martes, 26 de julio de 2011

Bruselas repartirá el jueves los 210 millones por las pérdidas del 'E.coli'

BRUSELAS.- La Comisión Europea informará este jueves, 28 de julio, a los Estados miembros sobre el reparto del fondo de 210 millones de euros que creó para compensar las pérdidas provocadas por la crisis del brote 'E.coli' a los agricultores más afectados, esto es, los productores de pepino, tomate, lechuga, calabacín y pimiento. España ha solicitado un total de 71 millones de euros.

   El Ejecutivo comunitario "acepta" todas las cifras presentadas por los gobiernos nacionales, después de pedir a tres Estados miembros, entre los que estaba Polonia pero no España, que revisaran y aclararan sus peticiones, por considerar que sus cálculos iniciales no estaban "justificados", según han informado fuentes comunitarias.
   Sin embargo, está por ver si el fondo creado para esta crisis es "suficiente" para responder a todas las demandas o si se repartirá bajo una clave de reducción proporcional, lo que se comunicará a los Estados miembros el jueves, en una reunión del comité de gestión competente. Los expertos también estudian si habría posibilidad de ampliar el fondo para satisfacer todas las demandas, si la suma de todas las peticiones supera el dinero disponible, han apuntado fuentes europeas.
   Bruselas cuenta con un fondo de 210 millones de euros creado específicamente para cubrir en torno al 50 por ciento de las pérdidas de los productores de cinco productos concretos, los considerados más dañados por la llamada 'crisis de los pepinos'.
   Los Estados miembros tuvieron hasta la semana pasada para notificar a Bruselas el valor de los daños de sus agricultores y el cálculo de las compensaciones solicitadas, pero el comisario responsable, Dacian Ciolos, pidió "aclaraciones" a tres países porque consideraba que no estaban justificadas sus peticiones.
   El Ejecutivo comunitario está "analizando las aclaraciones" e informará de su decisión al comité de gestión europeo competente el próximo jueves, según han indicado fuentes comunitarias.
   Una vez que la Comisión confirme la fórmula de reparto de las ayudas, los gobiernos podrán comenzar a pagar las compensaciones a sus agricultores y después serán reembolsados por el fondo comunitario.
   Por otra parte, el comité de gestión también examinará la situación del mercado del melocotón y la nectarina, dos productos para los que algunos Estados miembros, entre ellos España, han solicitado ayudas porque consideran que han sufrido "daños colaterales" por la crisis del 'E.coli'. Fuentes comunitarias han subrayado que se trata de un examen de la situación y que "no se esperan decisiones" sobre este punto al menos hasta la vuelta del verano.
   Ciolos se comprometió a estudiar un posible aumento del precio de referencia que la UE fija para retirar del mercado estas dos frutas en periodos de crisis porque no se ha revisado en más de quince años y los productores se quejan de que sus ganancias no cubren ni los costes de producción.

Las ejecuciones hipotecarias no vulneran derechos

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha concluido que la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas no vulnera los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y al derecho a una vivienda digna, según el auto dictado el pasado 19 de julio.

   El Pleno del Constitucional rechaza así la cuestión de inconstitucionalidad planteada en septiembre de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell, en la que reclamaba al tribunal que estudiara la necesidad de modificar la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, la llamada dación en pago.
   En el auto, el Constitucional concluye que carece de competencia para plantear un cambio al actual proceso de ejecución hipotecaria, ya que es "materia exclusiva" del Gobierno como organismo "legislador".
    Los magistrados consideran "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad y aluden a la doctrina establecida en la sentencia de 18 de diciembre de 1981, que avaló las limitaciones que tienen los hipotecados para evitar el embargo de su vivienda.
   La sentencia citada consideró que los afectados por un proceso de ejecución hipotecaria no quedan "indefensos" porque tiene la posibilidad de evitar el embargo pagando la deuda o reclamando al juez la apertura de un procedimiento declarativo para que resuelva la controversia entre las partes.
   El auto cuenta con un voto particular en contra -frente a 10 a favor- formulado por el magistrado Eugeni Gay. El magistrado considera que el tribunal no ha tenido en cuenta la actual "realidad social y jurídica" de España y considera necesario examinar la cuestión planteada desde el contexto económico actual.
   "En definitiva, los rasgos de la situación económica y financiera actual son radicalmente distintos a los que la caracterizaban a principios de los años ochenta y esta profunda transformación incide directamente en la esencia de las condiciones de cumplimiento de los compromisos hipotecarios adquiridos por los prestatarios", explica Gay.
   El magistrado destaca que en los últimos años los ciudadanos
contrataron hipotecas "sin poderse percatarse" de los riesgos que implicaba la operación debido a la "complejidad y opacidad" del sistema financiero, algo que "muy posiblemente" también desconocían las entidades de crédito prestadoras del dinero y beneficiarias de la garantía hipotecaria.
   En conclusión, Gay considera que las dos partes contratantes adolecieron de "errores sustanciales" al evaluar los riesgos de los préstamos hipotecarios, lo que dio lugar a que prestaran un consentimiento "imperfecto, cuando no completamente viciado".