Interior activa el Comité Estatal de Coordinación de Nevadas

 MADRID.- El Ministerio del Interior ha activado el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) de Nevadas, que se ha reunido en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias bajo la presidencia de la subsecretaria del departamento, Susana Crisóstomo, y que ha aprobado un protocolo para fortalecer la coordinación de distintos órganos de la Administración General del Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado para la campaña 2024/2025.

Además de aprobar este protocolo, el CECOD ha hecho balance de la campaña 2023/2024; la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado sobre la previsión meteorológica para la campaña 2024/2025, y los distintos organismos estatales asistentes han presentado los medios y recursos disponibles para una gestión eficaz de los temporales de frío y nieve que puedan producirse este invierno.

Por parte del Ministerio del Interior, además de la subsecretaria del departamento, ha asistido a la reunión la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que lo ha hecho de manera telemática al encontrase en Valencia en labores relacionadas con la dana de devastó varias comarcas de esa comunidad, así como distintos responsables de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico.

Además, han participado en el CECOD representantes del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno; de la Dirección General de Política de Defensa y de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa; de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la AEMET del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Consejo de Europa pide que España fije una indemnización por despido improcedente "disuasoria"

 ESTRASBURGO.-  El Consejo de Europa pide a España que fije un sistema de indemnización por despido improcedente que sea "disuasorio" para las empresas y que tenga en cuenta "el daño real" sufrido por los trabajadores, una vez que se ha considerado que el dispositivo actual no lo garantiza.

En una recomendación publicada este miércoles, el Comité de Ministros, órgano de decisión de los países miembros del Consejo de Europa, reclama una modificación de la legislación, de acuerdo con el Plan Político Anual de 2024.

Se trata de "garantizar que la indemnización concedida en casos de despido ilegal, y cualquier baremo utilizado para calcularla, tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales en su caso".

El objetivo es proteger a los trabajadores frente a este tipo de despidos improcedentes.

La recomendación del Comité de Ministros es consecuencia del dictamen emitido el 29 de julio por el Consejo Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que declaró irregular el sistema de indemnización por despido improcedente mediante un tope predeterminado, que en la práctica es casi insuperable.

El CEDS dio así razón a la Unión General de Trabajadores (UGT), que había presentado una demanda sobre esa cuestión en marzo de 2022, y consideró que España vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea, que se refiere al derecho a la protección frente al despido improcedente.

Ese artículo estipula que el trabajador tiene derecho a una indemnización "proporcional al perjuicio sufrido" y con un efecto "suficientemente disuasorio para la empresa".

La decisión del CEDS ha pasado ya a convertirse en jurisprudencia en España, lo que significa que los tribunales que tengan que dirimir en contenciosos sobre despidos improcedentes ya pueden utilizarla como base de sus dictámenes.

Es decir, que teóricamente pueden ir más allá de los límites de indemnización contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, y que hasta ahora sólo se ha sobrepasado en un único caso.

Esos límites actuales son de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 meses de salario a lo que se pueden añadir 15 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades para tener en cuenta las circunstancias concurrentes y los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular.

El Gobierno de Moreno Bonilla expropia 100.000 olivos en Jaén para construir megaplantas solares

 JAÉN.- El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha iniciado la expropiación forzosa de más de cien pequeñas propiedades agrícolas en tres municipios de Jaén (Arjona, Lopera y Marmolejo) que supone la pérdida de 100.000 olivos. El objetivo es la construcción de dos megaplantas fotovoltaicas, un proyecto que han declarado como de «utilidad pública», según revela https://gaceta.es.

Los afectados han expresado su disconformidad y total rechazo, alegando que «va a acabar con la economía local y de la comarca, base del sustento de muchas familias». 

No sólo han recurrido la expropiación, sino que organizan constantes acciones de protesta sin apenas cobertura mediática. «No interesa a los medios», señalan.

Es un conflicto que se extiende a otras zonas de España, en las que las expropiaciones chocan con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. De hecho, la zona afectada en Jaén, equivalente a cien campos de fútbol, fue propuesta para ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La sobreinstalación de placas solares, promovida y acelerada por las administraciones en manos del PP y del PSOE, están provocando una reducción de las superficies destinadas al cultivo. Los parques fotovoltaicos abarcan actualmente 50.000 hectáreas de tierra de cultivo, un 166% más que en 2016, y se espera que esta cifra se duplique en los próximos años.

También supone un cambio radical en el modelo productivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Frente al modelo agrícola, sector estratégico que emplea a más de 740.000 personas y garantiza la soberanía energética, las macroplantas de energías renovables apenas generan empleo.

Las consecuencias de esta situación son palpables en el día a día de los consumidores. Si la superficie cultivable se reduce, los olivos también lo hacen, lo que provoca la subida del precio del aceite independientemente de cómo sea la cosecha. En los últimos años el precio del aceite de oliva casi se ha triplicado.

El PP-A defiende subida en el canon del agua para realizar infraestructuras hidráulicas que den "seguridad"

 SEVILLA.-  El PP-A ha defendido este miércoles la presentación de una enmienda parcial al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2025 en la que se plantea una subida en el canon del agua, afirmando que es necesaria esa recaudación para realizar infraestructuras hidráulicas fundamentales en la comunidad y que, ante todo, den "seguridad" a los ciudadanos, tras los episodios que se han vivido de grandes inundaciones con las pasadas DANA. El PP-A ha estimado en 23,4 millones los ingresos por esa subida.

Así lo han manifestado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, y el portavoz del grupo en materia de presupuestos, Pablo Venzal.

"En estos momentos, la prioridad número uno se llama seguridad de los andaluces ante el cambio climático y entendemos que el esfuerzo que supone un aumento en el canon del agua se va a ver compensado con la seguridad que va a provocar en todos los andaluces tener terminadas las obras de infraestructura hidráulica que contribuyan a garantizar esa seguridad de todos", ha explicado Martín.

Tras señalar que Andalucía seguirá siendo "una de las cuatro comunidades de España donde menos impuestos se pagan", ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno quiere "priorizar" la seguridad de los andaluces ante todo, y "si eso supone un pequeño esfuerzo, en este caso fiscal, frente a tantas otras bajadas como hemos impulsado, pues lo vamos a hacer".

Por su parte, Pablo Venzal ha manifestado que el canon del agua es una "ingreso finalista", de manera que "todo lo que recaude la comunidad autónoma tiene que ir íntegramente a inversiones en agua". Ha señalado que tras la "multitud de actuaciones en estaciones depuradoras, canalizaciones o tratamientos de aguas potables" que se han llevado a cabo en los últimos años, el remanente existente por años de cobro del canon por parte de la Junta ha ido "aminorando".

Asimismo, se ha referido a la circunstancia de que el Gobierno central "no mueve ficha" en lo que respecta a la realización de las infraestructuras hidráulicas que le corresponde acometer en la comunidad.

Ha añadido a este respecto que si el Estado hiciera sus "deberes", en un futuro se podría plantear una modificación del canon. "Pero se hace necesario más que nunca, después de lo que está ocurriendo, que movamos fichas en depuración, en saneamiento, en abastecimiento y en aseguramiento de infraestructuras", ha indicado Venzal, justificando el aumento del canon del agua, que será "variable" según los contratos.

"Hay una parte fija y una parte variable, y estimamos que al dividir entre todos los millones de contratos, supondrían unos 23.400.000 euros", ha indicado sobre el incremento en el canon del agua.

Por otro lado, Venzal se ha referido a la enmienda parcial que conlleva la recuperación del impuesto de patrimonio en Andalucía tras la decisión del Gobierno central sobre el impuesto a las grandes fortunas. 

 "Volvemos a instaurarlo mientras esté el impuesto de las grandes fortunas vigente para que los andaluces que lo paguen lo paguen en las arcas andaluza porque formaba parte de la cesta de los tributos cedidos a las comunidades", ha indicado el diputado popular, quien ha aludido a la decisión en su día de la Junta sobre la bonificación del impuesto de patrimonio.

Por su parte, Toni Martín ha denunciado la "jugarreta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de inventarse un impuesto (a las grandes fortunas) para que Juanma Moreno no le pueda bajar o bonificar a los andaluces el impuesto de patrimonio".

CCOO y UGT exigen el pago de retribuciones al personal de las universidades públicas andaluzas

 SEVILLA.- Los sindicatos CCOO-A y UGT-A se han manifestado este miércoles con motivo de las retribuciones del personal de las universidades públicas andaluzas. Asimismo, han asegurado que la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación "no ha contemplado en el próximo presupuesto, ni transferido la financiación necesaria para el cumplimiento del Acuerdo sobre Complementos Autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI)". Además, han anunciado nuevas protestas "si sigue el incumplimiento".

Además, tal y como han detallado las organizaciones sindicales en una nota de prensa conjunta, "tampoco" han recogido "la puesta en marcha de la Carrera Horizontal para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) en todas las Universidades Públicas de Andalucía (Uuppaa), así como el pago de los trienios del PTGAS Funcionario y del PDI Funcionario y Laboral".

De este modo, han aclarado que dicho acuerdo fue firmado por todas las partes de la Mesa, en las que está la Consejería, la rectora y los rectores de las UUPPAA, CCOO-A, UGT-A y CSIF-A.

Por primera vez, "el acuerdo contiene una adenda económica, firmada por el Consejero, donde la Consejería se comprometía a inyectar en el SUPA una financiación en Capítulo I para cumplir con los acuerdos". 

Concretamente, 20 millones de euros para el PDI y de 5,9 millones de euros anuales, adicionales y acumulativos para el PTGAS hasta 2027, respecto al reparto que ya se había realizado en el CAU de 22 de mayo de este mismo año.

Los sindicatos han criticado que "esa financiación no ha llegado a las Uuppaa", y que esto ha supuesto "un incumplimiento flagrante del acuerdo firmado". 

A su vez, han insistido en que La Junta y las Uuppaa "tienen que cumplir con lo pactado", el Gobierno andaluz "realizando la correspondiente transferencia" y en cuanto a las Uuppaa "abonando los Complementos Autonómicos del PDI y la Carrera Horizontal del Ptgas".

Por otro lado, el 14 de diciembre de 2023, han asegurado que entró en vigor la Ley de la Función Pública de Andalucía, y "a las fechas en las que estamos aún no se ha aplicado el pago de los trienios a las plantillas".

Así, han aclarado que el artículo 65 de la LFPA "afecta a todo el personal funcionario" e indirectamente al PDI Laboral por el art. 44.1 de su Convenio Colectivo. Las Universidades "aducen nuevamente que la Consejería no les ha realizado la correspondiente transferencia de financiación".

También han reclamado "la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de Quinquenios y Sexenios del PDI Laboral Temporal en toda su extensión, para terminar con la discriminación que viene sufriendo ese colectivo". Y, han incidido en que "la Junta debe financiar todas estas partidas de Capítulo I, ya que si no lo hace estaría incumpliendo flagrantemente el Modelo de Financiación".

Asimismo, los sindicatos han declarado que "no se ha transferido la cantidad de 16,8 millones de la partida de nivelación del Modelo ni tampoco la cantidad de 7,5 millones del 0,5% de subida salarial de 2023".

De este modo, han exigido a las Uuppaa que "denuncien de manera contundente y por todas las vías este incumplimiento del Modelo", porque a su parecer "ya está suponiendo la paralización de convocatorias de OPE en varias universidades".

CCOO Almería recuerda que se mantiene la huelga en el transporte de viajeros para los días 28 y 29 de noviembre

 ALMERÍA.- El Sindicato Provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) en Almería ha informado que se mantiene la convocatoria de huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera en todo el territorio nacional para los próximos 28 y 29 de noviembre. Esta decisión se produce tras la firma de un acuerdo entre UGT y la patronal Confebus, que la FSC-CCOO considera insuficiente y carente de garantías efectivas.

El principal motivo de la huelga es la exigencia de aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores de autobús, reconociendo la penosidad y peligrosidad inherentes a su trabajo. 

El sindicato critica que el acuerdo alcanzado no establece una fecha concreta para la presentación de la solicitud de estos coeficientes, sino que la supedita a la aprobación de un futuro Real Decreto cuya tramitación y aprobación podrían dilatarse en el tiempo.

Según la organización sindical, confiar en la aprobación de un nuevo Real Decreto implica depender de un proceso legislativo incierto, sujeto a posibles enmiendas y a la necesidad de una mayoría parlamentaria para su convalidación. 

Dada la actual composición política y precedentes como la votación de la reforma laboral, consideran que esta vía no ofrece las garantías necesarias para asegurar la aplicación de los coeficientes reductores en un plazo razonable.

En este sentido, recuerden que ya existe un Real Decreto de 2011 en vigor que permite tramitar la solicitud de estos coeficientes, y que otros colectivos, como los bomberos forestales, han logrado recientemente su aplicación sin esperar a nuevas normativas. 

Por ello, la FSC-CCOO insiste en la necesidad de acordar una fecha concreta y próxima para la presentación de la solicitud, evitando así demoras que perjudiquen a los trabajadores del sector.

Además, alertan de que la espera de un nuevo Real Decreto podría conllevar mayores exigencias y filtros adicionales, como la creación de mesas técnicas o comisiones de evaluación, que podrían retrasar aún más la consecución de la jubilación anticipada. 

Temen que la patronal utilice estas instancias para dilatar el proceso y obtener coeficientes reductores menos favorables para los trabajadores.

Por todo ello, el sindicato reitera la necesidad de alcanzar un acuerdo que no perjudique a las aspiraciones de este colectivo con respecto a otras áreas que ya han avanzado en este proceso.

Argelia acusa al escritor franco argelino Boualem Sansal de "socavar la integridad" del Estado

 ARGEL/PARÍS.- Las autoridades de Argelia han acusado al escritor franco argelino Boualem Sansal, detenido en el aeropuerto de Argel a su regreso de Francia, de "socavar la integridad del territorio nacional" tras realizar unos polémicos comentarios sobre la colonización del país.

La Fiscalía Antiterrorista de Argel interrogó al escritor antes de que fuera detenido el pasado 16 de noviembre en el aeropuerto por miembros de la Dirección General de Seguridad Interior de Argelia (DGSI) y fuera puesto en prisión preventiva.

"Se encuentra bien de salud. Ha apelado su orden de detención", ha explicado una fuente judicial sobre Sansal, que permanece encarcelado en la prisión de Koléa, al oeste de la capital, Argel, según ha recogido el diario francés 'Le Monde'.

Sansal ha sido acusado en virtud del artículo 87 del Código Penal, que comprende "actos terroristas o subversivos contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y la estabilidad y el normal funcionamiento de las instituciones", por lo que el escritor se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua.

Su detención, envuelta en un halo de secretismo, fue confirmada de forma indirecta por la agencia de noticias estatal APS, que calificó en un artículo al escritor de "pseudointelectual venerado por la extrema derecha francesa", si bien ni el Gobierno argelino ni el francés se han pronunciado al respecto.

La ministra delegada encargada de los franceses en el exterior, Sophie Primas, ha asegurado este martes ante la Asamblea Nacional al ser preguntada por el caso que "la diplomacia necesita discreción para actuar". 

"En este momento, no puedo decirles más", ha agregado.

Sansal alerta en una de sus novelas, '2084. El fin del mundo', sobre los peligros del islamismo poniendo como ejemplo el imaginado imperio del Abistan, donde un régimen totalitario tiene como emblemas la sumisión a un dios único y la amnesia colectiva.

Las relaciones entre Argelia y Francia no pasan por buen momento desde que París reconociera la soberanía marroquí del territorio del Sáhara Occidental, un paso que llevó incluso a que Argel rebajara las relaciones diplomáticas al nivel de encargado de negocios y retirara a su embajador en represalia.

Mohamed VI agradece a Panamá que rompa con la República Saharaui y aboga por estrechar lazos

 RABAT.- El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha trasladado sus "sinceros agradecimientos" al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, después de que su Gobierno haya roto relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), una "sabia decisión" que espera abra "una nueva página" en las relaciones bilaterales con el país centroamericano.

El monarca marroquí considera que el Gobierno panameño refuerza con su decisión los "derechos legítimos" de Marruecos. A su juicio, implica respetar "la legalidad internacional" y suma a Panamá a la "dinámica mundial actual", unos términos en los que Rabat inscribe también los giros políticos de España y Francia sobre el Sáhara Occidental.

Mohamed VI ve "una auténtica voluntad de reforzar los vínculos de amistad y cooperación con Panamá en todos los ámbitos", como consta en una carta remitida a Mulino y recogida por la agencia de noticias oficial MAP.

El Gobierno panameño anunció la semana pasada que suspendía las relaciones con la RASD, pese a que precisamente Panamá se convirtió en 1978 en el primer país de América Latina en reconocer la administración constituida por el Frente Polisario. En 2013, el entonces presidente, Ricardo Martinelli, congeló relaciones, aunque éstas se reanudaron en 2015, durante el mandato de Juan Carlos Varela.

En su nota, el Ministerio de Exteriores apela a "las normas aplicables del Derecho Internacional" para justificar la medida, y reafirma el "compromiso con el diálogo y la cooperación multilateral, en plena observancia a una política exterior constructiva y orientada a fortalecer la paz y la seguridad internacionales".

El Gobierno panameño también ha reiterado su apoyo a la labor de la ONU para lograr una solución "pacífica, justa, duradera y aceptable" para todas las partes a la disputa territorial por el Sáhara Occidental.