La APDH ve "responsabilidad institucional" en la muerte de un migrante por posible electrocución en Níjar

 ALMERÍA.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha señalado la "responsabilidad institucional" que existe ante la muerte de un migrante de 34 años en el poblado chabolista de Atochares el pasado 17 de junio, quien habría resultado aparentemente electrocutado según algunos de los indicios que maneja la Guardia Civil.

La entidad ha trasladado en una nota su "más profundo pesar" por esta muerte "absolutamente evitable" ante la que ha incidido en el papel de las Administraciones, pues "a pesar de tener conocimiento de estas situaciones" de pobreza e infravivienda, "parecen permanecer pasivas, permitiendo que la precariedad y la vulnerabilidad de estos trabajadores sigan siendo la norma".

La entidad recuerda que "la situación extrema en la que viven miles de trabajadores migrantes, cuya mano de obra es imprescindible para la industria agroalimentaria de las provincias de Huelva y Almería, es de sobras conocida por los ayuntamientos, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno central".

A pesar de ello, según ha señalado la entidad, "lo único que las administraciones públicas hacen al respecto es invisibilizar esta dramática situación y anunciar medidas cosméticas que, hasta el momento, no se traducen en una mejora de las condiciones de vida del colectivo".

"Hay políticos que aprovechan toda suerte de tragedias para alentar el odio contra un colectivo vulnerable como es el de las personas migrantes", han añadido antes de criticar las declaraciones alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso, ante el mensaje "profundamente racista y xenófobo" trasladado en redes sociales en el que vinculaba inmigración y criminalidad.

Apdha señala que "hace ya más de dos décadas que miles de personas viven en condiciones de semiesclavitud en las provincias de Almería y Huelva ante la desidia de las administraciones y la voracidad y el egoísmo de quienes explotan sin miramientos a estas personas".

La entidad andaluza explica que "los y las trabajadoras migrantes de la industria agroalimentaria de Almería y Huelva viven en chabolas construidas con materiales desechables, sin suministro eléctrico, sin acceso al agua potable y con el miedo permanente a ser víctimas de incendios accidentales o provocados".

Mientras esto sucede, según han ahondado, "las administraciones públicas y las personas que los emplean en sus explotaciones agrícolas no cumplen con su obligación de garantizarles un alojamiento digno y seguro".

Consumo elabora una guía con los derechos que cubren a los afectados por la DANA

  MADRID.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha elaborado una guía donde recoge los derechos que cubren a las personas consumidoras que han sido afectadas por la DANA. Los destrozos causados por el temporal han imposibilitado el disfrute de bienes y servicios ya contratados y han dejado inhabitables muchas viviendas sobre las que penden gastos de suministros y de alquiler o el pago de la hipoteca.

Bustinduy ha destacado que "desplegando estos derechos buscamos que las personas que han sido afectadas por la DANA no sufran un doble golpe, en este caso, por hacer frente a los costes de bienes y servicios que no pueden disfrutar". 

"Animamos a ejercer estos derechos y a comunicar a las autoridades todos los abusos y vulneraciones de derechos que se puedan dar", ha apostillado el ministro.

La guía recopila los derechos que cubren a las personas consumidoras en los siguientes casos:

Puedes solicitar la suspensión temporal o definitiva de los contratos de prestación de servicios (gas, luz, agua, telefonía e internet…) si es imposible disfrutar de ellos. El artículo 47 del Real Decreto-ley contempla que, en estos casos, por ejemplo, mientras se rehabilita la vivienda, la persona consumidora podrá elegir entre la resolución del contrato o el aplazamiento de su ejecución (es decir, no tendrá que abonar el servicio durante este periodo). En cancelaciones definitivas se deberán restituir las potenciales cantidades abonadas en un plazo máximo de treinta días.

Si vives de alquiler y tu vivienda es inhabitable, puedes comunicar a tu arrendador que te acoges a la suspensión del contrato hasta que la vivienda vuelva a ser habitable. Este derecho se puede ejercer conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. El inquilino también podrá desistir del contrato sin sufrir indemnización alguna en estos casos.

Puedes solicitar la moratoria de créditos como la hipoteca, la letra de un coche o un crédito al consumo. El artículo 35 del Real Decreto-ley permite solicitar a la entidad financiera una moratoria de hasta tres meses. Una vez que el afectado realice la solicitud de suspensión, el acreedor procederá a la suspensión de los pagos de las obligaciones en un plazo de quince días.

Si no puedes disfrutar de alguno de los productos o servicios contratados antes de la DANA, se amplía tu derecho a desistir del contrato hasta el 31 de enero de 2025. El artículo 46 del Real Decreto-ley te permite ejercer este derecho para casos como viajes, conciertos, servicios digitales o la compra de enseres para tu vivienda. 

Para ejercer este derecho a cancelar los servicios contratados o devolver los bienes comprados, no será necesario presentar los documentos que sean imposibles de obtener o recuperar debido a la propia DANA.

Además de estas actuaciones en el ámbito de consumo, el Ministerio recuerda que el nuevo Real Decreto-ley permite a las personas afectadas solicitar otras medidas o ayudas como las destinadas a la rehabilitación de vivienda, al cobro de compensaciones por seguros o el acceso de avales para crédito, entre otras.

El estado de Oklahoma en EE UU, defiende el derecho a la vida y prohíbe el aborto sin excepciones

 

NUEVA YORK.- El estado de Oklahoma ha dado su aprobación final a un proyecto de ley que prohíbe casi de forma total el aborto, sin excepciones en caso de violación o incesto, por lo que aquellos que realicen este procedimiento se enfrentarán a multas y hasta a diez años de prisión.

La Cámara de Representantes de Oklahoma ha aprobado el proyecto de ley contra el aborto –que obtuvo ‘luz verde’ en el Senado el pasado año– con 70 votos a favor y 14 en contra, según han recogido distintos medios estadounidenses.

El representante estatal republicano Jim Olsen, autor principal de la ley en la Cámara de Representantes, le ha dicho a la cadena CNN que cree que «la violación y el incesto son un crimen horrible» y, aunque el bebé sea concebido en una «situación horrible», «todavía tiene derecho a la vida«.

Tal y como ha recordado el diario ‘The New York Times’, su aprobación se produjo después de que el estado de Oklahoma se convirtiera en un importante destino para las mujeres residentes en Texas, cuyo Tribunal Supremo ratificó la ley aprobada en septiembre de 2021 que prohíbe el derecho al aborto incluso en situaciones de violación o de incesto.

Inspirados por la norma de Texas, varios son los estados controlados por los republicanos en los que se han presentado textos similares. Según ha señalado la cadena NBC, Oklahoma ya ha impuesto restricciones destinadas a disuadir a las mujeres de abortar, como la prohibición de un seguro médico para pagar el procedimiento.

Trump quiere ilegalizar que los empleadores despidan a trabajadores no vacunados

 

RALEIGH.- El expresidente Donald Trump pidió a los republicanos que ilegalicen que los empleadores despidan a empleados no vacunados si el Partido Republicano recupera la mayoría en el Congreso después de las elecciones intermedias de noviembre.

“Una de las primeras cosas que haremos con nuestra nueva mayoría republicana es terminar hasta el último mandato covid. Todavía están por ahí, es difícil de creer”,  dijo Trump a  una multitud en Carolina del Norte el pasado fín de semana. 

“Aprobaremos un proyecto de ley que haga ilegal que cualquier empleador interfiera en las decisiones de salud personal o despida a los empleados simplemente por no tener la vacuna”.

Trump también pidió a los republicanos que investiguen a los políticos demócratas que se confabulan con los sindicatos de maestros para mantener a los padres fuera de las aulas de sus hijos:

Una Mayoría Republicana debe investigar la colusión entre los políticos del Partido Demócrata y los sindicatos de maestros para mantener a nuestros niños fuera de la escuela sin ninguna razón científica. El daño irreversible que los políticos demócratas le hicieron a nuestros jóvenes es imperdonable, y los votantes estadounidenses los castigarán en las urnas este noviembre.

Trump continuó llamando a nuestro “sistema educativo administrado por el gobierno” que “ha perdido la confianza de los padres estadounidenses”. Él dijo:

Al reemplazar Lectura y Matemáticas con pronombres y estudios de género, nuestro sistema educativo administrado por el gobierno ha perdido la confianza de los padres estadounidenses. Cada mamá y papá en los Estados Unidos debe tener el derecho de optar por no participar en el adoctrinamiento y enviar a su hijo a la escuela pública, privada, chárter o religiosa de su elección.

Kyrie Irving: “Estoy en pie por la libertad”

 

NUEVA YORK.- Después de su tan esperado primer partido en casa en el Barclays Center, donde anteriormente no podía jugar debido al mandato de vacunas del sector privado de la ciudad de Nueva York , Kyrie Irving dijo que su decisión de no vacunarse fue para asegurarse de que él cree.

“Estoy de pie por la libertad, así que eso es en todas las facetas de mi vida. No hay nadie que me esclavice. No quiero que nadie me diga qué hacer con mi vida, y así soy yo, y si me empañan en mi imagen y la gente difama mi nombre continuamente porque esas no son cosas que se me olvidan”, dijo Irving.

Irving nunca vaciló en su postura de no vacunarse contra el COVID-19 esta temporada. Se convirtió en el único jugador de medio tiempo de la NBA , disponible exclusivamente en partidos fuera de casa y no en casa debido al mandato de vacunas de la Ciudad. 

Los Nets inicialmente dictaminaron que Irving no era elegible para jugar en la carretera o practicar en casa al comienzo de la temporada, pero luego revirtieron esa decisión a mediados de diciembre.

United Airlines permite a los empleados no vacunados volver al trabajo

 

CHICAGO.- "United Airlines, con sede en Chicago, está permitiendo que los empleados no vacunados vuelvan al trabajo antes del 28 de marzo. United fue la primera aerolínea estadounidense en imponer la vacunación Covid 19 a sus empleados.

En un memorando obtenido el jueves por The Epoch Times, Kirk Limacher, vicepresidente de recursos humanos de United, afirma que el cambio de política se produjo tras un descenso de los casos de Covid-19 y de las hospitalizaciones relacionadas con ellos en todo el país. La decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. de relajar su requisito de mascarilla a principios de este mes influyó en la decisión de la aerolínea.

"Estos cambios indican que la pandemia está empezando a remitir de forma significativa", escribió Limacher. "Como resultado, estamos seguros de que podremos devolver a nuestros empleados de RAP a su trabajo".
(..)
United Airlines promulgó el año pasado un requisito de vacunación en toda la empresa, lo que provocó el despido de más de 200 trabajadores que se negaron a vacunarse. Aunque la empresa permitía a sus empleados solicitar exenciones religiosas o médicas, envió a muchos de los que solicitaron una exención a un permiso no remunerado, según Reuters.

Sin embargo, el requisito de vacunación de United dio lugar a una demanda de los empleados que solicitaron exenciones. En febrero, un tribunal federal dictaminó que el requisito de vacunación de la aerolínea "obliga activamente a los empleados a abandonar sus creencias".

En un correo electrónico enviado al Epoch Times, el abogado que representa a los demandantes se congratuló de la reciente decisión de United: "Es de esperar que la gente empiece a darse cuenta de que los derechos individuales no deben dejarse de lado, ni siquiera durante una pandemia"".

Trudeau será investigado en Canadá por su uso indebido de la Ley de Emergencias

 

MONTREAL.- A medida que la ciencia política continúa evolucionando y el mundo deja atrás la “pandemia”, todos los ojos están ahora puestos en Ucrania y Rusia.

Durante un mes, el fenómeno más atractivo de la historia reciente de Canadá tuvo lugar en las calles de Ottawa. Todos los ojos estaban puestos en las calles heladas frente al Parlamento mientras miles de camiones y decenas de miles de patriotas descendían sobre el bastión de Trudeau para exigir el fin de las tonterías.

Todos conocemos la historia ahora: comenzó como un movimiento esperanzador de amor y unidad, y luego los izquierdistas totalitarios no pudieron soportarlo más, así que enviaron a las tropas de asalto y procedieron a congelar las cuentas bancarias.

Algunas personas creen que debido a que el movimiento no resultó en un cambio completo y radical en el gobierno canadiense, de alguna manera el movimiento finalmente fracasó. Esta es una conclusión incorrecta.

El Convoy de la Libertad fue un gran éxito y tenemos que agradecer al convoy por nuestra recuperación diaria de las libertades y la normalidad.

Los mandatos están disminuyendo, al igual que los recuentos de muertes fraudulentas de muertes por COVID mal etiquetadas.

Muchos políticos fingen que el convoy no cambió nada y que la «ciencia evolucionó». La ciencia no comenzó a “evolucionar” hasta que la nación se despertó y comenzó a exigir la Vieja Normalidad. En las semanas y meses previos al convoy, los mejores médicos y burócratas de todo el país decían que las máscaras y los pases vax habían llegado para quedarse.

Mágicamente, todos comenzaron a irse mientras Ottawa se llenaba de bocinazos de libertad.

Hay tres áreas de suma importancia que han mejorado debido al convoy y que contribuirán a una influencia duradera en la libertad canadiense.

1. El Partido Conservador tuvo un duro despertar

Antes del convoy, el Partido Conservador de Canadá no era nada mejor que un partido centrista-izquierdista bajo el liderazgo de un imbécil blando e intolerable.

Erin O’Toole estaba al mando, y estaba claro que había bebido el COVID-KoolAid hasta las heces. Cuando Trudeau estaba haciendo su mejor imitación de Hitler durante las elecciones federales del otoño pasado, gritando sobre las personas inaceptables que no estaban vacunadas, todo lo que O’Toole pudo hacer fue reunir el coraje suficiente para decir que todos deberían vacunarse y que los inmundos deberían pagar por ello. sus propias pruebas para acceder a los servicios con sus superiores vaxxed.

O’Toole era patético, y la fiesta era tan patética como él, y deberían avergonzarse de seguirle la corriente a su idiotez.

Parece que el hechizo COVID se había apoderado de los desventurados políticos que pretendían ser conservadores y, hasta que el convoy comenzó a rodar, parecía que no había un final a la vista para la burla ofensiva de la historia canadiense que era el Partido Conservador de Canadá.

Luego, llegaron noticias del interior occidental de que un grupo de camiones estaba cobrando impulso y, mientras pasaban por las praderas, los políticos de las praderas se subieron al carro. Eventualmente, numerosos conservadores tuvieron su momento Pinocho y se convirtieron en verdaderos niños y niñas, con corazones palpitantes y sangre caliente. Sus espinas se fortalecieron y ellos también tocaron la bocina más fuerte en el Parlamento exigiendo el fin de los mandatos y la destrucción de la sociedad canadiense.

O’Toole se mantuvo fiel a su grotesca incompetencia y eludió la oportunidad de apoyar a los camioneros. En cuestión de días, se había ido. Se produjo un verdadero levantamiento en el partido, y ahora tenemos una buena carrera de liderazgo a la antigua con hombres y mujeres en el partido que realmente pueden liderar. Ha pasado mucho tiempo desde que la política conservadora fue tan emocionante en Canadá, y es emocionante ser parte de ella.

2. El régimen de Trudeau ahora está bajo investigación

La aplicación de la Ley de Emergencias por parte de Trudeau fue recibida como un golpe mortal para el movimiento por la libertad en Canadá.

Vimos cómo se congelaban las cuentas bancarias y la Policía Montada pisoteaba, literalmente pisoteaba, las protestas y los manifestantes.

Sin embargo, aquí está la cosa: el uso de la Ley de Emergencias (EA) no existe en el vacío, y no es una «tarjeta libre de cárcel» como una forma de imponer la Ley Marcial.

Si se lee la legislación, en realidad es bastante sensata y razonable. En esencia, la EA permite que un jefe de estado se salte el proceso normal del Parlamento para responder a una emergencia real. El defecto fatal en el EA fue que estuvo escrito por personas sensatas y se esperaba que fuera utilizado por personas sensatas cuando llegara el momento.

No obstante, a pesar de que el loco Justin Trudeau se divirtió diabólicamente fingiendo que era tan duro como su padre, quien fue el último en invocar una legislación similar, el uso de la EA no deja de tener consecuencias.

Actualmente, hay una investigación sobre cómo se utilizó la EA, que es parte de la ley misma. Un grupo compuesto por miembros de todos los partidos, tanto en el Senado como en la Cámara, está analizando actualmente cómo se utilizó la Ley y si estaba justificada.

Los profesionales legales tanto de la derecha como de la izquierda no están convencidos de que el régimen de Trudeau cumpliera con los estándares legales para usarlo.

Como parte de la investigación, se someterá a un alto nivel de escrutinio a las acciones de Trudeau, así como a las de todos los niveles de gobierno que se conchabaron con él.

Las cosas pueden resultar muy feas para aquellos que avergonzaron a Canadá en el escenario mundial al usar poderes de tiempos de guerra para una protesta llena de patriotas despreocupados, camiones y castillos hinchables.

No está claro cuáles podrían ser las consecuencias para los criminales en el Parlamento, y Trudeau tiene una forma serpenteante de evadir problemas legales cuando es claramente culpable; lo ha hecho antes. Sin embargo, el tribunal de la opinión pública está plagado de ira en este momento, y Trudeau es una vergüenza internacional.

Hay más de unos pocos esqueletos en el armario de Trudeau. Me pregunto si guarda sus atuendos favoritos de cara pintada de negro en el mismo armario.

3. Ser canadienses vuelve a ser genial

Si todavía estuviera discurseando, diría: «Levanta la mano si pensaste en dejar Canadá durante la ‘pandemia’». Conozco a muchas personas que se fueron de Canadá en busca de pastos más verdes, o que intentaron hacerlo. La vida aquí ha sido sombría, lo que dice mucho considerando lo sombríos que son los inviernos.

Canadá se ha convertido en una vergüenza en los últimos años, y lo estaba siendo incluso antes de que COVID fuera declarado la plaga para acabar con todas las plagas.

Las iglesias fueron quemadas con apoyo público. Nuestras provincias estaban casi todas bloqueadas de una manera que hacía que los californianos parecieran cuerdos. Y Canadá tiene algunos de los estándares de viaje más rígidos para los ciudadanos no vacunados del mundo: los canadienses no vacunados básicamente no pueden salir del país.

Esto es un poco irónico, ¿no? Uno pensaría que si odiaran tanto a las masas no vacunadas que querrían que se fueran…

En cualquier caso, el Convoy de la Libertad volvió a poner a Canadá en el escenario internacional, y por las razones correctas.

Claro, los medios de comunicación de izquierda estaban en contra del convoy, pero los medios de comunicación de izquierda están en contra de todo lo que es bueno.

El Honk of Freedom se convirtió en un fenómeno internacional y, por primera vez en mucho tiempo, incluso los estadounidenses admiraron a los canadienses como héroes.

El espíritu canadiense no murió en los años previos al convoy, y no murió porque Trudeau tuvo una rabieta internacional.

La verdadera libertad está en movimiento en Canadá, y todos deben su resurgimiento al patriotismo impulsado por diesel del Freedom Convoy.

En Canadá, la provincia de Ontario elimina el mandato de mascarillas mientras admite haber sobrecontado las muertes ‘por COVID’ hasta en un 30%

 

TORONTO.- A partir del 21 de marzo, se eliminarán la mayoría de los mandatos de uso de mascarillas en Ontario. Mientras tanto, la provincia admitió que las muertes se reportaron en exceso desde principios de 2020, cuando se impusieron los primeros cierres.

La noticia fue anunciada por el Director Médico de Salud de Ontario, Kieran Moore.

Cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de marzo, ya no se requerirán máscaras en las escuelas, restaurantes y tiendas minoristas.

“Ahora estamos aprendiendo a vivir y manejar el COVID-19 a largo plazo”, dijo Moore. “Esto requiere un cambio hacia una respuesta más equilibrada a la pandemia”.

Moore insinuó que los mandatos de máscara podrían regresar, pero los poderes de emergencia necesarios para hacer cumplir el mandato finalizarán en unas pocas semanas.

La provincia dijo que hará cambios en la forma en que se publican los datos de COVID. A partir del viernes, solo se informará como tal a quienes fallecieron por COVID. Hasta ahora, todas las personas que murieron con una prueba positiva reciente se informaron como muertes por COVID, sin importar la causa real.

Los datos proporcionados por la provincia indicaron que al menos el 30 por ciento de las muertes por COVID informadas en realidad se atribuían a otra causa, o que la COVID era simplemente una de las enfermedades que alguien padecía en el momento de su muerte, pero no la única causa de muerte.

El exasesor de Trump COVID, el Dr. Paul Elias Alexander, le dijo a LifeSiteNews que el régimen de prueba actual podría estar equivocado hasta en un 95 por ciento debido a falsos positivos.

“La cuestión clave es que la prueba PCR no diferencia entre el resfriado o la gripe o el RSV o el virus COVID. También es clave que la prueba se haya superado y aquí es donde entró el desastre con los números de infección. La mayoría globalmente fueron falsos, ya que sabíamos que había un 95% de falsos positivos. La mayoría, la mayoría nunca dieron positivo en COVID”, dijo.

No está claro si será necesario cambiar o no el recuento general de muertes para reflejar las estadísticas infladas. Las estadísticas de muertes canadienses de 2020 indican que poco más de 16.000 canadienses murieron con o por COVID en 2020. Esos datos se publicaron en enero, mientras que el gobierno de Ontario admitió estadísticas infladas casi dos meses después.

Ontario eliminará todas las restricciones de COVID restantes para fines de abril. Hasta entonces, todavía se requieren máscaras en ciertos entornos de atención médica, así como en el transporte público.

'Adelante Andalucía' pide a Igualdad que "deje de ceder a presiones de Vox" y cumpla con la "tutela" de menores no acompañados

SEVILLA.- La diputada de Adelante Andalucía por Sevilla Maribel Mora ha pedido este jueves a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que "recupere el sentido común en el ejercicio de sus obligaciones de tutela" de los menores no acompañados y "deje de ceder a las presiones de Vox".

En un comunicado, Mora se ha posicionado de este modo "contra la decisión de Ruiz de recortar partidas presupuestarias destinadas a menores tutelados por la Junta escudándose en la necesidad de reajustar las cuentas andaluzas con motivo de la pandemia de coronavirus", según apuntan desde Adelante.

Para la diputada de la confluencia de Podemos e IU, "el hecho de que los recortes aplicados por la consejera Ruiz afecten única y exclusivamente al capítulo de menores no acompañados revela una intencionalidad ideológica del Gobierno por exterminar las políticas de protección de menores que son competencia exclusiva de la comunidad autónoma, como recoge el Estatuto de Autonomía".

Así, Mora ha vinculado este "recorte" a la "permanente campaña de odio" de Vox contra colectivos vulnerables, que "ha conseguido filtrarse una vez más en la toma de decisiones importantes para el bienestar y la prosperidad social de Andalucía", al tiempo que ha remarcado que "ninguna decisión que margina o abandona a personas vulnerables debe tener cabida en un gobierno democrático".

La confluencia considera que "la eliminación de las partidas económicas para la atención a menores eleva aún más el riesgo de que éstos acaben solos en albergues temporales y desasistidos", lo que supondría "un caso flagrante de dejación de funciones por parte de la Consejería de Igualdad".

En esta línea, Mora ha insistido en que, "por más que la Junta trate de desviarse de la legalidad asegurando que los afectados son inmigrantes, la realidad es que se trata de niños vulnerables y sin referentes familiares y, como tal, la única administración responsable de su tutela es la autonómica".

Finalmente, Mora ha vuelto a advertir a la consejera Ruiz de que Adelante mantendrá una "estrecha vigilancia en colaboración con numerosas ONG sobre la situación de cada uno de los menores afectados por su decisión de recortar plazas en los centros concertados", y que trasladarán "a la Fiscalía de Menores todas aquellas situaciones en que las decisiones del Gobierno autonómico hayan supuesto la vulneración de derechos".

¿Qué son las Clases Pasivas y a qué funcionarios afecta el nuevo decreto sobre pensiones del Gobierno?

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde al traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares, más conocidos como “Régimen de Clases Pasivas”. De este modo, ya no estarán vinculadas al Ministerio de Hacienda sino al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

La medida resultó inesperada entre los más de 657.118 funcionarios a los que afecta esta decisión y que ahora esperan con cierto temor ver qué efectos tendrá sobre ellos. Pero, ¿qué son las Clases Pasivas del Estado? 

Hasta ahora se trataba de un régimen especial de la Seguridad Social en el que se incluyen prácticamente todos los funcionarios públicos y se diferenciaban de los autónomos y asalariados en que sus pensiones las gestionaba Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 

Sin embargo, después de que el Gobierno fulminara por decreto la autonomía de las pensiones de los funcionarios, esta situación ha cambiado.

Otra característica que hace diferente a este grupo del resto es la edad de jubilación. Si bien las clases pasivas tienen una edad obligatoria de jubilación de 65 años, pueden acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 60 años, siempre que cumplan los requisitos. 

Mención aparte tienen los docentes, magistrados, fiscales, jueces, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, cuya edad de jubilación obligatoria, pese a ser funcionarios públicos, se eleva hasta los 70 años.

Asimismo, el valor de las pensiones de las Clases Pasivas depende de varios factores: la categoría del funcionario, los años que éste ha trabajado para el Estado o el haber regulador, que se establece cada año en los Presupuestos Generales.

Desde el Ejecutivo han asegurado que el coronavirus les ha obligado a acelerar los plazos, ya que seguir los trámites ordinarios generaría “inseguridad jurídica” sobre las pensiones de los funcionarios. ¿Cómo les afectará? 

A expensas de saber cómo se articulará esta decisión, de momento desde los sindicatos y asociaciones profesionales han asegurado que ninguno de los funcionarios “perderá sus derechos” ni sus “prestaciones sanitarias y sociales” actuales.

Quiénes forman parte del Régimen de Clases Pasivas

Los funcionarios adscritos al Régimen de las Clases Pasivas del Estado se enmarcarían, en su mayoría, dentro de estos grupos:

• Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado.
• El personal militar profesional, sea o no de carrera, y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval.
• Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías y guardias civiles.
• Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
• Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
• Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea.
• Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos Cuerpos, Escalas y Plazas, así como los alumnos de Academias y Escuelas Militares a partir de su promoción a Caballero Alférez-Cadete, Alférez alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina.
• Los ex presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación.
• El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas y el personal civil que desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatario.

Un sistema que llega a su fin

El Gobierno ha culminado así la integración de las Clases Pasivas del Estado en la Seguridad Social, algo que ya contemplaba hacer al estructurar los departamentos ministeriales. De hecho, según el Real Decreto-Ley 13/2010, todos aquellos funcionarios que entraron a trabajar para el Estado a partir del 1 de enero de 2011 forman parte ya del Régimen General de la Seguridad Social. Y es que está previsto que en unas décadas las Clases Pasivas desaparezca.

El hecho de que el Régimen Especial de Clases Pasivas llegue a su fin, dejará a los funcionarios en un lugar un poco más vulnerable a la hora de planificar su jubilación.

Los vecinos apoyan a una sanitaria de Almería que fue acosada en su edificio

ALMERÍA.- Los vecinos de un edificio de Almería han expresado mayoritariamente su rechazo y han brindado su total apoyo a una profesional sanitaria, después de que alguien colocase en los espacios comunes del bloque un cartel en el que le pedía que se marchara a vivir a otra parte, al considerarla un “peligro” por su trabajo y su exposición especial al coronavirus, según La Voz.

El cartel, que se expresaba en términos similares de acoso a otros casos que se han producido en todo el país, fue retirado muy pronto por los administradores del edificio, que además, de forma ejemplar, enviaron un correo electrónico a todos los residentes en la comunidad, advirtiendo de la “intolerable falta de respeto, con el agravante de insulto, contra una vecina que realiza su profesión en primera línea contra el covid-19”. 

Es más, el administrador consideraba en el mismo mensaje “despreciable la actuación” de quien puso la nota y le advertía: “Quiera dios que no necesite de los servicios de estos profesionales”.

Los administradores advirtieron, además, de que en caso de que vuelvan a repetirse hecho similares,  se presentaría una denuncia ante la autoridad competente, ante quien se entregaría la nota para que se realice la correspondiente investigación caligráfica. Por último, aseguraba que en otros lugares se han denunciado casos como este, que han sido considerados como delitos.

Tras el envío de este escrito, prácticamente todos los vecinos respondieron expresando su apoyo total a la enfermera, y lamentando que una persona del mismo bloque hubiera podido cometer un acto de acoso tan despreciable. Ante todo ello, la víctima se ha mostrado también muy agradecida por el respaldo recibido por parte de la inmensa mayoría de sus vecinos.

En la comunidad existen sospechas de quién puede ser el autor del escrito, aunque de momento no ha sido identificado ‘oficialmente’,  si bien en el texto deja claro que no posee un alto nivel educativo ni cultural,  pues contiene un gran número de incorrecciones y faltas de ortografía.

El mensaje, que fue también enviado por los administradores a los residentes, decía: “vecina del (piso), podría por humanidad buscarse otra residencia, usted es un foco de infección, nos está poniendo en peligro. Le sugiero cumpla su obligación sanitaria y lárguese o nos matará a todos, somos inocentes, lo siento x (aquí dice el nombre de la profesional, con lo que está claro que al menos la conoce), váyase, váyase”.

Los administradores de la finca consideran ahora resuelto el conflicto, después de que a su entender se hayan adoptado las medidas internas adecuadas para evitar también que no se vuelva a repetir, y han destacado el respaldo mayoritario ofrecido por todos a la profesional.

España pierde 6.700 millones al año por la piratería, 146 euros por habitante

ALICANTE.- Las pérdidas anuales en España a causa de las falsificaciones y la piratería se elevan a unos 6.700 millones de euros, lo que equivale a 146 euros por habitante, según un informe difundido hoy por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (Euipo).

La Euroagencia, que tiene su sede en Alicante, enmarca estas pérdidas en España dentro de los 60.000 millones que se pierden por este motivo en los 28 países miembros de la UE dentro de once sectores económicos clave, lo que representa el 7,4 por ciento del total de ventas.

Estos ámbitos son los cosméticos y artículos para el cuidado personal; la confección, calzado y accesorios; los artículos deportivos; los juguetes y juegos; la joyería y relojería; los bolsos de mano y maletas; la música grabada; las bebidas espirituosas y vinos; los productos farmacéuticos; los pesticidas; y los teléfonos inteligentes.

Dado que los fabricantes legítimos producen menos de lo que harían si no existieran las falsificaciones, y por tanto dan trabajo a menos personas, el análisis estima que en estos sectores se pierden hasta 468.000 puestos de trabajo en toda la UE por la piratería.

En España, los 6.700 millones de euros que se dejan de ganar equivalen al 10,6 por ciento de las ventas en el país.

Se trata de la segunda evaluación sectorial del coste económico de las falsificaciones y la piratería en sectores económicos clave considerados vulnerables al incumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual que ha publicado la Euipo.

El estudio estima que, desde el primer análisis de 2018, las ventas perdidas se han reducido en la UE en todos los sectores analizados salvo en dos: los de la confección, accesorios y calzado; y los cosméticos y artículos para el cuidado personal.

El de la confección, el calzado y los accesorios es el mayor de todos los sectores estudiados en términos de volumen de ventas y empleo y, según se ha calculado, se han registrado pérdidas en las ventas, en toda la UE, por un valor de aproximadamente 28.400 millones de euros anuales (el 9,7 por ciento de todas las ventas).

En España, las pérdidas en ventas en el sector de la confección, el calzado y los accesorios debido a la falsificación se estiman en unos 3.800 millones de euros al año, es decir, alrededor del 14,9 por ciento.

En cuanto a los cosméticos y los artículos de cuidado personal, el estudio apunta que la presencia de falsificaciones en el mercado ocasiona pérdidas estimadas en 7.000 millones de euros al año en el sector de los cosméticos y los cuidados personales en la UE, lo que representa el 10,6 por ciento de todas las ventas del sector.

En España se calcula que las pérdidas en este sector ascienden a 839 millones (el 14,1 por ciento).

La Euipo es una agencia descentralizada de la UE encargada de gestionar el registro de las marcas, los dibujos y los modelos comunitarios para dar protección en todos los Estados miembros, y alberga también la sede del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, creado en 2009.

Reacción de los afectados

La Confederación Española del Comercio (CEC) y la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) consideran "alarmantes" las perdidas que sufren por culpa de las falsificaciones, más de 6.700 millones al año, y piden a los ayuntamientos que se impliquen en la lucha contra esta práctica delictiva.

Según los datos publicados este jueves por la Oficina de la Propiedad Intelectual del Unión Europea (Euipo), España pierde al año por falsificaciones y piratería 6.766 millones de euros (146 euros por ciudadano), el 12 % de los 56.000 millones que se pierden en toda la unión.

"Esta pérdida deriva en la destrucción de más de 53.467 puestos de trabajo al año en nuestro país", han subrayado ambas organizaciones, que destacan el significativo incremento de las ventas de copias en el sector de confección, calzado y accesorios, donde las falsificaciones restan ya el 14,9 % de las ventas, frente al 8,2 % del año pasado.

En un comunicado, ambas organizaciones recuerdan al consumidor que la venta de falsificaciones es una actividad ilegal que, además de provocar grandes perjuicios al empleo y a la economía, está controlada por bandas organizadas que venden artículos "que no han pasado ningún control de seguridad y calidad".

Aunque Industria anunció un plan integral de lucha contra las falsificaciones, “queda muchísimo por hacer y las administraciones, especialmente los ayuntamientos, tienen que percibir que éste es un problema de competencia desleal, de ocupación ilegal del espacio público y de distribución y venta de productos inseguros”, ha dicho el director de Andema, José Antonio Moreno.

"La venta de falsificaciones hace un daño irreparable al comercio local. Los comerciantes crean empleo, pagan impuestos y se esfuerzan en abrir su puerta cada día. En algunas zonas de determinadas localidades, nos sentimos totalmente desprotegidos ante la venta ilegal de falsificaciones delante de nuestros locales”, ha lamentado el secretario general de la CEC, José Guerrero.

Chamizo: "Los derechos sociales no pueden perderse" por la crisis

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha señalado que en los mensajes institucionales dirigidos a la ciudadanía típicos de estas fechas habría que insistir en que, pese al actual contexto socioeconómico de crisis, "los derechos sociales no pueden perderse".

   En una entrevista a Canal Sur Radio, Chamizo ha indicado que la sensación es la de que "se vuelve a años atrás".

 "Es verdad que hay una crisis, con mucho sufrimiento y gente que lo está pasando mal", ha recordado, para, acto seguido, incidir en la idea de que los derechos sociales básicos "hay que defenderlos por encima de todo".

   De esta manera, ha apuntado a conceptos como la salud, los servicios sociales o la educación, manifestando que en su discurso de Navidad, a su juicio, el Rey "tendría que ir por este sendero de los derechos sociales bien defendidos".

   Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho un llamamiento a aprovechar estos días para "el encuentro con nosotros mismos", algo que es "importante" para, "además de la crisis económica, evitar otras crisis todavía más profundas".

La AEPD señala que Ayuntamiento de Almería infringe la ley con el sistema de videovigilancia del antiguo cuartel de Policía

ALMERÍA.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha determinado en una resolución que el Ayuntamiento de Almería ha infringido de forma "grave y continuada" la normativa que rige al instalar el sistema de videovigilancia en las antiguas dependencias de la Policía Local y ha remitido comunicación al Defensor del Pueblo Andaluz.

   La citada resolución recoge que el Consistorio no ha atendido los "requerimientos" de la agencia para subsanar irregularidades detectadas hace un año raíz de una denuncia contra el sistema de videovigilancia, integrado por cuatro cámaras internas y cinco fijas externas.

   En concreto, y tras advertir de que en "caso de no persistir en la persistir" en la no atención al requerimiento podría abrirse procedimiento de declaración de infracción, la AEPD recoge que el Ayuntamiento de Almería ha infringido lo dispuesto en el artículo 37.1a de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

   Según han indicado desde el despacho de abogados especializado en esta materia, en el año 2011, se declaró que el sistema de video vigilancia era "ilegal" pues antes de las instalación de las cámaras el Ayuntamiento no había aprobado oficialmente recoger datos personales a través de la creación de un fichero, y tampoco se lo había comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos.

   Así, el 26 de mayo de 2011, la Agencia declaró que el Ayuntamiento infringió de forma grave la Ley de Protección de Datos, y le requirió al Ayuntamiento para que formalizase la creación de un fichero y lo inscribiese en la Agencia.

   No fue hasta junio de 2012, un año más tarde, cuando, según recoge la resolución, se publicó en el BOP la creación del fichero de videovigilancia, que, sin embargo, no se notificó posteriormente a la Agencia.

   Este  ha motivado que la Agencia haya vuelto a reprochar al Ayuntamiento su actuación en materia de protección de Datos, en una reciente resolución de 3 de octubre de 2012, en la que advierte, además, de que ha comunicado estas circunstancias al Defensor del Pueblo.

   Desde el citado despacho han subrayado que, de tratase de una empresa, las sanciones que podrían imponerse oscilan entre los 40.000 a 300.000 euros. Sin embargo, en el caso de las administraciones públicas únicamente se declaran las infracciones, pudiendo proponerse la imposición de sanciones por vía disciplinaria, tal y como advirtió recientemente la Agencia Española de Protección de Datos a un ayuntamiento de Granada.

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.

   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.

   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.

   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.

   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.

   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.

   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".

   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.

   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

El Congreso de los Diputados tumba un proyecto de ley para penalizar descargas de Internet

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó en España la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que permitiría cerrar páginas web por vulnerar derechos de propiedad intelectual. 

   El PSOE se ha quedado solo defendiendo esta regulación y no ha encontrado apoyos entre los distintos grupos parlamentarios para aprobarla. Toda la oposición, incluyendo a los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, han votado en contra y la controvertida disposición ha desaparecido del proyecto.

   El siguiente paso para la Ley de Economía Sostenible (LES) será su debate en el Senado a partir del 18 de enero y allí el PSOE, si quiere insistir en la comisión de propiedad intelectual que creaba la 'ley Sinde' con competencias para solicitar el cierre de páginas web, tendrá que presentarlo de nuevo como enmienda y buscar aliados, con la diferencia de que en la Cámara Alta no es el partido mayoritario.

   Tras horas de espera al ser aplazada la votación hasta que terminara el Pleno, el Congreso ha rechazado finalmente el texto de esta disposición que regulaba el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por los derechos de autor.

   Los nacionalistas eran la pieza clave en este debate y votación, ya que su apoyo al Gobierno podía haber dado el triunfo a los socialistas a la hora votar a favor de la LES.

   No obstante, el PNV ya comunicó el martes por la mañana que no aceptaba nada que no fuera sacar de la Ley de Economía Sostenible todo lo relativo a la propiedad intelectual para hacer una nueva ley específica en condiciones que aborde cuestiones como las conexiones, el precio del ADSL o la creación de nuevos modelos de negocio. Para el nacionalista Pedro Azpiazu, la mejor manera de que desaparezcan las descargas ilegales es que al usuario no le compense realizar las descargas.

   Al mediodía se descolgó también CiU al no obtener apoyo a sus propuestas en aspectos fiscales, financieros y económicos que también regula la Ley de Economía Sostenible. Según su portavoz, Josep Sánchez Llibre, no había sido posible "configurar un pacto global" y, en su defecto, CiU ha decidido votar en contra de toda la ley por ser  "confusa" y "dispersa".

   Durante el debate celebrado en la Comisión de Economía del Congreso, el portavoz de Cultura del Partido Popular, José María Lassalle, reiteró su oposición a la 'ley Sinde' y pidió una opción "garantista" donde se "salvaguarde" la intervención del juez en el caso de que se vulnere la propiedad intelectual.

   Para los populares, esa disposición final segunda intentaba "maquillar" con un procedimiento judicial rápido la actuación de un órgano administrativo como el de la Comisión de Propiedad Intelectual.

   Según la portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, esta Ley de Economía Sostenible se ha convertido en un "cajón de sastre" y acusó al Gobierno de actuar con "urgencia" e intentar aglutinar en "un par de horas" todas las cuestiones que no ha podido debatir. "El derecho de autor es necesario pero sin entrar en contraposición con el derecho de usuario", ha alegado.    

   También para el portavoz de ERC, Joan Ridao, la LES es un "cajón de sastre" con un "conjunto de medidas más o menos hilvanadas" y denunció la manía del Gobierno "de ir detrás de los acontecimientos".

Y la 'ley Sinde', agregó, es "una chapuza"  y un "auténtico despropósito" porque "no se pueden poner puertas al campo".

   Coalición Canaria, que ostenta la Portavocía del Grupo Mixto en la Comisión de Economía, también ha tachado de "lamentable" la 'ley Sinde' porque "vulnera" los derechos fundamentales del individuo.

   Al final, los socialistas lograron derrotar todas las enmiendas relativas a esa disposición final segunda, incluso las que pedían su supresión, pero cuando hubo que decidir si se mantenía o no en el proyecto, se quedó solo y la llamada 'ley Sinde' cayó desplomada.

   Desde el PSOE, la diputada Marta Gastón lamentó la "derrota" al terminar las votaciones. "No voy a decir que nos guste perder una parte de la ley defendida por el Gobierno, pero más que derrota, que lo es, porque no hay grupo que la haya apoyado, lo que sí nos duele es que no hemos encontrado propuesta alternativa", ha reconocido a los medios de comunicación.

   Por su parte, durante el debate, Gastón hizo hincapié en que la "tutela" era "efectiva" porque protege el derecho de los creadores y "ayuda al desarrollo de la industria cultural".

"El Gobierno modificó su posición inicial para que no se pudiera cerrar ni una sola página web sin autorización", ha argumentado Gastón.