SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la
tramitación, por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio
Ambiente, del proyecto de decreto por el que se declarará zona especial
de conservación el lugar de importancia comunitaria (LIC) Isla de
Alborán y se aprueba su plan de gestión.
La Isla de Alborán,
situada en el mar Mediterráneo, es un enclave de "extraordinario valor
ecológico y estratégico", según ha señalado la Junta en una nota en la
que apunta que, con apenas 12,29 hectáreas, la isla, junto con su islote
aledaño (Islote de las Nubes) y las aguas y fondos marinos que la
rodean, se erige como un "espacio clave" para la biodiversidad entre la
costa de Almería y la de Marruecos.
Este territorio,
reconocido como Paraje Natural en 2003, forma parte de la Red Natura
2000 y está incluido en las listas de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM).
La Isla de Alborán es hogar de
ecosistemas terrestres y marinos "únicos" que albergan hábitats de
interés, como arrecifes y cuevas marinas sumergidas o semisumergidas,
clasificados bajo la Directiva Hábitats de la Unión Europea.
Entre las especies protegidas destacan las especies de lapas 'Patella
ferruginea' y 'Cymbula safiana', ambas en peligro de extinción, y
plantas endémicas como el jaramago --'Diplotaxis siettiana'--, el
botoncillo --'Anacyclus alboranensis'-- y el azuzón de Alborán
--'Senecio alboranicus'--, cuya distribución se limita exclusivamente a
este espacio.
Además, la isla tiene una importancia "crucial"
para la avifauna y esta incluida en la Directiva Aves de la Unión
Europea. Su posición estratégica la convierte en un lugar "esencial"
para el descanso y la reproducción de especies como la gaviota de
Audouin --'Larus audouinii'--, considerada "un símbolo del equilibrio
ecológico del Mediterráneo".
Por ello, fue declarada Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
El proyecto de decreto
incluye la declaración de Zona Especial de Conservación (ZEC) y la
aprobación de un plan de gestión con carácter indefinido. Este plan, que
será el principal instrumento de conservación, tiene como propósito
garantizar el mantenimiento o restablecimiento de un estado de
conservación favorable para los hábitats y especies protegidos.
Entre sus principales ejes destacan la identificación de prioridades
de conservación y amenazas, como la contaminación y el cambio climático;
la implementación de medidas específicas para restaurar hábitats,
controlar especies invasoras y proteger áreas críticas para aves y flora
endémica, y el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación para
garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Este paso
"refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación de
su rico patrimonio natural, que incluye 311 espacios protegidos dentro
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa)", han
estimado.
Con
2,9 millones de hectáreas, Andalucía lidera en España la superficie
destinada a la protección medioambiental, destacando su integración en
la Red Natura 2000. El decreto también responde a la carta de
emplazamiento INFR 2015/2003 emitida por la Comisión Europea, que insta a
los estados miembros a cumplir con la declaración de LIC como ZEC en un
plazo determinado.
Este avance "refleja el cumplimiento de
Andalucía con los estándares europeos en materia de biodiversidad y
sostenibilidad". Como parte del proceso de tramitación, se garantizará
la participación ciudadana a través de periodos de información pública y
audiencia, en los que se recogerán aportaciones y observaciones para
enriquecer el contenido del plan de gestión.
Esta dinámica de
colaboración es esencial para asegurar la transparencia y el consenso en
torno a las medidas de conservación propuestas.
Cabe recordar
que en mayo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
estimó un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Administración General del Estado contra el Decreto 369/2015 y la Orden
de 10 de agosto de 2015.
Dichas normativas incluían, de manera indebida
según el tribunal, la declaración de la Zona Especial de Conservación
(ZEC) Alborán. La controversia se centró en la competencia para
gestionar los hábitats marinos.
La Administración General del
Estado argumentó que, conforme a la Ley 42/2007, estas funciones
corresponden al Estado, excepto en casos de continuidad ecológica entre
ecosistemas terrestres y marinos avalados por evidencia científica
sólida.
Sin embargo, un informe del Instituto Español de Oceanografía
concluyó que no se justificaba tal continuidad para Alborán,
considerando los límites del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) como
meramente administrativos.
A pesar de los informes
presentados por la entonces Consejería de Medio Ambiente, que incluían
un dictamen científico de la Universidad de Málaga, el tribunal
dictaminó que no se acreditaba rigurosamente la continuidad ecológica
necesaria para extender la protección marina.
Por lo tanto, la
tramitación del nuevo proyecto de decreto para declarar la Isla de
Alborán como Zona Especial de Conservación (ZEC) y aprobar su Plan de
Gestión marca un hito en la protección de este enclave único.
Tras el fallo judicial de 2017, la Junta de Andalucía ha trabajado para
cumplir con los requisitos legales y científicos exigidos.
Gracias a los avances realizados, el actual proyecto subsana las deficiencias detectadas, garantizando que la protección de la Isla de Alborán esté validada por la evidencia científica y normativa.
Con esta iniciativa, Andalucía se posiciona como un referente en la gestión sostenible y responsable de su patrimonio natural.
