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lunes, 23 de abril de 2018

El Gobierno central envió requerimientos a 660 ayuntamientos españoles por incumplir sus planes de ajuste

MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Estos datos se han conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660 ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. 
La mayoría de administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».
El menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso. 
Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».
En este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

jueves, 2 de agosto de 2012

IULV-CA critica el "castigo" que el Gobierno quiere "imponer" a Andalucía y que obliga a "vender escuelas"

ALMERÍA.- La coordinadora provincial de IULV-CA en Almería y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, ha criticado este jueves el "castigo" que desde el Gobierno central se ha "impuesto" a Andalucía en materia de recortes para reducir el déficit, de manera que, según ha manifestado, el Ejecutivo central trata de abocar al Gobierno andaluz a la "venta de escuelas y hospitales" mediante el camino de la "no democracia". 

   En una rueda de prensa en Almería, Martín ha dado a conocer a la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, y al responsable de Vicepresidencia en Almería, Rafael Salazar, quienes han trasladado el enfoque que darán a su trabajo en los próximos meses en la Administración andaluza en una línea que va en defensa de lo público y bajo la participación ciudadana.
   En este sentido, Caparrós, quien ha manifestado su condición de "servidora de lo público" como directora de un centro escolar, ha incidido en la situación "asfixiante" por la que atraviesan las familias andaluzas ante el panorama económico, de modo que ha recalcado que, dentro de sus competencias, priorizará actuaciones que garanticen el acceso a la vivienda a la ciudadanía.
   Con esto, la delegada territorial ha marcado objetivos como la creación de vivienda de protección oficial, ayudas a la rehabilitación, construcción en régimen de cooperativa, un urbanismo y transporte sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y, en especial, entablar conversaciones con las entidades bancarias para frenar el ritmo de los desahucios, para lo que también se empleará en la creación de un órgano de asesoramiento y orientación ciudadana.
   Preguntada sobre la Oficina de Intermediación Hipotecaria puesta en marcha por el Ayuntamiento de Almería, Diputación y Colegio de Abogados, que en su primer mes ya atiende 22 casos, la delegada ha estimado la necesaria colaboración con los ayuntamientos para implicarlos en la protección de los ciudadanos en su derecho a una vivienda, si bien no ha concretado si existirá una duplicidad o tratarán de integrar este tipo de órganos en uno solo.
   Por otro lado, Caparrós ha dado cuenta de los "lesivos" recortes efectuados en inversión de infraestructuras públicas con lo que ha señalado que aunque su intención es terminar carreteras ya iniciadas como la Autovía del Almanzora y destinar recursos a la conservación, habrá que estudiar los presupuestos y pensar en las prioridades sociales del Gobierno regional.
   En la misma línea, se ha expresado en contra de la subida del IVA para el sector turístico "que hace polvo a las familias" y "lleva a la marginación social" así como de la liberalización de horarios comerciales o del periodo de rebajas, ya que "no favorece al pequeño comercio".
   El responsable de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería ha hecho una defensa de los derechos constitucionales que, según entiende, "están en juego" con el actual gobierno, con lo que ha defendido la actuación de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para declinar la "imposición del sí o el sí" con la que, según ha dicho, trata el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
   Entre sus tareas, Salazar ha explicado que además de coordinar y fomentar las relaciones institucionales de la Junta con el resto de administraciones, tratará de mejorar los servicios y prestaciones ciudadanas en asuntos de consumo para evitar casos como los de las participaciones preferentes, impulsará el voluntariado y alzará los principios de "verdad, justicia y reparación" en relación a la memoria democrática.

lunes, 16 de julio de 2012

Andalucía paralizará su plan de ajuste tras las medidas del Gobierno

SEVILLA.-   El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, planteará este martes en el Consejo de Gobierno que se paralice la tramitación del proyecto de Ley que contempla el plan de ajuste de la Junta para evitar que "se recorte dos veces" a los funcionarios en Andalucía tras las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno de la Nación en el Consejo de Ministros.

   Así lo ha anunciado este lunes el propio Valderas en rueda de prensa en Sevilla junto al portavoz de IU en el Congreso y diputado por Sevilla, José Luis Centella, y al portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, durante la que ha defendido que ha llegado el momento de "plantarse" ante el intento del PP de "acorralar a Andalucía", por lo que planteará a su socio en el Gobierno andaluz, el PSOE-A, la necesidad de "derogar" varios artículos del plan de equilibrio económico financiero de la Junta o incluso "el plan entero".
   Valderas considera que, con las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo central ha dado un "hachazo" a la Comunidad andaluza que se suma al "bloqueo y asfixia a las cuentas autonómicas" que se viene ejerciendo desde Madrid, por lo que IULV-CA es partidaria de dar una respuesta a través del Consejo de Gobierno como del Parlamento andaluz.
   De este modo, además de presentarlo este martes en Consejo de Gobierno, IULV-CA también trasladará al Parlamento la petición de la "paralización absoluta" del plan de ajuste, al considerar que el "recorte" planteado por el Ejecutivo la semana pasada en cuanto a los funcionarios suple el que contemplaba el plan de ajuste autonómico.
   Y es que Castro ha asegurado que IULV-CA está dispuesta a llegar "como máximo" a la obligación del déficit marcada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal, y que "sólo con la aplicación de la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios de la Administración general de la Junta", ya se suma "en torno a 600 millones de euros", cuando lo estipulado en el Capítulo I --el que atañe al personal-- del plan de ajuste de la Junta rondaba los 747 millones.
   Así, "asumiendo el decreto de recortes publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es posible que estemos eliminando todo el Capítulo I y parte del IV" del plan de ajuste andaluz, ha indicado Castro, que ve incluso posible que, con la aplicación de este decreto, el ajuste para Andalucía "se vaya por encima de los 2.700 millones impuestos por Madrid".
   Además, el coordinador general de IULV-CA ha instado a realizar una "fuerte movilización social" para defender los intereses de Andalucía y del Estatuto de Autonomía ante el "acorralamiento desde posiciones neoliberales", comenzando con el apoyo de la fuerza política a las movilizaciones sindicales convocadas para el próximo 19 de julio.
   En esta línea, Castro ha anunciado que el Grupo de IU solicitará la realización de un pleno extraordinario en el Parlamento, con la intención de protagonizar un "encierro" en la Cámara andaluza 24 horas antes del mismo en "una jornada de reflexión y difusión sobre las agresiones del PP a nuestra tierra".
   En línea con esta "respuesta" al "bloqueo económico premeditado e impulsado por el Gobierno" a Andalucía, IU ha pedido la comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, para que "explique los motivos por los que se niega a reconocer la deuda con Andalucía", que IU cifra en 2.100 millones de euros.
   Centella ha criticado que la respuesta del Gobierno sobre que "no existe ninguna deuda contraída por la Administración General del Estado" con Andalucía no sólo supone un "agravio" a la Comunidad, sino que se sitúa "fuera de la legalidad" al incumplir lo estipulado en el Estatuto de Autonomía.
   En este sentido, ha señalado que Montoro tiene ahora la opción de declararse "insumiso ante una ley orgánica" como es el Estatuto o "cumple con la legislación", aseverando que IU está dispuesta a pedir la dimisión del ministro si no rectifica.

viernes, 13 de julio de 2012

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
A partir de septiembre
Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):
- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.
- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.
- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.
- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.
- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA
- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.
- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.
- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.
- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.
- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.
- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO
- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.
- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.
- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.
- Se facilitará su movilidad.
- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.
- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.
- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.
- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.
- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.
- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.
- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.
- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.
- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.
- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS
- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.
- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES
- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA
- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.
- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.
- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

miércoles, 11 de julio de 2012

Rajoy sube el IVA, recorta el paro y quita una paga a los funcionarios

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles una serie medidas de ingresos y gastos con los que se asegura una reducción del déficit público de 65.000 millones en los próximos dos años y medio.

Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los ajustes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses.
En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.
Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. Fuentes del Gobierno no precisaron cuánto se espera recaudar con esta medida, pero recordaron que cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros.
El Gobierno se había resistido hasta ahora a tocar este impuesto para no agravar aún más la recesión, pero las recomendaciones de Bruselas, "obligaciones" como él mismo las llamado durante el debate, no le han dejado muchas opciones. El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos que conlleva, informaron fuentes del Ejecutivo.
De hecho, éste será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental impulsando en el sistema impositivo el principio de "quien contamina paga".
Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.
Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%.
Ésta es una medida muy controvertida que previsiblemente no gustará a los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro supera los 5 millones de personas.
En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.
Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE.
Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los 'moscosos' y el ajuste de el número de liberados sindicales. Solo la supresión de la paga extraordinaria permitirá ahorrar 4.000 millones.
Rajoy ha pedido un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, pero ha dejado claro que la suspensión de la segunda paga extraordinaria solo será compensada a partir de 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos.
Aunque Rajoy no lo ha mencionado en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron que además de reducirse los 'moscosos', se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público, los conocidos como 'canosos'. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
Para ajustar el tamaño de la Administración, el presidente también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.
Con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente ha anunciado un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Con todas estas medidas, el Ejecutivo se asegura un ahorro de 65.000 millones en dos años y medio y avanza en el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Según el Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta postración y que servirán sin duda para reducir el déficit.
A su parecer, se trata de un paquete de medidas "equilibrado", que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo y que se acompañará de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento del país, como la energética o el refuerzo de la unidad de mercado.

lunes, 25 de junio de 2012

La izquierda andaluza en el poder se entrega al ajuste

SEVILLA.- La comisión ejecutiva de IU-CA, reunida este lunes en Sevilla, ha acordado por 23 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, una resolución que contiene una directriz para que los parlamentarios autonómicos de la federación de izquierdas "dejen pasar, con su voto favorable", el decreto Ley promovido por el Gobierno andaluz, del que IU-CA forma parte, con las medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. "La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles", avisa la resolución acordada.

   La resolución recuerda que el pasado 19 de junio, el Gobierno autonómico nacido de la coalición entre PSOE e IU-CA aprobó el decreto Ley relativo al plan de ajuste financiero promovido por el Ejecutivo andaluz para reducir el déficit de la Administración regional. A tal efecto, la federación de izquierdas defiende que su posición "fue expuesta con toda claridad por nuestro Grupo Parlamentario desde la tribuna del Parlamento andaluz, en coherencia con la posición aprobada por el consejo andaluz de IULV-CA celebrado el 1 de junio de 2012".
   "Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema económico  y una política neoliberal que obliga a aplicarlos de forma injusta e indiscriminada", señala la resolución para aseverar que IU-CA "no es responsable de este plan de ajuste financiero". A tal efecto, la resolución rememora los duros recortes promovidos por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy en materia de sanidad y educación y avisa, por ejemplo, de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 "quitan  a Andalucía 960 millones de euros en transferencias".
   En esta resolución, la comisión ejecutiva de IU-CA alerta de que el Gobierno central "nos exige, mediante la amenaza de intervención de cuentas, que se pague escrupulosamente la deuda externa de Andalucía, que asciende a 813 millones de euros al año", toda vez que los populares bloquearon en el Senado una propuesta de IU para que Andalucía gozase de un incremento de transferencias por valor de 680 millones de euros que "hubiese supuesto no tener que aplicar el plan de ajuste".
   "Ante esta situación, Izquierda Unida podría declararse insumisa", señala la resolución, que a continuación indica que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles". 
"Esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
   En ese sentido, la resolución alude de nuevo al plan de ajuste financiero del Gobierno andaluz y a las "mejoras" negociadas por IU-CA "para lograr que su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales". A través de estas mejoras, según IU-CA, "la reducción salarial no afectará a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos" y el recorte en el capitulo I, relativo a personal, "será de 30 millones de euros menos y quedará en 747 millones en vez de 777 millones", toda vez que "a los interinos se les reduce la jornada y el salario un diez por ciento y no el 15 por ciento inicial".
   "No habrá despidos en la administración autonómica y la ratio profesor/alumnos no aumentará en Andalucía", señala la resolución antes de indicar la "reversibilidad en 2013" de los aspectos sometidos a ajustes. Así, la comisión ejecutiva de IU-CA ha acordado, con la votación ya referida al comienzo, "emplazar a un debate político con los andaluces y las andaluzas para elaborar el Presupuesto 2013, entendiendo que solo la movilización popular puede romper la lógica impuesta de la intervención e iniciar un proceso que ponga en el centro de la acción de gobierno un nuevo modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y el bienestar de los andaluces y las andaluzas".
   Igualmente, la resolución aprobada contempla una directriz a los diputados autonómicos de IU para "dejar pasar con su voto favorable el decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo para su tramitación como Proyecto de Ley", aunque "con las mejoras" ya descritas.

domingo, 24 de junio de 2012

Las CCAA deberán aplicar los ajustes en sanidad y educación

MADRID.- Los Gobiernos autonómicos que necesiten ayuda del Estado para financiar su deuda financiera deberán demostrar que han aplicado antes los recortes en educación y sanidad y las reformas de todos los servicios públicos que se aprueben.

   Estos son los parámetros con los que trabaja la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirige Antonio Beteta. El Gobierno tiene preparado un instrumento para ayudar a las CCAA a afrontar los vencimientos de su deuda, que esperará a aprobar a que se calmen los mercados tras las próximas citas europeas.
   Este año, las autonomías han contado con una línea de crédito del ICO para este fin, dotada con 10.000 millones, ampliables a 15.000. En adelante, para contar de nuevo con el respaldo del Estado en sus emisiones de deuda, las autonomías deberán demostrar previamente que han utilizado al máximo las posibilidades de ajuste presupuestario aprobadas, como en sanidad y educación, ajustes sobre los que algunas autonomías han mostrado reticencias. Será condición imprescindible, según Administraciones Públicas.
   Fuentes de Hacienda han asegurado que el Gobierno ha decidido esperar a que se calmen las presiones de los mercados sobre España antes de aprobar este mecanismo o instrumento de ayuda financiera.
   Estas fuentes han explicado que la fórmula está preparada, pero que se ha considerado prudente esperar al resultado de próximas citas que el Gobierno considera importantes para el futuro de la economía española, sobre todo el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de este mes.
   El Ejecutivo confía en una respuesta clara de las instituciones europeas en defensa del euro y del proyecto comunitario, que lance un mensaje de confianza y calme la situación de los mercados. A partir de ese momento, el Gobierno barajará la aprobación de esta herramienta, que las mismas fuentes han asegurado que está ya ultimada.
   Fue el ministro Cristóbal Montoro quien aseguró en rueda de prensa el día 1 de junio que el Gobierno trabajaba en este mecanismo, ante la reclamación de diversas comunidades autónomas de que se aprueben lo que se han llamado 'hispanobonos'.
   Montoro explicó entonces que esta fórmula llevará aparejada la exigencia de nuevas medidas para las Comunidades Autónomas, con lo que éstas "no se van a ahorrar nada".
 "Que cada palo aguante su vela", remachó. Asimismo, recalcó que se trata de un instrumento de financiación "extraordinaria" para las regiones que puedan necesitarla, y que, por tanto, tendrá un carácter "temporal", mientras duren las dificultades.

jueves, 21 de junio de 2012

Gordillo no votará "ningún recorte" y no comprende la "ceguera" de IULV-CA

SEVILLA.- El diputado de IULV-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha advertido de que no votará "ningún recorte" en el Pleno del Parlamento andaluz, en relación al plan de ajuste de la Junta, al tiempo que ha dicho no comprender "tanta ceguera" por parte de la dirección de IULV-CA, que se sitúa "fuera del programa", para lo que, en su opinión, "no hay justificación".

   Así se ha pronunciado este jueves Sánchez Gordillo en su cuenta de Twitter, en la que también ha explicado que la "sencilla razón" por la cual no votará "ningún recorte por ningún motivo" es que suponen "un trasvase de rentas de los trabajadores a los señores banqueros".
   Para el parlamentario de IULV-CA y también alcalde de Marinaleda, la crisis "no es mas que la lucha de clases sin caretas". Y es que, a su juicio, "los recortes son objetivamente una violencia y un robo de la burguesía capitalista contra la clase obrera".
   Tras asegurar que ayer estuvo en la manifestación contra los recortes convocadas por los sindicatos y que volverá a estar cuando se convoquen otras, Sánchez Gordillo ha considerado que el Gobierno andaluz "lo quiera o no se sitúa de rodillas frente al mercado que debería combatir".
   Asimismo, ha dicho alegrarse del comunicado enviado este miércoles por las Juventudes Comunistas de España y de Sevilla "criticando la sumisión de IU a medidas tan procapitalistas", en relación también al plan de ajuste económico de la Junta, cuyo decreto se convalidará o derogará en el próximo Pleno del Parlamento.

martes, 19 de junio de 2012

Andalucía aprueba su plan de ajuste que ya se aplicará en julio

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto-ley que recoge su plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en el mes de julio, según ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

   En rueda de prensa al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de Ley,  opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos".
   Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las comunidades autónomas.
 
IU apoya por responsabilidad
 
La dirección de IULV-CA ha difundido un boletín informativo en el que justifica su apoyo al plan de ajuste que aprueba este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "por responsabilidad", aunque admite que tiene la "tentación" de declararse "insumiso", y destaca que su "esfuerzo" ha permitido introducir "algunas mejoras" como que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos o que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente.    En dicho boletín, IULV-CA señala en primer lugar que "no es responsable" de los ajustes que recoge este plan, "que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por IU", y responsabiliza al Gobierno de Mariano Rajoy de la necesidad de aplicar estas medidas tras el "brutal recorte que han supuesto sus políticas para Andalucía en su financiación, especialmente en los fondos destinados a políticas sociales (sanidad, educación y dependencia) y a la inversión pública".
   "Andalucía sufre una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada", añade la federación de izquierdas, que apunta que, "ante esta situación, en IU tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema, un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías en una Andalucía doblemente intervenida".
   En este sentido, IULV-CA señala que "podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento, porque irnos significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo", ya que se muestra convencida de que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, y privatizaciones a todos los niveles", algo que, según subraya, "supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
   Tras subrayar que "aquí no hay un recorte impulsado por la Junta, sino un único recorte que viene desde el Gobierno del PP", la federación de izquierdas pone en valor su trabajo para "propiciar el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero" con el objetivo de que "su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales".
   Entre dichas mejoras, IULV-CA cita que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
   "Como el plan de ajuste se tramita en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, en el debate parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido, siempre desde la perspectiva del no a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales. Esa es la voluntad y el compromiso de IULV-CA", concluye el boletín informativo.