miércoles, 20 de junio de 2012

Elsur presenta un nuevo ERE sobre 143 personas, el 40% de su plantilla de servicios municipales en El Ejido

EL EJIDO.- La empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido, ha presentado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo sobre 143 empleados, lo que supone un 40 por ciento de la plantilla actual de esta empresa participada en su mayoría por el socio privado Agua y Gestión, y en un 30 por ciento por el propio Ayuntamiento de El Ejido. 

   Fuentes sindicales de CCOO y del propio comité de empresa han confirmado hoy la intención de poner en marcha este nuevo ERE que ha sido registrado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, ya que la empresa se encuentra en concurso de acreedores voluntario desde el 5 de julio del pasado año dado su estado de insolvencia, que achaca principalmente a una deuda con el Ayuntamiento ejidense de alrededor de 80 millones de euros, es decir, casi un 80 por ciento de su activo.
   El expediente, que se ha trasladado a última hora de la mañana a las partes implicadas en formato físico distribuido en dos grandes volúmenes, está planteado para reducir el número de trabajadores según el sector y cargo sin proponer nombres concretos. Así, según un primer análisis, estaría basado principalmente en la falta de recursos derivados de la disminución del canon de 12 millones de euros aprobado para este ejercicio por parte del Ayuntamiento de El Ejido así como de otras fuentes de financiación para la empresa.
   Elsur, que según el último sondeo cuenta con 358 trabajadores, constituye además el epicentro de la supuesta trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente', en la que se indagan supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la hacienda pública; lo que ha dado lugar a medidas como el bloqueo del pago de deudas a través del plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno, entre otras.
   Con esto, el Juzgado de lo Mercantil deberá ahora dirimir los términos del expediente y determinar si incluye o no el mismo en el concurso de acreedores. Por su parte, el comité de empresa de Elsur, cuya mayoría es ostentada por los representantes sindicales de CGT y USO, se reunirá este jueves para dar a conocer a los empleados los pormenores del ERE y contemplar en este sentido qué actuaciones pueden desprenderse de esta acción.
   La empresa mixta, que asumió a los trabajadores de todas las subcontratas que poseía y que llegó a tener hasta casi medio millar de empleados después de que un juez de lo Social confirmara que se había producido una subrogación ilegal de trabajadores, ya había estudiado en sus órganos la posibilidad de ejecutar un nuevo ERE ante sus posibilidades económicas, si bien ya había sometido a la plantilla a un ERE rotativo y suspensorio durante 18 meses.
   Igualmente, la empresa ya intentó presentar a principios de abril del pasado año un ERE extintivo sobre 156 empleados con una indeminización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, y que contemplaba la reducción de hasta el 56 por ciento de la plantilla en algunas de sus áreas, como la de jardines, entre otros aspectos. No obstante, este ERE fue archivado por la Junta --aún con competencias sobre el proceso-- ante un defecto de forma a la hora de nombrar al interlocutor de dicho expediente.
   En cualquier caso, la amenaza de ERE sobre Elsur ha sido constante durante el último año, ya que incluso el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), trasladó al inversor privado de la empresa mixta de servicios municipales Elsur una propuesta sobre 105 personas y que se mostraba como alternativa al que la mercantil presentó con anterioridad ante el juzgado, que contemplaba 155 despidos.
   Asimismo, el expediente de regulación de empleo extintivo ha sido uno de los asuntos planteados en los distintos consejos de administración de Elsur en los últimos meses, si bien el alcalde y también presidente del citado consejo recientemente se ha mostrado contrario a que se active un ERE en Elsur, pese a reconocer que el canon destinado este año por el Ayuntamiento al servicio es de 12 millones de euros "pensando en el nivel de los servicios que realmente podemos pagar", según se refirió.
   En relación a la empresa, Góngora adelantó este martes que el Ayuntamiento va a contratar en las próximas semanas una asistencia técnica para revisar "determinadas partidas" con las que se financiaron obras realizadas por la empresa mixta de servicios municipales, Elsur principalmente fuera de canon y con facilidad para su constatación.

Miles de andaluces se manifiestan contra los "recortes" del Gobierno

SEVILLA.- Miles de andaluces, unos 56.000, según los sindicatos UGT y CCOO,  y unos 16.600, según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, se han manifestado este tarde de miércoles en todas las capitales andaluzas para "defender sus derechos y mostrar la respuesta contundente que se merecen las políticas, recortes y agresiones del Gobierno central, rechazando esas agresiones".

   CCOO y UGT pretenden que en esta convocatoria, efectuada a nivel nacional bajo el lema 'No te calles. Defiende tus derechos', los andaluces "tomen las calles" y rechacen "la extorsión económica y la especulación financiera, se opongan a la opción ideológica de la derecha político-económica que nos está arruinando", además de seguir "mostrándose en contra de la reforma laboral y de los recortes de la Junta de Andalucía".
   En Andalucía, todas las manifestaciones han empezado en torno a las 20,00 horas y han salido, en el caso de Almería, de Puerta Purchena, donde, según los sindicatos, se han concentrado 4.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno lo cifra en 1.000 personas; de la Plaza Asdrúbal en el caso de Cádiz, con 8.000 asistentes según las centrales y 2.500 según el Gobierno; de la Glorieta Cruz Roja de Córdoba, con 5.000 asistentes según los sindicatos, en unos datos coincidentes con los de la Delegación del Gobierno.
   En Granada salieron de la Plaza del Triunfo, con 9.000 participantes, según los sindicatos, y 2.000, según el Gobierno; en Huelva, de la fuente de los Bomberos, con 7.000 personas asistentes, según sindicatos, y 800 personas, según el Gobierno; en Jaén, de la Plaza de las Batallas, con 4.000 personas, según las centrales sindicales y 800 según el Gobierno; en Málaga, unas 9.000 personas salieron de la Alameda de Colón según los sindicatos y 1.000 según la Delegación del Gobierno en Andalucía; y en Sevilla la manifestación ha salido de la Puerta de Jerez, con 10.000 asistentes, según los sindicatos, y 3.500 según la Delegación del Gobierno en Andalucía.
   Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Manuel Pastrana, han participado ambos en la manifestación de Sevilla y consideran que "los recortes en las comunidades autónomas y su afectación a los trabajadores son un exponente más de esta política económica que hay que cargarse, y hay que hacerlo desde la movilización ciudadana".
   El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha vuelto a insistir en que a estas concentraciones están llamados todos los ciudadanos y, en concreto, todos los empleados públicos de la Junta, para mostrar su rechazo contra las políticas de recortes del Gobierno central y contra el Plan de ajustes de la Junta de Andalucía.
   Asimismo, Pastrana, quien ha participado en la protesta de Sevilla junto a Francisco Carbonero, ha advertido de que el sindicato no va a asumir ni recortes ni despidos ni disminución en los derechos.
   Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha asegurado que "hay razones más que sobradas para que la gente salga a la calle a rechazar las políticas de recortes impuestas desde Europa y rechace la reforma laboral, que está empobreciendo a la gente".
   Tras pedirle a Rajoy que "no mienta más", Carbonero ha reiterado su llamamiento a la movilización, de forma que se muestra seguro de que "si los gobiernos persisten en esta política, al final saldrán" y ha advertido de que, en el caso de España, "Rajoy no llegará a la próxima legislatura si mantiene estas políticas".

Sindicatos y entidades pactan las condiciones de Cajas Rurales Unidas, que incluye un plan de prejubilaciones

ALMERÍA.-   La dirección y las organizaciones sindicales de Cajamar Caja Rural y de Ruralcaja han alcanzado y firmado este miércoles el preacuerdo laboral de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, que será rubricado formalmente la próxima semana y que contempla un plan de prejubilaciones al que podrán acogerse los empleados de todos los centros de trabajo de la entidad que cumplan 55 años en 2012, o los empleados de Cajamar o Ruralcaja en la Comunitat Valenciana que cumplan 54 ó 53 años en 2012.

   En ambos casos los empleados que se acojan a la prejubilación deberán contar con una antigüedad mayor o igual a seis años. Se trata de una medida que afecta a un número potencial de aproximadamente 550 empleados y que tiene especial significación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, según informa Cajamar en un comunicado.
   Quienes decidan acogerse a este plan de prejubilaciones recibirán una renta mensual equivalentes al 95 por ciento del salario neto fijo percibido en el último año, que será revalorizable al 1,5 por ciento anual hasta los 64 años. En materia de pensiones además de una aportación extraordinaria para la jubilación, en función de la antigüedad, se garantiza el aseguramiento de las contingencias de riesgo --fallecimiento o incapacidad, entre otros-- durante el periodo de prejubilación.
   La reestructuración de plantilla contempla también que, en materia de movilidad geográfica, los empleados que deban ser trasladados de oficina recibirán complementos durante los primeros años de desplazamiento, y si la distancia fuera de más cien kilómetros percibirán también una ayuda para vivienda de 600 euros mensuales durante los dos primeros años del traslado y un complemento por desplazamiento de 360 euros mensuales durante los cinco primeros años del traslado.
   Respecto a la homologación de condiciones laborales y económicas es especialmente significativo el planteamiento en la homologación del plan de pensiones al introducir una financiación progresiva que mejora la financiación para los colectivos de más antigüedad en los años previos a la jubilación.
   En general, las entidades aseguran que "se armonizarán las condiciones laborales, manteniendo sustancialmente los derechos de ambas plantillas". A partir del mismo momento en que la fusión sea efectiva quedarán homogeneizadas la jornada y horario, ayudas de estudios y medidas de conciliación de la plantilla, con lo que progresivamente se acometerán la "armonización" de los sistemas de retribución, las clasificaciones profesionales, el plan de pensiones, el complemento 2009 o la bolsa de vacaciones.
   Por parte de Cajamar, el documento ha sido firmado por los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO., UGT y CGT, Matías Iglesias Casquero, José Martínez García y Antonino López López, respectivamente; así como por el director de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez Jurado. Por parte de Ruralcaja lo han suscrito los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO. y UGT, César Cabrera Bellés y Luis Tortajada Pastor, así como el director del Área de Medios, Felipe Aguado Hernández.
   Para el director de Recursos Humanos de Cajamar Caja Rural, Javier Rodríguez, y el director de Medios de Ruralcaja, Felipe Aguado, el preacuerdo supone "una buena solución que genera expectativas a medio y largo plazo" ya que es una "solución no traumática" a la reestructuración de la plantilla, que supone un "importante sacrificio" puesto que "nos vemos obligados a prescindir de un talento muy valioso para la caja".
   Así, consideran que las bases del marco laboral para Cajas Rurales Unidas "respetan de forma general" las condiciones actuales de ambas plantillas, "generando expectativas de mejora en el medio y largo plazo". Por su parte, los agentes sindicales han valorado este acuerdo que supone "estabilidad" en el empleo" y "continuidad" en las condiciones sociales y económicas" para la plantilla.
   "Este preacuerdo prevé la salida ordenada de alrededor de unas 550 personas en toda España, si bien estas salidas se darán principalmente en la Comunidad Valenciana, Málaga y Almería, y asegura el mantenimiento de los puestos de trabajo", según señalan desde los sindicatos que han participado en la negociación.

La Junta comparte con Chamizo que "no es momento de peleas gratuitas"

SEVILLA.-   La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado "bueno" el llamamiento "al consenso y el diálogo" entre los partidos realizado por el Defensor del Pueblo en funciones, José Chamizo, y ha defendido que "hay que pensar que hay miles de familias que lo están pasando mal y no es el momento de peleas gratuitas".

   Díaz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, al ser preguntada por la intervención de Chamizo en comisión parlamentaria en la que instó a los diputados "a resolver los problemas del personal" y dejar de lado "la pelea" política porque "la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes".
   "El Defensor del Pueblo es un hombre didáctico y lo explica en un lenguaje en el que se le entiende perfectamente, pero eso es lo que manifestamos los socialistas hace tiempo cuando llamábamos al consenso, al acuerdo y a pensar en los intereses de los ciudadanos por encima del interés de los partidos políticos", ha asegurado la titular de Presidencia, que se ha mostrado convencida de que "en estos momentos hay que preservar el valor de este país y pensar que hay miles de familias que lo están pasando mal y no es momento de peleas gratuitas".
   Tras subrayar que cuando el PSOE planteó "un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos y entre el Gobierno y las administraciones nos referíamos a eso", Díaz ha considerado "bueno que el conjunto de los representantes públicos, porque el Defensor del Pueblo también es un órgano de extracción parlamentaria, llamen al consenso y el diálogo". "Lo ha hecho de una manera muy didáctica en el que se le ha entendido todo, pero es algo que Griñán llamó a ese diálogo y consenso que hoy los ciudadanos nos demandan", ha concluido.

Personal docente e investigador de la UAL cree que la no renovación de asociados hará "peligrar" otros recursos

ALMERÍA.- La Junta de Personal Docente e Invetigador (PDI) de la Universidad de Almería (UAL) ha alertado de que el ahorro que el institución académica pretende aplicar con la no renovación de profesores asociados de cara al próximo curso hará "peligrar" los "retornos" que la universidad ha obtenido a través de ellos con el sector productivo de la provincia, como contratos de investigación o prácticas en empresas. 

   Según informa en una nota el representante de dicha junta, el catedrático de Matemática Aplicada José Antonio Rodríguez Lallena, el ahorro --estimado en 300.000 euros-- que pueda tener la UAL en la contratación de profesores asociados "no es tan grande" si se tienen en cuenta los beneficios que obtiene la UAL en otros términos.
   En este sentido, ha ensalzado el papel de los profesores asociados quienes "tienen una larga trayectoria docente e investigadora" y que "han contribuido al prestigio" de la UAL, a la vez que "llevan a cabo su docencia con generosidad", puesto que sus retribuciones oscilan entre los 200 y 500 euros mensuales. "En lugar de agradecer su papel, desde el equipo de gobierno se ha decidido suprimirlos sin dialogar con ellos ni con sus representantes", critica Rodríguez Lallena.
   Asimismo, ha señalado que la Junta de PDI ha reclamado en varias ocasiones durante el último año que la UAL elaborara e hiciera público un plan de austeridad, para que fuera discutido con los representantes de los trabajadores. "No hemos tenido respuesta en ningún caso", ha apuntado antes de indicar que se ha vuelto a pedir ante el anuncio de no renovación que afectaría a un centenar de profesores.
   Para el PDI, los profesores asociados "tienen un papel muy importante en la docencia" puesto que se trata de especialistas "de reconocida competencia que transmiten a los alumnos conocimientos y experiencia adquiridos en su vida profesional".
 "Su desaparición supondrá una pérdida en la calidad docente de la Universidad de Almería", advierten.

El Tribunal Supremo resuelve el día 4 los recursos de la promotora del hotel del Algarrobico por la Ley de Costas

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) someterá el día 4 de julio a votación y fallo los dos recursos que presentó la empresa promotora del hotel que se asienta en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, contra la resolución de la Audiencia Nacional (AN) que determinó que el inmueble viola la Ley de Costas al invadir de forma parcial la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

   Los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso que dirimirán si procede o no estimar los recursos interpuestos por Azata y Azata del Sol son los mismos que el pasado mes de marzo rechazaron la impugnación del Ayuntamiento de Carboneras al fallo de la AN y confirmaron que el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones se levanta en su mitad sobre los 100 metros de zona de servidumbre y que, por tanto, la orden ministerial de deslinde dictada en 2005 era conforme a derecho.
   Los tres casos, el resuelto y el que aún está por resolver, comparten, asimismo, ponente en el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, según han informado fuentes judiciales a Europa Press. Según la sentencia dictada el 21 de marzo, el Ayuntamiento debió "revisar" el Plan Parcial del sector ST-1 en el que se levanta el hotel para "ajustarlo a la anchura de la servidumbre de protección" que estipulaba la Ley de Costas ya que este se aprobó después de que esta entrase en vigor.
   La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la AN tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse el 4 de julio aún sobre las otras dos impugnaciones.
   La citada orden, firmada por la exministra del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
   Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
   En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carboneras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.

El Gobierno aprobará en semanas la norma contra la economía sumergida

MADRID.- El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal en las próximas semanas, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida y preguntas relacionadas con el IVA.

   "Existe esa economía sumergida y hay que combatirla y eso es el sentido de la regularización fiscal promovida por el Gobierno", ha señalado Montoro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que el Ejecutivo está siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la práctica de otros países desarrollados del entorno, entre ellos Italia, Alemania o Reino Unido.
   Durante su intervención, Montoro ha negado que el Gobierno haya puesto en marcha una 'amnistia fiscal' y ha precisado que se trata de una regularización fiscal, lo que va en paralelo con un proyecto de ley que dotará a la Agencia Tributaria de la mayor capacidad para luchar contra el fraude fiscal.
   "Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida, eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda Pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro pais", ha señalado.
   Montoro ha afirmado que, a diferencia del anterior Gobierno socialista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está acometiendo una serie de medidas para terminar con el fraude fiscal en un momento de caída de ingresos tributarios, algo que es "muy perjudicial" para sostener el Estado de Bienestar.