martes, 11 de agosto de 2009

Los consejos de Unicaja y Caja de Jaén prevén aprobar el jueves la propuesta de convenio de fusión

SEVILLA.- Unicaja y Caja de Jaén celebrarán el próximo jueves sendos consejos de administración para aprobar previsiblemente la propuesta de convenio de fusión entre ambas entidades, según informaron fuentes de dichas entidades.

Unicaja y Caja de Jaén presentarán la propuesta de fusión a sus Consejos de Administración con el objetivo de iniciar en breve su proyecto de concentración, en el que caben otras entidades andaluzas, y que finalizará con la creación de una nueva institución, según confirmaron días atrás fuentes conocedoras del proceso.

La unión entre Caja de Jaén y Unicaja se plantea como una operación privada, sin recurso a ningún tipo de apoyo financiero externo, desde el "mutuo convencimiento de que es la fórmula más adecuada, ante los retos presentes y futuros, para servir mejor" a las necesidades económicas y sociales de sus territorios, a las demandas de sus clientes y empresas y a los "legítimos" intereses de sus empleados.

A la suma de ambas entidades correspondería un volumen de negocio aproximado superior a los 50.000 millones de euros. La nueva entidad tendría un coeficiente de solvencia superior al 14 por ciento. Además, se mantendrían las obras sociales desarrolladas por las dos cajas, así como, "al menos por un período determinado", las marcas comerciales respectivas de cada una de ellas.

Standard & Poor's avisa de que recortará la calificación crediticia de las CC.AA. si no controlan su gasto

NUEVA YORK.- La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's advirtió hoy de que la caída de los ingresos tributarios de las comunidades autónomos y el incremento de sus déficits después de inversiones provocará un "salto en las ratios de deuda durante 2010", por lo que si no se ejerce un control "vigoroso" o incluso un recorte del gasto podría revisar a la baja la calificación crediticia de estas regiones.

En un comunicado, la agencia concretó que las comunidades autónomas verán reducidos sus ingresos por IRPF, IVA, impuestos especiales y fondo de suficiencia en 20.000 millones de euros en 2010, una cuantía equivalente al 13% de los ingresos presupuestados en 2009 o más del doble de los 7.400 millones adicionales que recibirán con la reforma de la financiación autonómica en el próximo año.

Así, la firma estima que la contracción de los ingresos netos de las comunidades autónomas durante 2010 "desembocará en un aumento sustancial de los déficits después de inversiones", un escenario que, advierte, "hace que la probabilidad de acciones negativas de rating en 2009 y 2010 sea sustancialmente mayor".

Asimismo, añade que "en ausencia de un giro de 180º en la senda de crecimiento del gasto, pensamos que las comunidades autónomas agotarán en general los límites de déficit marcados en junio de 2009 por el Gobierno". El Ejecutivo fijó un techo de déficit del 2,5% del PIB regional para 2010 y del 1,7% en 2011.

La agencia indicó que "incluso un cierto número de regiones, en particular aquellas que han mantenido ejecuciones presupuestarias históricamente débiles, pueden encontrarse en serias dificultades para no sobrepasar los límites máximos".

Por tanto, Standard & Poor's prevé que "la combinación de altos déficits y la caída de los ingresos desencadenará un salto en los ratios de deuda durante 2010 sin precedentes".

En cifras, los datos que maneja la agencia precisan que la deuda total de las regiones calificadas por Standard & Poor's podría alcanzar el 94% del presupuesto agregado de las comunidades autónomas en 2010, ratio que se situó en el 71% en 2008. Además, la ratio de sostenibilidad, que mide el número de años en que el ahorro corriente podría devolver la deuda, "acusará un deterioro más virulento".

Expuestos estos argumentos, la agencia mandó un claro mensaje: "Sólo un control (o incluso reducción) del gasto regional, vigoroso y sin precedentes, pueden evitar una severa dislocación de las finanzas públicas, el surgimiento de desajustes presupuestarios estructurales y una expansión de los ratios de carga de deuda con posibles consecuencias sobre la calificación crediticia".

El PP llevará ante el Parlamento el proyecto "incumplido" de villa turística en el poblado minero de Rodalquilar

ALMERÍA.- El PP de Almería ha anunciado hoy que llevará ante el Parlamento andaluz al inicio del próximo curso político lo que considera "un nuevo incumplimiento" de la Junta con respecto al proyecto para construir una villa turística de 260 plazas en Rodalquilar, en pleno centro del parque natural Cabo de Gata-Níjar, que fue avanzado en 2005 por la anterior consejera de Medio Ambiente y actual presidenta de la cámara, Fuensanta Coves.

En una nota, el parlamentario autonómico del PP José Luis Aguilar trasladó su intención de expresar ante el Gobierno andaluz el "malestar" que existe entre los vecinos y propia corporación local nijareña y ha lamentado que no se haya materializado "el inicio y plazo de ejecución" de unas obras que, a su juicio, supondría un "importante revulsivo" para la llegada de turistas al espacio protegido.

Aguilar, para quien la Junta de Andalucía "sigue haciendo la vista gorda" a sus promesas, equiparó el proyecto para construir la villa turística en el poblado minero de Rodalquilar con otros "que han caído en saco roto" como, según desgranó, el anunciado para el municipio de Laujar de Andarax o el también poblado minero de Las Menas, en Serón, que "han sido incapaces de ejecutar desde el Gobierno andaluz".

Si bien reconoció las remodelaciones en las instalaciones del núcleo que es centro del parque natural Cabo de Gata-Níjar, instó a la titular del ramo, Cinta Castillo, a visitar la zona "en un lamentable estado aunque es visita obligada en el espacio por su historia, sus playas y el interés geológico que despierta al estar ubicado en un cono volcánico".

El poblado minero de Rodalquilar cerró en 1966 ya que la explotación ya no era rentable como consecuencia del bajo contenido de oro que se extraía pese a lo que aún se conservan, en diferente estado, las viviendas en las que residían los trabajadores y sus familias.

La gestión de las aguas fronterizas entre España y Portugal / Alberto Garrido *

Hace pocos días, la prensa española se hizo eco de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Salamanca sobre la percepción que tienen españoles y portugueses sobre el país vecino. En España, el titular ha sido en casi todos los medios que el "40% de los portugueses apoyaría la formación de una federación con España, frente al 30% de los españoles encuestados".

Llamó la atención a muchos que mientras el aprovechamiento de los ríos es considerado como muy problemático por el 6,1% de españoles, esa apreciación es compartida por el 25,3% de los portugueses.

España y Portugal comparten cuatro importantes ríos Ibéricos: Lima-Miño, Duero, Tajo y Guadiana, cuyas cuencas abarcan más del 40% de la superficie de la península, pero casi el 60% del territorio continental portugués. La cooperación hispano-lusa sobre sus cuencas compartidas ha seguido en los últimos cien años una traza discontinua, con largos períodos de inactividad intercalados por momentos de consenso y espíritu cooperativo.

No se puede afirmar, sin embargo, que la confianza haya presidido en todo momento las relaciones entre ambos países a la hora de buscar el entendimiento y la colaboración.

Pero tampoco sería acertado concluir que las desavenencias históricas con respecto a los ríos ibéricos hayan llegado a poner en peligro las relaciones de buena vecindad. La firma del Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, o Convenio de Albufeira (CA), el 30 de noviembre de 1998 es sin duda un hito que marca un punto de inflexión en la historia de la cooperación sobre las cuencas compartidas.

De manera muy sintética, la posición de cada país en este largo proceso de relaciones se resumiría del siguiente modo. De un lado, Portugal —país de aguas abajo, de menor tamaño, con mayor porcentaje de su territorio en las cuencas compartidas y con una capacidad de regulación hidráulica mucho menor que la española— se constituiría en la parte vulnerable y alimentaría "percepciones socio-políticas de una posible subyugación [por parte de España]".

Y por otro lado, España —país de aguas arriba, mucho más árido, con menores recursos per cápita, mayor desarrollo de infraestructuras y de usos, permanente urdidor de grandes planes de trasvases, algunos realizados y otros en interminable discusión, y con menor proporción de su territorio en las cuencas compartidas— reclamaría para sí el derecho a suplir la aridez de su clima con más obras, potenciar sus transformaciones en regadío y asegurarse el abastecimiento de agua en cuencas con regímenes extremos.

España, al ir muy por delante de Portugal en la construcción de obras de infraestructura, pondría siempre encima de la mesa el servicio de regulación y prevención de avenidas e inundaciones que las obras hidráulicas españolas han prestado a Portugal sin contraprestación económica alguna. Y, Portugal reclamaría de España el derecho a no estar a merced de una explotación de los ríos compartidos subordinada en exceso a sus intereses y desdeñosa de los suyos. El CA puso, al cabo, los cimientos para que la colaboración pudiera ser continua, estable, acumulativa e irreversible.

El inicio de la negociación del CA tuvo lugar en un contexto de creciente cooperación e integración económica entre ambos países, pero fuertemente enrarecido por el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993 (APHN-1993), en el que se proyectaban trasvases del Duero al Tajo (de 1.000 hm3) y del Tajo al Segura (otros 1.000 hm3).

Precisamente, fue Portugal quién formuló la exigencia de firmar un nuevo tratado, al objeto de clarificar la situación de las cuencas afectada por el APHN-1993. La fuerte orientación hacia el modelo de oferta del APHN-1993 suscitó rechazo también en España, materializado en su devolución al Gobierno por parte del Congreso de los Diputados en razón al injustificado fundamento del crecimiento del regadío que se proyectaba.

Pero también en Portugal, cuyos intereses en estas cuencas se veían amenazados, se creó una cierta alarma y no poco malestar. Las relaciones entre ambos países atravesaron los peores momentos de su historia más reciente, y uno de los principales motivos fue el APHN-1993. No obstante, la negociación del CA comenzó sin el APHN encima de la mesa, pues ya España lo había retirado, y en lo que afecta al Duero, la opción del trasvase quedó definitivamente desechada.

Es importante destacar también que la posición española en los foros internacionales fue explícitamente contraria a reconocer los derechos de los Estados ribereños de aguas abajo, o a consagrar la obligación del de aguas arriba a cooperar y tomar en consideración los intereses de aquellos. La posición española en el concierto comunitario e internacional en los años 90 se basó en subrayar la importancia de la seguridad de los usos, la supremacía de las cantidades y caudales sobre la calidad y en poner en valor la regulación y protección contra avenidas que el país de aguas arriba puede ofrecer al de aguas abajo.

Portugal, por su parte, apostó por los aspectos de calidad de las aguas y los derechos del país de aguas abajo a recibir caudales en buen estado ecológico y menos alejados del régimen no modificado.

El telón de fondo de estas posiciones fue sin duda el conflicto sobre los ríos transfronterizos, y ninguno de los dos países ocultó su posición en las negociaciones de acuerdos y convenciones internacionales que coetáneamente estaban desarrollándose en Europa y Naciones Unidas. El régimen de reparto del agua de los ríos ibéricos que se acordó en Albufeira estableció la obligación para España de entregar unos volúmenes mínimos totales para cada año (salvo en el Guadiana, para el cual España debe asegurar una caudal mínimo de dos metros cúbicos por segundo).

Si bien este acuerdo dio respuesta a una demanda histórica de Portugal, nunca la satisfizo plenamente pues seguiría a expensas del régimen de aportes que España cediese a Portugal a lo largo del año que le resultase más ventajoso para sus intereses. Por ello, la muestra más evidente del estrecho e intenso régimen de cooperación entre los dos países fue tal vez la revisión del régimen fijado en Albufeira en 1998, estableciendo desde febrero de 2008 para todas las cuencas caudales mínimos semanales y trimestrales.

Portugal ha podido tener razones en el pasado para sentirse incómoda con España con respecto a los ríos ibéricos compartidos. A día de hoy, sin embargo, el trato que España otorga a su vecino es justo, solidario y respetuoso. Pese a todo, los portugueses siguen sin estar convencidos de ello.

(*) Alberto Garrido es profesor de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la E.T.S de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Madrid.

http://www.soitu.es/soitu/2009/08/06/medioambiente/1249555180_033216.html

Pierde importancia relativa la línea marítima con Nador

CEUTA.- Las líneas marítimas entre Tánger (Marruecos) y Algeciras y Tarifa, así como de Ceuta a Algeciras, se consolidan como las predilectas de los emigrantes magrebíes para regresar a sus lugares de trabajo en Europa.

Desde que comenzó la fase de retorno el pasado día 15 de julio estas líneas acaparan el 70%, lideradas por el trayecto Tánger-Algeciras con un 27% de los embarques, seguido del Ceuta-Algeciras con el 25% y Tánger-Tarifa con un 18%.

Las cifras suponen un aumento global del 16,3% en pasajeros y del 15,5% en vehículos sobre el mismo periodo del 2008 cuando se habían contabilizado en los diez puertos implicados 314.966 personas y 77.633 vehículos.

El resto de las líneas están muy alejadas, y la cuarta es el trayecto Nador-Almería con un 15% y Orán-Alicante con un 3%.

Marruecos impide a los saharauis viajar al extranjero

LONDRES.- A Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales agentes de seguridad de Marruecos sacaron a la fuerza a seis jóvenes saharauis del aeropuerto Al Massira de Agadir el 6 de agosto de 2009 y luego los agredieron, tras negarles el permiso para viajar a Reino Unido el 5 de agosto.

La organización pide a las autoridades que abran de inmediato una investigación sobre las agresiones y la expulsión del grupo de seis jóvenes saharauis, entre los que había tres mujeres, y que expliquen por qué se les negó el permiso para viajar a Reino Unido a participar en un programa que busca fomentar las relaciones entre jóvenes de diferentes entornos.

Según los informes, los seis saharauis fueron agredidos por los agentes en tres lugares distintos: en el exterior del aeropuerto Al Massira de Agadir, en una comisaría de la policía de fronteras cercana a El Aaiún y en el domicilio de uno de ellos en El Aaiún.

El 6 de agosto, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior, Chakib Benmoussa, para expresarle su preocupación por que a los seis saharauis del Sáhara Occidental y a otro grupo de jóvenes de Marruecos, al parecer, se les impidió viajar por motivos políticos.

En su carta, la organización recordó la obligación de Marruecos, en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de respetar el derecho de las personas a salir de un país, incluido el propio, y pidió al gobierno que levantara la prohibición y permitiera a los dos grupos viajar a Reino Unido de inmediato y sin más obstáculos.

Según los informes, los seis saharauis –Mimouna Amidan, Mohamed Da’noun, Nguia ElHaouasi, Mohamed Fadel El’asri, Choummad Razouk y Hayat Rguibi–, de edades comprendidas entre los 17 y los 24 años, fueron sacados a la fuerza del aeropuerto de Al Massira poco después de las 5 de la tarde del 6 de agosto.

Los seis iban a viajar a Londres el 5 de agosto para tomar parte en el programa Youths Talk Together about Western Sahara (Los jóvenes hablan sobre el Sáhara Occidental), organizado por Talk Together, organización británica sin ánimo de lucro.

El objetivo del programa era reunir a personas de Marruecos y del Sáhara Occidental, de los campos de Tinduf de Argelia, de Noruega y de Reino Unido durante dos semanas (del 5 al 19 de agosto de 2009) para debatir asuntos que afectan a su vida cotidiana y cuestiones políticas.

Los seis jóvenes saharauis tenían previsto tomar el vuelo AT422 de Royal Air Maroc de Agadir a Casablanca a las 11:30 am del 5 de agosto para después viajar a Londres esa tarde.

Sin embargo, al llegar a las salidas del aeropuerto Al Massira de Agadir, unos agentes de seguridad vestidos de civil les informaron de que no se les permitía viajar, sin decirles el motivo ni el fundamento legal de esta prohibición, simplemente afirmando que actuaban “siguiendo órdenes superiores”, y tachándolos de “separatistas y miembros del Polisario”.

Los seis estudiantes tenían documentos y visados válidos para viajar al Reino Unido.

Los seis saharauis se quedaron en el aeropuerto y se pusieron en huelga de hambre en protesta por la actuación de las autoridades, pero unas 30 horas más tarde un grupo de agentes de seguridad, al parecer compuesto por policías, miembros de la Gendarmería y miembros de las fuerzas auxiliares, los sacaron de allí a la fuerza y los golpearon, confiscaron temporalmente sus pertenencias, incluidos sus teléfonos móviles, y los obligaron a subirse a un vehículo que los llevó a El Aaiún, a unos 350 al sur de Agadir.

Según los informes, el vehículo hizo el viaje junto con automóviles en los que viajaban miembros de la Gendarmería. Hicieron una escala en una comisaría de frontera donde interrogaron a los jóvenes, entre otras cosas sobre el programa Youths Talk Together about Western Sahara y sobre sus contactos con organizaciones internacionales.

Al parecer también los golpearon e insultaron. Los jóvenes volvieron a ser golpeados por agentes de seguridad cuando llegaron al domicilio de Mimouna Amidan, a eso de las 3:30 de la madrugada del 7 de agosto, donde los recibieron familiares que portaban banderas del Frente Polisario y gritaban lemas en favor de la independencia del Sáhara Occidental.

Según los informes, varios de estos familiares fueron agredidos. Mohamed Fadel El’asri y otras personas resultaron con heridas leves y al parecer la casa de Mimouna Amidan está bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

El 5 de agosto, las autoridades de seguridad marroquíes impidieron a siete jóvenes marroquíes y al jefe del grupo, que iban a asistir al mismo programa en Reino Unido, tomar el vuelo 30491 de Air Arabia, de Casablanca a Stansted, sin informarles tampoco en este caso de los motivos legales de la medida.

A Amnistía Internacional le preocupa que el hecho de que las autoridades marroquíes se hayan negado a permitir a estos dos grupos de jóvenes viajar al extranjero para tomar parte en el programa Youths Talk Together about Western Sahara forme parte de un panorama más amplio de obstáculos impuestos por las autoridades marroquíes al ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre cuestiones que consideran políticamente delicadas, como el papel y la situación de la monarquía, la seguridad nacional y la situación del Sáhara Occidental.

Defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y otras personas siguen en peligro de ser intimidados e incluso procesados si traspasan ciertos “límites”, uno de los cuales es expresar sus opiniones en favor de la independencia del Sáhara Occidental.

En numerosas ocasiones Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades marroquíes que respeten y defiendan sus obligaciones recogidas en el artículo 9 de la Constitución de Marruecos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión.

Reunión Polisario-Marruecos

Por primera vez en más de un año y medio, Marruecos y el Frente Polisario se han sentado a la mesa a negociar una salida al problema del Sáhara Occidental. Las conversaciones informales comenzaron ayer en Dürnstein, a unos 90 kilómetros de la capital austríaca, dentro de la máxima discreción y confidencialidad, por lo que apenas ha trascendido la agenda de las reuniones, según los periódicos de 'Vocento'.

Ambas partes se reúnen bajo el auspicio de la ONU, cuyo enviado especial para la ex colonia española, Christopher Ross, ejerce de anfitrión. La reunión, que continuará hoy, servirá para preparar la quinta ronda de negociaciones entre las partes, y así intentar evitar otro fracaso como el del encuentro en Manhasset en marzo de 2008.

El encuentro de esta semana es fruto de las dos giras que Ross ha realizado por la región desde que ocupara su puesto a principios de este año. El estadounidense fue nombrado después de que el anterior enviado especial, Peter Van Walsum, dimitiera de su cargo tras señalar que la independencia del territorio era poco realista, afirmación con la que perdió la confianza de los saharauis.

Fue en esta ciudad a las afueras de Nueva York donde los representantes del Polisario y Marruecos se vieron las caras por última vez, conversaciones que sólo sirvieron para confirmar lo enquistadas que se encuentran las posturas de ambas partes.

Los saharauis piden prácticamente desde el inicio del conflicto, en 1975, un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, Rabat, que se anexionó de facto el territorio con la Marcha Verde, lo máximo que ofrece es una autonomía, que ya ha empezado a instaurar.

Aunque para Naciones Unidas el territorio aún se encuentra en proceso de descolonización, el rey Mohamed VI ya ha dado la luz verde, dentro de su plan de regionalización del país, para que se cree una autonomía en el Sáhara Occidental. Para algunos observadores del conflicto, este paso obstruye las negociaciones.

Aún está por ver si Marruecos estará dispuesto a hablar sobre las «medidas de confianza» propuestas por la ONU en una de las anteriores rondas de negociaciones. Estas medidas humanitarias, referentes a los campos de minas, el acercamiento de las familias o a unas posibles patrullas comunes, fueron rechazadas en ocasiones anteriores por Rabat.

El Sáhara Occidental se encuentra actualmente dividido en dos partes por una enorme muralla de arena de más de 2.000 kilómetros de longitud que construyó Marruecos en los años 80. Este muro está fuertemente minado y separa a familias que se encuentran en ambas partes del territorio.

La delegación marroquí, que se reúne estos días a las afueras de Viena, está encabezada por el ministro de Exteriores, Taieb Fassi Fihri. También han acudido el director general de Estudios y de la Documentación, una suerte de servicio de espionaje exterior, Mohamed Yassin Mansuri, y el secretario general del Consejo Real Consultivo para Asuntos Saharianos (CORCAS), Maulainin Ben Jalihana.

El Polisario no ha anunciado oficialmente qué delegados saharauis asisten al encuentro, aunque sí se sabe que participa el presidente del Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mahfuz Ali Beiba. Asimismo, participan varios observadores del conflicto de Argelia y Mauritania.