MADRID.- El 32,9% de los hogares jóvenes estaría en situación de pobreza si se
tuviera en cuenta la renta disponible una vez cubiertos los gastos de
vivienda, según una monografía de la Fundación BBVA y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que sitúa este riesgo
en el 24,5% cuando no se descuentan los gastos de vivienda.
El informe destaca que los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados
destinan de media casi un 29% de los ingresos del hogar a la vivienda
--10 puntos porcentuales más que los mayores de 34--, lo que refleja el
hecho de que estos residen en mucha mayor proporción en alojamientos
arrendados en alquiler de mercado, que es el régimen "que exige un mayor
esfuerzo económico".
Como consecuencia, la tasa de pobreza de los hogares jóvenes
asciende al 32,9% una vez descontados los gastos de vivienda, 9,9 puntos
más que la registrada para el conjunto de la población (23%). En los
hogares encabezados por inmigrantes este porcentaje se eleva al 52,3%.
El informe atribuye esta situación al desequilibrio entre la
creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, ya que entre
2021 y 2025 se levantaron 454.000 viviendas nuevas frente a los 965.000
hogares creados en el mismo periodo, lo que supone que España solo
construyó el 45% de las viviendas necesarias para absorber la nueva
demanda.
Así, el estudio advierte de que la construcción
residencial sigue lejos de los niveles previos a la crisis inmobiliaria y
destaca que factores como la escasez de mano de obra especializada, la
dificultad de los procesos urbanísticos y los cambios demográficos no
ayudan a una rápida adaptación de la oferta.
Además, en la
actualidad, el 56% de los hogares españoles está formado por una o dos
personas, lo que incrementa la demanda de viviendas y reduce el número
de perceptores de renta por hogar.
Por otro lado, pone de
relieve que la demanda se concentra en las grandes áreas metropolitanas y
en los principales destinos turísticos, donde las tensiones de precios
son más acusadas. Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía
reúnen ya al 60% de la población española, mientras que provincias como
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga concentran buena parte de
la presión sobre el mercado residencial.
Por tanto, el informe identifica a jóvenes e inmigrantes como los
colectivos que sufren con mayor intensidad los problemas de acceso a la
vivienda. En el caso de los jóvenes, la edad media de emancipación
alcanza ya los 30 años, cuatro más que la media de la Unión Europea. La
precariedad laboral, los bajos salarios, el retraso en la recepción de
herencias y las mayores dificultades para acceder a financiación
hipotecaria explican, según los investigadores, este fenómeno.
Actualmente, el 45% de los hogares jóvenes vive en alquiler de
mercado, mientras que la proporción de jóvenes propietarios ha
descendido desde el 65% registrado en 2008 hasta el 40,8% en 2025, casi
20 puntos menos.
Además, el 19,6% de los jóvenes destina más
del 40% de su renta a la vivienda, frente al 9% de media nacional,
mientras que entre los inmigrantes el porcentaje alcanza el 25,8%.
La situación también es especialmente complicada para los inmigrantes
residentes por motivos laborales. El 63,4% vive de alquiler y solo el
23,9% accede a una vivienda en propiedad. El estudio señala que sus
menores niveles de ingresos, ahorro y patrimonio familiar, junto con una
mayor presencia en empleos de baja remuneración, dificultan el acceso a
la compra. Como consecuencia, el 25,8% de los inmigrantes soporta una
sobrecarga de vivienda, casi el triple que la media nacional.
Según el informe, las dificultades para acceder a una vivienda en
propiedad debido al aumento de los precios y a unas condiciones
hipotecarias más exigentes han impulsado el peso del alquiler, por lo
que el número de hogares que viven arrendados casi se ha duplicado en
las dos últimas décadas, pasando de 2,1 millones a 3,9 millones, hasta
representar el 20,2% del total.
El esfuerzo económico también
es mayor para quienes viven de alquiler. Mientras el gasto medio en
vivienda representa el 18,8% de la renta disponible de los hogares, este
porcentaje asciende al 34,2% en los alquileres a precio de mercado y al
24,2% entre quienes pagan una hipoteca. Por el contrario, se reduce al
17,7% en el alquiler social o de precio reducido y al 9,9% en los
hogares propietarios sin hipoteca.
La situación afecta
especialmente a las rentas más bajas, ya que el 31,3% de las personas
pertenecientes al quintil inferior de ingresos destina más del 40% de
sus recursos a la vivienda, frente a menos del 2% entre los hogares con
mayores ingresos. Entre las personas en riesgo de pobreza, casi seis de
cada diez inquilinos del mercado libre realizan un sobreesfuerzo para
afrontar los gastos de alojamiento.
En cuanto al parque de vivienda social en España, el informe destaca
que estas representan solo el 3,5% del parque total, menos de la mitad
de la media europea, situada en torno al 8%. Alcanzar ese nivel exigiría
incorporar alrededor de 900.000 viviendas adicionales destinadas a
alquiler social.
Además, indica que ese incremento permitiría
ofrecer una solución habitacional adecuada a cerca del 40% de los
hogares que actualmente viven de alquiler de mercado y soportan una
sobrecarga excesiva de gastos. No obstante, advierten de que se trata de
un objetivo que requerirá políticas sostenidas durante años y una
actuación coordinada de todas las administraciones.
Entre las medidas planteadas, el estudio propone impulsar la
construcción industrializada, agilizar la concesión de licencias
mediante herramientas digitales, flexibilizar determinadas regulaciones
urbanísticas y mejorar la coordinación entre administraciones para
acelerar el desarrollo de nueva vivienda.
Asimismo, plantea que
el sector público adquiera o gestione parte del parque privado para
ampliar la oferta de alquiler asequible. Entre las opciones mencionadas
figuran acuerdos con grandes tenedores para alquilar viviendas por
debajo del precio de mercado, la incorporación al parque público de
inmuebles procedentes del Fondo Social de Vivienda o de la Sareb, así
como la compra de viviendas o edificios mediante mecanismos de tanteo y
retracto.
Por último, defiende la necesidad de alcanzar un
pacto de Estado que permita desarrollar una política de vivienda estable
y duradera, basada en el incremento del parque de alquiler social y en
la evaluación continua de las medidas públicas para corregir los
problemas de acceso a la vivienda.
