ALMERÍA.- El magistrado Manuel Rey Bellot ha pospuesto hasta el 4 de
junio el inicio de las declaraciones en el marco de la instrucción del
caso 'Mascarillas' de Almería, que indaga sobre el cobro de comisiones
ante supuestos amaños en adjudicaciones de obras y servicios con
empresas afines en la Diputación Provincial de Almería, tras atender la
petición de una de las partes que alegó que debía asistir a una vista
oral señalada previamente.
El instructor suspende así las primeras declaraciones previstas para
el 28 de mayo, cuando iban a declarar el exvicepresidente tercero de la
Diputación Óscar Liria y al empresario Kilian L.S., a quienes se
atribuye el grueso de la primera parte de la investigación mediante la
adquisición por dos millones de euros de material sanitario en la fase
más aguda de la pandemia de covid-19 y una supuesta 'mordida' a dicho
contrato de 900.000 euros.
En su providencia el juez accede a que el
empresario pueda comparecer por videoconferencia desde Barcelona el 4 de
junio a las 11,45 horas. Cabe recordar que ese mismo día está previsto
que declaren, entre otros, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez,
quien pese a encontrarse investigado desde el principio, no fue
arrestado hasta el pasado mes de noviembre de 2025.
Giménez, junto con Óscar Liria y el expresidente de la Diputación
Javier Aureliano García --quien declarará el 26 de junio--, conformaban
un grupo de Whatsapp denominado 'Naranjito' en el que, según los
investigadores, intercambiarían mensajes en clave mediante lenguaje
odontológico para hablar del cobro de supuestas comisiones en la
adjudicación de obra pública.
En el caso de Liria, su declaración ha quedado fijada para el 5 de
junio, cuando también declarará su hermano Francisco Jesús L.S. así como
a varios empresarios. El juez también desplaza la declaración original
de la investigada H.L.M. al 12 de junio.
El juez deja en suspenso, por el momento, la declaración de cuatro
empresarios prevista para el 18 de junio después de que el abogado de
uno de ellos manifestara que, en la misma fecha, debe asistir en un
juicio de la Audiencia de Almería. Así, el instructor ordena que se
certifique la fecha en la que se acordó el señalamiento de dicho juicio
antes de resolver la petición.
El resto del calendario de citaciones se mantiene, por el momento,
como originalmente se dispuso. De este modo, el también expresidente del
PP almeriense declarará en último lugar junto con sus hermanos Juan
Carlos G.M. y María Rosario G.M., quienes fueron señalados por la
Guardia Civil junto con la sociedad familiar que gestionan como
supuestos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían
sido malversados y dedicados al pago de propiedades de García y otros
gastos personales.
El 11 de junio será el turno del exalcalde de Fines --tío de Liria--,
Rodrigo Sánchez Simón. También llama a declarar al hijo de este ante
las sospechas mantenidas durante toda la causa por sus contrataciones
con la Diputación a través de sus empresa.
Así, los interrogatorios principalmente a empresarios que estarían
vinculados con la trama se suceden los días 12, 18, 19 y 25 de junio.
Entre ellos se encuentran varias personas desempeñan cargos públicos
como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente
del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta
Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan
José Martínez, quien declarará el último de esos días.
El juez instructor acordó tomar declaración a los 43 señalados en el
informe de la UCO mediante el que se concreta la supuesta participación
de cada uno de los investigados, con un total de 33 empresarios o
empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos
públicos y familiares.
El instructor resolvió seguir con la toma de declaraciones mientras
que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos
móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin
perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos.
También solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara
de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para
aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las
posibles consideraciones delictivas.
En este sentido, los agentes diferencian tres partes en la trama: la
adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la
pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las
presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos
que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos
involucrados, entre ellos y principalmente, el expresidente de la
Diputación.
Sobre esta última parte, la UCO reduce a los cargos públicos los
indicios una "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de
supuesta naturaleza ilícita" con García a la cabeza, como presidente de
la institución provincial, aunque también con sus dos hermanos, la
sociedad familiar que gestionaban, Giménez y Liria como implicados, a
los que se uniría el empresario Kilian L.S.
Para los investigadores existen evidencias de que, en algunos casos,
Liria habría actuado "como intermediario en el cobro de las comisiones"
de modo que habría sido él quien habría percibido los fondos que,
posteriormente, habría hecho llegar al respeto de cargos públicos.
