberá publicar la información que el ayuntamiento considere adecuada con ese objetivo y, en su caso, la relación de servicios públicos a los que se pueda acceder por el portal o los vínculos a la información sobre el acceso a los servicios públicos disponibles en el territorio, en los términos en los que disponga la normativa autonómica.

En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los servicios previstos en este artículo se prestarán con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades en los términos que se determinen por la legislación autonómica.

Mejora del Padrón municipal

Respecto al Padrón, se actualizan los datos obligatorios que deben constar en la inscripción conforme a la nueva normativa en materia de extranjería, al tiempo que se concreta la obligación de que los datos relativos al domicilio habitual incluyan la referencia catastral, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente.

Asimismo, se recoge en una norma con rango legal la aportación de datos voluntarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así como con las distintas instrucciones técnicas procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En otro apartado, se modifica también la Ley para reducir el número de habitantes necesario para la creación de nuevos municipios, que pasa de 5.000 a 4.000, siempre que los resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no supongan disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

Esta modificación, que inmediatamente permitió, a finales de 2023, la independencia del municipio de Usansolo (Bizkaia), se aplicará también a los procedimientos de desanexión iniciados o en tramitación que aún no se hayan inscrito en el Registro de Entidades Locales.

Los funcionarios del Estado serán evaluados a partir de mañana: podrán mejorar su sueldo, pero también perder su puesto

MADRID.- Las medidas de refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos estatales entrarán mañana en vigor tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma que las regula.

Estas medidas forman parte de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación aprobado ayer por el Consejo de Ministros, en cuyo Libro II se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.

En concreto, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público.

Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública que decayó por la convocatoria de elecciones, "se plantean en positivo", según el Gobierno, por lo que "en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen".

En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, "se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño".

"El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación", subraya el Ejecutivo. Aun así, el plan recoge que la evaluación tendrá efectos en "la percepción de retribuciones complementarias de carácter variable", en "la progresión en la carrera profesional" o en la "continuidad en el puesto de trabajo".

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que plantee.

Dentro de este ámbito, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo.

Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el nuevo complemento de carrera.

Asimismo, para fomentar la integración de las personas con discapacidad, la norma contempla la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad.

Otra de las medidas incluidas es la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como agencia de empleo público, con el objetivo de consolidar su papel en las políticas de selección y de formación de los empleados públicos.

El proceso de oposición no podrá durar más de un año

La norma da cumplimiento al hito 148 del Plan de Recuperación al incluir una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos.

A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario "para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia", según el Gobierno.

Además, se incluyen dos órdenes ministeriales referidas a dos cuestiones que formaban parte de los compromisos del Gobierno y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Por un lado, se impulsa la planificación estratégica de los recursos humanos, con planes de ámbito general de cuatro años de duración, otros específicos, junto a otros de reestructuración de sectores concretos. Por otro, se regula la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.

Dichas reformas ya formaban parte del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que decayó como consecuencia de la convocatoria de elecciones.

La regulación de la planificación estratégica de los recursos humanos buscará que sea el principio de organización clave, a través de unas directrices diseñadas por la Secretaría de Estado de Función Pública. Los diferentes planes que se planteen serán los que determinen la actividad y las incorporaciones al sector público.

La oferta de empleo público será la que reciba el mayor refuerzo dentro de este campo, al imponerse plazos irrenunciables para ejecutarlas a través de las convocatorias correspondientes, explica Presidencia.

Entre las novedades están la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta.

También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios.

En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, el Gobierno impulsa "un modelo más ágil y eficiente" con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas.

Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.

El Gobierno habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados.

Los funcionarios piden una ley que evalúe su productividad

MADRID.- Los funcionarios piden una ley que evalúe su productividad y que demuestre que "el grueso de los empleados públicos trabajan con profesionalidad y dedicación". Después que se haya conocido que el Tribunal Supremo avala que se pueda reducir el sueldo a los funcionarios, a través de un recorte en el complemento de productividad, el sindicato CSIF exige "que de una vez por todas se desarrolle la Evaluación del Desempeño para que esos criterios sean objetivos, negociados, claros y transparentes". 

"Esto es algo que está acordado desde 2007 pero que ningún Gobierno ha querido desarrollar", añaden.

En concreto, el Supremo, tal y como adelantó Cinco Días, responde al recurso presentado por una funcionaria que solicitaba la devolución de 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos, por asunto de minoración del complemento de productividad. 

Esta reducción se produjo, según la Dirección Técnica del departamento para el que trabajaba esta funcionaria, por "no atender llamadas telefónicas, no seguir las instrucciones y realizar menor volumen de trabajo" que sus compañeros.

Y el TS, aunque estima parcialmente el recurso presentado por la trabajadora pública, "desestima la pretensión de abono de 214,35 euros" y subraya que la productividad deberá valorarse "en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados".

Por ello, el presidente de CSIF, Miguel Borra, explica a El Mundo que es imprescindible que se desarrolle la mencionada ley de productividad, denuncia "la absoluta discrecionalidad que tiene la Administración para pagar o no determinados complementos salariales", y niega que la sentencia evidencie que hay una parte de los trabajadores públicos que no cumplen con su trabajo. 

"Niego la mayor. Desde CSIF rechazamos una interpretación maniquea sobre la labor fundamental que realizan los empleados públicos".

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, afirmó que es "razonable" retirar el complemento de productividad a los funcionarios que no cumplan con unos objetivos o rendimientos individuales. Así lo señaló, al tiempo que apuntó que el complemento suele ser "pequeño" desde el punto de vista porcentual en relación a la retribución global, y que "no es la primera vez que ocurre". 

"Hay que tomarlo con normalidad y ya está, porque la normativa está para aplicarla", añadió.

El PSOE-A avisa de que la reforma local "criminaliza" a los ayuntamientos pese a contar ya con superávit

ALMERÍA.- El secretario de Política Municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, ha advertido este domingo de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, elevado a las Cortes Generales este pasado verano, "criminaliza y penaliza" a los ayuntamientos pese que el conjunto de los mismos arroja "superávit" en sus cuentas frente a los déficit que aún sufren el Estado y el conjunto de las autonomías.

   Conejo y el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, José Carlos Durán, han participado este domingo en el Foro de Concejales Jóvenes del PSOE de Andalucía Oriental, celebrado en Almería. En este marco, ambos se han posicionado en contra del nuevo Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que tras numerosos borradores ha sido elevado a las Cortes Generales. El mencionado documento, no exento de una gran liza política, fomenta las fusiones voluntarias de los municipios, obstaculiza la escisión o creación de nuevos municipios y suprime los convenios entre administraciones sin financiación. Igualmente, reduce el personal eventual de las entidades locales y sus sueldos, ciñendo a la "sostenibilidad financiera" y la ausencia de duplicidades la prestación de servicios "no obligatorios" para los ayuntamientos.

   El documento, además, limitan las competencias municipales a aspectos "exclusivamente locales" en materia de vivienda, turismo, servicios sociales, sanidad y educación. Para el periodo 2013/2019, e Gobierno central prevé ahorrar 8.024 millones de euros con la aplicación de las medidas comprendidas en este proyecto de ley.

   En ese sentido, los socialistas han avisado de que si finalmente prospera este proyecto de Ley, "los ayuntamientos tendrán que cerrar sus centros de información juvenil", así como sus áreas de "juventud, porque los ayuntamientos no tendrán competencias para ello". Igualmente, han criticado que "se elimine la posibilidad de que los ayuntamientos colaboren con las administraciones en materia de educación".

   Conejo, en ese sentido, ha defendido que la administración local arroja "superávit" frente al déficit que aún sufren las administraciones autonómicas y la central, extremo por cierto derivado de los planes de ajustes impuestos en la regulación estatal del plan de pago a proveedores, que habilitaba vías de endeudamiento para que las administraciones locales saldasen deudas con sus proveedores a cambio de sacrificios económicos. De cualquier modo, Conejo lamenta que "el Gobierno quiera culpar de la crisis" a los ayuntamientos y promueva una ley que "los penaliza y los criminaliza".

La reforma local ahorrará 2.150 millones en Andalucía

SEVILLA.- El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha asegurado que la reforma de la administración local presentada por el Gobierno central supondrá un ahorro de en torno a 2.150 millones de euros para Andalucía y ha defendido que la propuesta del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy respeta "escrupulosamente" el Estatuto de Autonomía.

   En una rueda de prensa en Sevilla, Sanz ha defendido que el anteproyecto presentado el pasado viernes en Consejo de Ministros va a impulsar un "nuevo municipalismo" en la comunidad basado en el control del dinero público y ha  reprochado al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que anuncie un recurso de inconstitucionalidad contra la norma cuando "no sabe cómo va a quedar", pues aún está abierto el plazo de alegaciones y quedan "unos seis meses" de trámite parlamentario.

   "Quiero decirle al señor Valderas que la reforma respeta escrupulosamente el Estatuto", ha asegurado, señalando que "no sabemos a qué se dedica en el Gobierno" el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local pero que "se ha convertido en un experto en anunciar recursos de inconstitucionalidad".  

   Sanz ha defendido que uno de los mayores ahorros que va a suponer esta reforma en Andalucía va a pasar por "acabar con muchos chiringuitos que desgraciadamente rodean a la administración local", refiriéndose así a "la mayoría de las mancomunidades en Andalucía".

   En este sentido, ha afirmado que la reforma no va "en contra de todas las mancomunidades", sino contra aquellas que "no tienen ningún sentido" y que han servido para "colocar a exalcaldes o exconcejales del PSOE". De este modo, ha apuntado que el criterio para determinar qué mancomunidades son susceptibles de ser eliminadas serán sus cuentas, de forma que aquellas que "estén saneadas no tienen por qué tener ningún problema".

   Asimismo, Sanz ha criticado que el PSOE "afirme que se va a privatizar la Administración Local" como consecuencia de la reforma, "retando" al secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, a que "busque un sólo artículo por el que ha deducido" tal extremo, toda vez que ha asegurado que no hay "ni uno solo que fomente la privatización".

   En esta línea, ha afirmado que "sorprende que Zarrías hable de privatización" cuando en 2002, durante su mandato como consejero de la Presidencia en la Junta de Andalucía, defendía la 'Segunda Modernización' con una "apuesta por la iniciativa privada" en la comunidad autónoma.  

   Por último, el 'número dos' del PP andaluz ha indicado que la eliminación de ayuntamientos en municipios de menos de mil habitantes "no es un caso que preocupe en Andalucía", dado que el número de localidades en la comunidad andaluza con esta población "no es significativo".

El PSOE-A exige retirar la reforma local, que supone una "voladura" de los ayuntamientos

SEVILLA.- El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha instado este domingo al Gobierno de Mariano Rajoy a retirar "inmediatamente" la reforma de la Administración local que pretende llevar a cabo, toda vez que entiende el socialista que supone "una voladura" de los ayuntamientos y que "solo busca rentabilidad económica sin tener presente en ningún momento la rentabilidad social".

  Conejo ha aconsejado al Gobierno que "si de verdad quiere mejorar la administración local debe buscar consenso con todos los partidos políticos y los ayuntamientos".

   A juicio de los socialistas andaluces, una reforma de este calado debería poner de manifiesto una salida de la crisis desde el ámbito local para crear empleo, pero, lamenta, "con esta reforma de la Administración local se destruirán más empleos y se empeorarán los servicios públicos".

   Y es que, en palabras de Conejo, esta medida "desmantela los servicios públicos, fomentando la privatización de los mismos" porque el Ejecutivo busca, a su entender, "hacer negocio con los servicios que prestan los ayuntamientos en los pueblos y ciudades, al igual que ya ha hecho PP con la sanidad".

   Con todo ello, critica que el Gobierno de la Nación lo que pretende es que "todo lo que no sea rentable económicamente o no se preste o se privatice". De manera que esta reforma supondría "una vuelta atrás al modelo de prestación social predemocrático, cuando los ayuntamientos no tenían apenas competencias para prestar servicios".

   "Esta reforma supone la intervención total de los ayuntamientos, un ataque a la autonomía local que está establecida por la Constitución Española", ha insistido el socialista, advirtiendo de que, si se lleva a cabo, "Montoro sería el alcalde de todos los municipios de España".

   En Andalucía, según ha indicado el secretario de Política Municipal del PSOE-A, la reforma supondría que el 89 por ciento de los ayuntamientos andaluces "prácticamente desaparezcan", los de menos de 20.000 habitantes, "que se quedarían apenas sin competencias, ni servicios", siendo las diputaciones las que asumirían estas competencias.

   Pero es que Conejo asevera que "es falso que la reforma ahorre dinero" sino que "lo que busca es eliminar los servicios que ofrecen los municipios". Ha dicho que según Montoro la reforma plantea una ahorro de 7.129 millones de euros, "una cantidad que correspondería fundamentalmente de la eliminación de servicios y del despido masivo de empleados públicos en Andalucía y España", lamenta.

   Asimismo, Conejo ha recordado que los ayuntamientos "no son los que han generado la deuda del país". Explica que del cómputo total de la deuda del país, a los ayuntamientos corresponde un 4,5 por ciento, "porcentaje del que el 25 por ciento corresponde al Ayuntamiento de Madrid".

   Concretamente, las previsiones de los socialistas andaluces estiman que la reforma local "eliminará prácticamente a las Entidades Local Autónomas, siendo 48 las que hay actualmente en Andalucía". De la misma manera, añade que las mancomunidades, al igual que ocurre con las entidades locales menores, "también están en peligro de extinción".

   En cuando a valoración de los servicios municipales, el socialista ha afirmado que la reforma llega a tal extremo que si las diputaciones asumen los servicios y competencias que prestan los ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes, sería esta institución provincial la que fijaría el precio y las tasas por la prestación de los servicios. De esta manera, "un presidente de diputación gobernaría en todos estos municipios directamente, sin contar con la opinión de los vecinos".

   En general, Conejo cree que la reforma anunciada por Montoro "es una agresión a los ciudadanos, que claramente abre una brecha entre los ciudadanos que vivan en pueblos y los que vivan en las grandes ciudades, y que va a asfixiar a los municipios pequeños, condenádolos a su inexistencia" .

   Así, concluye afirmado que desde el PSOE-A defenderán la autonomía de Andalucía y la de los ayuntamientos "con todas las acciones que sean oportunas", ante una reforman que tilda de "inconstitucional".

Valderas acudirá al TC si la reforma local invade competencias del Estatuto

SEVILLA.- El vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado este sábado que si la reforma de la Administración local invade competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía se elevará un recurso al Tribunal Constitucional (TC), asegurando que supone una "recentralización de carácter preconstitucional y un mazazo al regresar al municipalismo franquista".

   Tras mantener una reunión con representantes de las organizaciones que integran la Cumbre Social, entre ellos los secretarios generales de UGT-A y CCOO-A, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, o Rocío Algeciras, en representación de Facua Andalucía, Valderas ha llamado a "combatir" la reforma desde las instituciones, la Junta de Andalucía y desde la calle, asegurando que es una razón más para acudir a la manifestación el día 28 de febrero, Día de Andalucía.

   En rueda de prensa, Valderas ha anunciado que estudiará el proyecto de reforma de la administración local anunciado por el Gobierno central una vez que se ponga encima de la mesa, tras lo que se presentará un recurso de inconstitucionalidad si "invade" competencias del Estatuto andaluz. "La batalla está servida", sentencia, apostando por la "convergencia social, política y de movilización" y por que "el pueblo recupere su fuerza y confronte con quienes lo atacan".

   En este sentido, ha mostrado su "preocupación" por el empleo, por la "pérdida continuada" de derechos ante los "mazazos" de Mariano Rajoy y ahora por el "intento de eliminar los pueblos", ante lo que aboga por el inicio de una movilización "permanente y continuada en defensa del Estatuto de Andalucía, de los servicios públicos, de la democracia y contra la corrupción".

   Así, asegura que la movilización del 28-F, que será "un éxito", será "preferente" para IU con el objetivo de que "el pueblo recupere el pulso y sus reivindicaciones", como "símbolo de conquista de los derechos que nos toca defender ahora".

   En la misma línea, Pastrana ha instado a salir a la calle para defender "lo que nos corresponde como pueblo y como ciudadanos", ante unas medidas impulsadas por el PP desde el Gobierno central que "ponen en cuestión cada derecho del Estatuto", mencionando la reforma laboral, un "desastre para los trabajadores y concebida para crear mano de obra barata"; la "demolición" del Estado de Bienestar; la reforma financiera, que "niega un sólo euros para el ciudadano mientras da más del 22 por ciento del PIB a los bancos"; y la reforma de la administración local, un "atentado contra la democracia".

   De este modo, ha alertado de que Rajoy quiere "eliminar" la participación de los ciudadanos, pretendiendo "conseguir con esta reforma lo que en las urnas no le dieron los ciudadanos, atacando la viabilidad de cientos de municipios en Andalucía". "Es una auténtica barbaridad que en nombre de la austeridad se intente eliminar a más de 500 municipios y se merece una reacción inmediata de los ciudadanos porque no podemos permitir que nos quiten los ayuntamientos eliminando la participación directa", sentencia.

   Pastrana lamenta que el Gobierno central "no quiera enterarse" de lo que le exige la ciudadanía, que es "más participación" en las decisiones, y advierte que el trasfondo de la situación es la intención de "debilitar la estructura del Estado y dar paso al mercado, que es para quien trabajan".

   Igualmente, Carbonero ha instado a la movilización ante las "muchas agresiones" del PP. "Entendemos que no tengan dinero, que se equivoquen, pero lo que no se puede entender es que la falta de respeto a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha perdido la vergüenza, demostrando altanería y chulería al presentar esa gran agresión a los ciudadanos con esta reforma local", subraya.

   El máximo responsable de CCOO-A lamenta que "algunos nostálgicos de etapas anteriores" utilicen esta reforma para "quitar alcaldes y poner a los caciques, a los de siempre, a los ricos de nuestra tierra". Además, califica la reforma como un "misil" a los derechos y a la democracia, dejando claro que hay que ir a la movilización, "dando igual el color político", para convertir Andalucía en un "clamor ciudadano en defensa de los derechos y de la dignidad".

   "Hay miles de razones, pero ésta ha colmado el vaso, mientras se echa a la gente al paro, se desmantela la protección social, se privatizan servicios y se elimina la cercanía de los concejales", recalca Carbonero, que bromea con que el Gobierno defiende la educación privada porque "han ido a colegios privados, pero muy malamente los han educado", algo que Pastrana ha apoyado, ironizando con que los ministros "muestran el fracaso de la educación privada".

   Por su parte, Algeciras ha subrayado que los andaluces han de salir a la calle para decir "basta ya a los recortes, a las políticas de premios y castigos, por la defensa de sus derechos, de la igualdad y del empleo".

 "Debe exigir que se nos permita nuestro autogobierno, la cohesión social, los servicios públicos y la autonomía local, que se ha puesto en peligro", sentencia, subrayando que "hay que estar en la calle, no por los partidos políticos, sino para defender nuestros derechos".

   Igualmente, recalca que esta movilización pretende "defender" Andalucía, su Estatuto y el modelo autonómico, que "está siendo duramente centralizado por las políticas de recortes, estrangulando a la Comunidad"

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.

   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

IU ve tras la reforma local que plantea el PP un intento de "quitar democracia y mermar pluralidad política"

ALMERÍA.- La coordinadora provincial de IU en Almería, Rosalía Martín, ha criticado las propuestas que, en el marco de la XX Intermunicipal que el PP ha celebrado en la capital almeriense, ha defendido dicha formación para reformar la Administración Local, ya que, en su opinión, tras ellas se esconde un intento de "quitar democracia, restar cercanía, mermar pluralidad política, disminuir servicios públicos y apostar por las privatizaciones para la gestión de esos servicios".

   Además, Martín percibe en la propuesta 'popular' de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que ultima el Gobierno "su obsesión por la sostenibilidad financiera, la desconfianza de la autonomía local y el vaciado del poder local, es decir, la vuelta al tutelaje", según ha apostillado en una nota.

   Todo ello, en su opinión, supone "una clara confrontación con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que disminuyen las competencias mínimas para los ayuntamientos e intervienen en la práctica de los municipios menores de 20.000 habitantes y refuerzan el papel recentralizador del Estado".

   "El PP ha decidido volver a la figura de los gobernadores civiles y alcaldes pedáneos a dedo, una vuelta a la distribución política territorial del franquismo en tiempos de democracia", ha aseverado la representante de IU, que, por ello, juzga "muy preocupante" lo que ha conocido hasta el momento de dichas propuestas.

   Así, la coordinadora almeriense de IU se muestra convencida de que los 'populares' pretenden "dejar de prestar los servicios públicos esenciales en igualdad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan", y "privatizarlos", así como "dejar a los municipios pequeños sin ayuntamientos propios", para que éstos pasen a "depender de otros mayores o de las diputaciones", lo que, en su opinión, provocará la "desaparición de la figura de los ayuntamientos como las administraciones más cercanas al ciudadano".

   "En los pequeños ayuntamientos no habrá alcaldes, sino un director político nombrado a dedo por el partido gobernante del ayuntamiento mayor de 20.000 habitantes del que dependa, o por la Diputación", ha insistido Martín.

La Junta ve en la reforma del PP un "ataque brutal" al municipalismo

ALMERÍA.-   La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado de "grave" el "ataque brutal al municipalismo" que, a su juicio, el PP pretende "consumar en tan solo una semana" tras su debate sobre la reforma de las administraciones locales, ya que dicha reforma hará que los ciudadanos reciban "en distintas condiciones" los servicios públicos puesto que "va a abrir una puerta a la privatización" en los ayuntamientos. 

   Díaz cree que el PP "pretende volver a hacer negocio" con los servicios públicos básicos. "Los municipios de menos de 20.000 habitantes, los que cohesionan al territorio, pueden ser expropiados de esos servicios públicos básicos en favor de las diputaciones", ha puesto de ejemplo antes de puntualizar que "en la mayoría de los casos las diputaciones no podrán prestar --los servicios-- y acabarán externalizándolos".

   La consejera considera que el proyecto 'popular', además de "mutilar" el municipalismo, "reduce la democracia" en un momento económico que exige "hacer mejor la gestión de lo público". 

"No puede ser la crisis una excusa para desmantelar lo que aquí ha funcionado bien", ha aseverado la titular de Presidencia, quien ha puesto a Andalucía como ejemplo de ello al apuntar que, aunque representa al 18 por ciento de la población nacional, solo cuenta con el nueve por ciento de los ayuntamientos.

   "Hay tres comunidades autónomas en este país, como son Castilla-León, Aragón y Castilla-La Mancha, que representan tan sólo el 13 por ciento de la población y son el 48 por ciento de los ayuntamientos", ha explicado la también secretaria provincial del PSOE de Sevilla, quien ha destacado la "cohesión territorial" de la región.

   Con esto, ha manifestado que el borrador de la reforma impulsada por el Gobierno contiene en su conjunto "elementos graves", "no responde" a las necesidades de los ayuntamientos y "van en contra de la autonomía local". 

 "Creo que se lo debe replantear el Gobierno, no debe de buscar el acuerdo sobre un documento que, insisto, mutila el municipalismo, y no debe de pretender meter en esa cortina de humo que es la reducción de concejales lo que hay detrás del documento, que es muy, muy grave, y que va a ir a deteriorar la calidad de los servicios", ha expuesto.

El PP propone un decálogo de medidas para la reforma local en su XX Intermunicipal

ALMERÍA.- El PP ha aprobado este sábado en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería, un decálogo de medidas para mejorar la Administración Local y que se incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de enero.  Entre esas propuestas, el PP plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las Comunidades Autónomas.

   En sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la modernización de la planta local española. "Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local", recoge el citado documento.

   Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia". En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

   Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.

   También defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así, "otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior". Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida.

   El documento explica que habrá una "regulación anual" del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las corporaciones locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones. Además, se recuperarán las funciones que venían prestando los interventores con "habilitación de carácter nacional".

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".

   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.

   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.

   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.

   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.

   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.

   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.

   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.

   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).

   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.

   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.

   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.

   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

Los sindicatos acusan al Gobierno de "preparar la puerta" para "despedir masivamente" a trabajadores de la Administración

ALMERÍA.- El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha acusado este miércoles al Gobierno de haber "preparado la puerta" para "poder despedir masivamente" a "decenas de miles de trabajadores" del sector público a través de la nueva normativa estatal que permite a los entes, organismos y entidades públicas acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas. 

   En rueda de prensa en Almería, y acompañado de su homólogo de CCOO-A, Francisco Carbonero, el líder andaluz de UGT ha señalado que el Gobierno "deshojó por fin la margarita de la estrategia" para "poder despedir masivamente a empleados públicos" aplicando "los mismos requisitos establecidos en la reforma laboral", lo que, a su juicio, viene acompañado de una "campaña de desprestigio sistemático" a este sector.

   Así, ha enfatizado que UGT "va a estar radicalmente en contra de que se pretenda desmantelar el sector público empresarial en beneficio de los intereses privados" que son, según se ha referido, "los que en este momento están forzando la maquinaria, incluida la maquinaria mediática, generando un desprestigio permanente al sector pbulico empresarial con el objeto de hacerse con ese trozo de tarta que significa controlar sectores de actividad ahora en manos públicas y que serían un negocio con beneficio privado en manos de entidades privadas".

   En esta línea, el secretario general de CCOO-A ha incidido en que las políticas gubernamentales acercan la "quiebra del sistema" público, lo que conllevaría finalmente a "privatizar" algunos de sus servicios como "el gran negocio de las pensiones". Así, se ha mostrado también defensor de los empleados públicos a la vez que ha resaltado el impacto de su acción en la economía. "¿Alguien ha echado el cálculo de cómo va afectar al comercio que los empleados públicos no cobren paga de Navidad?", se ha cuestionado Carbonero.

   Con todo esto, ambos líderes sindicales han animado a la población a secundar la huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre en rechazo a las políticas de recortes del Gobierno que, entre otras cuestiones, se alejan a su juicio de los "síntomas de recuperación" apuntados, según se han referido, por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien "se destaca por ser una andaluza en Madrid que desde luego hace todo lo posible por dejarnos en el más absoluto ridículo ante el resto del país", según Pastrana.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.

   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".

   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.

   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

Lombardía propone reducir a tres las regiones en Italia y a la mitad los diputados y senadores

ROMA.- El presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni, ha propuesto la abolición del actual sistema de organización territorial para "reducir el coste de la política" y crear tres grandes áreas: Norte, Central y Sur. Además, apuesta por reducir a la mitad el número de diputados y senadores en Italia.

   En una conferencia, Formigoni ha abierto la caja de Pandora, siendo el primer alto cargo político en Italia en realizar una propuesta concreta para la reorganización territorial.

   "Para rebajar el coste de la política, es el momento de poner la atención en la reorganización de las regiones. Son demasiadas y demasiado pequeñas. Hay que tener menos regiones y más grandes", ha sugerido Formigoni.

   A raíz de esta reforma, el presidente de Lombardía ha asegurado que se suprimirían 331 conserjerías regionales de un total de 1.111 que existen a día de hoy, según ha recogido el diario italiano 'Corriere della Sera'.

   "El Parlamento debería seguir nuestro ejemplo. Es el momento de reducir a la mitad el número de diputados y senadores", ha añadido Formigoni, quien ha admitido que esta sería una reforma "radical".

   Sobre esta propuesta ya ha opinado el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien ha apelado a la moderación y ha afirmado que "hay que valorar todos los aspectos en las diversas instituciones y no solo centrarse en la parte negativa" de la organización territorial italiana, según ha informado el periódico italiano 'La Repubblica'.

La CNMV sancionará al 60% de las entidades que colocaron preferentes

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé sancionar al 58% de los bancos y cajas de ahorros que emitieron participaciones preferentes por malas prácticas en la comercialización de estos productos financieros complejos o en la compraventa entre clientes minoristas, según informó el presidente del organismo, Julio Segura.

   La CNMV prevé abrir dos expedientes sancionadores por la venta de preferentes durante el mes de septiembre, más otros dos antes de que finalice el presente ejercicio. Éstos se sumarán a los siete que ya hay en curso y elevarán a once el total en 2012.

   De las 19 entidades que emitieron preferentes desde 1999 hasta mayo de 2011 por importe nominal de 22.000 millones de euros, las once que se enfrentarán a posibles sanciones emitieron la mitad.

   Los nombres de las entidades financieras sancionadas no se conocerán hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso y no se pidan o concedan las medidas cautelarísimas, proceso que podría prolongarse durante un plazo de dos años desde la apertura del expediente, explicaron en fuentes del organismo.

   Asimismo, agregaron que la imposición de sanciones persigue un efecto de disciplina de mercado, sin que la CNMV cuente con la facultad de obligar a las entidades sancionadas a compensar a los inversores. "Eso solo lo pueden hacer los tribunales", indicaron desde la institución.

   Segura, cuyo mandato expira el próximo 6 de octubre, sostuvo que la ley impide a la CNMV prohibir la comercialización de preferentes y de cualquier otro producto de renta fija, y que para eso habría que cambiar el marco legal comunitario y español, por lo que el cometido de la institución se centra en la supervisión y la sanción, principalmente.

   "Es imposible, ilegal, prohibir la comercialización de preferentes a un inversor si se cumplen determinadas condiciones", argumentó Segura, que rechazó de plano las acusaciones de pasividad del organismo en cuanto a la venta de estos productos y recordó la elevada incidencia de sanciones respecto al total de emisores. "Si eso es ser pasivo...", ironizó.

   El aún presidente de la CNMV enfatizó que el marco legal "impide hacer cosas que podrían ser deseables", si bien desveló que es "relativamente frecuente que se pida a la CNMV que incumpla la ley".

   Entre los problemas de comercialización detectados figuran no someter al inversor al examen de conveniencia que mide si el producto se ajusta a su perfil, defectos significativos en el diseño de dicho test que condicionan el resultado y autorizaciones inadecuadas de compra por parte de inversores que resultaron no ser aptos para el producto, especificó.

   A poco más de tres semanas de abandonar el cargo al frente del supervisor de los mercados, Segura sostuvo que se va de la CNMV "con la sensación del trabajo bien hecho dados los medios e instrumentos y la ley vigente". A su parecer, la CNMV "ha hecho frente a sus responsabilidades de forma cabal".

   Sobre quién le sucederá en el cargo, Segura dijo desconocer el nombre del futuro presidente de la CNMV, pero recordó que la incógnita se despejará a muy corto plazo, dado que quedan cuatro reuniones del Consejo de Ministros antes de su salida el próximo 6 de octubre.

   Segura lamentó no haber contado con un vicepresidente de la CNMV tras la marcha de Fernando Restoy para ocupar el puesto del subgobernador del Banco de España.

   "Lo normal es que se hubiera nombrado un vicepresidente porque la casa necesita uno y eso habría facilitado la compleja transmisión de poderes", apuntó Segura, que no dejó de agradecer el trabajo de Luis Pedroche, consejero que asume la tarea según la legislación vigente.

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.

   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.

   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.

   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.

   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.

   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".

   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.

   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.

   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.

   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.

    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".

 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".

   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".