lunes, 28 de mayo de 2012

La Fiscalía remite a Anticorrupción una denuncia contra Fernández Ordóñez por la gestión del 'ladrillo'

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia presentada contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo, Jaime Caruana, así como contra los directivos de las cajas intervenidas por no frenar el riesgo que acumulaba el sector financiero con su exposición al ladrillo.

   Según informó la denunciante, la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), en un comunicado, todos ellos son "presuntos autores de un delito de prevaricación por omisión y como responsables de la nefasta situación que atraviesan las entidades financieras en España".
   A partir de ahora, Anticorrupción asignará a un fiscal para que se encargue de estudiar la denuncia de CIC y comprobar si existen indicios de delitos penales en los hechos denunciados.
   Entre las pruebas aportadas por el sindicato se encuentra el informe elaborado por la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha 25 de mayo de 2006, en el que se advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de la existencia de "motivos suficientes para la preocupación" por la exposición de los bancos al sector inmobiliario y el riesgo de que los errores "acabaran siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   Además, CIC también ha aportado un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007 en el que también se advertía a España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
   El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, apuntó que "existen multitud de operaciones fallidas otorgadas sin ningún rigor técnico, concedidas a empresas sin ingresos recurrentes, o con un capital social despreciable para la cantidad que se concedía".
   Postigo añadió que estos procedimientos siguieron un patrón de comportamiento que ha terminado por anular los recursos propios de las cajas de ahorros, "poniendo en grave riesgo todo el sistema financiero español".
   "Los 19.000 millones de euros del rescate del Gobierno a Bankia son un ejemplo bastante relevante de la dimensión del problema y aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se empeñe en tapar y no investigar qué ha ocurrido en Bankia, el sindicato exige que esto no sea así", indicó Postigo.
   Por último, CIC denunció la situación de bloqueo que se mantiene sobre la comisión de investigación presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios La Izquierda Plural y el Grupo Mixto el pasado 16 de febrero, sobre las causas de la crisis financiera y el papel de las entidades financieras, de los reguladores y supervisores y de las entidades asociadas en la burbuja inmobiliaria.

Denuncia anterior

El abogado español Diego de Ramón presentó la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', en la primera semana de febrero de 2011.


Esta denuncia se basaba entónces en un reciente informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y delegado de supervisión del Banco Central Europeo.

El escrito, no admitido todavía a trámite pero convertido 'de facto' en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a reparto en los primeros días de febrero de 2010 en un juzgado de guardia de Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y operativa, del Banco de España.

El TSJA anula la protección y avala el residencial Marinas de Aguamarga

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el nivel de protección ambiental dado por la Junta de Andalucía en 2008 al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en el que se proyectaba la macrourbanización 'Marinas de Aguamarga' con 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones, por lo que la zona vuelve a ser urbanizable.

   La sentencia del Alto Tribunal contra la que no cabe recurso ordinario, estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la promotora al considerar que el cambio de calificación del sector conocido como SAU AA-5 de área urbanizable sin interés ambiental específico --D2-- a área natural de interés general y marcado carácter forestal fue "arbitraria" y carente de "razones".
   Señala, así, que en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en vigor desde su publicación en BOJA en febrero de 2008 "no constan las razones por las que ahora se prevé que el desarrollo urbanístico sí afecta a hábitats naturales ni tampoco constan las especies naturales que motivaron la inclusión de este espacio en la Red Natura 2000 ya que carecían de interés ambiental específico cuando fueron considerados suelo urbanizable en la normativa de 1994 y en 2005, cuando fue redactado el proyecto de PORN actual"
   Cabe recordar que Tribunal Supremo (TS) anuló parcialmente en diciembre de 2007 una sentencia del TSJA que en 2003 validó la ejecución de la macro-urbanización 'Marinas de Aguamarga' frente a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable dictada por la Junta de Andalucía. El fallo dado a conocer este lunes subraya, sin embargo, que las Normas Subsidiarias (NNSS) del Ayuntamiento de Níjar recogen que se trata de terrenos declarados suelo urbanizable.
   El Alto Tribunal, que desestima otras peticiones de la mercantil como la solicitud de 24,6 millones de euros en concepto de indemnización por lesión a sus bienes y derechos, indica al hilo de esto que, de acuerdo a las citadas NNSS, la zonificación que aparecía en el proyecto de decreto por el que se aprobó el PORN del parque natural de Cabo de Gata sí preveía que la zona de Marinas de Aguamarga se excluyese de los niveles de protección.
   No obstante, según subraya, en la aprobación definitiva tres años después, la finca, de 48 hectáreas de superficie, aparecía en la categoría "áreas de marcado forestal en las que la función protectora de la vegetación frente a los agentes erosivos, la regulación de los recursos hídricos, su valor ecológico o paisajístico, o su importancia en mantener la biodiversidad del parque natural se consideran cuestiones prioritarias", conocidas como B1.
   Critica el Alto Tribunal en esta línea que el expediente administrativo elaborado por la Consejería andaluza de Medio Ambiente "no contiene ni la más mínima justificación del cambio de calificación" y estima que era "exigible" una explicación de cómo se determinó que la zona cumplía los requisitos para ser calificada como zona B1.
   Remarca, así, que "no consta" tampoco en el mencionado expediente cuál es la afección a los hábitats naturales y las especies que motivaron su inclusión en el espacio protegido y que, por tanto, "impedían el desarrollo de los terrenos declarados urbanizables" y propiedad de la mercantil 'Marinas de Aguamarga SL'.
   "En este caso --ahonda-- resulta de especial trascendencia su conocimiento porque en el proyecto inicial se consideraba que los terrenos carecían de interés alguno ambiental y porque se trataba de terrenos en avanzado estado de desarrollo y planeamiento urbanístico", añade en alusión a que la macrourbanización proyectada contaba con un Plan Parcial y un proyecto de reparcelación aprobados por el Ayuntamiento de Níjar con anterioridad al año 2008.
   La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, que no recoge en el fallo referencia a la sentencia del Supremo contraria a la construcción del residencial, resalta que, tras el análisis de la causa, "no cuenta con dato alguno" que "apoye" el cambio de zonificación realizado por la Consejería de Medio Ambiente y destaca que la promotora en la memoria de su proyecto "adaptaba el mismo a las nuevas circunstancias ambientales y socioeconómicas que caracterizan al parque natural".
   Concluye la sentencia que la situación provocó indefensión material de la mercantil, a la que, entre otros aspectos, no se dio parte de los cambios adoptados con respecto a la finca de su propiedad, y que correspondía a la Junta de Andalucía "plasmar" las razones del cambio de zonificación, por lo que la normativa medioambiental en lo referido a este paraje "resulta arbitraria" y procede su anulación "por el defecto procedimental cometido en su aprobación".

La Junta remite al TSJA el fallo del TS que revela la "clara invalidez" de la licencia del Algarrobico

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha remitido a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que debe dirimir sobre la legalidad de la licencia de obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, el fallo del Tribunal Supremo (TS) por el que se declara en firme que el inmueble contraviene la Ley de Costas como pieza de convicción en el proceso ya que, según subraya, revela la "clara invalidez" del permiso municipal.

   El escrito, remitido el pasado día 4 por los servicios jurídicos del Gobierno andaluz considera que aplicar como jurisprudencia la citada resolución del Alto Tribunal "solventaría un problema jurídico de suyo ya complejo y dilatado en el tiempo" y permitiría decidir "directamente" sobre la conformidad a derecho de la licencia "sin que tuviera que ordenarse la tramitación de un expediente de revisión de oficio".
   Cabe recordar que este procedimiento en segunda instancia se remonta a finales de 2008 después de que el magistrado de lo Contencioso-administrativo de Almería Jesús Rivera declarase la nulidad del permiso municipal concedido por el Ayuntamiento de Carboneras y ordenó la revisión de oficio del acto administrativo en el que se aprobó al considerar que el hotel invadía la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre fijada en 100 metros y se levantaba sobre suelo no urbanizable al incluirse en la zonificación del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
   La Junta pone así en conocimiento de la sala la última sentencia del Supremo como "pieza cualificada de convicción" y apela a razones de "economía procesal" "sin perjuicio del respeto a la decisión soberana de la sala sobre este particular" para que se tenga en cuenta al "determinar la clara invalidez de la licencia", extremo sobre el que debe decidir el TSJA.

Expulsan del PP y del equipo de gobierno a la edil de Asuntos Sociales de Vera por "dejación de funciones"

VERA.- El PP de Almería ha expulsado del partido a la secretaria general del PP de Vera y concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Francisca de los Ángeles Caparrós, quien también ha sido retirada del equipo de gobierno por "dejación de funciones" después de que los miembros su partido y compañeros en el Consistorio desaprobaran "la forma y el fondo" de hacer política.

   Así lo han explicado en rueda de prensa el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge (PP), el presidente del PP de Vera, José Antonio Fernández, y el secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, acompañados de los concejales 'populares'. De esta forma, la corporación queda formada por siete ediles del PP --que forman el equipo de gobierno--, seis del Partido Andalucista, dos del PSOE y otro más en el grupo mixto --saliente del PA--, a la espera de la decisión que tome Caparrós con su acta.
   En este sentido, desde el PP han considerado que Caparrós debería "dimitir" para dejar paso a otro concejal 'popular' dado que, según ha apostillado, el pueblo de Vera "dio su confianza" a esta formación, desde la que se ha asegurado que "no se van a aceptar presiones de nadie y menos de una concejal", en referencia a la actuación de la edil.
   Sin entrar en detalles, el presidente del PP veratense ha criticado la actuación de la concejal, de la que ha señalado que ha estado meses "sin aparecer" por el Consistorio a la vez que ha aludido a sus formas de hacer política. Ante esta situación, ha confiado en que el resto de los grupos políticos den su apoyo para mantener la estabilidad del gobierno, máxime de cara al pleno de este miércoles en el que prevén aprobar sus presupuestos.
   "No nos preocupa el sillón, sino que la trayectoria de ahorro y pago a proveedores se pueda romper", ha dicho el presidente del PP a la hora de estimar un posible moción de censura por parte del resto de grupos. Por su parte, el secretario provincia del PP ha mostrado su apoyo al partido en Vera y se ha mostrado "orgulloso" de la actuación de la formación porque "antepone los intereses ciudadanos a sus siglas".

Caja España-Duero y Unicaja culminarán su fusión jurídica en otoño

VALLADOLID.- El presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha afirmado este lunes que Caja España-Caja Duero y Unicaja culminarán su fusión "en términos jurídicos" en otoño y ha destacado la solidez y solvencia de la entidad que surgirá de la integración, con un proyecto que contempla "en las hipótesis más negativas posibles" un coeficiente del capital superior al diez por ciento, ratio que "hoy no se exige prácticamente a nadie".

   Medel se ha expresado así este lunes tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañado por el presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, y el consejero castellanoleonés de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.
   Braulio Medel, quien ha agradecido el encuentro con Herrera y el apoyo de la Junta, ha asegurado que el proceso que siguen ambas entidades está "perfectamente encarrilado" pero aún queda cumplir la tramitación necesaria y los plazos normativos, pero el trabajo de los equipos de ambas entidades marchan "a buen ritmo" y con "espíritu de colaboración pleno y absoluto".
   En este sentido, ha insistido en que hay un clima de confianza mutuo entre ambos equipo que es "clave" para el buen discurrir del proceso, que tiene dos calendarios diferentes, por un lado el del cumplimiento de los trámites administrativos "que son muchos" y por otro lado el que contempla los apoyos públicos ligados a un examen de plan de negocio que hay que ver con las autoridades comunitarias, como todo proceso.
   Aunque no hay "certeza" sobre la duración de estos procesos, el presidente de Unicaja ha explicado que el "más predecible" es el que se refiere a los trámites administrativos, que espera que finalice en otoño. "Más bien no a final de otoño puede estar la fusión en términos jurídicos", ha concretado Medel, quien ha añadido que en muchos casos ambas entidades ya trabajan "como una sola".
   Además, ha incidido en que el proceso de integración de estas dos entidades es uno de los únicos seis proyectos que se mantiene en pie en España procedente de cajas de ahorros y que no se encuentra bajo la control público en este momento y sigue con "clara proyección y visos de futuro".
   Medel ha explicado que a las dos entidades les perece bueno ganar en dimensión y diversificación para afrontar mejor el futuro, algo que considera que deben hacer y afrontar si se tiene en cuenta que "antes de cualquier cosa" se "deben" a sus clientes y "cada euro" que les confían "es sagrado".
   En este contexto, el presidente de Unicaja ha aclarado que el proyecto descansa sobre un plan económico sólido y "absolutamente solvente", es viable, y tiene como elemento común para ambas entidades algo "muy importante" como es el liderazgo de las dos en sus respectivas comunidades, una "la más extensa" como es Castilla y León y otra "la más poblada" como en el caso de Andalucía.
   Las dos, ha añadido, "quieren seguir ostentando ese liderazgo" aunque el proyecto diseñe una entidad nacional, ya que "sólo pueden seguir siendo fuertes" si lo son en sus comunidades de origen, por lo que ha mostrado el "compromiso pleno y absoluto" con Castilla y León y Andalucía.
   A pesar de los momentos complicados, Medel ha aclarado que tienen "en mente" sentar las bases "más sólidas posibles" para que, "cuando el temporal escampe", les coja con la mayor fortaleza posible para afrontar los retos y compromisos.
   A este respecto, ha mostrado la satisfacción con la marcha de los trabajos que se llevan a cabo, algo con lo que ha coincidido el presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, quien ha destacado el proyecto "vitalista" y "muy potente" que se pretende poner en marcha del que las entidades saldrán reforzadas y que considera positivo para las dos comunidades de origen de las entidades.
   Braulio Medel ha insistido en la solidez del proyecto "incluso en las hipótesis más negativas" del comportamiento de la economía española, de Castilla y León --de la que ha alabado su comportamiento económico en 2011 según las estadísticas-- y la andaluza, cuando la entidad resultante tendría un coeficiente de capital superior al diez por ciento, que no se exige "prácticamente a nadie".
   En este marco ha asegurado que se contarán con mejores dotaciones que los que exige el Gobierno en el último real decreto, que se enmarca en un binomio de "reforma o saneamiento" del sistema financiero del que consideran que saldrá reforzado y del que no se pueden valorar medidas normativas concretas sino en su conjunto.
   Por otro lado, en cuanto a posibles aperturas a otros proyectos, el presidente de Unicaja ha aclarado que ninguna de las dos entidades tienen acuerdo o preacuerdo con otra o con un grupo para formar otro más amplio. Sin embargo, ha aseverado que si se vieran proyectos que sirvieran para mejorar la atención a los clientes, los territorios y los empleados, no sólo podrían sino "deberían afrontarlos.
   Por lo que se refiere a la evolución de cara al futuro, en ningún caso contempla la entrada del Estado y ha aclarado que nunca hubieran iniciado un proceso que pudiera comprometer la solvencia futura. Por lo que se refiere a las participaciones en empresas, ha indicado que se mantendrán en proyectos viables, pero nunca en l aquellos que se pretendan mantener de manera artificial que suponga una permanente "sangría" de dinero.
   En la rueda de prensa celebrada tras la reunión, que se ha prolongado por espacio de una hora aproximadamente, Braulio Medel también se ha referido a los procesos de negociación con los empleados de cara a la fusión de las entidades.
   Así, ha aclarado que independientemente de que hubiera habido o no integración, hay necesidad de abordar un proceso de reducción de gastos que, en el caso de Unicaja, ya se ha iniciado con los representantes de los trabajadores. "Se han hecho estructuras para unos tiempos que los nuevos tiempos revelan que son exageradas", ha aseverado.
   De esta forma, cree que habrá que culminar posibles negociaciones de este tipo en el marco de cada una de las cajas antes de su integración y luego dentro de la entidad resultante. En cualquier caso, ha explicado que lo que se ha dicho a los sindicatos es que "lo que es irrenunciable para la entidad es que hay que alcanzar una reducción de costes mínima evaluada", aunque los "procedimientos, caminos y mecanismos" sean el que prefieran si se lleva a cabo.
   En cuanto al nombre de la entidad, ha asegurado que no se ha decidido, pero que las dos cajas están de acuerdo en que sería un "despilfarro" no seguir utilizando y aprovechar los que actualmente tienen ya que son tres franquicias (Caja España, Caja Duero y Unicaja) "muy potentes" que además tienen clientes muy vinculados.
   Medel también ha manifestado el compromiso de las dos entidades en lo que se refiera a obra social y ha explicado que las dos cajas dejan un remanente suficiente para que en los próximos dos o tres años haya cantidad para atender la obra social de ambas.
   Además, ha señalado la garantía de continuidad con una vocación de atender a todos los clientes y territorios "de manera equilibrada y equitativa", sin repartir lo mismo, sino dando "lo que es de justicia, en función del peso de la población y las necesidades".
   En cuanto a las peticiones y cuestiones concretas abordadas con el presidente de la Junta, Medel ha señalado que están la intención de que el proyecto se desarrolle de la manera más eficiente y mejor para todos, pero también la constatación de que se tiene confianza en el futuro de Castilla y León porque si no la hubiera habido no se hubiera iniciado este camino.

Las praderas submarinas absorben el doble de carbono que los bosques

MADRID.- Las praderas submarinas, que ocupan el 0,2 por ciento de la superficie oceánica de la Tierra y que son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, entierran más del 10 por ciento del carbono que los mares absorben cada año, según un equipo internacional de científicos que ha descubierto que las praderas submarinas pueden almacenar el doble de carbono que los bosques templados y tropicales del planeta.

   El trabajo, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido publicado en el último número de la revista Nature Geoscience y confirma el "relevante papel" que estos ecosistemas cumplen en la mitigación de los efectos del cambio climático.
   Se trata del primer análisis global del almacenamiento de carbono en estas praderas, después de compaginar 3.640 estimaciones de carbono almacenado en el suelo y la biomasa de 946 praderas submarinas distribuidas por todo el planeta.
   El trabajo demuestra que las plantas que rodean las costas pueden enterrar hasta 830 toneladas de carbono por hectárea en el suelo que tienen debajo. Mientras, un bosque tropical puede almacenar una media de 300 toneladas por hectárea.
   Los científicos calculan que más de una cuarta parte de la extensión de las praderas de posidonia ha sido destruida, principalmente por la eutrofización de la costa y los dragados del fondo, que están provocando que la tasa de pérdida global se acelere. De hecho, en la actualidad son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.
   "Las praderas pueden acumular depósitos de carbono orgánico en sus suelos de más de un metro de espesor. En algunas como las de la especie Posidonia oceánica en el Mediterráneo, el espesor de estos depósitos puede ser de hasta más de cuatro metros", ha destacado el investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes Óscar Serrano.
   Además, los científicos calculan que las praderas acumulan aproximadamente el 90 por ciento del carbono que tienen en el suelo sobre el que crecen y, a diferencia de los bosques, continúan haciéndolo indefinidamente mientras sube el nivel del mar.
   Para el investigador del CSIC Carlos Duarte, la gran capacidad de las praderas como sumideros se debe a que este ecosistema "fija más carbono que el que consume o respira", a que parte de la producción neta del ecosistema se entierra y a que atrapan y entierran partículas de la columna de agua.
   Asimismo, ha añadido que, a diferencia de los suelos de los bosques, el sedimento en las praderas submarinas se acumula verticalmente mientras el nivel del mar sube y, por tanto, pueden aumentar su volumen a lo largo de siglos y milenios. "La ausencia de fuegos en el mar contribuye también a que estos sumideros de carbono persistan", ha agregado.
   Por su parte, el investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Miguel Ángel Mateo, ha apuntado que estos depósitos de carbono orgánico son el resultado de la acumulación durante "siglos y milenios". Concretamente, donde mayor concentración de carbono se ha encontrado durante la realización del trabajo es en las praderas de posidonia del Mediterráneo.
   En este contexto, los científicos subrayan que los resultados demuestran que es "fundamental conservar y restaurar las praderas submarinas para conservar su capacidad como sumidero de CO2" y que su conservación, junto con la de los manglares y las marismas contribuiría a mitigar los impactos del cambio climático, además de preservar los beneficios que aportan a la sociedad.

La administración pública española paga ya a 160 días frente a los 65 de media europea

MADRID.- La administración pública española ha aumentado sus plazos de pago de las facturas a proveedores hasta los 160 días en 2012, un 4,5% más respecto al mismo periodo de 2011, con lo que supera en 95 días a la media europea, fijada en 65 días, según informa Intrum Justitia en un comunicado.

   El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, explicó que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada".
   De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP).
   Salvaterra consideró que "esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes".
   Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo.
   Así, el 80% de las empresas españolas teme un impacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%.
   Esta combinación de elementos ha supuesto que en 2012 las empresas españolas hayan encabezado el ranking europeo con el plazo medio de pago más largo: 97 días (45 más que la media europea).
   Por último, Salvaterra afirmó que "se tiene que interiorizar la importancia que tiene no pagar las facturas a tiempo; eso sumado a los impagos tiene un resultado fatal en la economía de las empresas porque las pérdidas por impagos suponen para España un déficit de 28.590 millones de euros".

El arzobispo de Granada niega privilegios en el pago del IBI y ve una "motivación política" en el debate

GRANADA.- El arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez,  mantiene que la Iglesia católica "no tiene ningún privilegio" respecto al pago del IBI y considera que el debate abierto en torno a este asunto tiene "una motivación exclusivamente política".

   A preguntas de los periodistas sobre la intención del PSOE de impulsar mociones en todos los ayuntamientos para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, el arzobispo granadino ha subrayado este lunes que privilegios respecto a este impuesto "los tienen un montón de entidades deportivas, culturales y de todo tipo", pero no así la Iglesia católica.
   El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, afirmó la semana pasada que la cantidad que se recaudaría en toda España si la Iglesia pagara el IBI no superaría nunca los 100 millones de euros.
   "Hablar de los privilegios, creo que tiene una motivación exclusivamente política en estos momentos", ha añadido el arzobispo, que al hilo de una pregunta posterior sobre la huelga de hambre que mantienen tres parados en la Curia, ha destacado que el "pueblo cristiano es el que está haciendo más por paliar la crisis de manera efectiva", mediante iniciativas como la recogida de alimentos.
La diócesis de Almería pertenece a la provincia eclesiástica de Granada.