lunes, 24 de diciembre de 2012

El Rey de España hace un llamamiento a su pueblo para recuperar valores perdidos


Buenas noches,

 En esta Nochebuena, como cada año, quiero reflexionar con vosotros sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas.

En concreto, me gustaría referirme a tres asuntos: la crisis económica, la fortaleza de España como nación europea e iberoamericana y la necesidad de reivindicar la política como instrumento necesario para unir las fuerzas de todos y acometer la salida de la crisis y los retos que tenemos por delante.

No creo exagerar si digo que vivimos uno de los momentos más difíciles de la reciente historia de España. 

La grave crisis económica que atravesamos desde hace unos años ha alcanzado una intensidad, una amplitud y una persistencia en el tiempo que nadie imaginaba. Los ciudadanos sufren hoy su rigor, que está poniendo en entredicho el bienestar de no pocas familias. Pienso en tantas personas de todas las edades, pero muy especialmente en muchos jóvenes, que se levantan cada día con sensación de inseguridad y desánimo por la difícil situación de sus economías, la falta de trabajo y las inciertas perspectivas de futuro.
No podemos ignorar que existe pesimismo, y que sus efectos se dejan sentir en la calidad del clima social que vivimos. Está además generando un desapego hacia las instituciones y hacia la función política que a todos nos preocupa. 

Frente a este pesimismo, como frente al conformismo, cabe encontrar nuevos modos y formas de hacer algunas cosas que reclaman una puesta al día.

La realidad actual es compleja y no siempre fácil de entender ni de solucionar en el corto plazo. Austeridad y crecimiento deben ser compatibles. Las renuncias de hoy han de garantizar el bienestar de mañana, en un plazo razonable de tiempo, de manera que se asegure la protección de los derechos sociales que son seña de identidad de nuestra sociedad desarrollada. 

Para que nuestra economía vuelva a crecer tenemos que poner orden en nuestras cuentas y, a la vez, generar estímulos para la creación de riqueza. Hay estímulos que son creados por medidas de política económica o fiscal, o por políticas de fomento de la innovación o el emprendimiento, pero el primer estímulo que nos sacará de esta crisis se llama confianza. 

A lo largo de los treinta y siete años de mi reinado hemos pasado por varias coyunturas económicas realmente complicadas que los que tenemos ya algunos años recordamos bien. Quizá no fueron tan difíciles como ésta pero en cualquier caso fueron muy complicadas. Y sin embargo supimos salir de ellas con éxito y hacer que nuestra economía creciera y que nuestro bienestar mejorara. Y lo logramos por muchas razones pero en primer lugar porque teníamos confianza en un proyecto compartido por todos y en nuestras posibilidades de salir adelante.

Hoy como entonces, podremos superar las dificultades actuales con la generosidad, el talento y la creatividad de nuestros hombres y mujeres y con la fortaleza de nuestro sistema productivo si tenemos confianza en nosotros mismos y si somos capaces de generarla también en las instancias y en los mercados internacionales. 

España es parte de la solución a la crisis global y debe ser protagonista en la toma de decisiones en los grandes foros internacionales. Iberoamérica es parte fundamental de nosotros, como también nosotros lo somos de ella. Lo mismo acontece con Europa. Con la Unión Europea tenemos que seguir trabajando para superar las visiones puramente nacionales y reforzar las bases de solidaridad con las que entre todos hemos avanzado en el proceso de integración. Hemos de garantizar que nada de lo conseguido juntos, ni los derechos individuales y sociales, ni el bienestar económico, ni el proceso de construcción política y económica puedan verse amenazados.

Pero no todo es economía. Por muy evidente que sea, no es malo repetirlo: no todo es economía. No ignoro que la política no vive hoy sus mejores horas en la percepción de los ciudadanos. Por esta razón yo quisiera esta noche reivindicar la política porque su papel es fundamental en la salida de la crisis. 

Quiero reivindicar la política grande, esa que para destacar su dignidad y valor solemos llamar la política con mayúsculas. 

La que, desde el gobierno o desde la oposición, fija su atención en el interés general y en el bienestar de los ciudadanos.

La que, lejos de provocar el enfrentamiento y desde el respeto a la diversidad, integra lo común para sumar fuerzas, no para dividirlas.

La que sabe renunciar a una porción de lo suyo para ganar algo mayor y mejor para todos. 

La que busca el entendimiento y el acuerdo para encauzar y resolver los grandes y fundamentales desafíos colectivos.

La que se cimenta en el espíritu de servicio y se acomoda a los principios de la ética personal y social.

La que, en fin, es capaz de sacrificar la satisfacción del corto plazo, a menudo efímero, para ensanchar el horizonte de sus ambiciones. 

Esa fue la política grande que supo inaugurar una nueva y brillante etapa integradora en nuestra historia reciente y es la única que tiene la capacidad de reafirmar la confianza en nuestra gran nación, abrir nuevas puertas a la esperanza y materializar ese anhelo de superación que está reclamando nuestra sociedad. 

Para conseguirlo, es necesario promover valores como el respeto mutuo y la lealtad recíproca. Son valores que hace más de tres décadas contribuyeron a poner en pie un nuevo marco de convivencia, el reconocimiento de nuestra pluralidad y el amparo de las diferentes lenguas, culturas e instituciones de España. Es hora de que todos miremos hacia adelante y hagamos lo posible por cerrar las heridas abiertas. Será nuevamente un éxito de todos, ciudadanos e instituciones, basado en el respeto a las leyes y a los cauces democráticos.

La Corona es muy consciente del esfuerzo y el sacrificio que los ciudadanos están llevando a cabo con entereza. Ningún esfuerzo en la vida es baldío y tampoco lo serán los que se están haciendo ahora. En este contexto, quiero resaltar la actitud abnegada y leal de las familias y la solidaridad de muchas organizaciones asistenciales que, con su ayuda, tanto están contribuyendo a la estabilidad social. También, el sacrificio de todos los españoles que dejan ahora nuestro país para conseguir mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Su experiencia y preparación constituirán a su regreso un importantísimo efecto dinamizador de nuestra economía.

La Navidad simboliza el triunfo de la generosidad sobre el egoísmo. Generosidad, solidaridad y compromiso son valores que todos debemos reconocer, conservar y promover siempre y en estos tiempos más que nunca.

Feliz Navidad para todos y buenas noches.

La jueza pide nuevas diligencias para determinar si el exalcalde de Carboneras cometió delito electoral

ALMERÍA.- La jueza instructora del procedimiento por presunto delito electoral contra el exalcalde de Carboneras, Francisco Ruiz Aguado, tres exediles socialistas y un empresario ha urgido a las cuatro principales operadoras de telefonía móvil para que faciliten al equipo de la Guardia Civil los datos relativos a los titulares de cinco números a fecha 27 de mayo de 2007 "aunque fueran secretos".

   El oficio es el tercer requerimiento de este tipo que realiza el juzgado desde febrero, en el que ordenó nuevas diligencias e interesó que se investigase la titularidad y filiación de los números de teléfono recogidos en el atestado de la Policía Judicial como los presuntos beneficiarios de los "favores" que el exregidor, según los indicios, prometía a cambio de voto tales como mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e "incentivos" en forma de subvención o de pago de la factura de la luz.
   En el primer auto con este requerimiento, la jueza daba a las operadoras un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la orden para ejecutarla. En esta resolución, justificaba la intervención del derecho al secreto de las comunicaciones en que, en el estado actual de la instrucción, se trataría de la "única vía de investigación para el esclarecimiento" de los hechos, por lo que concurrirían los presupuestos necesarios para acordar la medida de carácter excepcional".
   "Los teléfonos móviles debían de tener un titular, y salvo que se tratara de antiguas tarjetas que no precisaban identificación a su compra, es necesario determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y la identidad de las personas intervinientes", según señala.
   Ruiz Aguado, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el exalcalde Cristóbal Fernández renunciase al cargo para cumplir una condena de inhabilitación por otro delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que, al parecer, le "sorprendió" tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio de su voto por correo para el PSOE.
   El Juzgado de Instrucción nº 1 de Vera dispuso también que la Policía Local de Garrucha "constatase la existencia de las obras" que detalla la acusación particular ejercida por el letrado Enrique José Cerrudo y que aparecen mencionadas en el atestado policial y que se pudieron identificar tras recomponer el "detritus" en que quedaron convertidos los documentos.
   Ordenaba, en esta línea, que se entrevistase a sus beneficiarios "a efectos de poder determinar si alguna de esas personas pudo votar por correo en base a la promesa recibida por los imputados". El fiscal, que informó favorablemente a la práctica de diligencias, indicó que lo "básico" era "localizar" una persona que "votara a petición de lo imputados en base a un favor a recibir".
   La juez acordaba, asimismo, en la resolución que se determinase la titularidad de los números de teléfono que figuraban en los documentos intervenidos, así como que se tomase cuerpo de escritura y se practicase la pericial caligráfica para verificar si Ruiz Aguado era el autor de las notas manuscritas.
   La Audiencia Provincial de Almería ordenó en marzo de 2011 al juzgado instructor que continuase la causa abierta por un presunto delito electoral contra el exregidor al considerar que existían "indudablemente" toda una serie de "indicios racionales de criminalidad".
   Reprochaba el tribunal a la Fiscalía, que entonces pidió el sobreseimiento de la causa contra Ruiz Aguado, el "contrasentido" de que estimase que existían indicios para imputar al resto de implicados por los documentos encontrados en la bolsa de basura y pretendiese "poner fin a la investigación sobre aquel que tiró la bolsa".
   La citada bolsa, según consta en el atestado policial, contenía un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE, y documentación manuscrita supuestamente por Ruiz Aguado sobre las contraprestaciones ofrecidas a los ciudadanos del municipio a cambio de su voto
   La juez instructora ordenó a finales de 2010 incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos contra, entre otros, la exprimera teniente de Alcalde de Carboneras, Rosario Fernández (PSOE), al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las elecciones municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.
   La exedil fue condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el exregidor Cristóbal Fernández, a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral aunque finalmente ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, seis meses antes de los comicios y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.
   La juez atribuye en la causa la presunta autoría de un delito de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tanto a Rosario Fernández, como a las exediles socialistas Josefa Cruz Orta y Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes.
   Según se recogía en el auto, de la pruebas practicadas podía "deducirse" que la primera teniente de alcalde carbonera cometió delito electoral cuando le dijo textualmente a una vecina "me vas a votar por correo, que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora". La citada vecina "fue a votar y le entregó la documentación" a Rosario Fernández.
   "Ese mismo día --ahondaba la juez-- la concejal Josefa Ruiz Sáez le dijo que no se preocupara, porque iba a tener trabajo". En el caso de Josefa Ruiz Orta, con ayuda del otro imputado, Juan Cruz Cervantes, ésta le propuso a un empleado del último que fuera con ella a la oficina de correos donde el testigo "votó, recogió un sobre y se lo dio." A cambio, su jefe --añade la juez-- le "prometió un puesto de trabajo" mientras la edil le garantizaba, a su vez, que "le iban a permitir la apertura de una terraza en el bar".

Chamizo: "Los derechos sociales no pueden perderse" por la crisis

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha señalado que en los mensajes institucionales dirigidos a la ciudadanía típicos de estas fechas habría que insistir en que, pese al actual contexto socioeconómico de crisis, "los derechos sociales no pueden perderse".

   En una entrevista a Canal Sur Radio, Chamizo ha indicado que la sensación es la de que "se vuelve a años atrás".
 "Es verdad que hay una crisis, con mucho sufrimiento y gente que lo está pasando mal", ha recordado, para, acto seguido, incidir en la idea de que los derechos sociales básicos "hay que defenderlos por encima de todo".
   De esta manera, ha apuntado a conceptos como la salud, los servicios sociales o la educación, manifestando que en su discurso de Navidad, a su juicio, el Rey "tendría que ir por este sendero de los derechos sociales bien defendidos".
   Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho un llamamiento a aprovechar estos días para "el encuentro con nosotros mismos", algo que es "importante" para, "además de la crisis económica, evitar otras crisis todavía más profundas".

La Junta refuerza la inspección a fiestas con aforo superior a 700 personas

SEVILLA.- La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha intensificado la inspección de las salas, discotecas o recintos de espectáculos cuya capacidad supera las 700 personas y ha pedido a los promotores de fiestas navideñas y cotillones y a los ayuntamientos responsables de su autorización que extremen las medidas de seguridad y cumplan la normativa vigente.

   La Junta realiza estas actuaciones en el marco del Plan de Inspección bianual en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas impulsado por la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, que fija la tipología de establecimientos que son objeto de inspección y vigilancia en este ámbito y los aspectos objeto de control, ha informado el departamento de Emilio de Llera en una nota.
   El programa da prioridad a aquellas instalaciones que tienen la categoría de 'establecimientos de esparcimiento' --salas de fiesta, discotecas, discotecas de juventud y salones de celebración-- con capacidad superior a 700 personas, ya que la Junta es competente en la inspección de estos recintos de mayor aforo, mientras que los ayuntamientos son responsables del control del resto de establecimientos.
   Los profesionales encargados de realizar las labores de supervisión y control de estas instalaciones son miembros de la Inspección de Espectáculos Públicos de la Junta, técnicos de empresas especializadas habilitados por la Consejería y agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta.
   En estas inspecciones se comprueba la documentación general de estos establecimientos o la documentación técnica de sus instalaciones y se revisan aspectos importantes para la seguridad de las personas, como las instalaciones eléctricas, las de protección contra incendios y los elementos y condiciones de evacuación del edificio.
   La Junta podrá clausurar aquellos establecimientos en los que se detecten deficiencias graves hasta su completa remodelación. Los planes de inspección desarrollados anteriormente han demostrado su eficacia para corregir los eventuales incumplimientos registrados durante los mismos y su importante efecto preventivo y disuasorio, ya que las inspecciones fomentan actitudes responsables por parte de los propietarios de estos establecimientos.
   La Consejería de Justicia e Interior ha pedido a los todos los ayuntamientos andaluces que extremen las medidas de control previo sobre las distintas fiestas y cotillones que se organizan durante las navidades con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como los derechos de los asistentes a tales celebraciones.  
   Con este objetivo, la Consejería ha remitido una carta, a través de las ocho delegaciones del Gobierno de la Junta, a los 771 consistorios de la comunidad autónoma en la que solicita que se refuerce esa vigilancia y seguimiento de este tipo de fiestas.
   La Junta recuerda en esa misiva que los organizadores de estos eventos tienen que obtener las preceptivas autorizaciones administrativas ante los ayuntamientos con antelación suficiente y, al mismo tiempo, tienen que cumplir todos los requisitos de seguridad contemplados en la normativa de Espectáculos Públicos.
   Para este tipo de fiestas, los establecimientos que se dedican a actividades de ocio y esparcimiento no tienen que pedir autorización, siempre que cumplan las condiciones autorizadas en su licencia municipal. El resto de establecimientos sí deben pedir autorización expresa al ser consideradas estas fiestas eventos de carácter extraordinario. Es el caso de espacio que tienen usos diferentes --tales como garajes, locales o naves-- y que, excepcionalmente, se utilizan para albergar una fiesta en esta época.
   En todos estos casos, son los ayuntamientos los competentes para otorgar las licencias conforme a la legislación vigente, motivo por el que las delegaciones del Gobierno han solicitado a las corporaciones locales andaluzas la conveniencia de reforzar los controles previos a la concesión de las necesarias autorizaciones oficiales. La Junta subraya que la normativa vigente regula la presencia de un servicio de vigilancia y admisión en los eventos de carácter ocasional y la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
   La resolución municipal que autorice la fiesta deberá contener información detallada del evento, incluyendo información del titular y organizador, objeto, duración o vigencia, aforo máximo, horario u otras condiciones particulares. Por lo que respecta a los espacios utilizados de forma eventual, éstos deberán reunir todas las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias y de accesibilidad para el evento que tiene previsto albergar.

CCOO y UGT pedirán a la Junta que impulse una red andaluza de paradores

SEVILLA.- Los sindicatos CCOO y UGT se reunirán con el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, el próximo 27 de diciembre en Sevilla para pedirle si apoyo en favor de la permanencia de los paradores andaluces, demandarle que medie ante el Gobierno central ante el anunciado expediente de regulación de empleo (ERE), que contempla cierre de establecimientos, tras lo que plantean como posible opción que sea el Gobierno andaluz el que asuma la gestión de los paradores andaluces y se cree una especie de red andaluza de establecimientos.

   Fuentes de CCOO han destacado la "celeridad" con la que el consejero ha respondido a la misiva remitida hace unos días, de forma que "parece que le da cierta prioridad al asunto".
   Han explicado que en dicha reunión, los sindicatos expresarán su preocupación por el futuro de los paradores y apuntan que "aunque finalmente la última propuesta de la empresa no contempla cierres en Andalucía, sino cierres de temporada en Cazorla, Arcos y también Ayamonte, consideramos que ningún establecimiento es de temporada en la Comunidad".
   "Se debe mantener la red andaluza de paradores íntegra", han agregado las fuentes, quienes apuntan que "la red de paradores debe seguir siendo pública y si no se queda en manos estatales, antes de que se privatice, preferimos que sea la Junta la que haga las gestiones para hacerse con la gestión pública de paradores, pues eso beneficiará al empleo y a la imagen de Andalucía".
   Asimismo, han lamentado la "mala gestión" de Paradores de Turismo, de manera que "los trabajadores cobran de media 1.000 euros, mientras que los responsables, colocados por el PP, perciben 180.000 euros en el caso de la presidenta de Paradores, y 145.000 euros en el caso del director general, son unos salarios desorbitados; por lo que deberían recortar más por arriba que por abajo". "Paradores es una empresa rentable", han añadido las fuentes.
   Además, han recordado que la huelga del 31 de diciembre y 1 de enero sigue adelante y han apuntado que el día 31 por la mañana se concentrarán los trabajadores de los paradores de Málaga para "comer las uvas a mediodía y pedir que el año nuevo suponga la retirada del ERE". Esperan que esa movilización se extienda a todos los paradores andaluces.  
   La reducción de plantilla en los centros de trabajo de la red afecta a 644 trabajadores, de las que 107 despidos se ubican en Andalucía.  Se cierran temporalmente los paradores de Cazorla (Jaén) y Arcos de la Frontera (Cádiz) y definitivamente el parador de Ayamonte (Huelva), según la propuesta inicial, que se vio modificada, de forma que el parador de Ayamonte se cerraría también temporalmente, no definitivamente.

domingo, 23 de diciembre de 2012

La niebla provoca el desvío y cancelación de cuatro vuelos en Almería



ALMERÍA.- El Aeropuerto de Almería se ha visto obligado a desviar y cancelar hoy cuatro vuelos a causa de la densa niebla que ha obligado a activar los procedimientos de baja visibilidad en dichas instalaciones aeroportuarias.

Fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) han indicado que el primer avión en ser desviado ha sido el que tenía que aterrizar en Almería a las 16,45 procedente de Palma de Mallorca-Berlín, que finalmente ha volado hasta el aeropuerto de Alicante.
Este desvío ha obligado a cancelar el vuelo de retorno a Palma de Mallorca, que debía haber partido desde Almería a las 17,30 horas.
Asimismo, estaba prevista la llegada a las 17,05 horas de la aeronave de la conexión con Madrid, que se ha visto forzada a aterrizar en el aeropuerto de Granada.
Igual que en el caso anterior, no ha sido posible realizar el vuelo de vuelta, con hora de salida desde Almería a las 17,35 horas.
Sin embargo, las condiciones atmosféricas han mejorado y la línea Sevilla-Almería ha podido operar con normalidad, por lo que a las 19,30 horas ha podido tomar tierra en Almería el avión llegado desde la capital andaluza.
Las compañías que han tenido que desviar sus naves han ofrecido a los pasajeros transporte en autobús hasta Almería, ha informado Aena.

CCOO reclama una reducción de directivos en la RTVA

SEVILLA.- La delegación del sindicato CCOO en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha reclamado este domingo una reducción del número de directivos del ente y sus "abultadísimos salarios", a la vez que ha urgido a su director general, Pablo Carrasco, a "bajarse su sueldo" antes del próximo día 1 de enero para cumplir así con los topes fijados el pasado 24 de julio por la Junta de Andalucía para las retribuciones del personal directivo de las entidades del sector público, que debían estar ya en vigor a comienzos de este próximo año.

   Se trata de unas medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno el pasado día 24 de julio para el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 que no ha cumplido el director general de la RTVA, según CCOO, que en una nota ha cifrado en 125.411,16 euros el sueldo de Carrasco; en 93.435,16 euros el de los directores de Canal Sur Radio y Televisión, y entre 87.819,48 y 78.138,76 euros las cantidades a las que ascienden las nóminas de "otros directivos de tercer o cuarto nivel" del ente público autonómico.
   Son salarios que, según ha indicado el delegado sindical de CCOO en la RTVA, Antonio Muñoz, superan a los del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, o a los de consejeros y viceconsejeros, y que además se mantienen "a la par que al resto de la plantilla se le ha aplicado un aumento de dos horas y media de jornada semanal, así como recortes de entre un 15 y un 30 por ciento", que han desembocado en que haya "contratados con salarios inferiores a los 1.000 euros".
   Además, CCOO ha alertado del mantenimiento, por parte de Carrasco, de "un reducidísimo equipo de exdirectivos y personal de confianza con sus salarios anteriores a pesar de haber cesado en sus funciones".
   Por todo ello, el sindicato insta a la Junta a actuar, al entender que el Gobierno andaluz "no puede seguir premiando a esta Dirección General de la RTVA con una prórroga de sus privilegios, cuando acaba de cerrar un canal, despedido a varias decenas de trabajadores y además mantiene un conflicto permanente con los cuatro sindicatos presentes en la empresa".
   En este sentido, esta organización recuerda que, según recoge el artículo 12.2 del Acuerdo del 24 de julio, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 3 de agosto, el Gobierno andaluz se compromete, "en relación con la medida de adecuación del régimen económico de las personas que ejercen funciones de alta dirección y del resto del personal directivo de las entidades del sector público andaluz" prevista en dicha normativa, a adoptar "todas aquellas actuaciones que sean necesarias para llevar a efecto la misma antes del 1 de enero de 2013".  
   Para este sindicato, "la solución para bajar la masa salarial está en la reducción del número de directivos y de sus abultadísimos salarios, que no responden a las condiciones del mercado" y que, según CCOO, "aumentaron casi un cien por cien en 1994".

El AVE en Málaga cumple cinco años de vida con más de siete millones de usuarios

MÁLAGA.- El tren de Alta Velocidad Española (AVE) Málaga-Madrid cumple este domingo cinco años desde su inauguración. Un lustro en el que 7,2 millones de usuarios han utilizado este trayecto --3,6 en cada sentido--, lo que supone el 78 por ciento del total de usuarios de la relación.

   El 23 de diciembre de 2007, se inauguraba la conexión vía AVE entre Málaga y Madrid. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo acompañado por la que fuera en la época ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, el presidente de Adif, Antonio González, y el de Renfe, José Salgueiro.
   La comitiva llegó puntual y en dos horas y 33 minutos ya se encontraban en la Estación María Zambrano. Esta precisión suiza ha ocurrido en un 97,6 por ciento de los trayectos entre ambas capitales.
   En 1828 días, han circulado más de 42.000 trenes AVE entre la capital de la Costa del Sol y Madrid. Por su parte, la estación Antequera-Santa Ana, en la que los trenes procedentes de Málaga realizan una parada, ha sido utilizada por 200.000 viajeros para desplazarse a la capital de España.
   En este 2012, la estimación, según ha apuntado Renfe, para el ejercicio completo de 2012 es de 1,7 millones de viajeros en el conjunto del servicio AVE Málaga-Madrid.
   Con la apertura de este servicio, se pusieron en marcha las líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga, así como en enero de 2009, Renfe puso en marcha los trenes AVE directos entre Barcelona y Málaga, sin parada en Madrid. La oferta se ampliaría en junio de 2011 con la incorporación de dos trenes más, de forma que actualmente son cuatro los servicios AVE diarios entre Cataluña y la Costa del Sol.
   Por su parte, la incorporación más reciente a la oferta AVE de Málaga ha sido la conexión con Valencia. El pasado mes de junio se puso en marcha el servicio entre la capital malagueña y Valencia, mediante enlace en Córdoba.
   "Fue una gran alegría, en lo personal, y algo muy importante para Málaga que todos los malagueños nos merecíamos", ha manifestado la exalcaldesa de Málaga y actual vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos.
   La exregidora ha confesado que, el que fuera presidente del Gobierno cuando Villalobos planteó la necesidad de la llegada del AVE en Málaga, José María Aznar, "se enfadó un poco conmigo porque le presioné mucho" y ha recordado que fue en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 1999 "cuando por primera vez ya se contemplaban las obras del AVE en Málaga".
   Además, Villalobos ha aclarado que el AVE en Málaga "no fue un capricho, ni un enfrentamiento con Sevilla, al tenerlo ellos".
 "Estábamos convencidos de que era necesario para una provincia del nivel turístico de Málaga y que iba a ser una gran riqueza", ha apostillado, al tiempo que ha criticado a Álvarez porque durante la inauguración "fue demasiado personalista y debió ser más generosa".
   Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, también se ha mostrado satisfecho por este lustro del AVE en Málaga y ha indicado que aquel 23 de diciembre de 2007 "fue un gran hito para la provincia y puso a la capital en el panorama nacional y mundial de la alta velocidad".
   "Fue un evento transformador que ayudó a convertir a Málaga en la ciudad española mejor comunicada por tierra, mar y aire", ha asegurado Heredia, quien ha resaltado la figura de Álvarez y del Gobierno socialista que gobernaba en el Ejecutivo central en 2007, "porque fueron quienes impulsaron realmente la instalación del AVE en Málaga".
   No obstante, ha ensalzado la importancia de la posibilidad de viajar en alta velocidad desde Málaga, ya que "favorece el turismo e incrementa las riquezas", al tiempo que se ha mostrado "preocupado" por "los recortes que el Gobierno del PP quiere hacer en cuanto al número de trenes en los trayectos entre Málaga y Madrid, Barcelona o Valencia".

Los MIR andaluces, entre los peor pagados de España

SEVILLA.- Los sanitarios especialistas internos residentes (EIR, antiguos MIR) andaluces son, junto con sus compañeros de Cataluña, Cantabria y Castilla y León, los peor pagados de España, con retribuciones netas mensuales (sin contar guardias) que van desde los 920 euros de un residentes de primer año (R1) a los 1.213 euros de un residente de quinto año (R5), según se desprende del 'Estudio comparativo de retribuciones de los residentes en España en el año 2012 y recortes desde el año 2009', elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médicos de Granada.

   Según este estudio, los MIR de estas comunidades son los peor pagados del conjunto del Estado, si bien en la horquilla de sueldos de estos residentes no se han tenido en cuenta las retribuciones adicionales que perciben por las guardias que realizan anualmente.
   Aún con todo, si se analiza las retribuciones netas mensuales en 2012 contando las horas de guardia, y tomado como una media los resultados de un MIR que hace una guardia semanal, los residentes andaluces también son los peor pagados durante los tres primeros años de formación, con sueldos de 1.518 euros (R1), 1.630 euros (R2) y 1.804 euros (R3).
   Para el cuarto y quinto, con sueldos netos mensuales de 1.964 euros y 2.036 euros, respectivamente, los residentes andaluces se encuentra entre los peor pagados, aunque los residentes de cuarto año de Extremadura (1.937 euros) y Aragón (1.945 euros) perciben menos. Para el quinto año, la comunidad peor situada es Extremadura, con sueldos netos mensuales de 2.009 euros; seguida de Aragón (2.016 euros) y la propia Andalucía.
   Los autores de este trabajo, que han justificado la elaboración del mismo al objeto de conocer las diferencias en las retribuciones en los 18 servicios de Salud de España, han explicado que se han comparado cada uno de los años que componen la residencia y los diferentes conceptos retributivos.
   Además, han aclarado que se partió de la hipótesis de que los residentes realizan una guardia semanal (con frecuencia son más), lo que supone aproximadamente 80 horas mensuales. De ellas, estiman que 50 horas corresponderían a días laborables, 17 horas a domingo o festivo y otras 13 horas en sábado.
   Mención especial merece el Instituto de Gestión Sanitaria INGESA (Ceuta y Melilla), ya que, en este territorio, se percibe un complemento por residencia, cuyo importe es de 881,48 euros/mes (10.577,76 euros/año) y, además, en el impuesto de la renta disfrutan de unas retenciones y una tarifa un 50 por ciento inferior a la del resto de España.
   De igual forma, en el INGESA sólo existen plazas de Medicina de Familia (tres por año en Ceuta y otras tres en Melilla) y Medicina del Trabajo (una plaza en la convocatoria de 2010), con lo que no existe la posibilidad de MIR de quinto año. Existe también un plus de residencia en Baleares y Canarias, pero de cuantía mucho más pequeña.
   Teniendo en cuenta estas circunstancias excepcionales y para evitar "distorsiones" en el estudio, los autores han presentado los resultados del INGESA como un servicio de salud más, aunque sus datos "no se han usado a la hora de hacer los cálculos de media, máximo y mínimo".

sábado, 22 de diciembre de 2012

La administración de lotería de Vícar reparte finalmente más de 7,6 millones con dos quintos premios

ALMERÍA.- Una administración de lotería ubicada en Vícar ha vendido más de 7,6 millones de euros gracias a la venta de dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotados con 60.000 euros a la serie, concretamente los números 31.826 y 11.419.

   La Delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado que esta administración, que ha puesto a la venta íntegramente las 180 series del número 31.866, de las que han vendido 128 billetes --10 décimos-- y tres décimos más, lo que hace un total de 7.698.000 euros.
   Estela Alonso, la hija de la propietaria de esta administración ubicada en el Bulévar Ciudad de Vícar número 5, ha señalado que llevan adquiriendo "en exclusiva" el número 31.826 desde hace ya 26 años, número del que han vendido aproximadamente seis millones de euros, aunque finalmente han sido más de 7,6 millones de euros.
   "Esto muy contenta porque parece que nos ha venido a visitar la Diosa fortuna", ha señalado visiblemente emocionada Alonso, que ha explicado que las series adquiridas de este quinto premio fueron vendidas, como siempre, a un equipo de fútbol de la zona, que sin embargo devolvió parte de lo comprado, "supongo que por la crisis".
   Asimismo, y según ha señalado la hija de la propietaria de esta administración, han vendido 60.000 euros "en ventanilla" del número 11.419, agraciado con otro de los quintos premios.

Chamizo pide a la Junta que impulse más medidas de protección del derecho a la vivienda

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para pedir a la Junta que impulse medidas de protección al derecho a la vivienda frente a los desahucios.

   En su queja el Defensor recuerda que los defensores del pueblo se reunieron la semana pasada, el pasado 14 de diciembre, en Oviedo para estudiar medidas que ayuden a los afectados por procesos de desahucios y pérdida de sus viviendas con motivo de la crisis económica, un problema "de enorme calado social" que, a su juicio, "requería una respuesta específica de las instituciones de los defensores del pueblo".
   Por ello, en función de las conclusiones que se elaboraron, el Defensor del Pueblo Andaluz ha traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda una serie de medidas propuestas, a través de una queja de oficio.
   En dicha queja detalla que el pasado 14 de diciembre se celebró la jornada de trabajo junto a los demás defensores sobre 'Las medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda en un entorno de crisis económica', donde se llegaron a una serie de conclusiones encaminadas a "proponer medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda".
   Entre esas conclusiones se apunta que la actual crisis "está teniendo unos efectos muy negativos en un amplio sector de la población, que no sólo ve frustradas sus expectativas de acceder al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, sino que también se está viendo abocado a la privación de la vivienda en la que estaban residiendo, como consecuencia del sobreendeudamiento y la consiguiente ejecución hipotecaria".
   Agregan que esta realidad "dramática", se exige y demanda, conforme al mandato de la Constitución, que "los poderes públicos aborden, con carácter urgente, las necesarias reformas normativas, que se vienen demandado desde distintas instancias públicas y privadas, asociaciones y foros, de la legislación hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, Concursal y del Código Civil, con objeto de garantizar, de forma efectiva, el derecho a la vivienda".
   Consideran que las distintas normas que se han aprobado con objeto de evitar o limitar los efectos de la ejecuciones hipotecarias "son insuficientes", tras lo que aluden, entre otras cuestiones, a los resultados sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas por parte de entidades financieras y que "son concluyentes de su escasa efectividad". En ese sentido, indican que tales normas "no contemplan la situación en que pueden encontrarse los avalistas de los créditos, y en algunos casos la deuda principal acaba extendiendo sus efectos a éstos y les conduce a la exclusión social".
   Asimismo, apuntan que "muchas personas se han visto abocadas al impago de las cuotas de los préstamos hipotecarios que suscribieron en un momento" y se alude a las "circunstancias sobrevenidas" tras la formalización del contrato de préstamo hipotecario, tales como desempleo, fallecimiento, enfermedad, separación, unidos a una "inadecuada" valoración de los inmuebles y de la solvencia de los prestatarios por parte de las entidades financieras, lo que "las convierte en corresponsables de la situación de sobreendeudamiento".
   Consideran que en el caso de las entidades financieras que hayan sido rescatadas, los defensores ven conveniente que el Gobierno articule medidas para que estas ayudas públicas "también reviertan en la ciudadanía, bien a través de una renegociación de los préstamos hipotecarios que los ciudadanos tienen con estas entidades, o bien destinando parte de los inmuebles adquiridos a viviendas sociales".
   Por tanto, las defensorías del pueblo hacen una llamada a los poderes públicos para que, "con carácter de urgencia y desde el consenso y la responsabilidad que la sociedad española está exigiendo, adopten cuantas medidas, legislativas, sociales y económicas, sean necesarias para garantizar, de manera real y efectiva, el derecho constitucional a la vivienda".
   Los defensores en ese sentido, han propuesto una serie de medidas a las administraciones, como son "ampliar los supuestos de beneficiarios de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecución hipotecaria; promover el alquiler social de las viviendas como alternativa al desahucio; o incrementar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias".
   También propone "establecer los supuestos en los que se podrían acoger a la dación en pago los deudores como uno de los medios para liquidar la deuda hipotecaria; extender las medidas de protección a los locales de negocio donde se desarrolla la actividad que constituye el medio de vida del deudor; regular un sistema de reestructuración de deudas, articulando mecanismos que busquen soluciones cuando se generen, de buena fe, situaciones de sobreendeudamiento".
   Asimismo, proponen "instar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), para que adopte las medidas necesarias para que las entidades financieras destinen todas las viviendas protegidas al fin para el que fueron construidas, previendo alternativas, incluida la expropiación, ponderando su valoración en función de su amortización, la dificultad de venta, las ayudas públicas recibidas y la valoración de su inclusión en la Sareb, valorando, asimismo, la adquisición de inmuebles de las entidades beneficiarias a los precios socialmente ponderados como alternativa a la construcción de VPO en los planes públicos de vivienda y suelo para destinarlos al alquiler social".
   Los defensores proponen además "determinar un protocolo de intervención para evitar los lanzamientos de familias y personas que puedan acogerse a los supuestos de suspensión previstos en la norma aprobada", además de "poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los adquirentes de buena fe que sean desahuciados por circunstancias sobrevenidas".
   Plantean asimismo "reformar la normativa fiscal y tributaria para evitar que los deudores de buena fe vean agravada su situación por las cargas impositivas, como el impuesto de transmisiones o de plusvalías y otros impuestos; crear o reforzar servicios públicos de asesoramiento, orientación y mediación entre entidades financieras y los propietarios que se encuentren en dificultades de pago; o sugerir el aplazamiento del pago del precio o en su caso, del alquiler, ante la entidad financiera en determinados supuestos y condiciones".
   Ante esto, el Defensor andaluz ha "sugerido" que la Consejería de Fomento y Vivienda ponga en marcha las medidas propuestas por las defensorías del pueblo estatal y autonómicas con la finalidad de que, "si total o parcialmente las comparte, impulse su puesta en marcha y ejecución, ya sea directamente en lo que sea competencia andaluza, ya proponiendo su adopción al Gobierno, a través de la Comisión Interterritorial Estado-Comunidades Autónomas".
   "El deterioro que está sufriendo la garantía efectiva de este derecho constitucional exige un esfuerzo sin precedentes, pero inaplazable, para que los poderes públicos, en el marco de un Pacto por la Vivienda, ejerzan sus competencias para la protección de este derecho", ha aseverado el Defensor andaluz.

viernes, 21 de diciembre de 2012

El alcalde entrega a la Virgen del Mar el Bastón de Mando como 'Alcaldesa Honoraria y Perpetua' de la ciudad de Almería


ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha entregado oficialmente este viernes a la Virgen del Mar el Bastón de Mando que simboliza el nombramiento de la patrona de la ciudad como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la capital. 

   El acto, celebrado en el Santuario de la Virgen del Mar, ha tenido lugar en el transcurso de una eucaristía oficiada por el Obispo de Almería, Adolfo González, dentro del calendario de actividades que marcan el 510 Aniversario de la aparición de la imagen en la playa de Torregarcía, según informa el Ayuntamiento.
   De este modo, el Ayuntamiento culmina un proceso administrativo de largo recorrido, que se apoya en la decisión unánime del Pleno, que también acordó conceder el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería a su patrona. 
En su intervención, Rodríguez-Comendador ha puesto de manifiesto que, "reunidos en torno a la patrona podemos encontrarnos y reconocernos en el legítimo orgullo de ser almerienses, un sentimiento que nos ofrece la oportunidad de sentirnos miembros de una misma familia, cualesquiera que sean nuestras ideas, preferencias, costumbres y aún legítimas y saludables diferencias".
   Según Rodríguez Comendador, la Virgen del Mar es el símbolo que reúne a todos los almerienses que desean contar con su bendición protectora, "por ello le pido que ilumine de modo muy especial a todos cuantos, en este tiempo de dificultades, estamos al frente de responsabilidades políticas, económicas o sociales, para que ese trabajo sirva de generoso ejemplo en bien del interés general y que, con su ayuda, seamos capaces de atender con diligencia los problemas de los almerienses".
   Las actividades de culto continuarán el próximo 13 de enero, con la celebración de la tradicional Romería de Torregarcía.

El PP subraya el rigor de las cuentas municipales para 2013 "sin renunciar a inversiones" en Almería

ALMERÍA.- La junta de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para el próximo ejercicio, que asciende a 158.993.137 euros aunque, sumando el consolidado con la partidas de organismos autónomos y empresas municipales, asciende a los 174.386.531 euros. 

   La propuesta de presupuesto ha sido debatida en el marco de la comisión plenaria de Economía y Territorio, con los votos favorables del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de IULV-CA como paso previo a su aprobación inicial por parte del Pleno Municipal, previsto para el próximo 28 de diciembre.
   La concejala del área de Hacienda, Rafaela Abad, ha explicado que las cuentas del próximo año "siguen la línea de austeridad" del equipo de gobierno en los últimos ejercicios con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Almería.
   "Las cuentas municipales del próximo año estarán marcadas por el rigor y la austeridad, también por la determinación que marca le Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a las administraciones a garantizar la sostenibilidad presupuestaria, esto es no gastar lo que no se tiene", ha indicado Abad.
   En rueda de prensa, ha hecho alusión a la situación económica actual como principal motivo que obliga a ajustarse a la realidad, "una máxima que por otra parte ha venido manteniendo el actual equipo de gobierno del PP en su gestión económica al frente del Ayuntamiento de Almería". "Gracias a ello, hemos evitado problemas que hoy padecen otras administraciones, que vienen arrastrando un enorme déficit y problemas de liquidez", según ha subrayado.
   Abad también ha destacado del presupuesto, además del equilibrio entre gastos e ingresos, "el que no se renuncian a las inversiones". 
"Mantendremos un nivel importante de inversión a pesar de la crisis, garantizando la finalización de proyectos ya iniciados y otros proyectos que verán la luz".
   Así, ha trasladado que serán 12 millones de euros los que se destinarán a hacer obra, entre otras el parque de entretenimiento familiar, en el antiguo recinto Ferial, con carácter plurianual, el desmantelamiento de las playa de vías entre la antigua estación de Renfe y el Cable Inglés para su uso como espacio verde, el Mesón Gitano, la urbanización de espacios en la Avenida del Mediterráneo, actuaciones en el entorno de La Alcazaba, calle Pendiente y calle Fernández, Barrio Alto, La Juaida, así como la segunda fase de remodelación de la Plaza Vieja, "esta última pendiente del cumplimiento del convenio" con la Junta de Andalucía.
   En el capítulo de gastos, y en el apartado de Personal, Abad ha subrayado y destacado que "en los tiempos que corren es todo un éxito poder garantizar el pago de nóminas a todos los empleados". El Ayuntamiento de Almería, con un gobierno del PP, mantiene un año más la totalidad de la plantilla", según ha añadido.
   Otro de los aspectos incluido en el presupuesto y que ha sido resaltado por la edil es la "contención "del gasto corriente "sin que con ello se produzca una merma de los servicios públicos", ha afirmado. En este sentido, ha incidido en el "esfuerzo" que se viene realizando en la negociación con las concesionarias respecto a los contratos "con el fin de conseguir un importante ahorro en los nuevos cánones que se licitan".
   Un ejemplo de ello, según ha indicado, es la concesión de Parques y Jardines, donde la reducción del canon es de 2,5 millones de euros. "A lo largo de 2013 pretendemos seguir la misma línea de actuación, organizando y optimizando los servicios", ha avanzado.
    Respecto a los ingresos, Abad ha señalado que estos se verán "también reducidos" como consecuencia de la crisis, como también las transferencias corrientes, "sobre todo las procedentes del gobierno regional, aminoradas en 1,3 millones de euros", lo que ha vinculado a que el Ayuntamiento "pueda bajar los impuestos al ciudadano, realizar más inversiones o cancelar deuda"..
   En la misma línea se ha referido a la "importante" deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Almería y con sus ciudadanos. "Hemos cerrado los presupuestos y la Junta de Andalucía nos sigue debiendo 6,4 millones de euros, un dinero que reclamamos nos haga llegar cuanto antes. El presupuesto de este Ayuntamiento seguro que hubiera sido bien distinto si ese dinero se hubiera aportado y no se debiera por parte del gobierno regional", ha aventurado.

Comercializadoras almerienses donan 2,4 millones de kilos de frutas y hortalizas a bancos de alimentos

ALMERÍA.- Comercializadoras hortofrutícolas de Almería han donado a lo largo de 2012 alrededor de 2,4 millones de kilos de frutas y hortalizas a los bancos de alimentos, que han distribuido la mercancía entre más de 200.000 personas con dificultades económicas, según se desprende de los datos según datos de la Dirección General de Fondos Agrícolas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

   Esta entrega se ha realizado dentro del programa de distribución gratuita de productos hortofrutícolas que llevan a cabo las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de Almería, empresas que han suscrito acuerdos con Banco de Alimentos de varias provincias, aunque destacan las de Málaga, Madrid, Sevilla, Almería, Córdoba, Barcelona y Castellón de la Plana.
   El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, ha indicado que la distribución gratuita de frutas y verduras forma parte de las medidas de gestión de crisis a las que las OPFH pueden acogerse  en momentos de caída de precios o crisis agroalimentarias siempre que así lo contemplen sus Programas Operativos.
   La medida consiste en la retirada del mercado de una parte de los productos por parte de las empresas, con el fin de reducir la oferta e intentar que se recuperen los precios. Estos productos, en perfecto estado para el consumo humano, en lugar de ser destruidos, son distribuidos de forma gratuita en instituciones benéficas, que a su vez los entregan a personas necesitadas.
   La Consejería, además del control de la calidad y la cantidad de los productos que se entregan, es la encargada de promocionar la operación entre las empresas hortofrutícolas y las instituciones benéficas. Para el año 2013, hasta el momento han firmado acuerdos de distribución gratuita con Banco de Alimentos 18 OPFH de la provincia.
   Por la entrega de estos productos a instituciones benéficas, las OPFH reciben una compensación económica en función del volumen, financiada al 100 por ciento con fondos europeos, así como una subvención por los gastos de manipulado, envasado y transporte. En cambio, en situaciones de gestión de crisis, cuando los productos son destruidos, las Organizaciones de Productores tienen que financiar el 50 por ciento del coste.
   Las OPFH almerienses que han realizado este año operaciones de retirada de producto para su distribuición gratuita son Primaflor, Coprohníjar, Mabe, Vicasol, Canalex, Hortichuelas, Ejidomar, Parque Natural, Nature Choice, Casur, Ferva, Murgiverde, Agrieco, Cohorsán y Cabasc.
   En cuanto a los productos que se han repartido, destacan el tomate con más de 850.000 kilos; el pimiento con casi 405.000 kilos; la sandía con 327.000 kilos; el melón con más de 277.000; la berenjena con más de 200.000 y el pepino con 186.000 kilos. También se han donado cantidades menores de calabacín, lechuga y judía verde. Las frutas y hortalizas, que se entregan envasados, son de calidad 'segunda' o superior.
   Por su participación en este programa de distribución gratuita de productos, las empresas almerienses han recibido más de un millón euros de ayudas procedentes de fondos europeos cantidad que corresponde a la ayuda por la retirada de las frutas y hortalizas --380.750 euros--, a la selección y envasado del producto --484.785 euros-- y al transporte del producto --175.000--.

Andalucía pedirá recibir en torno a 7.000 millones del FLA en 2013

SEVILLA.- El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anuncia que la Junta solicitará recibir en torno a 7.000 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013, que incluirá los 2.000 millones que la administración andaluza considera "pendientes" del actual ejercicio 2012.

   Griñán ha adelantado estos datos en Sevilla durante una rueda de prensa este viernes en la sede regional del PSOE-A para hacer balance del año. Según ha explicado, la Junta volverá a solicitar en 2013 "cerca de 5.000 millones" de euros con cargo al FLA --en 2012 reclamó 4.906 millones--, a los que habrá que sumar los 2.000 millones "pendientes" del actual ejercicio".
   De otro lado, el presidente se ha referido al pronóstico recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 relativo a que la economía española va a decrecer y va a aumentar el paro, apuntando que si no se estimula la economía con el crédito y todo ese dinero que se ha invertido del bolsillo de los españoles para sanear las entidades financieras no concurre a la creación de riqueza y a la creación de empleo, pasará lo que dicen las cuentas estatales.
   Ha insistido en que es fundamental en estos momentos que el sector financiero empiece a dar crédito a las empresas, que es la "batalla fundamental".
 "Tenemos todas las bases para un crecimiento económico, pero falta que fluya el crédito", según ha sentenciado Griñán.
   Ha puesto de manifiesto además que España, en su conjunto, no se puede financiar en los mercados como consecuencia de que el Banco Central Europeo no deja que la financiación sea "real", es decir, acorde con la capacidad económica de cada país y con la situación de inflación.
   En este sentido, ha considerado imprescindible que haya una posición firme en la Unión Europea sobre este asunto y ha querido dejar claro que el Gobierno de España tendrá todo el apoyo de la Junta de Andalucía a la hora de defender una posición firme y sólida que haga que el Banco Central Europeo sea capaz de darse cuenta que ese es verdaderamente el problema.
   En cuanto al objetivo de déficit para este ejercicio, que se ha fijado en el 1,5 por ciento en este año, Griñán ha señalado que su Gobierno mantiene el "cumplimiento del objetivo como pretensión". Ha señalado que está bien cumplir el objetivo de déficit, pero es mucho mejor estimular la economía.                 
   Ha indicado que recortar el déficit a costa de subir impuestos y bajando prestaciones sociales hace que el Estado pueda tener menos déficit, pero que las familias estén más endeudas y haya menos empleo. "En Andalucía vamos a cumplir las obligaciones financieras, pero vamos a tratar de cumplir también las obligaciones políticas", ha sentenciado.

Unicaja recortará el sueldo a sus trabajadores para rebajar un 20% los costes laborales

MÁLAGA.- Unicaja reunió esta semana “de urgencia” a los secretarios generales de las cuatro secciones sindicales, encuentro en el que planteó a los representantes de los trabajadores una rebaja de sueldos de la plantilla, según han señalado en sendos comunicados UGT y CCOO, que recuerdan que la entidad presidida por Braulio Medel ya intentó aplicar una medida similar en primavera.
La intención de la dirección es reducir los costes laborales en un 20%, fundamentalmente a través de dos medidas: una rebaja salarial y una reducción en el número de trabajadores.

CCOO recuerda que una medida similar no se ha dado “absolutamente en ninguna” de las entidades sin problemas financieros, como es la propia Unicaja y plantea a cambio la puesta en marcha de un plan de prejubilaciones ya que, recuerda, hay 500 trabajadores con más de 55 años.

El sindicato señala que los trabajadores de Unicaja “venimos haciendo un esfuerzo de contención de costes permanente: trienios congelados; casi 20 años en los que más de la mitad de la plantilla estaba a ‘Convenio pelao’; congelación salarial 2011-2012; incremento de jornada del 5% (la tarde de los jueves); aumento de la carga laboral por la no sustitución de las bajas vegetativas producidas, ni la contratación de personal para las sustituciones de vacaciones, etc”.

Por su parte, UGT, que también recuerda que Unicaja pasó los test de estrés con nota (exceso de capital de 452 millones de euros en el escenario más adverso), dice “no poder entender” que la entidad pretenda que los esfuerzos para solventar la crisis económica recaigan “sobre las espaldas de la clase trabajadora”.

“Esto es el primer paso de la empresa, aún tenemos que conocer la propuesta para discutirla, negociarla y, a ser posible, anularla”, concluye el sindicato.

lunes, 17 de diciembre de 2012

La docente de Religión despedida recurre al TS la sentencia que da por extinguido su contrato


ALMERÍA.- La representación letrada de la profesora de Religión, Resurrección Galera, despedida en el curso 2001-2002 de un centro público por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, ha anunciado la interposición de un recurso para unificación de doctrina después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya rechazado su readmisión con carácter indefinido pese a que su despido fue declarado nulo por vulnerar sus derechos fundamentales.

   Así lo ha indicado la abogada de CCOO, Amalia Robles, quien ha trasladado su "disconformidad" con la resolución del Alto Tribunal andaluz, que confirma en todos sus pronunciamientos el auto del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería que ordenó que Galera se reincorporase a su puesto de trabajo hasta el pasado 31 de agosto y condenó al Ministerio de Educación a pagarle 42.372,98 euros por los salarios dejados de percibir desde su cese.

   "No estamos de acuerdo, está equivocada y entendemos que hay materia para que el Tribunal Supremo estime lo que nosotros defendemos", ha asegurado Robles, quien ha avanzado que el citado recurso girará en torno a dos motivos de casación. "Uno pasa porque el juez se haya atribuido facultad para declarar extinguida la relación laboral y el otro porque no se ha dado cumplimiento correcto a los salarios de tramitación", según ha añadido.

   Al hilo de esto, ha desvinculado este procedimiento que se ha de sustanciar ahora ante el TS del proceso señalado para el 25 de febrero de 2014 derivado de una nueva demanda por despido nulo contra el Obispado de Almería después de que este comunicase a la docente mediante el envío de un burofax que no había obtenido la 'missio canoniga' por parte del Ordinario Diocesano, requisito que certificaría su "idoneidad" y que le habilitaría para que pudiera ser propuesta al Ministerio de Educación (MEC) para impartir clases de esta materia.

   "Ganar este procedimiento en casación haría que tuviese más peso la demanda, sería importante pero no condicionaría su resultado", ha remarcado Robles, que ha afirmado que la resolución del TSJA a caído "mal" a su representada Resurrección Galera, "decidida" según ha subrayado, "a quemar todos los cartuchos en una causa en la que cree que le asiste la razón".

Sentencia


   La sentencia de la Sala de lo Social rechaza los recursos de suplicación interpuestos tanto por Resurrección Galera como por el ministerio. En el caso del MEC, este solicitó al Alto Tribunal andaluz que declarara que la reincorporación de Galera al puesto de trabajo que ocupaba en el CEIP 'Ferrer Guardia' de La Cañada, en la capital, era "imposible legal y materialmente" al haberse procedido al pago de los salarios y la indemnización y estar ocupada su plaza por otra persona.

   La docente, por su parte, solicitaba que se le repusiera en su puesto de trabajo pero "sin limitación temporal". Ambos recurrentes coincidían, no obstante, en su desacuerdo con la cuantía de indemnización fijada por el juez de lo Social en el auto de ejecución de la sentencia que declaró nulo el despido de Galera después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el Obispado de Almería había vulnerado sus derechos fundamentales al no llamarla para el curso 2001-2002.

   La resolución del TSJA considera que la readmisión hasta el pasado 31 de agosto dictada por el juez de lo Social se ajusta a la normativa que se debe aplicar en este caso ya que el despido se remonta al curso 2001-2002 y debe ser de aplicación la legislación vigente en la fecha en la que se produjo, y no, por tanto, el Real Decreto de 2007 que sí sería favorable a los intereses de la profesora.

   Así, indica que el vínculo laboral de Galera ha de considerarse un "contrato temporal" ya que, en la citada fecha, el nombramiento del profesor de Religión tenía "carácter anual y se renovaba automáticamente salvo propuesta en contra del Obispado" y subraya que esto no se ve "alterado" por el pronunciamiento judicial que declaró nulo del despido por vulneración de derechos fundamentales.

   Por otro lado, el TSJA también rechaza que, como argumenta el Ministerio de Educación para no asumir el pago de los salarios de tramitación correspondientes a once años, procediese dar por extinguido el vínculo laboral en el curso 2001-2002. En concreto, en base a la misma normativa, indica que existe una "renovación automática del contrato desde la fecha del cese declarado nulo hasta aquella que entiende el magistrado como de imposible reincorporación".
   "En este último curso --en alusión al 2011-2012-- se pone fin a la relación laboral de carácter temporal que unía a las partes y que, en los años precedentes y al no existir una decisión contraria por parte del Obispado se ha ido renovando", indica.

El TSJA rechaza la readmisión indefinida de la docente de Religión cesada por casarse con un divorciado

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado el auto del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería que limitaba la readmisión de la profesora de Religión Resurrección Galera en su puesto de trabajo hasta el pasado 31 de agosto y condenaba al Ministerio de Educación a pagarle 42.372,98 euros de indemnización por los salarios que dejó de percibir desde el curso 2001-2002, en el que no fue renovada por el Obispado de Almería por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado.

   La sentencia de la Sala de lo Social rechaza los recursos de suplicación interpuestos tanto por Resurrección Galera como por el Ministerio. En el caso del MEC, este solicitó al Alto Tribunal andaluz que declarara que la reincorporación de Galera al puesto de trabajo que ocupaba en el CEIP 'Ferrer Guardia' de La Cañada, en la capital, era "imposible legal y materialmente" al haberse procedido al pago de los salarios y la indemnización y estar ocupada su plaza por otra persona.
   La docente, por su parte, solicitaba que se le repusiera en su puesto de trabajo pero "sin limitación temporal". Ambos recurrentes coincidían, no obstante, en su desacuerdo con la cuantía de indemnización fijada por el juez de lo Social en el auto de ejecución de la sentencia que declaró nulo el despido de Galera después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el Obispado de Almería había vulnerado sus derechos fundamentales al no llamarla para el curso 2001-2002.
   La resolución del TSJA considera que la readmisión hasta el pasado 31 de agosto dictada por el juez de lo Social se ajusta a la normativa que se debe aplicar en este caso ya que el despido se remonta al curso 2001-2002 y debe ser de aplicación la legislación vigente en la fecha en la que se produjo, y no, por tanto, el Real Decreto de 2007 que sí sería favorable a los intereses de la profesora.
   Así, indica que el vínculo laboral de Galera ha de considerarse un "contrato temporal" ya que, en la citada fecha, el nombramiento del profesor de Religión tenía "carácter anual y se renovaba automáticamente salvo propuesta en contra del Obispado" y subraya que esto no se ve "alterado" por el pronunciamiento judicial que declaró nulo del despido por vulneración de derechos fundamentales.
   "La declaración de despido nulo con la obligada consecuencia de la reposición de la trabajadora a su anterior puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía en el momento de su cese se ha producido y entender algo distinto es darle a la decisión judicial que puso fin al proceso por despido un alcance que no tiene", según remarca el Alto Tribunal andaluz para el que, entender, "como pretende" Galera, que el fallo le vincula de manera "indefinida" al centro donde impartía su docencia "haría decaer la temporalidad" del contrato.
   Por otro lado, el TSJA también rechaza que, como argumenta el Ministerio de Educación para no asumir el pago de los salarios de tramitación correspondientes a once años, procediese dar por extinguido el vínculo laboral en el curso 2001-2002. En concreto, en base a la misma normativa, indica que existe una "renovación automática del contrato desde la fecha del cese declarado nulo hasta aquella que entiende el magistrado como de imposible reincorporación".
   "En este último curso --en alusión al 2011-2012-- se pone fin a la relación laboral de carácter temporal que unía a las partes y que, en los años precedentes y al no existir una decisión contraria por parte del Obispado se ha ido renovando".
   Cabe recordar que la Diócesis de Almería, a la vista de esto y en prevención, remitió el día 3 a la docente un burofax en el que le comunicaba no había obtenido la 'missio canoniga' por parte del Ordinario Diocesano, requisito que certificaría su "idoneidad" y que le habilitaría para que pudiera ser propuesta al Ministerio de Educación (MEC) para impartir clases de esta materia. Galera interpuso una nueva demanda de despido nulo cuyo juicio ha sido señalado para febrero de 2014.
   La Sala de lo Social subraya, asimismo, que en este caso "no puede olvidarse" que la plaza que ocupaba la demandante está cubierta por cauces reglamentarios y que el profesor que la ocupa, que no ha sido parte en el proceso y que "no puede ser perjudicado por una ejecución como la que se pretende", ostenta "los derechos que las leyes le reconocen".
   Concluye, así, que, ante la "imposibilidad material y legal" de readmisión de Resurección Galera, el juez de lo Social nº 3 de Almería, Juan Carlos Aparicio, actuó conforme a derecho al declarar extinguida la relación laboral a fecha 31 de agosto de 2012 y al aplicar la legislación prevista para este caso, que estipula que "se abonen al trabajador los salarios de tramitación dejados de percibir y las indemnizaciones correspondientes".
   Con respecto a la cuantía que dictó debía abonar el Ministerio de Educación, el TSJA también ratifica el pronunciamiento de instancia que resolvió descontar a Galera lo salarios que percibió como empleada de la Junta de Andalucía durante los años en los que esperó a que se pronunciara el Tribunal Constitucional (TC) sobre su despido y rechazó, no obstante, restar también las prestaciones por desempleo de las que fue beneficiaria si bien deja la puerta abierta a que le puedan ser reclamadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.  
   La sentencia, que reconoce las "peculiaridades y complejidad del caso" y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para unificación de doctrina previo pago de una tasa judicial de 600 euros, considera un "acierto" la decisión del magistrado de "descontar lo percibido por la demandante por ejecutar un trabajo" y confirma que el ministerio debe abonar a la docente 42.372,98 euros.