La ocupación de los puertos deportivos andaluces cae un 35% desde 2007

MÁLAGA.- La ocupación de los puertos deportivos andaluces ha caído entre un 30 y un 35 por ciento desde el año 2007, siendo especialmente notable en los primeros años. Este hecho ha llevado a que en la actualidad estas instalaciones estén a un 60 por ciento, con un 40 por ciento de agua libre disponible, según ha indicado el presidente de la Asociación de Puertos Deportivos Marinas de Andalucía, José Carlos Martín.

   Así, ha manifestado, que la situación económica ha perjudicado considerablemente a estos espacios, cuyos concesionarios emplean de forma directa a 550 personas. No obstante, ha precisado que la actividad que generan los puertos en su interior asciende a 5.000 personas.

   Este sector factura alrededor de 500 millones de euros al año y a pesar de la crisis "no se han producido despidos". Sin embargo, en 2012 el sector no remontará, y tampoco lo hará en 2013; aunque se espera que a partir de 2014 los puertos deportivos comiencen a recuperar la senda que tenían antes de la crisis económica.

   Cuestionado por la lista de espera que tenían muchos de los puertos deportivos andaluces, como es el caso de Puerto Marina, en Benalmádena costa; el presidente de Marinas de Andalucía ha señalado que actualmente esa situación no existe. De hecho, no se da "en ninguno de los puertos". Por esta razón ven con "recelo" algunos de los nuevos proyectos de ampliación que se realizarán en Marbella y también en Benalmádena, ha señalado.

   Los cánones también son otro caballo de batalla de estos empresarios, que critican la "abusiva e insensible" subida aplicada por la Junta de Andalucía en estos espacios y que hacen que hoy por hoy muchos concesionarios "estén en una situación de quiebra técnica". En este punto, ha puesto como ejemplo el puerto deportivo "más importante" de Andalucía, Puerto Banús, en Marbella, que pasó de 100.000 euros de canon a un millón anual. "Eso hace que pueda entrar en quiebra hasta el más potente", ha lamentado.

   También en la ciudad marbellí se ha referido a su puerto deportivo, que es pequeño y de titularidad municipal cuyo canon pasó de 10.000 euros al año a 475.000 euros. "Esa subida de canon es una barbaridad porque, encima, ahora hay menos ingresos y esa tasa se mantiene, de ahí esa mala situación", ha concluido Martín.

La Junta teme que, tras los PGE, el Gobierno impugne las oposiciones

SEVILLA.- El consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, cree más probable ahora, tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "que siempre hace lo contrario de lo que dice", pueda presentar un recurso a la convocatoria de 2.389 plazas docentes realizada por el Gobierno andaluz.

  Álvarez de la Chica ha admitido que le "preocupa bastante el silencio del Gobierno de España" a este respecto y que, en ese sentido, ve como "una posibilidad" que el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro impugne en las próximas semanas bien la totalidad de la convocatoria, bien la parte correspondiente a la tasa de reposición contemplada en la misma. El plazo para ello terminaría el 22 de abril, justo dos meses después de que se publicara en BOJA esta convocatoria docente.

   De las 2.389 plazas ofertadas por Andalucía, 1.752 se convocan como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto Básico del Empleado y las 637 restantes como resultado de la aplicación de una tasa de reposición cercana al 30 por ciento, tal y como recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la vigente cuando el Gobierno andaluz aprobó dicha oferta de puestos docentes el pasado 27 de diciembre. Tres días después, sin embargo, el Gobierno central aprobó un Decreto Ley de "medidas urgentes" que rebajaba al diez por ciento esta tasa.

   Desde que se supo de esta bajada de la tasa de reposición para el cuerpo de profesores, el cruce de declaraciones entre el Gobierno central y andaluz a cuenta de las oposiciones ha sido continuo. Sin embargo, el momento más tenso se vivió cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió cambiar los temarios previstos para este 2012 y restauró, en su gran mayoría, los de 1993. Una decisión que no gustó a la Administración andaluza al entender que era una manera de presionarla para que, como hicieron otras comunidades autónomas, desistiera en su deseo de convocar oferta de empleo público docente.

   Así, y pese a que los titulares de los Ministerios de Educación y Hacienda han dicho que la impugnación de las oposiciones andaluzas "no está sobre la mesa" y que mantienen un "diálogo abierto" con la Junta, lo cierto es que tampoco han negado tajantemente esa posibilidad. Ni siquiera después de que los responsables de la Administración autonómica y los sindicatos le hayan pedido por activa y por pasiva que "aclaren" y "digan ya" qué van a hacer con las mismas para evitar la incertidumbre de los opositores.

   Es por ello por lo que Álvarez de la Chica insiste en que el PP "ha tenido tiempo ya" --desde que el 27 de diciembre Andalucía aprobara su oferta de empleo público docente y desde que el 22 de febrero publicase en BOJA la convocatoria-- para "leer con detalle" la misma y decidir si cumple o no con la tasa de reposición de los PGE de 2011.

   Y recalca: "Yo no le voy a pedir explicaciones como responsable político al Gobierno. Le voy a pedir que dé explicaciones a los opositores. Es decir, que si las van a recurrir, ¿por qué han necesitado tanto tiempo?, ¿qué necesitaban leer con tanto detalle?, ¿por qué no han tomado la decisión antes? Espero, sinceramente, que miren a los ojos de los más de 33.000 opositores (inscritos en las pruebas) en vez de mirar las siglas del partido que gobierna en Andalucía, a ver si con eso se les ablandan los sentimientos".

   Sobre todo, según recuerda el titular andaluz de Educación en funciones, porque lo que le "preocupa" es que "este Gobierno dice todo lo contrario de lo que después hace". "Yo espero y deseo que no las recurran, pero viendo que han dicho que no iban a recortar en políticas sociales ni educación y han hecho exactamente todo lo contrario, ¿por qué no va a caber esa posibilidad?", se pregunta.

   Con esa posibilidad en el aire, lo que la Junta de Andalucía tiene claro en este asunto es que "el Ministerio no es el que para las oposiciones, sino que las para, en su caso, un juez y habrá que ver a quién le da la razón el juez". Se refería así Álvarez de la Chica a que, en caso de que Hacienda recurra en los tribunales las oposiciones, tendrá que ser el juez el que finalmente tome una decisión al respecto. "La decisión no está en manos del Gobierno. Recurrirlas sí, pero decidir un juez", concluye.

Las CCAA con menos PIB son las que más gastan por habitante en medicamentos

MADRID.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) asegura que las comunidades con un Producto Interior Bruto (PIB) más bajo son las que tienen un mayor coste por habitante en medicamentos, según se desprende de los últimos datos de un estudio del Observatorio del Medicamento de esta entidad.

   En dicha investigación se ha analizado la relación entre el PIB per cápita y el coste per cápita en medicamentos a lo largo de 2011, tomando como referencia los datos sobre el PIB nominal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Como media, el gasto en medicamentos y productos sanitarios representa el 1,01 por ciento del PIB per cápita, siendo Extremadura (1,84%), Galicia (1,41%) y Castilla-La Mancha (1,37%) las comunidades con un porcentaje mayor.

   En cambio, en País Vasco (0,78%), Baleares (0,75%) y Madrid (0,61%) el consumo de medicamentos representa un menor porcentaje del PIB.

   Para FEFE, "las diferencias entre unas comunidades y otras son notables", ya que entre la primera, que es Extremadura, y Madrid, que es la que presenta un menor porcentaje, hay una proporción de tres a uno.

   Además, y si se compara con el PIB per cápita de las comunidades, se observa que las regiones con el índice más bajo son las que tienen un mayor coste "per cápita" en medicamentos.

   Y es que, Extremadura, que es la comunidad con el PIB más bajo, es la que más porcentaje del mismo destina a la prestación farmacéutica; mientras que Castilla-La Mancha o Murcia ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente en las tablas de comunidades con menos PIB y más porcentaje destinado a medicamentos.

   Por contra, las comunidades con el PIB per cápita más alto, País Vasco, Navarra y Madrid, están entre las cuatro comunidades con el porcentaje destinado a fármacos más bajo.

   En otro sentido, en este Observatorio también se ha llevado a cabo un estudio demográfico por comunidades que comprende desde 2003 a 2011, en el que se ha podido comprobar aquellas que presentan un mayor y menor crecimiento poblacional.

   Sin embargo, han observado que el consumo de medicamentos a través de recetas no parece tener ninguna relación con los mayores crecimientos de la población.

  Esto se puede comprobar en el gasto per cápita, que presenta un mayor crecimiento en las comunidades en las que la población ha crecido menos. Así, Baleares es la comunidad que tienen un mayor aumento de población y un menor gasto per cápita.

   Por otro lado, y en cuanto a los datos mensuales del gasto, FEFE advierte de que en febrero el número de recetas alcanzó una cifra de 82 millones, lo que representa un aumento del 2,27 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 80,2 millones.

   El gasto disminuye un 6,77 por ciento, y el gasto medio por receta disminuye un 8,84 por ciento.

   En lo que respecta al acumulado del gasto en recetas en los meses de enero y febrero de 2012, y en comparación con los mismos meses del año anterior, se observa un incremento del 1,5 por ciento en el número de recetas, un descenso del gasto de 7,10 por ciento y un descenso del gasto medio por receta del 8,15 por ciento.

Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales

QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.

El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.

Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.

La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".

Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".

"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.

Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.

"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.

El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.

La ocupación hotelera en Andalucía se sitúa por debajo del 70% debido al mal tiempo

SEVILLA.- La media ponderada de ocupación hotelera en el conjunto de Andalucía a lo largo de esta Semana Santa se ha situado, entre las jornadas del Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, los de más afluencia de turistas, "por debajo del 70 por ciento", según las cifras que maneja y ha dado a conocer el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, José Manuel Ledesma.

Este porcentaje es inferior al que se registró en 2011, un descenso que Ledesma ha achacado fundamentalmente a las malas condiciones meteorológicas que han marcado estas jornadas festivas en las provincias andaluzas.

Además, ha explicado que el mal tiempo reinante ha motivado también un repunte de la ocupación hotelera en ciudades destinatarias de turismo interior y de naturaleza, como Úbeda y Baeza (Jaén), o la propia capital jiennense, en detrimento del previsto para los destinos de sol y playa, que han recibido así menos turistas de los que se esperaba en un principio.

No obstante, el representante del sector hotelero andaluz ha matizado que no se han producido variaciones significativas respecto a las previsiones iniciales de ocupación, ya que "lo que han ganado las ciudades de interior con las reservas de última hora lo han perdido los destinos de sol y playa", lo que ha provocado que esas oscilaciones imprevistas no hayan alterado sustancialmente el porcentaje final de ocupación hotelera.

Según ha explicado Ledesma, el repunte del turismo de interior y de naturaleza es resultado de la costumbre de reservar a última hora y del mal tiempo, ya que las adversas condiciones meteorológicas han invitado a los turistas que aún no habían decidido su destino pero que se decantaban por las localidades costeras, a cambiar finalmente sus planes y optar por ciudades de interior.

Como consecuencia de ello, la ocupación hotelera en las localidades de la Costa del Sol ha sido inferior a la prevista, en palabras del presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, que ha matizado que no ha sido así, pese a ello, en el caso de la capital malagueña, donde se esperaba una media de ocupación aproximada del 73 por ciento en las jornadas señaladas, y que ha registrado "un buen comportamiento" en ese sentido.

El caso contrario ha sido el protagonizado por Jaén, donde el sector turístico auguraba unos datos "catastróficos" de ocupación hotelera, con unas previsiones del 30 por ciento entre el Lunes y el Miércoles Santo, y del 55 por ciento a partir del Jueves Santo, que finalmente no han llegado a estos extremos y han sido superiores.

Al margen del mal tiempo, Ledesma ha citado, "obviamente", a la crisis económica como otro factor que explica el descenso de ocupación hotelera registrada en Andalucía en esta Semana Santa, ya que propicia, fundamentalmente, "una caída en picado del turismo nacional".

Además, el representante de los hoteleros andaluces ha vuelto a remarcar que todos estos datos hacen referencia a la segunda parte de la Semana Santa, la que discurre entre las jornadas del Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, porque "de la primera --la que se extendería entre el Lunes y el Miércoles Santo--, mejor no hablar", ha apuntado Ledesma en referencia a los "malos datos" de ocupación hotelera de esas fechas.

Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, aunque ha recordado que habitualmente los datos de ocupación de la Semana Santa suelen tomarse como referencia de lo que ocurrirá en la época estival, ha querido lanzar un mensaje de "optimismo", ya que se ha mostrado esperanzado en que, dado que atribuye el descenso de la ocupación hotelera esencialmente al mal tiempo, piensa, "o quiere pensar", que en el verano no se producirá algo similar porque previsiblemente no se dará esa circunstancia.

"Ya se verá finalmente si había motivos para el optimismo, pero al menos el sector quiere cree que el verano será mejor que la Semana Santa en lo que a ocupación hotelera se refiere", ha concluido Ledesma.

Valderas cree que el programa de IULV-CA va "más allá" de las propuestas de PSOE-A

SEVILLA.- El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha señalado este domingo que el documento difundido este sábado por el PSOE-A en el que los socialistas andaluces detallan sus prioridades de cara al futuro gobierno de la comunidad contiene "algunos puntos coincidentes" con el programa y el contrato de 'garantía programática' que firmó ante notario en la pasada campaña electoral, si bien ha remarcado que éste, que incluye un decálogo de planes, va "claramente más allá" del de los socialistas.

   No obstante, Valderas ha limitado el valor del documento de los socialistas al de "un documento de trabajo que las organizaciones políticas que estamos dialogando ponen encima de la mesa, no más", de forma que, según ha subrayado, serán los componentes de las comisiones negociadoras de PSOE-A e IULV-CA las que "valoren ambos documentos y empiecen a trabajar sobre esas propuestas".

   Frente a los socialistas, que en su documento 'Prioridades para el gobierno y la estabilidad de Andalucía', se marcan como una prioridad la garantía de la gobernabilidad de la comunidad para los próximos cuatro años, el líder de la federación de izquierdas se ha referido a "la defensa del Estatuto de Autonomía y de los servicios públicos", así como a "la creación de empleo" como "objetivos centrales y fundamentales" para su formación.

   "Lo importante son las políticas y saber en qué se van a beneficiar los andaluces en este nuevo tiempo político", ha añadido Valderas en esta línea, quien ha subrayado que, "por tanto, las palabras tienen que estar cargadas de contenido" y, "sobre todo", tienen que desarrollarse "políticas que se comprometan ante los ciudadanos".

   Igualmente, el coordinador general de IULV-CA ha indicado que la alusión que el documento del PSOE-A hace a la corrupción, definida como "aspecto inaceptable de la vida pública", es "de cajón". En este sentido, ha subrayado la necesidad que, a su juicio, existe en Andalucía de impulsar "una regeneración institucional, poner fin de raíz a cualquier aspecto de corrupción y prestigiar la vida política".

   Se trata de elementos, según Valderas, que "ya están" en el contrato público que firmó ante notario con el pueblo andaluz, y que los socialistas "tienen desde el primer momento en que nos sentamos", si bien no ha querido ahondar más en su valoración del mismo ya que entiende que deben ser los componentes de la mesa de diálogo quienes lo "valoren y estudien".

   En cualquier caso, sí ha anticipado su convencimiento de que la semana que se inicia este lunes será "muy intensa" en materia de "reuniones y diálogos" entre ambas formaciones, de forma que prevé que ya "en los primeros días" de esta semana se produzca un nuevo contacto entre los socialistas y los miembros de su formación.

   Por otro lado, Valderas no ha querido opinar acerca de las propuestas lanzadas este jueves, en el transcurso de la asamblea de bases de IU que, organizada entre otros por el líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, se celebró en Paradas (Sevilla), para debatir acerca del papel que debe jugar la federación de izquierdas en este periodo político.

   Sin embargo, el líder de IU ha querido dejar claro que la dirección de la formación ha diseñado una "hoja de ruta" para este proceso, y ello marcará el camino a seguir. "Las cosas se harán tal como ha decidido la dirección", ha avisado para concluir.

   Como se recordará, los asistentes a dicha asamblea de bases --entre quienes figuraba el parlamentario electo por Sevilla y líder del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo-- acordaron rechazar la posibilidad de suscribir, por parte de IU, tanto un pacto de gobierno como un pacto de legislatura con el PSOE-A, de modo que se decantaron únicamente por apoyar una hipotética investidura del candidato socialista, José Antonio Griñán, pero sin abandonar la labor de oposición en el Parlamento andaluz, o por abstenerse en dicha sesión y dejar gobernar así a la lista más votada, en este caso, el PP-A.

Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *

Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.

Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.

La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.

En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).

De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)

Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.

(*) Abogada, profesora titular de Derecho en la Universidad de Murcia