domingo, 12 de junio de 2011

Francia exige que la Unión Europea indemnice a los agricultores por la "chapuza europea"

PARÍS.- El ministro francés de Agricultura, Bruno Le Maire, afirmó hoy que tiene que ser el presupuesto europeo, y no el de los Estados, el que indemnice a los agricultores afectados por las falsas acusaciones de que el pepino español estaba en el origen de la epidemia alimentaria en Alemania.

"El presupuesto europeo y sólo el presupuesto europeo debe indemnizar a los agricultores" que ahora no pueden vender sus producciones de hortalizas porque "ha habido una chapuza europea", declaró Le Maire en una entrevista a la emisora de radio "RTL" y a la cadena de televisión "LCI".
"No voy a ser yo el que pague por la impericia de la Unión Europea en materia de seguridad alimentaria. Es la Unión Europea la que debe pagar", insistió antes de señalar que en Francia ya hay bastante con las consecuencias de la sequía, que van a costarle al presupuesto del Estado de 700 a 1.000 millones de euros en el dispositivo de ayuda.
El titular francés de Agricultura consideró que los 210 millones de euros decididos por la Comisión Europea "son totalmente insuficientes" para indemnizar a los productores hortofrutícolas que: "pagan por algo de lo que no son responsables".
"Hace semanas que se busca como una aguja en un pajar la responsabilidad de esta epidemia. Se ha acusado erróneamente a los españoles, a las hortalizas en general y al pepino en particular", denunció.
"Hay que mejorar el dispositivo de seguridad sanitaria en profundidad", declaró también.
Para ello habría que cruzar los datos "de trazabilidad alimentaria" con los de sanidad humana, como ya se hace en Francia, para identificar más rápidamente el origen de una epidemia alimentaria, señaló.
Le Maire señaló que a causa de esa crisis, el consumo de pepino ha caído un 80 o 90 % y de rebote otros productos, como el de tomate un 30 %.
En esta situación, el ministro señaló que los agricultores que tuvieran que devolver ayudas europeas declaradas ilegales por las instancias europeas y que estén en dificultades por esta crisis, no tienen que pagar.
"Un productor afectado, por ejemplo, por la crisis del pepino, que no tiene tesorería, no está obligado a devolver el dinero", explicó antes de añadir que lo que tiene que ocurrir es que reembolsen las ayudas irregulares aquellos "para los que es posible" y recordó que "sólo las organizaciones de productores voluntarias han empezado" a hacerlo.
Sobre esa cuestión dijo que negociando con Bruselas había conseguido que la factura de las devoluciones, que inicialmente era de 500 millones de euros, se redujera a menos de la mitad, y confió en que en los próximos meses disminuya todavía más.

Chirivel contará con cinco nuevos parques eólicos de los que dos ya tienen autorización de la Junta

ALMERÍA.- El municipio almeriense de Chirivel contará con cinco nuevos parques eólicos de los que dos ya cuentan con autorización administrativa y autorización ambiental unificada por parte de la Junta de Andalucía después de que el BOJA publicase recientemente el segundo de estos permisos sobre el proyecto que promueve la Unión Eólica Andaluza que contempla una potencia de 15 megavatios y unos diez aerogeneradores. 

   Fuentes del Gobierno andaluz han explicado que el promotor prevé acometer en este proyecto una inversión de 10,8 millones de euros, una cantidad que se suma a los 28,7 millones de euros que invertirá WPD Renovables en poner en marcha y gestionar el parque Herrán Alamicos I dentro del mismo término municipal. Este segundo proyecto estima una potencia instalada de 24 megavatios.
   De hecho, WPD Renovables espera desarrollar otra iniciativa en Oria bajo la denominación Herrán Alamicos II, en donde realizará una inversión de 32,5 millones de euros para instalar hasta nueve aerogeneradores que darán 27 megavatios; una actuación que también cuenta con su autorización ambiental unificada, otorgada en el mes de mayo.
   La provincia, que tiene parques eólicos con una potencia instalada de 462,05 megavatios, pasará a tener con estas actuaciones 66 megavatios más, con lo que a los 528,05 megavatios instalados habrá que sumar en un futuro las potencias que aporten otros tres proyectos más en la zona de Chirivel y que serán publicados próximamente en BOJA.
   El delegado provincial de Economía, Innovación y Ciencia, Juan Carlos Pérez Navas, se ha mostrado "muy satisfecho" con la evolución de la implantación de proyectos de parques eólicos en la provincia almeriense, que ya "se ha convertido en un referente claro dentro del nuevo modelo energético sostenible que está siendo impulsado por parte del Gobierno andaluz". 
Así, ha resaltado que estas iniciativas que se sitúan en Chirivel y Oria "vienen a contribuir al desarrollo económico sostenible de la provincia pero también se va a convertir en generadores de empleo".

El PP celebra que la formación pasa de gobernar 30 alcaldías a 57 en la provincia de Almería

ALMERÍA.- El PP muestra su satisfacción por los resultados logrados en las elecciones municipales en las que tras este sábado con las sesiones de investidura la formación popular va a gobernar en 57 alcaldías de la provincia de Almería --de un total de 102 pueblos-- frente a las 30 conseguidas en los comicios de 2007. Si bien, quedan por constituirse los ayuntamientos de Carboneras y Mojácar.

   Así, el secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha declaradoque los populares gobernarán en 46 municipios con mayoría absoluta; además de en Vera, María y Huércal de Almería, con mayoría simple, y en Partaloa, con un pacto con el PSOE; Gérgal, en coalición con IU, y en Zurgena, Vélez Rubio, Fondón, Láujar de Andarax, Pechina y Líjar, municipios todos ellos en los que el PP ha alcanzado pactos bien con el PA o con fuerzas independientes. 
Además gobernará por primera vez al mismo tiempo las dos entidades locales menores de la provincia, Balanegra y Fuente Victoria.
   Al respecto, indica que en los pactos que se han alcanzado "siempre ha primado el interés general del pueblo por encima del partido" y considera que "es el principio del cambio que necesita Andalucía, pues la gente ha apostado por el PP en la provincia y vamos a devolver esa confianza, hayan o no votado al PP, en forma de trabajo y a pesar de tener una enorme responsabilidad, no vamos fallar".
   De esta manera, el dirigente popular subraya que su formación va a regir "a unos 600.000 habitantes de los 690.000 que tiene la provincia de Almería", lo que significa que "nueve de cada diez vecinos serán gobernados por alcaldes del PP".
   Refiriéndose a casos concretos, García ha citado el concurrido pleno de investidura de El Ejido, donde el popular Francisco Góngora ha ganado por mayoría absoluta y "abre una nueva etapa de respeto y de democracia, donde va a primar el interés general por encima del particular". 
Mientras que en la capital, ha tomado posesión del cargo Luis Rogelio Comendador en un acto con "absoluta normalidad" y la presencia de los acampados del 15M en las puertas del Consistorio.
   Respecto a las corporaciones locales de Mojácar y Carboneras, cabe recordar que no se han constituido este sábado debido a la interposición de dos recursos contencioso-electorales elevados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la proclamación de electos en ambos municipios realizada por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera.

En España el trabajo de menores es "anecdótico" o pasa desapercibido

MADRID.- El trabajo de menores en España es oficialmente "anecdótico" y, por tanto, no existen estadísticas ni informes, aunque el Ministerio de Trabajo detectó a 19 menores trabajando ilegalmente el año pasado.

No obstante, organizaciones como Save the Children, Unicef y la Plataforma de la Infancia advierten de que las cifras oficiales no incluyen a menores dedicados a la prostitución y que la familia es un "obstáculo a la visibilidad", por lo que es muy difícil obtener datos sobre el trabajo infantil, que se produce a menudo en empresas familiares o trabajos agrícolas.
Las últimas cifras recabadas de forma oficial en España corresponden a un informe del año 2000 realizado por Unicef a petición del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que calculó en unos 170.000 los menores de edad que trabajaban en España.
Unicef coincide con otras organizaciones dedicadas a la infancia en que estas cifras no reflejan la realidad dado que solo contabilizan a los niños escolarizados, mientras que las grandes bolsas de trabajo infantil se dan entre los niños de poblaciones marginadas no escolarizados y en la economía sumergida.
Unicef también apunta que los inspectores de trabajo no tienen competencia para intervenir en casos de servicio doméstico, negocios familiares, delincuencia, explotación sexual y mendicidad.
Según cálculos del organismo de la ONU, unos 100.000 menores se dedicaban a tareas domésticas; 15.000 trabajaban a diario en el negocio familiar, 10.000 se dedicaban a tareas agrícolas, ganaderas o de pesca; 10.000 en publicidad, 4.600 en fábricas o talleres y unos 2.000 en venta ambulante.
Diez años más tarde, en 2010, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó un total de 16 infracciones relativas al trabajo de 22 menores, por las que impuso multas por un total de 102.012 euros.
El año anterior, en 2009, las infracciones fueron 22 y afectaban a 56 menores.
A estos deberían añadirse los 1.300 menores identificados como víctimas de trata en España por la autoridades policiales, una cifra que a juicio de Save the Children "es sólo la punta del iceberg".
El Ministerio de Trabajo advierte de que aunque la edad mínima para trabajar es 16 años, incluidos los trabajos por cuenta propia, pueden existir infracciones laborales por limitaciones legales que prohíben a los menores de 18 años realizar ciertos trabajos.
Así, la ley prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años, salvo con un permiso especial para espectáculos públicos, y detalla que los menores de 18 no pueden realizar trabajos nocturnos, trabajar más de ocho horas diarias o hacer horas extra.
Los menores de 18 tampoco pueden realizar trabajos "declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana".
La Ley ya no distingue entre hombres y mujeres, como sí hacía la norma de 1957 que regulaba el trabajo de menores y mujeres debido al "alto concepto que en general al español merece la mujer y la atención que de manera especial debe ser puesta para evitar que un trabajo nocivo pueda perjudicar su naturaleza".
Esta ley de "Trabajos prohibidos a mujeres y menores" quedó derogada en lo relativo a las mujeres en 1995, y sólo persisten ciertas normas que regulan el trabajo de las mujeres embarazadas.