MADRID.- La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, afirmó ayer que los ayuntamientos deben "tomar conciencia de su realidad", que es que una parte de los ingresos que tenían hasta ahora, sobre todo procedentes del sector inmobiliario, "difícilmente van a volver en próximos años", por lo que planteó que es "necesario hacer un reajuste de los presupuestos".
Durante una interpelación del senador de CiU Joan Maria Roig i Grau sobre la política del Gobierno en materia de financiación local, Salgado abogó por que los municipios tengan "mayor disciplina y control", al tiempo que resaltó su "comprensión" con su situación actual. Agregó que hay que "avanzar más en el control y la transparencia de las cuentas públicas de las entidades locales".
"Hemos cumplido con nuestro deber de garantizar que la deuda del conjunto de las administraciones públicas no sobrepasa los límites del pacto de estabilidad y crecimiento. El Gobierno está en la línea correcta, tratando de mejorar la transparencia y el control de las cuentas públicas, y los ayuntamientos tienen que contribuir también en este proceso de estabilización presupuestaria", expuso.
Asimismo, subrayó que con el sistema de financiación actual los ayuntamientos tienen que "reducir su gasto", al tiempo que aseguró que "si hay un Gobierno que se ha preocupado de su situación financiera desde luego ha sido este" del PSOE.
En este punto recordó el fondo para municipios de menos de 20.000 habitantes, la posibilidad de anticipos a cuenta a las entidades locales de la participación en tributos, una línea de avales a través del ICO, o la financiación de remanentes negativos de tesorería.
Destacó también que en la etapa actual de coyuntura económica "adversa", se pusieron en marcha dos fondos, de 8.000 y 5.000 cada uno, para inversiones de los ayuntamientos, con la correspondiente "generación de empleo, riqueza y equipamientos".
El senador, por su parte, explicó que su interpelación versaba sobre todo sobre el impedimento a los ayuntamientos para pedir créditos durante 2011, una medida "desproporcionada que trata a todos los ayuntamientos por igual, algo "injusto y una barbaridad", pues les "impide cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía".
Según destacó, se puede "quebrar la confianza y la lealtad" entre la administración del Estado y la local, y centró sus críticas en ese artículo 14 del decreto ley de medidas de recorte del Gobierno, pues "acabará generando una gran cantidad de problemas de difícil solución y no solucionará el déficit".
"Esta interpelación tiene el objetivo de que dentro de quince días, en una moción, se puede alcanzar un acuerdo para clarificar la situación, sobre todo en el 14.2, el que hace referencia a los créditos, para que los ayuntamientos que han hecho bien su trabajo no se vean obligados a no pedir créditos para financiar sus proyectos. Se tiene que reducir el déficit público pero no a costa de los ayuntamientos, sino adelgazando la estructura del Estado", indicó.
Salgado respondió que "no se prohíbe hacer inversiones", y que lo único que se dice es que "en la medida en que los ayuntamientos tienen que reducir su gasto, no se deben hacer más inversiones de las que permite la situación presupuestaria en cada caso" -esto es, con el dinero disponible-, y agregó que "por eso hay que reducir ese recurso al endeudamiento".
A su juicio, "tienen que hacer un esfuerzo proporcional, pero desde luego tienen que sumarse al esfuerzo común". Puntualizó que "la mayor parte de reducción de déficit corresponde a la administración del Estado", e insistió en su intención de "hacer todo lo posible para que el nivel de deuda no se incremente".
"Esperamos y deseamos a que los ayuntamientos contribuyan al conjunto del control de la deuda pública. Para reducir el déficit hemos hecho un acuerdo de no disponibilidad porque no se trata ahora de cumplir lo que las leyes de presupuestos permiten en cada caso, sino de reducir ese déficit del Estado y el resto de las administraciones", explicó.
MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampliará hasta el próximo 31 de julio el plan de medidas extraordinarias de refuerzo de los Juzgados de lo Social, aprobado el pasado mes de septiembre, debido al elevado número de trámites de despido provocados por la crisis económica, según informó hoy el CGPJ.