Los desahucios caen un 45,2 % en el primer trimestre en Andalucía, hasta los 616, según el CGPJ

 SEVILLA.- Los órganos judiciales andaluces han llevado a cabo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 un total de 616 lanzamientos o desahucios, un 45,2 % menos del valor registrado en el mismo periodo de 2025.

Así se recoge en los datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', hechos públicos este lunes, 22 de junio, y facilitados por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los más numerosos han sido los derivados del impago del alquiler, que representaron el 57,6 por ciento del total y que se redujeron en un 56 por ciento con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 33,7 por ciento y mostraron una disminución interanual del 13,3 por ciento.

En contexto nacional, el número de lanzamientos o desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 45,4% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 4.005.

Este descenso afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.

El 23 % del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la comunidad autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.

Trasladan a una residencia de Vícar al hombre afectado por el desahucio junto a su esposa en Roquetas de Mar

 ALMERÍA.- El matrimonio que afrontaba este lunes el desahucio de la vivienda en la que residía desde 2018 en la zona de Playa Serena, en Roquetas de Mar, ha abandonado finalmente el inmueble. El marido, de 77 años, enfermo de cáncer de próstata y Alzheimer y en cuidados paliativos, ha ingresado en una residencia de mayores en Vícar, mientras su esposa, de 63 años, permanece por el momento sin alternativa habitacional confirmada.

Según ha explicado la afectada, durante la mañana de este lunes retiraron los últimos enseres y entregaron las llaves antes de las 14,00 horas, límite que, según les comunicaron, se había fijado para evitar la intervención judicial.

La resolución que fijaba el lanzamiento fue notificada el 28 de enero por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Roquetas de Mar, que rechazó la suspensión solicitada por la defensa en un procedimiento de desahucio por precario, al no existir contrato en vigor que amparara su permanencia en la vivienda. 

El intento de ejecución ya se produjo la semana pasada, cuando acudieron representantes judiciales y agentes policiales, si bien quedó aplazado siete días.

El procedimiento se inició hace tres años y durante este tiempo se dictó una sentencia favorable al abandono de la vivienda, que fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Almería.

Mientras se tramitaban los recursos, la inmobiliaria propietaria del inmueble vendió la vivienda a una nueva propietaria, que durante este tiempo no ha recibido compensación alguna en concepto de alquiler por parte de los moradores, según han trasladado fuentes judiciales. Asimismo, los inquilinos no consiguieron que la Administración les reconociera la condición de vulnerabilidad que habían solicitado.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han señalado que, a través de los Servicios Sociales municipales, se han puesto a disposición de la familia "todos los recursos necesarios desde el primer momento" y que se les ha prestado apoyo durante todo el proceso.

El matrimonio, formado por Gloria Patricia Velásquez, de origen colombiano, y Dick Beekhus, de origen neerlandés, casados desde hace 12 años, llegó a la provincia en 2018 procedente de Holanda y formalizó entonces un contrato de alquiler con una inmobiliaria.

Tras la finalización del acuerdo inicial, la mujer asegura que continuó abonando la renta, fijada en 450 euros, durante un periodo en el que ya no existía contrato. Posteriormente, la vivienda fue vendida a nuevos propietarios y, según relata, se les concedió un plazo de dos años para encontrar otra casa.

El hombre permanece encamado, no puede caminar ni incorporarse por sí mismo y precisa cama hospitalaria y grúa para su movilización. Desde hace seis años cuentan con un servicio municipal de ayuda a domicilio durante varias horas al día, aunque es ella quien asume la mayor parte de los cuidados, higiene, alimentación y medicación.

Ante la inminencia del lanzamiento, la mujer alquiló un trastero para guardar parte de sus pertenencias y permanece a la espera de que los servicios sociales municipales concreten si se le concede algún tipo de ayuda o recurso temporal.

Un matrimonio mayor será desahuciado el próximo lunes en Roquetas de Mar con el marido en cuidados paliativos

 ALMERÍA.- Una mujer de 63 años afronta el próximo lunes 23 de febrero el desahucio de la vivienda en la que reside en la zona de Playa Serena, en Roquetas de Mar, junto a su marido, de 77 años, enfermo de cáncer de próstata y Alzheimer, y en cuidados paliativos, al que atiende las 24 horas del día.

La afectada ha asegurado que no cuestiona la propiedad del inmueble ni la resolución judicial, pero reclama una alternativa habitacional que le permita permanecer junto a su esposo.

La única opción que, según expone, le han trasladado los servicios sociales contempla el ingreso de él en una residencia y la búsqueda para ella de una habitación en un piso compartido, ante la imposibilidad de acceder a un alquiler con los ingresos de los que disponen.

La pareja cuenta con la pensión de jubilación del marido, de 1.160 euros mensuales, cuantía que, según sostiene, no resulta suficiente para que los propietarios les acepten como inquilinos al tratarse de su única fuente de ingresos. 

Asegura que durante los últimos años ha intentado formalizar un contrato de arrendamiento, pero no ha superado los filtros que exigen los propietarios en la zona.

La resolución que fija el lanzamiento fue notificada el 28 de enero por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Roquetas de Mar, que rechazó la suspensión solicitada por la defensa al tratarse de un procedimiento por precario, al no existir contrato en vigor que ampare su permanencia en la vivienda.

 El intento de desahucio ya se produjo la pasada semana, cuando acudieron representantes judiciales y agentes policiales, aunque quedó aplazado durante siete días.

El matrimonio, formado por Gloria Patricia Velásquez, de origen colombiano, y Dick Beekhus, de origen neerlandés, casados desde hace 12 años, llegó a la provincia en 2018 procedente de Holanda y formalizó entonces un contrato de alquiler con una inmobiliaria.

Tras la finalización del acuerdo inicial, la mujer asegura que continuó abonando la renta, fijada en 450 euros, durante un periodo en el que ya no existía contrato. Posteriormente, la vivienda fue vendida a nuevos propietarios y, según relata, se les concedió un plazo de dos años para encontrar otra casa.

El hombre permanece encamado, no puede caminar ni incorporarse por sí mismo y precisa cama hospitalaria y grúa para su movilización. Desde hace seis años cuentan con un servicio municipal de ayuda a domicilio durante varias horas al día, aunque es ella quien asume la mayor parte de los cuidados, higiene, alimentación y medicación.

A pocos días del desahucio, la mujer asegura que continúa abonando los suministros de luz y agua y que ha iniciado la venta de parte de sus muebles. 

"Lo único que pido es que me dejen estar con mi esposo", ha añadido, apelando a que se tenga en cuenta su situación marcada por la enfermedad y la dependencia.

Podemos condena el deshaucio de AVRA en El Puche almeriense a una familia con tres menores

ALMERÍA.- Ayer martes tuvo lugar en el barrio de El Puche el desahucio de una familia con tres menores a su cargo. El desalojo se llevó a cabo tras un operativo policial que encontró la oposición de numerosos vecinos, vecinas y colectivos que fueron a apoyar a la familia.

Desde Podemos Almería su portavoz en el Ayuntamiento, Alejandro Lorenzo, ha manifestado su rechazo a estas medidas y ha acusado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía  (AVRA ) “llevar acabo una inhumana campaña de desalojos atentando de forma clara contra el derecho a la vivienda”. 

En el pleno municipal del pasado día 3 el grupo municipal donde se encuadra Podemos ya presentó una iniciativa que pedía al Ayuntamiento de la capital “tomar cartas en el asunto” y dar alternativa habitacional a estas familias que se estaban viendo en la calle desalojadas por la administración. 

La moción fue rechazada con los votos en contra, unicamente, del Partido Popular que, según Lorenzo, hizo uso de su mayoría absoluta “atentar contra el derecho a la vivienda y apoyar, como vienen haciendo, la especulación con un derecho fundamental”

Lorenzo personalizó la decisión del Partido Popular en la concejal de vivienda, Eloisa Cabrera, a la que tildó de “adalid en la lucha contra el derecho a la vivienda”

El responsable provincial de la formación morada en Almería, Jose Miguel Ramos, se ha mostrado también muy crítico con la agencia por este desahucio al no cumplir su propósito de dar soluciones habitacionales a las personas que lo necesitan si no que se ha convertido en una “maquina de desahuciar” llegando a invertir enormes recursos públicos en echar a la gente de sus hogares.

Por su parte el diputado en el Parlamento de Andalucía por Podemos, Jose Manuel Jurado, ha publicado, en su cuenta de X (antes Twitter) tras ser informado del asunto un mensaje de apoyo a la familia y ha afeado que se destinaran tantos furgones policiales como menores iban a ser desahuciados de su vivienda. 

El parlamentario de la formación morada señaló, además, la inmoralidad que supone dejar a menores vulnerables en la calle mientras la Junta de Andalucía perdona “tres mil millones de impuestos a sus amigos”.

Los desahucios han caído un 55% en lo que va de año

 MADRID.- El número total de desahucios (lanzamientos en la jerga judicial) sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55 % menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre el año anterior, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al tiempo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido sus cifras de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad (el procedimiento que puede dar lugar al desahucio) en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzaron las 8.648, el 29,3 % menos que en ese mismo periodo de 2019, con lo que acumulan 22 trimestres de descensos.

El Gobierno ha anunciado que paralizará los desahucios (de casas en propiedad y en alquiler) para familias vulnerables y "dará cobertura" a aquellas otras, también en esa situación, que ocupen viviendas sin tener contrato mientras dure el estado de alarma, siempre que los propietarios sean grandes tenedores -fondos de inversión y titulares de más de diez propiedades-.

Según el CGPJ, en el tercer trimestre se practicaron un total de 7.096 lanzamientos, un 30,2 % menos que en ese mismo periodo del año anterior. De ellos, 5.190 fueron de alquiler (el 73,1 %), 1.564 (el 22 %) se derivó de ejecuciones por no pagar la hipoteca y los 342 restantes obedecieron a otras causas.

El órgano de gobierno de los jueces señala que después del impacto que el confinamiento y la suspensión de plazos procesales tuvo en el trabajo judicial en el segundo trimestre, en el tercero se retomó la actividad y se empezaron a ver los efectos de la crisis económica provocada por la covid-19.

Las cifras del CGPJ reflejan una nueva caída en los lanzamientos hipotecarios, de manera que acumulan ya 21 trimestres consecutivos de descenso. En el caso del alquiler se trata del sexto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía, con 1.168, fue la comunidad en la que se practicaron más desahucios; seguida de Comunidad Valenciana (1.137), Cataluña (1.117), y Madrid (622).

En alquiler, el mayor número de lanzamientos se dio en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, y en compra, encabeza el listado la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía, Cataluña y Murcia.

Además, el Consejo del Poder Judicial ha publicado cifras sobre procedimientos de cláusulas abusivas: en el tercer trimestre se dictaron 23.128 sentencias, el 98,3 % de las cuales fueron estimatorias.

Las cifras sobre procedimientos por ocupación ilegal de viviendas cuyos propietarios no son grandes tenedores (fondos de inversión o ciudadanos que tienen al menos diez propiedades) reflejan que en el tercer trimestre de 2020 ingresaron 983, se resolvieron 770 (634 antes) y están en trámite 2.741 (1.896 en el tercer trimestre de 2019).

Por su parte, los datos del INE reflejan que las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre (8.648) son superiores en un 56,3 % a las del segundo, cuando no se registró ningún embargo de vivienda habitual porque con el estado de alarma se produjo una moratoria de las deudas hipotecarias.

Entre julio y septiembre se produjeron 1.804 ejecuciones de viviendas habituales en propiedad de personas físicas, un 82,2 % más que en el mismo trimestre de 2019. Otras 501 ejecutadas no eran el domicilio principal.

Además hubo 2.451 embargos de viviendas cuya titularidad correspondía a personas jurídicas y se inscribieron 3.174 títulos (36,7 % del total) sobre otras propiedades urbanas como locales, garajes y trasteros, 300 más sobre solares y 418 sobre fincas rústicas.

El 82,1 % de las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre fue sobre vivienda usada (3.907, un 10,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior) y el 17,9 % restante, sobre nueva (849, con un descenso del 38,7 %).

La mayoría de las hipotecas (el 53,2 %) que ahora son objeto de ejecución fueron constituidas en el periodo 2005-2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, según el INE.

Por comunidades autónomas, el mayor número de embargos en el tercer trimestre se produjo en Andalucía (1.734), seguido de Comunidad Valenciana (1.622) y Cataluña (1.491) y las cifras más bajas se dieron en Navarra (21), País Vasco (29) y Baleares (58).

Con los datos de viviendas de personas físicas, la comunidad en la que hubo más certificaciones fue la Valenciana (481) seguida de Cataluña (469), y Andalucía (432), mientras que las menores fueron en Navarra (11), País Vasco (18), Baleares (20) y Cantabria (23).

El economista e investigador del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol Carlos Victoria alerta sobre el aumento de las ejecuciones sobre vivienda habitual y añade que a futuro todo dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria y la económica y de la extensión de la moratoria de deuda hipotecaria.

Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, destaca que aunque va bajando el volumen, más de la mitad de las ejecuciones son sobre hipotecas concedidas durante la burbuja inmobiliaria.

Los desahucios por impago de alquileres descienden por primera vez en dos años

MADRID.- Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 6,6% en el segundo trimestre del año, lo que supone el primer descenso desde el segundo trimestre de 2017, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 32,9%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' del CGPJ, que muestra que el número de lanzamientos practicados durante el segundo trimestre de 2019 alcanzó la cifra de 14.756, lo que supone un descenso global del 14% respecto al mismo trimestre del año pasado.

El 66,4% de ellos (9.802) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 25,79% (3.806) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 32,9%. De este modo, se acumulan 16 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios.

Por su parte, los desahucios por impago de alquiler retroceden un 6,6%, su primera bajada desde el segundo trimestre de 2017, cuando disminuyeron un 0,3%.

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.433, que representan el 23,3% del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el abril y junio. 

Le siguen Andalucía (2.456), la Comunidad Valenciana (1.960) y Madrid (1.637).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.281, el 23,3% del total), seguida por Andalucía (1.336), Madrid (1.269) y Comunidad Valenciana (1.194).
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (934), seguida por la Comunidad Valenciana (694), Cataluña (689) y Murcia (311).
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". 

Además, explica que "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 18.594, un 9,4% menos interanual. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento negativo (-12,1%).
Durante el segundo trimestre se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, un 46% menos interanual. La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, el 20,4% del total nacional; le siguieron Andalucía, con 740; la Comunidad Valenciana, con 538; Madrid, con 446; y Murcia, con 218.
Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el segundo trimestre han ingresado 953 demandas, de las que se han resuelto 772. El mayor número de ellas (254, que representan el 26,7% del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (221), la Comunidad de Madrid (92) y la Comunidad Valenciana (90).

Andalucía cambia expropiación por compra preferente de viviendas para frenar desahucios

SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, con sólo cinco votos en contra, la Ley de Derecho de Tanteo y Retracto para luchar contra los desahucios a las familias más vulnerables. La norma ha contado con los votos justitos de PSOE y Ciudadanos (55), la abstención de PP y Podemos (48) y el rechazo frontal de IU (5). 

La coalición de izquierdas, autora de la famosa ley antidesahucios que precede a esta norma, ha sopesado mucho su voto -es las pocas veces que se queda sola en la Cámara-, pero finalmente ha optado por la línea dura: “Esta ley es un churro político, una chapuza política y un ridículo espantoso”, ha dicho la diputada Inmaculada Nieto.

La Ley andaluza de Tanteo y Retracto ha tardado dos años y diez meses en ver la luz, desde que se conoció el primer borrador en junio de 2015. En este periodo de dilación administrativa, en Andalucía se han registrado 10.694 desalojos de viviendas en 2015; otros 9.998 en 2016 y 10.437 desahucios el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

El trámite ha sido largo porque, según la Consejería de Vivienda, se ha cuidado mucho su redacción para evitar que el Tribunal Constitucional la paralice, como ocurrió con la popular ley antidesahucios.

Aquella norma, aprobada por el anterior Gobierno de coalición PSOE-IU, habilitó a la Administración andaluza para expropiar temporalmente la vivienda a un banco antes de que se desalojara a la familia propietaria por los impagos hipotecarios. 

La ley también obligaba a las entidades bancarias a informar con detalle del número de pisos vacíos que tenían en cartera, exponiéndose a sanciones si se negaban a sacarlas al mercado. Tuvo un impacto social y mediático enorme, porque en 2013 -en el ojo del volcán de la crisis- se registraron más de 82.000 ejecuciones hipotecarias en España, el 22,2% en Andalucía. Pero la norma apenas tuvo recorrido, porque el Ejecutivo central la recurrió y el Constitucional anuló los artículos más significativos. 

La nueva normativa que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento es, por tanto, el plan B de la Junta de Andalucía. La Ley de Tanteo y Retracto ya no permite al Gobierno andaluz expropiar pisos a los bancos para evitar desahucios, pero sí le habilita para ejercer el derecho preferente de compra. 

La Junta podrá pujar por las viviendas durante el alzamiento de las mismas y adquirir por su valor de mercado los inmuebles que están en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial de desahucio

En 2013, cuando nace la popular ley antidesahucios, aún no había explotado la burbuja inmobiliaria, que dificultaba a los ciudadanos la adquisición de una vivienda o el hacer frente a una hipoteca. Hoy, en 2018, en fase de recuperación económica, los expertos hablan ya de una nueva burbuja en el mercado del alquiler, un efecto rebote de la primera crisis -asociada al boom de los pisos turísticos en las principales ciudades del país- que ha provocado un encarecimiento de los precios del alquiler. 

Podemos e IU han rechazado de plano la Ley de Tanteo y Retracto, en parte, porque no articula ninguna medida para evitar los 4.713 lanzamientos de viviendas provenientes del impago del alquiler que se registraron en Andalucía el año pasado. 

Además los dos grupos de izquierda coinciden con el PP en otra crítica: la Junta no necesitaba esta ley para ejercer su derecho preferente de compra porque, desde 2005, una ley estatal “que la Junta no usa” le permite hacerlo (Ley de Vivienda Protegida). 

Los tres grupos de la oposición sostienen, además, que en tanto que existe una legislación del Gobierno central contra los desahucios, la norma andaluza no podrá aplicarse hasta dentro de dos años (2020), un extremo que la Junta no ha desmentido.

La normativa aspira a proteger a los colectivos más vulnerables, a saber, menores de 35 años y mayores de 65, personas con discapacidad y dependientes, familias monoparentales, con niños a su cargo o afectadas por una ruptura de la unidad familiar, víctimas de violencia de género o del terrorismo, emigrantes retornados y familias en riesgo de pobreza o exclusión social.

 Para aquellos que se queden sin “solución de emergencia habitacional”, la ley permite al departamento de Felipe López ofrecer un alquiler social tras adquirir su vivienda. El presupuesto estimado para esta herramienta es de cuatro millones anuales. 

El impacto que va a tener la Ley de Tanteo y Retracto difiere, según cálculos de la Junta o de la oposición. El Gobierno andaluz estima que podrá adquirir unas 200 viviendas en los próximos dos años, por un coste que oscila entre los 70.000 y los 80.000 euros cada una. 

La oposición rebaja considerablemente estos cálculos: Podemos prevé que sólo se podrán adquirir siete viviendas por provincia y año de aquí a 2020, a un precio de 45.000 euros. Los populares creen que no se podrán comprar más de 29 viviendas al año. 

Ciudadanos, socio de legislatura del Ejecutivo de Susana Díaz, es el único que ha respaldado el proyecto. Su portavoz en el debate, el diputado Carlos Hernández White, ha generado cierta confusión en el Pleno al anunciar que el Consejo de Gobierno aprobó el martes “duplicar” el presupuesto inicial de la ley. 

La Consejería de Vivienda ha negado este extremo, aclarando que la partida económica consignada para este año -cuatro millones de euros- es la que estaba prevista desde el principio, la misma que se consignó el año pasado, pero que no se llegó a ejecutar para la adquisición de viviendas al borde del desahucio, porque la ley nunca llegó a aprobarse.

Izquierda Unida gestionaba las competencias en materia de vivienda en al pasada legislatura y fue, por tanto, la autora de la norma más significativa del Gobierno anterior, y quizá por eso también ha sido la más beligerante en el debate parlamentario de este miércoles. “Andalucía se puso a la vanguardia en materia de protección social de la vivienda” en el mandato anterior y cuatro “cuatro comunidades siguieron la estela” de la ley antidesahucios andaluza. Esto, subrayó Nieto, "es un churro político".

En el escaso tiempo que estuvo en vigor la citada ley, a la Junta sólo le dio tiempo a ejecutar dos expropiaciones, una en Huelva y otra en Torremolinos, pero se estaban tramitando 200 expedientes más de expropiación. 

Cuando el Constitucional la paraliza, en mayo de 2015, la sentencia hizo públicos los datos oficiales de viviendas vacías en Andalucía que, hasta entonces, nunca se habían reconocido por parte de la Administración: 548.669 pisos deshabitados, viviendas arrendadas (16,9%) y demanda de vivienda en arrendamiento en Andalucía (más de cincuenta mil unidades familiares).

La Consejería de Fomento y Vivienda evita más de 310 desahucios en un año en Almería

ALMERÍA.- La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado 313 desahucios en un año en la provincia de Almería y ha abierto un total de 474 expedientes desde que se puso en marcha la oficina provincial del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.

   "Ha cumplido su objetivo fundamental: que las personas que acuden a nosotros para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas", ha resaltado en un comunicado la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Encarna Caparrós, que ha afirmado que estos resultados demuestran que cuando la administración "rompe la neutralidad y se pone de parte de las víctimas de la crisis, es posible hacer políticas efectivas a su favor".

   En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 77 personas, el 16,2 por ciento del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. El servicio prestado por el Programa evita preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de vulneración de su derecho a la vivienda.

   La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 313 personas han sido atendidas en esta fase, el 66,03 por ciento del total, y todas han evitado su desahucio. "Se trata de familias que quieren pagar, pero que no pueden y que gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con las entidades financieras", ha indicado Caparrós.

   De estas 313 familias, 291 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

   En esta misma fase de intermediación, 22 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

   "Estos resultados ponen de relieve que la política sí puede cambiar las cosas a favor de los trabajadores, pero no deben llevar al triunfalismo", ha afirmado Caparrós, quien ha recordado que "los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor".

   En la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la Consejería ha abierto 84 expedientes, un 17,7 por ciento del total de casos atendidos. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. .

   Caparrós ha destacado el "fuerte impulso" que ha dado a la fase de protección del Programa la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio.

La Junta inicia la expropiación del uso de una vivienda en Balerma

ALMERÍA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal del uso de una vivienda en Balerma, en aplicación de la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada el 25 de septiembre.

   Así lo recoge un anuncio que publica este viernes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.  

   Se trata de la tercera vivienda sometida a este proceso esta semana en la provincia de Almería, tras los expedientes publicados el pasado miércoles en BOJA correspondientes a otras dos viviendas en Roquetas de Mar. 

A nivel andaluz son ya ocho los procedimientos iniciados, ya que a los tres de Almería hay que sumar otros dos en la provincia de Granada, en Motril y Húetor Vega; dos más en la provincia de Málaga, en Torremolinos y Vélez-Málaga, y uno en Huelva capital aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que corresponde a la primera vivienda andaluza con el expediente culminado.

   En el caso de Balerma, se trata de una vivienda ubicada en el número 1 de la calle Cigala, con una superficie construida de 74 metros cuadrados, que había sido embargada por Unicaja. Esta vivienda estaba en un procedimiento de ejecución hipotecaria instada por dicha entidad.

   A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúen en BOJA, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en diarios de mayor circulación de las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".

   El siguiente paso de este expediente (una vez completada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno. La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.

La Junta inicia la expropiación del uso de dos viviendas en Roquetas de Mar

SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado este martes el procedimiento de expropiación temporal del uso de dos viviendas en la provincia de Almería.

   Estos casos se han publicado en sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se somete a información pública sendos expedientes, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.  

   En el caso de la primera vivienda de Roquetas de Mar, se trata de una vivienda ubicada en la calle Pablo Picasso, con una superficie construida de 60 metros cuadrados, que había sido embargada por Citifin. Esta vivienda estaba en un procedimiento de desahucio instado por dicha entidad.

   En cuanto a la segunda vivienda de Roquetas de Mar, se ubica en la Plaza Itálica, posee una superficie construida de 116 metros cuadrados y el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria había sido instado por Gescat Vivendes.

   En ambos casos, según aparece en los dos anuncios publicados en BOJA, se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última de las publicaciones que se efectúen en el BOJA, Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en los diarios de mayor circulación de la provincia, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".

   El siguiente paso de estos expedientes (una vez culminada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno.

   Así, la culminación del expediente de expropiación les asegura un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.

La Ley Antidesahucios se estrena en Almería con una familia de Roquetas

ALMERÍA.- Dos familias de Roquetas de Mar serán las primeras de la provincia en beneficiarse de la expropiación del uso de sus inmuebles por la Junta en aplicación de la Ley 04/2013 de Función Social de la Vivienda que entró en vigor en abril de este año. Es un paso más de la administración andaluza que les asegura un techo bajo el que vivir después de meses con la firme amenaza de desahucio en sus hogares en la Plaza Itálica y la calle Pablo Picasso.

La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, firmó el expediente con la declaración de interés social y necesidad de ocupación de los inmuebles para su inminente remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), abriendo un periodo de 15 días de información pública en el que se pueden presentar las alegaciones pertinentes.

Las dos viviendas a expropiar ya aparecieron en el BOJA el 12 de julio de este año, junto a otra de la calle Campo Verde nº 33 de la capital, pero se paralizó toda la tramitación con el recurso del Gobierno de Rajoy presentado ese mismo mes contra el decreto antidesahucios de la Junta y se han tenido que reiniciar ahora. De hecho, la tercera en discordia será remitida posteriormente a información pública porque aún restan unos flecos jurídicos por concretar.

En la provincia de Almería hay 10 expedientes más, entre los 133 que hay en toda Andalucía, que siguen pendientes de su envío a BOJA tras constatar los técnicos que cumplen los requisitos. Hay 17 expedientes a los que sólo les resta el paso de su culminación en el Consejo de Gobierno en la comunidad autónoma, entre los que se incluyen los tres de Almería, según 'La Opinión'.

 

La expropiación temporal ha llegado ya a la provincia almeriense en la que la Junta tenía identificadas en abril a 27 familias con necesidades de protección y riesgo de exclusión a través de la Oficina de Defensa de la Vivienda. Un instrumento que cifró en nada menos que 70.000 los inmuebles vacíos en Almería fruto de una burbuja inmobiliaria que, tras su pinchazo, la administración andaluza va a exprimir a través de sus planes de fomento del alquiler social.

 

Desde el comienzo de la crisis han sido más de 11.000 los afectados por los desalojos en la provincia, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los desalojos alcanzaron su máximo histórico en los primeros seis meses de 2011, con un incremento del 84,9% en relación al mismo periodo del año anterior que situó a Almería a la cabeza de esta negra estadística. Desde 2007 se han ejecutado en Andalucía en torno a 80.000 desahucios.

Además del trabajo realizado por la Junta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha jugado un papel fundamental en la provincia. En marzo de este año presentaron en los juzgados nada menos que 25 peticiones de paralización de ejecuciones a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que declaraba ilegales algunas cláusulas de la Ley Hipotecaria española.

Los desahucios descienden un 26,6% en el segundo trimestre de 2013 en Andalucía, que registra el 23% del total

SEVILLA.- Los últimos datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvelan que durante el segundo trimestre de este año el número total de lanzamientos (desahucios) practicados en los juzgados de primera instancia en el segundo trimestre de 2013 en Andalucía ha sido de 2.292, de los que 962 se derivan de ejecuciones hipotecarias, 1.164 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 166 por otras causas. De estos, han terminado con cumplimento positivo 1.698, un 26,6 por ciento menos que en 2012.

   Además, se han iniciado 4.688 ejecuciones hipotecarias, un 1,5 por ciento más que el año anterior, según señala el órgano de gobierno de los jueces en una nota hecha pública este viernes en la que se pone de manifiesto que las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía representan el 23,1 por ciento del total, le siguen Cataluña con el 20,9 por ciento, la Comunitat Valenciana con el 12,7 por ciento y la de Madrid con el 10,5 por ciento.

   En lo referido a los lanzamientos, el número total de los practicados en los juzgados de primera instancia en el segundo trimestre de 2013 ha sido de 18.077, de ellos el 24,8 por ciento se han producido en Cataluña, el 13,6 por ciento en la Comunitat Valenciana, el 13 por ciento en la de Madrid, y el 12,7 por ciento en Andalucía.

   En España se registraron durante el segundo trimestre de 2013 un total de 2.262.200 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Esta cifra supone un descenso del 1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según el CGPJ, que subraya que en el primer trimestre se observó una reducción interanual del 5,4 por ciento.

   La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 47,9 asuntos por cada 1.000 habitantes y se ha visto superada por Andalucía que registró 56,9 asuntos por cada mil habitantes en el segundo trimestre, seguida de Madrid (53,3 asuntos por cada mil habitantes), Murcia (50,9), Canarias (50,7), Illes Balears (49,8), Comunitat Valenciana (48,8) y Cantabria (48,4). Las autonomías con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (30,3), País Vasco (34,2) y Extremadura (36,9).

   Además, el número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2013 ha sido de 2.973, un 11,5 por ciento más que en igual trimestre de 2012 pero observándose una desaceleración, pues ese incremento es muy inferior al 26,2 por ciento observado en el primer trimestre.

   En Cataluña se han presentado el 19,3 por ciento de los concursos. Le siguen Madrid, con el 15,7 por ciento, la Comunitat Valenciana con el 12,1 y Andalucía con el 11,5 por ciento. En Andalucía, Cantabria, Comunitat valenciana y Navarra se han observado reducciones interanuales.

   Por otro lado, se han declarado un total de 2.133 concursos, 342 de ellos en Andalucía, un 2,3 por ciento menos en la región. Durante el trimestre han llegado a la fase de convenio en Andalucía un total de 87, mientras que han iniciado la liquidación 220. Se han presentado 31 expedientes del artículo 64 de la Ley concursal (Expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo).

   En los juzgados de lo social se han presentado 39.682 demandas por despido, en Andalucía 6.000, lo que supone un 2,3 por ciento menos que en el primer trimestre de 2012. El mayor porcentaje de demandas de despido respecto al total nacional se ha dado en Madrid, 18,8 por ciento. Le siguen Cataluña, 15,9 por ciento, Andalucía, 15,5 por ciento y Comunitat Valenciana, 11,3 por ciento.

   En estos mismos juzgados se han presentado 40.424 reclamaciones de cantidad, 7.221 de ellas en la región, con un incremento del 1,5 por ciento más respecto a igual periodo de 2012.

   Además, en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción se han presentado 148.125 procedimientos monitorios, con una disminución respecto al primer trimestre de 2012 del 13,8 por ciento. En Andalucía han sido un total de 29.174, lo que supone un 15,9 por ciento menos.

   Por otro lado, en el segundo trimestre de 2013 se ha observado una disminución interanual del número de demandas de separaciones y divorcios no consensuadas, tanto a nivel nacional como regional, mientras que para los consensuados se ha producido un incremento.

   Para los divorcios consensuados, de los que se han presentados 2.986 demandas en la región, se ha observado un incremento del 0,7 por ciento. Para los divorcios no consensuados, se han presentado en la región 2.611 demandas, la reducción ha sido del 1,,7 por ciento.

   Igualmente, en Andalucía se han presentado 253 demandas de separaciones consensuadas, un 6,8 por ciento más que en el segundo trimestre de 2012, y 143 demandas de separaciones no consensuadas, con una reducción del 12,3 por ciento.

Andalucía reclama el "máximo apoyo" al recurso de la PAH contra la ley hipotecaria

SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha ofrecido este jueves su "respaldo absoluto" al recurso de inconstitucionalidad elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contra la Ley de Medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios --la llamada 'Ley Antidesahucios'-- y ha pedido que esta iniciativa tenga el "máximo apoyo político y social", para lo que ha solicitado el apoyo de los diputados del Congreso y del Defensor del Pueblo, que son quienes pueden presentar dicho recurso. 

   En un comunicado, Cortés ha destacado que "esta ley estatal, en contraste con el decreto-ley para asegurar la función social de la vivienda del Gobierno andaluz, deja totalmente desprotegido el derecho a la vivienda y mantiene la errónea consideración de la vivienda como mercancía", por lo que "resulta absolutamente insuficiente para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda" y es sólo "un lavado de cara del Gobierno" para "intentar inútilmente frenar la imparable marea social que ha dicho 'basta'".

   "Es una ley injusta e inútil. La PAH no ha tragado ni por un instante y los representantes políticos preocupados por el derecho a la vivienda debemos apoyar su iniciativa", ha añadido Cortés, para quien la iniciativa de la Plataforma es "un ejemplo perfecto de cómo actúa, con inteligencia y rigor, una sociedad crítica que ya no traga y que ha dicho basta a la estafa social y económica".

   En este sentido, la titular andaluza de Vivienda ha defendido que "es imposible que la misma derecha sometida a la Troika y a las entidades financieras que ha forzado por las bravas la suspensión del decreto-ley andaluz que evita desahucios y sanciona viviendas vacías, una norma que sí ataca la raíz del problema con medidas eficaces, tenga el menor interés real en la protección del derecho a la vivienda y la lucha efectiva contra esta sangría social".

   Tras subrayar la "encomiable labor" de la PAH y del conjunto de la sociedad civil organizada, que está "permanentemente poniendo el dedo en la llaga y aflorando el malestar social contra los recortes y la injusticia social", Cortés ha solicitado a los diputados del Congreso de todos los grupos parlamentarios que "actúen y decidan en conciencia" y apoyen el texto de la PAH y ha reclamado al Defensor del Pueblo que "defienda al pueblo, cumpliendo con su cometido esencial", y avale dicho texto.

   "Los poderes públicos servimos para defender el interés general, que en el caso de la vivienda hoy se traduce en la paralización de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo, la extensión del alquiler social y la aprobación de una quita para todas las hipotecas, porque la estafa hipotecaria ha sido absolutamente generalizada", ha señalado Cortés.

   La consejera comparte los motivos que esgrime la Plataforma para presentar el recurso y ha hecho especial hincapié en el punto de la ley que descarta el desalojo si hay menores de 3 años, "lo que supone implantar un criterio en absoluto garantista, inadecuado, sin fundamento y fuera de toda lógica".

   "Toda la ley está marcada por la falta de consistencia y la arbitrariedad. Es un puro lavado de cara, un intento de apuntalar el injusto sistema de desahucios español mediante la alteración de elementos superficiales que no cuestionen el fondo de la cuestión", ha insistido Cortés, que ha confiado en que el recurso de inconstitucionalidad de la Plataforma consiga el apoyo necesario antes del 15 de agosto, fecha límite para ser presentado ante el TC.

   "Si el Gobierno de Mariano Rajoy recurre las medidas efectivas que pone en marcha el Gobierno andaluz para defender a las familias y aprueba otras claramente insuficientes, ¿cuál es la verdadera intención de su política?", ha concluido la consejera.

Gracia acusa al PP de "arremeter" contra Andalucía y sus competencias con el recurso al decreto antidesahucios

SEVILLA.- El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha acusado al PP de "arremeter" contra Andalucía y su ámbito de competencias "en una estrategia que demuestra que le preocupa más el sistema financiero que las personas", haciendo así referencia al recurso presentado al Tribunal Constitucional (TC) en contra del decreto-ley sobre la función social de la vivienda y en el que se recoge la expropiación temporal de su uso.

   En la última entrada de su videoblog, Gracia ha recordado que el PP ya "desarboló" en el Congreso intentos de legislar en otra dirección en este ámbito, como la Ley de Segunda Oportunidad (PSOE), o la ILP para frenar los desahucios, avalada por casi millón y medio de personas. "Ahora arremete contra Andalucía", ha aseverado el presidente de la Cámara.

   Gracia ha advertido este domingo del "tremendo daño social y humano" que el Gobierno de la Nación hace con este recurso y ha asegurado que la presentación del mismo y su admisión a trámite suponen que la norma esté sin aplicarse, como mínimo, cinco meses, "toda una eternidad para aquellas familias que esperaban acogerse a su beneficio social, e incertidumbre para las que ya se habían acogido".

    Esto significa, en opinión del presidente del Parlamento andaluz, "un duro revés a la esperanza de miles de andaluces y andaluzas a los que la crisis los puede dejar sin nada".

 "Más allá de trifulcas políticas, el daño social y humano que se hace con esta decisión es tremendo", ha insistido Gracia.

   En esta línea, ha mostrado su deseo de que "cuanto antes" se resuelva este recurso y se pueda seguir aplicando una norma que respaldó el Parlamento de Andalucía "entendiéndola siempre plenamente legal y constitucional".

   "A duras penas podremos aspirar a construir una sociedad justa y desarrollada si dejamos atrás a quienes lo están pasando mal. Hemos de tender la mano para ayudar a quien sufre, y las instituciones públicas, las primeras. Entendámonos y trabajemos todos juntos por las personas, en Andalucía y en España", ha añadido.

   Ha destacado que la Constitución española consagra en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna en la que los poderes públicos promoverán las condiciones y normas para hacer efectivo este derecho; y regulando de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

   Gracia ha asegurado que en esa línea se trabaja en el Parlamento, donde se ha abordado "reiteradamente" el problema actual de la vivienda y se ha debatido para establecer las medidas legislativas que solucionen esta situación creada por la crisis y se ponga fin al drama de los desahucios que sufren miles de familias.

La Junta firma la primera expropiación temporal de una vivienda en Almería

ALMERÍA.-   La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Almería, Encarna Caparrós, ha anunciado que este jueves se ha firmado y enviado al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la primera expropiación temporal de una vivienda en la provincia de Almería, concretamente en Vera, a razón del conocido decreto antidesahucios a fin de evitar la exclusión social de una familia.

 Caparrós ha indicado que este es el primero de los siete casos localizados en la provincia en el que se aplica la expropiación temporal del uso de la vivienda, ya que la familia reúne los requisitos para acogerse al decreto.

   "Es un éxito y es una pena porque esta familia residente en Vera ya ha perdido su vivienda, pero durante tres años puede disponer del uso temporal" de su casa, ha apuntado la delegada territorial, quien ha apuntado el "respiro" que se da a esta unidad familiar. "A ver si entre todos conseguimos que ninguna familia más pierda su vivienda", ha apostillado Caparrós.

   Esta expropiación es la quinta que se efectuaría en Andalucía, después de la primera, en Huelva capital, otras dos en Motril y Charches-Valle del Zalabí, ambas en la provincia de Granada; y una cuarta en Almonte (Huelva), toda vez que se está a la espera de la publicación en BOJA de la medida para hacerla efectiva. En esta línea, se ha especificado que la publicación podría darse entre esta semana y la próxima.

   Una vez se inicie el procedimiento de expropiación temporal, se someterá a información pública este expediente con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios conforme a la disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2013.

   Así, se abrirá un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última de las publicaciones que se efectúen en publicaciones oficiales y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, al objeto de que los titulares y demás interesados puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre esta vivienda u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación, según marca el procedimiento.

Chamizo comparecerá en el Parlamento junto a otros agentes sociales para valorar el decreto antidesahucios

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, --su sustituto en el cargo, Jesús Maeztu, no será nombrado por el Pleno del Parlamento hasta el 12 de junio--, comparecerá este miércoles, junto con otros 21 agentes sociales en la Comisión de Fomento y Vivienda para ofrecer su posicionamiento sobre el decreto sobre la función social de la vivienda, que se tramita como proyecto de ley.

   Según el orden del día previsto, abrirá la ronda de comparecencias, --20 minutos por cada organización--, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a las 10,30 horas. Le seguirán la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo-Andalucía.

   A continuación, comparecerán la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía, la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A); los sindicatos CCOO-A y UGT-A; el Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

   Cerrarán el turno de la mañana los Jueces para la Democracia de Andalucía; el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Abogados; el decano de Andalucía Occidental de Registradores, Santiago Molina; y el Colegio Notarial de Andalucía, cuya intervención está prevista a las 14,30 horas.

   Ya por la tarde, se reanudará la Comisión con las comparecencias del Defensor del Pueblo andaluz; la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-A); la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); la Mesa del Tercer Sector; y la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua-A).

   Por último, intervendrán representantes de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Seguros y Productos Financieros (Adicae); la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (Al-Andalus); la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE).

   Este es el listado final de comparecientes aprobados por la Comisión de Fomento y Vivienda, en la que se rechazaron peticiones de las tres formaciones. Como se recordará, no se aceptó las comparecencias, a petición del PP-A, de la Asociación Española de Banca (AEB), la del presidente del Foro Gaesco, la de la Mesa de la Construcción, la de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y la de Cáritas Andalucía.

   Según informaron fuentes parlamentarias, del PSOE-A no salió adelante la petición de comparecencia Unicef Andalucía, por formar parte este colectivo de la Mesa del Tercer Sector, al igual que ocurrió con la propuesta del PP-A de Cáritas Andalucía, también rechazada. En lo que se refiere a IULV-CA, se rechazó la propuesta de intervención de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA).

El BCE aboga por un plan "más amplio" contra los desahucios en España

FRANCFORT.- El Gobierno español debería adoptar un conjunto de medidas más amplio para abordar así las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias, según refleja un dictamen emitido por el Banco Central Europeo (BCE) en relación con el proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ya en vigor en España tras su aprobación el pasado 8 de mayo.

   "Sólo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral", señala la entidad en un documento emitido la semana pasada y firmado por el propio presidente del BCE, Mario Draghi.

   No obstante, el instituto emisor considera que las modificaciones de la legislación hipotecaria y de ejecución hipotecaria previstas en este proyecto de ley "deberían basarse en un análisis pormenorizado de su

impacto en el sistema financiero" y recomienda a las autoridades españolas "vigilar los efectos que las medidas previstas de protección de los deudores hipotecarios podrían tener en las provisiones y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las entidades de

crédito".

   En este sentido, el dictamen del BCE subraya que la ejecución hipotecaria debe considerarse "el último recurso", ya que, a su juicio, los prestamistas garantizados deberían estar interesados en evitarla, puesto que resulta costosa y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias si el hipotecante continúa cumpliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones de pago.

   De este modo, la entidad recomienda que los prestamistas garantizados adapten sus prácticas actuales de gestión de prestatarios incursos en incumplimiento a fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el

marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento.

   Por otro lado, "aun cuando debe aplaudirse el establecimiento de un fondo social de viviendas", el BCE señala que esta iniciativa debería ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con las hipotecas que permita un menor número de ejecuciones y una menor necesidad de un fondo social de viviendas.

La Junta defenderá ante Bruselas este miércoles su decreto antidesahucios

SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha anunciado que el próximo miércoles viajará a Bruselas, donde mantendrá un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, al que le trasladará toda la información "necesaria" sobre el decreto-ley de la Junta sobre la función social de la vivienda, que permite expropiar temporalmente pisos a los bancos para evitar desahucios.

   En rueda de prensa, Díaz ha indicado que en dicho encuentro, al que acudirá acompañada por la secretaria de Acción Exterior de la Junta, explicará a Schulz que esta normativa va en "consonancia" con otras leyes aprobadas en países europeos y que no entra en contradicción con el memorando, ni con las condiciones que se firmaron con el Gobierno central en relación al rescate bancario.

   La consejera de Presidencia, que ha apuntado que esta reunión se produce después de que el Gobierno de la Nación haya puesto "en cuestión" el decreto de la Junta sobre la función social de la vivienda, se ha preguntado si la "supuesta carta" que la Comisión Europea envió al Ejecutivo central era sobre el decreto de la Junta o sobre la normativa en esta materia del propio Gobierno.

   Díaz ha considerado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, debería dar explicaciones al respecto, después de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, haya exigido a España una ley contra los desahucios "más ambiciosa" que la actual. "El ministro tendría que explicar si lo que se trasladó desde la Comisión Europea fue una reprimenda al Gobierno", ha insistido.

   Tras apuntar que el Gobierno tiene perfecto conocimiento de la reunión que va a mantener el próximo miércoles con el presidente del Parlamento Europeo, la consejera de Presidencia ha señalado que, mientras que el Ejecutivo central se ha puesto de lado de los "bancos" en materia de desahucios, el Gobierno andaluz se ha puesto en el lado de los ciudadanos.

   "Hemos llegado tarde al drama de los desahucios y cuando pasa eso no se pueden usar las medias tintas, tal y como ha advertido el Banco Central Europeo", ha considerado Díaz, quien preguntada sobre cómo actuará la Junta si la troika no acepta el decreto de la Junta, ha indicado que el Gobierno andaluz tendrá "su respuesta", sin llegar a concretar más.

   La consejera de Presidencia ha explicado también que durante el encuentro con el presidente del Parlamento europeo se abordarán otras cuestiones de interés para Andalucía, como las políticas de empleo y el posicionamiento en referencia a la Política Agraria Común (PAC), "para que se siga defendiendo una PAC que contemple el apoyo a las singularidades de la agricultura y ganadería andaluz".

   Tras la reunión con Martin Schulz, Díaz mantendrá también un encuentro con la totalidad de los eurodiputados andaluces, con quienes analizará las cuestiones que son prioridad del Gobierno andaluz y también de los europarlamentarios. Posteriormente, se reunirá también con el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, con quien tratará sobre todos estos temas y también sobre las ayudas públicas a empresas.

   Por último, la consejera de Presidencia mantendrá un encuentro con la Federación de Asociaciones Culturales andaluzas en Bélgica y con representantes de las seis asociaciones de andaluces reconocidas en esta nación, a quienes trasladará la "colaboración" del Gobierno andaluz y su agradecimiento por mantener "viva" la imagen de esta tierra fuera de sus fronteras.

El PSOE-A critica que el Gobierno cuestione las medidas antidesahucios andaluzas cuando "debería reforzarlas"

ALMERÍA.- La secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, ha criticado que el Gobierno cuestione el Decreto de Función Social de la Vivienda andaluz al afirmar, según ha reproducido, que "los socialistas no entendemos que una medida que ha sido bienvenida por muchas familias que viven el drama del desahucio como una realidad en estos momentos, sea cuestionada por el Gobierno de la Nación en vez de reforzarla como debería de hacer".

   En una reunión de trabajo con el grupo de asesoramiento a las familias con problemas para pagar sus hipotecas y en riesgo de desahucio constituido en el PSOE almeriense junto a su secretario general, José Luis Sánchez Teruel, Pérez ha considerado que desde el Gobierno de Rajoy "vuelven, con las dudas planteadas sobre esta acción, a dar un nuevo golpe a las iniciativas políticas que está teniendo Andalucía para situarse al lado de los hombres y mujeres de la comunidad".

   Según ha trasladado el PSOE en una nota, a juicio de Pérez, entienden que en Andalucía, y por eso resultan "tan incómodos al Gobierno de la Nación", están "haciendo ver a la ciudadanía que hay otra forma de afrontar la crisis, de legislar y de gobernar" y "el Gobierno andaluz lo está demostrando cuando aprueba ese Decreto de Función Social de la Vivienda, cuando aprueba el Decreto de Lucha contra la Exclusión Social y cuando lleva un año resistiendo y reforzando los servicios públicos a pesar de los recortes y de los hachazos del Gobierno de la Nación".

   Bajo esa premisa, ha detallado que el PSOE exigirá explicaciones al Gobierno sobre la "supuesta comunicación" de la Unión Europea en la que se cuestionaría el Decreto de Función Social de la Vivienda, toda vez que le seguirá "recriminando" que "esté más preocupado por proteger a la banca y al capital que por proteger a los ciudadanos y ciudadanas" ya que "los socialistas no lo entendemos".

   Para la dirigente socialista, iniciativas como el grupo de asesoramiento almeriense "demuestran la voluntad política de los socialistas de estar al lado de la gente, de ayudarles, de dar soluciones a los problemas que a día de hoy tiene" frente "a la voluntad política del Gobierno de la Nación, que legisla de espaldas a la gente".

   Por ello, según ha subrayado, el PSOE andaluz "va a estudiar la posibilidad de impulsar en el resto de provincias andaluzas" actuaciones como la almeriense con la que, a su juicio, demuestran que "hay otra manera de hacer las cosas" y que los socialistas hacen "política de forma diferente".

   Por su parte, el secretario general del PSOE almeriense, José Luis Sánchez Teruel, ha puesto en valor que el grupo de asesoramiento "trabaja para que las personas no lleguen a los desahucios" y ha trasladado que "hay posibilidades de negociar con los bancos" y que se están obteniendo "resultados positivos".

Chamizo emplaza a la Junta a ir a los tribunales si los bancos no revisan sus cláusulas suelo

SEVILLA.-   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía que intervenga para conseguir la extensión de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre cláusulas suelo a los contratos hipotecarios de otras entidades financieras distintas de las condenadas por el Alto Tribunal, de forma que ha solicitado a Consumo que acuda a los tribunales en caso de que las entidades financieras no revisen sus cláusulas suelo.  

   Así, el Defensor solicita a Consumo que pida a las entidades financieras que revisen sus cláusulas suelo y, en caso de no hacerlo, que "ejercite ante los tribunales la acción colectiva de cesación y que proponga fórmulas de arbitraje para llegar a acuerdos sin necesidad de que las personas afectadas tengan que acudir individualmente a los tribunales para defender sus derechos".

   Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz viene tramitando de oficio una queja ante la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía en relación con el problema de las cláusulas suelo. En el curso de dicha queja de oficio se formuló a la Secretaría General de Consumo una resolución instándole a intervenir ante las entidades financieras para tratar de solventar este problema.

   Dicha resolución "ha obtenido como respuesta un escrito de la Secretaría General de Consumo en el que se aprecia la buena acogida dispensada a las propuestas realizadas por esta Institución y la disposición mostrada en orden a ejercer sus competencias de protección y defensa de las personas consumidoras".

   Por ello, atendiendo a la buena disposición mostrada por Consumo y tomando el consideración el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado a la Secretaría General de Consumo una serie de propuestas de actuación.

   Dichas propuestas pasan por "trasladar formalmente a las entidades financieras radicadas en Andalucía la oportunidad, conveniencia y necesidad de acometer con la mayor diligencia y sin dilaciones actuaciones de comprobación de la adecuación a derecho de sus cláusulas suelo, procediendo, en su caso, a la inmediata eliminación de la cláusula suelo de dichos contratos cuando la misma no cumpla los requisitos de validez establecidos por el Tribunal Supremo".

   También el Defensor propone "ejercitar ante los Tribunales una acción civil de cesación colectiva basada en la posible nulidad de las cláusulas suelo en aquellos supuestos en que concurran las circunstancias que determina la sentencia del Tribunal Supremo".

   Ha explicado que esta acción de cesación colectiva "tendría por objeto extender el pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de la nulidad de las cláusulas suelo hacia otros supuestos y otras entidades que no hayan sido objeto del pronunciamiento especifico del Alto Tribunal".

   Por último, el Defensor pide a la Junta "promover la vía arbitral como fórmula extrajudicial de resolución del conflicto entre las entidades financieras y los consumidores que tengan cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios".