viernes, 23 de noviembre de 2012

Y tu más / Gabriel Sánchez

El cruce de acusaciones entre el vicesecretario del PP, Miguel Ángel Castellón, y el secretario general del PSOE de Almería, José Luís Sánchez Teruel, por el asunto de Somontín, resulta no solo bochornoso también esperpéntico al comprobar la pobreza de argumentos de quienes nos representan.

Esta pelea sin sustancia más propia de niños malcriados no es más que una cortina de humo para no involucrarse en lo que de verdad preocupa a la ciudadanía. Si en vez de perder el tiempo con nimiedades y asuntos sobre los que un juez ya se ha pronunciado lo hiciesen con actuaciones para crear empleo, lejos de criticarles den por hecho que les aplaudiría, aunque mucho me temo que siendo tan cortitos de mente prefieran seguir engañándonos con el jueguecito de “ Y tu más” toda vez que carecen de ideas y hasta ganas para sacarnos de este infierno en el que ellos( unos y otros) con su nefasta forma de gobernar, nos han metido.

Hay quien dice que decir idioteces y estar acusándose mutuamente en prensa todos los días es la escusa que justifica su sueldo, es muy posible que sea verdad, juzguen ustedes mismos.

Lean esta noticia que hace referencia al fallo de la sentencia, pero por el amor de Dios no se echen las manos a la cabeza:
“Un juez ha condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público al alcalde de Somontín y diputado provincial, Ramón Rueda (PP), por autorizar el suministro de agua a una vivienda propiedad de su suegro, teniendo conocimiento de que no contaba con la preceptiva licencia de obras ni de primera ocupación y con desprecio de las normas exigidas por el ordenamiento jurídico".

Me comunican que Gabriel Amat en petit comité no da crédito al fallo judicial aunque de cara a la galería dice que lo respeta, eso si provocando una dimisión por la que él no hubiera dimitido, tampoco lo hace una senadora que durante meses disfruto de su luz y agua en el lujoso chalet en el que vivía en Aguadulce propiedad de su esposo cuando carecía de licencia de primera ocupación, por cierto ese año el alcalde de Roquetas era el mismo de ahora. Y si de agua hablamos por qué el número uno de los socialistas roqueteros (Ortega Paniagua) por entonces concejal en la oposición no denunció las horas de agua vendidas al módico precio de un millón de pesetas de aquel famoso pozo propiedad de conocido político que por no tener no tenía ni agua ni motor con la que sacar la misma. Sepan que entonces lo importante era justificar esas horas para poder construir y a fe que lo hacían toda vez que quien las vendía era el mismo que más tarde autorizaba la edificación.

Si tienen que sacar las armas que las saquen de una vez, sin amagos, sin tirar la piedra y esconder la mano como lo vienen haciendo en ese pacto de no agresión que cumplen a rajatabla siempre que de asuntos de calado se trate. Mordeos en vez de ladraros tanto y aclaradnos de una puñetera vez las relaciones políticamente incorrectas entre Amat y Soler, entre Amat y Paniagua o entre Soler y Enciso y el silencio que para no levantar más muertos hay entre PSOE y PP.

martes, 20 de noviembre de 2012

El Gobierno central asegura que no se baraja un nuevo trasvase del Ebro

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha señalado que "no se baraja" un nuevo trasvase del Ebro y que no es "una prioridad" para el Gobierno porque "hay muchas cosas que resolver antes".

   Ramos ha explicado que el Ministerio ha recogido "una herencia difícil" y antes que pensar en el trasvase "se necesita hacer otras cosas".
 "Hemos hablado del Plan Hidrológico Nacional y un gran Pacto Nacional sobre el Agua y primero hay que terminar con los planes de cuenca", ha indicado.
   Precisamente, en relación a los planes de cuenca, Ramos ha indicado que el compromiso que adquirió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es que estén listos en diciembre de 2013. Según ha explicado, "luego se podrán mejorar" pero hay que entregarlos en dicha fecha "para que España pueda incorporarse a la segunda fase del proceso" sin cuentas pendientes.
   En este sentido, el secretario de Estado ha apuntado que "es triste" que en la última visita del comisario europeo de Medio Ambiente a España les asegurara que "no entendía como un país pionero en materia de agua y al que se le había tenido como ejemplo en muchas decisiones sea ahora tan incumplidor". 
"Este es el mensaje que nos dejó el comisario y el departamente hará todo lo posible para volver a la cabeza otra vez", ha apuntado.
   Del mismo modo, ha señalado que su departamento trabaja para que "España no sea el país al que siempre sancionan".
 "Estamos comprometidos", ha indicado Ramos, quien ha añadido que, al mismo tiempo, son "realistas" y saben que "España tiene por delante mucho desarrollo". A su juicio, está pendiente que el país mejore en fiscalidad verde y en buscar políticas que sean "más eficaces para proteger al ciudadano".
   Además, ha destacado que "la economía verde genera puestos de trabajo cualificados" y que es "un sector de futuro como demuestra que es el que menos destrucción de empleo ha sufrido en los años de crisis".
   Al respecto ha resaltado el trabajo realizado con el borrador de la Ley de Aguas, que el Gobierno espera tener listo en diciembre y que, según ha indicado, intentará fijar "un marco estable y seguro para que la inversión privada entre en agua".

El PSOE de Níjar rechaza aplicar una "amnistía" a la normativas urbanísticas para urbanizar en La Fabriquilla

NÍJAR.- La portavoz del grupo del PSOE de Níjar, Esperanza Pérez, ha rechazado este martes aplicar una "amnistía" a las normativas de carácter urbanístico que rigen en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para urbanizar en la zona de La Fabriquilla, después de que una sentencia del Tribunal Supremo reconociera que los 15 propietarios del suelo tienen derechos adquiridos para urbanizar en la zona. 

   Pérez ha indicado que si bien hay que "respetar" las sentencias judiciales, ya que incluso en este caso "denegarla supondría un coste a la ciudadanía ante la indemnización que le correspondería al Ayuntamiento" nijareño; también es necesario que la ejecución de la misma "se adapte a unas normativas urbanísticas".
   En este sentido, ha considerado que la ejecución de la misma, que reconoce el derecho a urbanizar en el parque natural, puede tener "alguna corrección" que habría que tener en cuenta. "Si se cumple con la legalidad para ejecutar esa sentencia, que se cumpla, pero que no por el hecho de tener una sentencia hay que aplicar una amnistía a otro tipo de normativas que sí le serían de aplicación", ha dicho la edil.
   La sentencia del Supremo que reconoce el derecho a urbanizar de los propietarios deriva de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño.
   En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.
   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".
   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.
   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio de ese mismo año.

La Junta rechaza el residencial en la zona protegida de Cabo de Gata

ALMERÍA.-   La Junta de Andalucía ha trasladado este martes que "mantiene" la postura de rechazo al proyecto que contempla la construcción de un residencial de 150 viviendas y un hotel en el paraje de La Fabriquilla, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, al tiempo que ha avanzado que, de iniciarse de nuevo la tramitación del Plan Parcial, presentará alegaciones en contra por vulnerar la normativa ambiental que rige en el espacio protegido.

   Así lo ha indicado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien ha señalado que, a su juicio, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), "ha corrido demasiado" al asegurar que la intención del equipo de gobierno que preside es "continuar" con el proyecto.
   Ortiz Bono ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que reconoce como un derecho adquirido el de los 15 propietarios de la SAU FA-1 a urbanizar, "no es definitiva" y ha apuntado que aún deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la nulidad o no del acto administrativo por el que se denegó la aprobación de forma definitiva del citado Plan Parcial.
   Al hilo de esto, y en caso de que se anulase el acuerdo mencionado, la Junta "alegará en contra" ya que el paraje goza de protección medioambiental en virtud del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural en vigor desde 2008 como zona "sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística".
   "No se qué tipo de intereses tiene el Ayuntamiento de Níjar pero han corrido demasiado y lamentablemente, está engañando a la ciudadanía, tanto a la que se opone al proyecto como a la que lo respalda. Deberían haber sido más cautos aunque en cuanto haya sentencia firme, la acataremos", ha concluido.
   La sentencia del Supremo que reconoce el derecho a urbanizar de los propietarios deriva de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño.
   En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.
   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".
   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.
   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio de ese mismo año.

El GEM ve el residencial en La Fabriquilla un "atentado al corazón" de Cabo de Gata y apela a "voluntad política"

ALMERÍA.- El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) ha advertido de que el proyecto para construir un residencial de 150 viviendas y un hotel en el paraje de 'La Fabriquilla' es un "atentado al corazón" del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y ha indicado que, tal y como se recoge en el Plan Parcial tramitado y denegado en 2008, "invade" la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

   El presidente del GEM, José Rivera, ha señalado que la urbanización no sólo contraviene la normativa ambiental andaluza que rige en el espacio protegido sino que además presenta, según el citado Plan Parcial, "graves carencias" en cuanto a la dotación de servicios básicos como alcantarillado o suministro de agua.
   Rivera, para quien de materializarse el proyecto se estaría cometiendo una "auténtica barbaridad medioambiental", ha considerado que la situación generada tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce el derecho a urbanizar de los propietarios del suelo "no tiene una solución sencilla" y ha apelado a la "voluntad política" para conservar el paraje.
   Al hilo de esto, ha precisado que el hecho de los terrenos figuren en el planeamiento urbanístico de Níjar como "aptos para urbanizar" no significa que se pueda ejecutar. "El Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural impide que se realicen las obras de servicios básicos que permitirían que saliera adelante el Plan Parcial", según ha explicado.
   Rivera ha remarcado que, tal y como está planteado el residencial y hotel en 'La Fabriquilla', se invade la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, por lo que "habría que retranquearlo todo".
 "Es una auténtica barbaridad porque esta zona del parque natural está relativamente bien conservada", ha concluido.
   La sentencia del Supremo que reconoce el derecho a urbanizar de los propietarios deriva de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño. En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.
   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".
   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.
   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio de ese mismo año.

El Ayuntamiento ejidense encarga un estudio para relanzar la marca 'El Ejido'

EL EJIDO.- Un estudio de investigación para buscar nuevos factores de innovación y desarrollo turístico, fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Escuela de Organización Industrial (EOI), analizará en profundidad las potencialidades del municipio ejidense en todos su ámbitos a fin de relanzar la marca 'El Ejido' y posicionarla en el lugar que le corresponde desde el punto de vista socio-económico, cultural y turístico.

   La concejal de Turismo y Comercio en el Consistorio ejidense, Luisa Barranco, se ha referido al inicio de este estudio prospectivo como un "trabajo esencial para trazar una línea de actuación concreta, en base a un estudio específico del mercado y sus características", según ha trasladado en una nota.
   "Un buen estudio comienza con la identificación del mercado y sus particularidades, lo que permite, además de ofrecer al cliente aquello que demanda y desea, mejorar, en base a ese conocimiento, la toma de decisiones y tener mejores posibilidades de éxito, convirtiendo así el conocimiento en la nueva palanca para el desarrollo de nuevas estrategias", ha explicado la edil.
   En este sentido, Barranco ha apuntado que dicho estudio "nos permitirá realizar un análisis profundo de la marca 'El Ejido' con el fin de posicionar de forma estratégica al municipio, como cabecera de comarca y referente económico provincial y regional, dentro del sector turístico, todo ello a través del conocimiento y la investigación".
   La edil de Turismo y Comercio ha insistido, asimismo, en que "no cabe duda de que la actividad turística se ha convertido en la segunda actividad económica del municipio, a pocos pasos de la agricultura intensiva, siendo en ocasiones la combinación de ambas lo que hace ver la realidad económica municipal en toda su dimensión".
 "Por ello, es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos y ofrecer al turista nuevas experiencias que nos diferencien, convirtiendo la relación con el cliente en el nuevo reto para la gestión de los productos y servicios turísticos", ha explicado.
   Con la elaboración de este estudio se pretende realizar una "labor de campo concienzuda" a cargo de profesionales expertos de la EOI, de manera que se puedan desarrollar nuevas ideas que puedan "dinamizar y atraer" más actividad económica al municipio, así como potenciar la proyección de éste fuera del entorno municipal, tanto a nivel nacional como internacional "aprovechando para ello todos los recursos turísticos en sus distintos segmentos y el enorme potencial humano, infraestructuras, conocimiento, experiencia y capacidades, sacando a flote todas las posibilidades de innovación turística, en algunos casos aún desconocidas".
   Este estudio está cofinanciado por la Escuela de Organización Industrial, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los Fondos Feder en un 95 por ciento, asumiendo el Ayuntamiento de El Ejido la financiación del cinco por ciento restante.

La pobreza infantil se dispara un 45% en España por la crisis

BARCELONA.- El Observatorio Social de España (OSE) ha detectado que la pobreza infantil se ha disparado un 45 por ciento desde el inicio de la crisis en 2007, lo que ha provocado nuevos escenarios de pobreza relacionados con la malnutrición, la desescolarización y las dificultades para acceder a la sanidad.

   Así lo concluye el estudio 'El impacto de la crisis en las familias y en la infancia' entre 2007 y 2009, realizado por el OSE y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y financiado por la Obra Social La Caixa que se ha presentado este martes en Barcelona.
   El profesor de Sociología de la UPF Sebastià Sarasa, uno de los autores, ha alertado de que la situación se ha agravado porque las políticas sociales en España no han sido reorientadas en los primeros momentos de la crisis, y continúan beneficiando a las clases medias con acciones orientadas a "cubrir mínimos".
   La poca eficiencia de las transferencias para paliar la pobreza infantil ha dibujado nuevas necesidades como la malnutrición, ya que muchos niños "no tienen cena"; la dificultad de acceder a la sanidad, que afecta sobre todo a inmigrantes por la obligatoriedad del empadronamiento, y la desescolarización.
   Este último factor, que tiene relación con el primero, se produce, en parte, por la reducción de las becas comedor en las escuelas, que provoca que algunos menores vayan a comer a casa y muchas veces ya no vuelvan a la escuela, ha indicado la coordinadora del estudio, Mónica Clua-Losada que ha añadido que también provoca un "marcado fracaso escolar".
   Así, España se sitúa a la cabeza de los países de la UE donde los menores están más expuestos a la pobreza "severa", especialmente las familias monoparentales de inmigrantes extracomunitarios, lo que convierte a las mujeres como principales sustentadoras.
   En el mismo sentido, el director del Observatorio y catedrático de Ciencias Políticas de la UPF, Vicenç Navarro, ha indicado que el gasto público social por niño en España es el más bajo de la UE de los 15, y Sarasa ha añadido que la situación ha empeorado entre 2009 y 2012: "Los que ya eran pobres, son mucho más pobres".
   El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) Jorge Calero ha destacado que ha incrementado tres puntos el riesgo de exclusión social en los últimos dos años, pasando de 16,7% al 19,8%, mientras que en los hogares con hijos se ha producido un incremento del 26%.
   En el capítulo sobre la reducción del gasto familiar, la profesora de Sociología de la UPF María José González ha observado que, si bien en 2007 las familias redujeron el consumo de ropa para adultos y el servicio doméstico, en 2008 lo hicieron en el ocio y en 2009 en alimentación y, lo que afecta a la infancia.
   Han apuntado que las políticas implementadas por las administraciones públicas son "insuficientes", ya que se ven superadas por una avalancha de demanda que también queda desbordada en las entidades del Tercer Sector, afectadas por los recortes presupuestarios.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Manifestaciones en Marruecos contra los gastos de la monarquía

RABAT.- La policía marroquí impidió por la fuerza que el pueblo se manifestara frente al Parlamento del país en contra de los astronómicos gastos del rey en medio de la crisis económica.

Los agentes del orden utilizaron la violencia contra decenas de personas que se concentraron el domingo frente al Parlamento marroquí en Rabat, capital del país, exigiendo la reducción del presupuesto dedicado al monarca Mohammed VI.

Los manifestantes pertenecientes al Movimiento de la Juventud 20 de febrero fueron pateados y golpeados por los policías.

Los agentes policiales usaron la violencia incluso contra los periodistas, los miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (MHRA) y el líder de la MHRA, Abdelhamid Amine, so pretexto de que la manifestación no estaba autorizada.

Según los participantes, las autoridades del país aplican unas subidas presupuestarias a la clase media marroquí que sirven para mantener la corona y respaldar económicamente a otros órganos gubernamentales, caso que ha fomentado el descontento popular.

Los asistentes a la marcha coreaban lemas como, “ellos viven en palacios, nosotros en tumbas” y “habéis robado el dinero del pueblo”.

Antes de la marcha, los organizadores del evento emitieron mensajes para recordar al pueblo que en los presupuestos previstos para 2013 se dedican 2.576 millones de dírhams (232 millones de euros) a los gastos del rey, un cifra muy alta para un país “en el que la pobreza ronda el 28 % de la población”.

Pese a las reformas anunciadas por el soberano marroquí, el pueblo asegura que no son democráticas, dan más poder al primer ministro, Abdelilah Benkirane, pero dejan al rey con el poder de vetar la mayoría de las decisiones gubernamentales.

domingo, 18 de noviembre de 2012

La Junta critica que las grandes capitales "no respondan" a la propuesta de acuerdo para combartir los desahucios

SEVILLA.-   La secretaria general de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, ha criticado que las grandes capitales andaluzas "ni siquiera hayan respondido" a la propuesta de convenio remitida por la Junta a dichos municipios para combatir los desahucios.

    Meyer ha recordado que la Consejería está trabajando, a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, en "garantizar la finalidad social de la vivienda" y ha recordado que se están estudiando además modificaciones normativas de las leyes de vivienda para hacer efectivo ese derecho, además de suscribir convenios con entidades de crédito y ayuntamientos y diputaciones.
   En ese sentido, la portavoz de la Junta deja claro que "los ayuntamientos y las diputaciones deben formar parte del acuerdo contra los desahucios", para lo cual hace ya un mes la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, firmaron un acuerdo de colaboración para la adhesión de la Federación al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento en el que trabaja este departamento de la Junta para combatir los desahucios en Andalucía.
   Meyer ha explicado que a mediados de octubre, a los ayuntamientos, especialmente a las grandes capitales, se les remitió el borrador de convenio marco que se había suscrito con la FAMP, ante lo que los ayuntamientos de las grandes capitales "no han dado ningún tipo de contestación a pesar de haber pasado un mes", a pesar de que la Consejería "tiene especial interés en esos consistorios, que reúnen la mayor cantidad de casos de desahucio, nos interesa acordar con ellos para buscar soluciones y seguimos esperando".
   Asimismo, Meyer ha explicado que, después de los primeros contactos en verano con las diversas entidades financieras, la Junta decidió esperar al contenido del real decreto ley sobre desahucios aprobado por el Gobierno, que "no soluciona nada", tras lo que "retomará e intensificará" las conversaciones con la banca para que "cuanto antes" se avance y las entidades firmen un acuerdo marco de colaboración que supone llegar a acuerdo con entidades de crédito "para que las personas no sean expulsadas de las viviendas".
   En ese sentido, Meyer apuesta por "priorizar la figura del alquiler reducido, al margen de quien tenga la titularidad de la vivienda, además de la figura de la dación en pago con cancelación de la deuda perpetua".
   La secretaria general de Vivienda resalta la "receptividad positiva" por parte de las entidades financieras, con las que prevé suscribir acuerdos "bilaterales", de forma que ante esa actitud "solo queda poner todo negro sobre blanco".
   Sobre los posibles cambios normativos en los que la Consejería trabaja, Meyer ha indicado que está en estudio una "reorganización" de la Ley de VPO que permita "hacer efectivo" y "aplicar" y "desarrollar", entre otras cuestiones, el artículo referente a que en las VPO se da de plazo a los adjudicatarios para que ocupen su vivienda, y si a los tres meses no está habitada la vivienda, se aplique algún tipo de infracción o multa.
   "Se trata de primar la función social de la vivienda", ha aseverado Meyer, quien apunta que esa medida y otras de la Ley de VPO "no han tenido desarrollo, por lo que se trata de hacer efectiva esa Ley, aplicar esas medidas y reorganizar esas exigencias para que las VPO sean viviendas habitadas".
   Asimismo, la Consejería también pretende armonizar con Consumo  la Ley de Consumo para "lograr una mejor protección de los consumidores que contratan productos financieros".
   Meyer resalta que los posibles cambios normativos que se acometan, aún sin fecha concreta, pretenden además "trabajar para movilizar las viviendas libres deshabitadas, para que formen parte del mercado de alquiler".
   "Queremos resalta la función social de la vivienda y que ésta sea habitada, que no haya vivienda ociosa, pues es una aberración el número de viviendas deshabitadas que hay actualmente", ha indicado Meyer, quien pretende "dar alternativas reales, que todo se ponga sobre la mesa", tras lo que ha resaltado la importancia de la Ley de Derecho a la Vivienda, una norma "muy avanzada", por lo que "hay profundizar en las medidas para asegurar el cumplimiento de la Ley de Derecho a la Vivienda".

sábado, 17 de noviembre de 2012

Rajoy tilda de "inaceptable" la propuesta de Van Rompuy para el presupuesto de la Unión Europea de los próximos años

CÁDIZ.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tildado de "inaceptable" la propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 presentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y que podría hacer perder a España casi 20.000 millones de euros en ayudas regionales y agrícolas.

   En la rueda de prensa al término de la XXII Cumbre Iberoamericana, Rajoy ha indicado que en Cádiz ha tenido la oportunidad de trasladar su postura al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso -invitado especial a la cumbre-- y quien horas antes asumía que sería "muy difícil" que los líderes europeos lograran un acuerdo en torno al futuro presupuesto de la UE en la cumbre que celebrarán la próxima semana en Bruselas.
   Rajoy ha indicado que a España le pareció "un buen documento de partida" el primer texto que presentó la Comisión Europea y que contemplaba unos 80.000 millones más para el presupuesto comunitario de lo que ahora propone Van Rompuy.
   La propuesta del presidente del Consejo Europeo aboga por una "reducción radical" de las políticas dedicadas a la agricultura que España no comparte, como tampoco está de acuerdo con la situación en la que queda la política de cohesión, las regiones ultraperiféricas y ciudades como Ceuta y Melilla con el presupuesto planteado por Van Rompuy, ha explicado Rajoy.
   El jefe del Ejecutivo ha señalado que la próxima reunión de los líderes europeos dedicada a abordar el futuro presupuesto de la UE los días 23 y 24 de noviembre será "la primera" de una serie de encuentros sobre el tema y ha esperado que "entre todos" puedan llegar a un "entendimiento".
   Van Rompuy ha planteado un recorte de hasta 80.000 millones de euros a la propuesta original de Bruselas en un intento de contentar a los países contribuyentes netos y facilitar un acuerdo sobre el presupuesto en la cumbre de finales de diciembre.
   El Gobierno español está "descontento" con el plan de Van Rompuy y no le parece aceptable porque concentra los recortes en las dos partidas que más benefician a España: los fondos estructurales y la política agrícola común, informan fuentes diplomáticas. Según las primeras proyecciones, España perdería en concreto más de un tercio de las subvenciones regionales y un 17% de las ayudas agrícolas.
   Además, la propuesta no tiene suficientemente en cuenta la situación de los países más afectados por la crisis, según denuncian las autoridades españolas. En particular, el reparto de fondos se calculará con los datos de renta 2007-2009, que todavía no reflejan plenamente el impacto de la doble recesión. Van Rompuy ofrece una cláusula de revisión del marco financiero pero no concreta qué cosas podrían renegociarse.
   A España tampoco le gusta "nada" que se reduzca del 66% que proponía Bruselas al 57% el volumen mínimo de fondos que recibirán Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha entre 2014 y 2020 en comparación con el periodo actual. También recibirán ayudas específicas aunque inferiores y todavía difíciles de calcular Murcia, Canarias y Melilla al quedar catalogadas como "regiones en transición" (con PIB entre el 75% y el 90%).
   Para todas estas comunidades, la propuesta Van Rompuy recorta de 400 a 300 euros la prima por parado prevista para las regiones cuyo nivel de desempleo supera la media, algo que el Gobierno considera también injusto.
   España reclamará que, por estar en crisis, se le aumente la tasa de cofinanciación de los fondos europeos (que está de media en el 75%) ya que la autoridades regionales apenas tienen difícil poner el dinero restante debido a los recortes.
   Otra de las propuestas incluidas en el plan Van Rompuy que el Gobierno rechaza es que se congelen las ayudas regionales a los países con déficit excesivo que no sigan las recomendaciones de la UE. Considera que se trata de un "doble castigo" ya que el incumplimiento del déficit ya acarrea la imposición de multas.

La empresa municipal Almería XXI estudia poner en alquiler las viviendas con dificultades de venta

ALMERÍA.-   La empresa municipal Almería XXI, destinada a facilitar el acceso a una vivienda y a la promoción de vivienda social, ha planteado la posibilidad de poner en alquiler aquellos inmuebles de protección oficial con dificultades para su venta, si bien se descarta la posibilidad de que éste sea un alquiler social o que las casas se utilicen para realojos. 

   Así lo han indicado fuentes municipales, quienes han señalado que se solicitará una autorización a la Junta de Andalucía para que permita realizar las modificaciones oportunas que den lugar a que las VPO destinadas a la venta puedan pasar al régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra.
   En este sentido, actualmente existen unas 15 vivienda en la zona de La Cañada y Los Molinos destinadas a su venta, si bien la adquisición de las mismas se ve limitada ante el contexto económico actual. Así, desde la empresa municipal se aboga por tratar de fomentar su alquiler "en lugar de dejarlas en desuso"; una práctica que podría extenderse a promociones futuras en caso de que la Junta autorice los cambios.
   Con esto, las mismas fuentes han recordado que las competencias en materia de Vivienda corresponden al Gobierno andaluz, por lo que esperan que éste "no traslade a los ayuntamientos su responsabilidad y asuma sus competencias". En este sentido, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció recientemente ante el Pleno del Parlamento que ha solicitado a los ayuntamientos andaluces que pongan a su disposición sus parques de viviendas para poder realojar a las personas desahuciadas.
   A tenor de esto, desde el Consistorio han señalado que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) dispone de alrededor de 70.000 viviendas en todo el territorio andaluz, "muchas de las cuales están desocupadas y que podrían ser puestas a disposición de las familias desahuciadas". En esta misma línea, el Parlamento andaluz rechazó una moción del PP-A en la que se pedía que la Junta impulsara la puesta a disposición de su parque de vivienda social y de promoción pública para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis afectadas por desahucios.
   "Este es un tema muy serio al que el Gobierno de la nación trata de dar respuesta de forma urgente e inmediata", afirman desde el Ayuntamiento, donde lamentan la "demagogia" del PSOE que "tras muchos años de hacer nada ahora quiere encabezar la defensa de las familias que lamentablemente están en esta situación".

Meteorología activa alerta naranja por lluvias en la provincia

ALMERÍA.-   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado a las 16,00 horas de este sábado la alerta de nivel naranja en distintos puntos de la provincia de Almería por riesgo de fuertes lluvias.

   Según la información facilitada por el servicio unificado de Emergencias 112 Andalucía, y la publicada por la Aemet en su página web, la alerta estará activada hasta las 20,00 horas de este sábado en las comarcas de Los Vélez y Valle del Almanzora, donde podrían registrarse precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
   Además, en dichas comarcas se ha decretado también aviso de nivel amarillo en la misma franja horaria por riesgo de tormentas.
   Almería se une así a Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, provincias andaluzas en las que también está activada este sábado la alerta naranja por riesgo de lluvias que podrían arrojar entre 30 y 40 litros por metro cuadrado hasta las 18,00 horas.

El Papa pide evitar que por la crisis el derecho a salud sea para unos pocos

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Benedicto XVI instó hoy a que en estos tiempos de crisis económica se evite pensar en la salud como una mercancía y se convierta en un derecho sólo para unos pocos, en su mensaje a los miembros del Pontificio Consejo de los Trabajadores Sanitarios, a quienes recibió en audiencia.

Al afirmar que en estos tiempos de crisis económica se "sustraen recursos a la tutela de la salud", el Papa instó a los hospitales y estructuras de asistencia a que eviten "que la salud, pase de ser un bien universal, que hay que asegurar y defender, a una simple mercancía, sometida a las leyes del mercado y reservada solo para unos pocos".
"No puede olvidarse la atención que necesita la dignidad de la personas que sufren, aplicando también en el ámbito de las políticas sanitarias los principios de subsidiariedad y solidaridad", agregó.
El Papa lamentó que mientras aumentan los progresos en el campo técnico-científico y aumenta así la capacidad de curar a los enfermos, "por otra parte parece disminuir la capacidad de cuidar a la personas que sufren".
"Parece que se ofuscan los horizontes éticos de la ciencia médica, que corre el riesgo de olvidarse que su vocación es servir a cada hombre y a todo el hombre en sus varias fases de la existencia", añadió en su discurso.
Benedicto XVI recordó que los médicos y aquellos que trabajan en la asistencia sanitaria necesitan una "particular vocación" y que no es un trabajo como otros.
Y por ello, aseveró que "ahora más que nunca, la sociedad necesita buenos samaritanos de corazón generoso y de brazos abiertos".

Correa reclama a Europa un "adecuado trato" para los inmigrantes ecuatorianos

CÁDIZ.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha reclamado este sábado un "adecuado trato" a sus migrantes nacionales en los países europeos porque, en su opinión, hay "ciertos países" en este continente que están construyendo "cárceles para los inmigrantes, paradójicamente, en una sociedad globalizada en la que se impulsa la movilidad de capital y mercancías pero se criminaliza la principal de las movilidades, que es la de los seres humanos".

   Así lo ha dicho durante su intervención en la primera sesión plenaria de la XXII Cumbre Iberoamericana de este sábado en Cádiz y en la que ha invitado a los países presentes a "mantener viva la memoria" porque, según ha recordado, "América Latina fue un lugar privilegiado para los inmigrantes europeos" durante muchos años.
   "Si nosotros hubiéramos aplicado las medidas que ahora Europa aplica a nuestros migrantes, la historia sería muy distinta particularmente en Europa", ha dicho tras reclamar una "relación renovada" entre Iberoamérica y el continente europeo que pase, "necesariamente, por el adecuado trato de los migrantes latinos" y por que se le "garanticen los derechos humanos básicos, tales como los servicios sanitarios".
   Pese a esta crítica velada al Gobierno español por la reforma sanitaria que priva a los inmigrantes irregulares de recibir esta asistencia, Correa ha agradecido al Gobierno de Mariano Rajoy la puesta en marcha del decreto contra los desahucios, de los que ha dicho que "no tienen razón de ser en una crisis sistémica" como la actual porque "son reflejo fiel de la supremacía del capital sobre los seres humanos". Una supremacía, ha recalcado, que "nos lleva al peor de los mundos: gentes sin casa y casas sin gente", ha concluido.
   Correa también habló de los desahucios en unas breves declaraciones a los periodistas en los pasillos del Palacio de Congresos de Cádiz pero se mostró más crítico que hoy con el Ejecutivo español, ya que aseguró que el Real Decreto contra los desahucios era una "avance" pero insuficiente para frenar esta lacra.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Ecologistas anuncia "vías legales y políticas" contra un residencial "de lujo" en la zona protegida de La Fabriquilla

ALMERÍA.- Las asociaciones 'Amigos del Parque' y Ecologistas en Acción han expresado su "rechazo" a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce los derechos adquiridos por propietarios de terrenos en 'La Fabriquilla', en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y han anunciado que estudiarán "todas las vías legales y políticas" para evitar que la construcción de 150 viviendas y un hotel en un paraje "de un valor ambiental exclusivo" en España.

   En un comunicado, ambos colectivos conservacionistas han instado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Níjar, que ha defendido el proyecto, a "dejar claro" que las sentencia que obliga a calificar las 15,11 hectáreas de suelo como "apto para urbanizar", dictada en 1997, es anterior a la entrada en vigor de la normativa ambiental autonómica que rige en el espacio protegido desde 2008 y que "lejos de eludir el fallo, simplemente protege terrenos por su alto valor ecológico".
   Tras subrayar que el residencial está proyectado "en pleno corazón" del parque natural, ha expresado su "discrepancia" con la "interpretación" que hace el Supremo de los derechos de los propietarios y han indicado que "apoyan" las acciones de la Junta andaluza, que fue la administración que emitió informe desfavorable en 2008 que derivó en el rechazo del Plan Parcial que el Consistorio había aprobado de manera provisional.
   "Las acciones realizadas por la Junta de Andalucía son el camino adecuado para conseguir paralizar este proyecto especulativo que, de llevarse a cabo, tendrá unas consecuencias irreparables para la conservación y promoción de los valores ambientales singulares en las salinas de Cabo de Gata-Níjar", han advertido.
   En esta línea, han indicado que la Sentencia del TS acepta todas las pretensiones de los particulares y Ayuntamiento de Níjar, que siguen mostrando su interés por especular con esos terrenos para construir una "urbanización de lujo que estaría fuera de toda lógica y seria un autentico atentado contra la protección ambiental".
   Ambos colectivos detallan el Consistorio "simplemente tenía que cumplir con la legalidad vigente" en virtud del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata que dice que la zona es "incompatible con el uso urbano" y ha lamentado que el TS en su fallo de unos derechos urbanísticos conforme a las NNSS "pero obviando la normativa ambiental que es superior y directamente aplicable".
   La sentencia del Supremo deriva precisamente de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño. En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.
   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis en la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".
   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.
   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio.
   A la vista de estos antecedentes y de lo que califica como una "actitud obstruccionista del Ayuntamiento para hacer perder efectividad a los derechos de los propietarios", el Supremo estima el recurso de casación al considerar que se ha producido indefensión de los demandantes y ordena retrotraer las actuaciones para que sustancia el incidente promovido por los recurrentes y convoque al Ayuntamiento de Níjar para que pueda alegar lo que a su derecho convenga.

El alcalde de Níjar defiende urbanizar en el espacio protegido de La Fabriquilla y dice que retomarán el proyecto

NÍJAR.- El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ha trasladado este viernes que la intención del equipo de gobierno que preside es "continuar" con la tramitación del plan parcial para la construcción de 150 viviendas y un hotel impulsado por los propietarios de los terrenos de la 'Fabriquilla', en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelva en este sentido.

   "El Ayuntamiento siempre ha visto bien este proyecto", ha indicado Rodríguez después de que el Tribunal Supremo (TS) haya reconocido el derecho adquirido por los propietarios mediante una sentencia firme de 1997 del mismo Alto Tribunal, en la que se ordenó calificar las 15,11 hectáreas como suelo "apto para urbanizar" en las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio.
   Pese a que el planeamiento municipal así lo recoge desde 1999 en ejecución de la citada sentencia, la normativa ambiental aprobada en febrero de 2008 por la Junta andaluza para el parque natural de Cabo de Gata recoge que la zona está "sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística".
   Rodríguez ha remarcado que el Ayuntamiento nijareño aprobó de manera provisional el Plan Parcial del sector SAU FA-1 en marzo de 2008 aunque, finalmente, por acuerdo de junio de ese mismo año denegó la aprobación definitiva tras un informe desfavorable de la Consejería de Medio Ambiente. "Evidentemente, el Supremo da la razón a los promotores y confirma que hubo un defecto de forma en la ejecución de la sentencia que obligaba a que se declarase el suelo apto para urbanizar", ha apuntillado.
   El regidor ha subrayado que la voluntad de los particulares que tienen la titularidad de las 15,11 hectáreas en 'La Fabriquilla' es "manifiestamente clara" en favor de continuar con el proyecto, por lo que el Ayuntamiento "lo va a hacer, retomando la tramitación del Plan Parcial, en cuanto tengamos conformidad".
   "Nosotros seguiremos defendiendo el proyecto", ha asegurado Rodríguez, quien ha afirmado que comparte el argumento esgrimido en los fundamentos del derecho por el TS al considerar que para que se "materialice" el derecho reconocido a los propietarios en 1997 "se debe dejar que se desarrolle urbanísticamente la zona"
"Estamos totalmente de acuerdo con el tribunal", ha apuntado.    
   La sentencia del Supremo deriva precisamente de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño. En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.
   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".
   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.
   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio.
   A la vista de estos antecedentes y de lo que califica como una "actitud obstruccionista del Ayuntamiento para hacer perder efectividad a los derechos de los propietarios", el Supremo estima el recurso de casación al considerar que se ha producido indefensión de los demandantes y ordena retrotraer las actuaciones para que sustancia el incidente promovido por los recurrentes y convoque al Ayuntamiento de Níjar para que pueda alegar lo que a su derecho convenga.

Señalan para 2014 el juicio por la nueva demanda de despido de Resurección Galera contra Obispado

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Almería ha señalado para febrero de 2014 la vista oral de la nueva demanda por despido nulo que la profesora de Religión Resurrección Galera interpuso en septiembre contra el Obispado de Almería, el Ministerio de Educación (MEC) y la Junta de Andalucía al considerar que su no llamamiento para el curso 2012-2013 incurre en una nueva discriminación.

   La letrada de CCOO Amalia Robles, quien defiende los intereses de Galera, cuyo despido hace once años por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado fue anulado por el Tribunal Constitucional, ha indicado que el juicio está previsto se celebre el 25 de febrero de 2014.
   El nuevo proceso se abre después de que la Diócesis almeriense comunicase el día 3 a la docente mediante burofax que no había obtenido la 'missio canoniga' por parte del Ordinario Diocesano, requisito que certificaría su "idoneidad" y que le habilitaría para que pudiera ser propuesta al Ministerio de Educación (MEC) para impartir clases de esta materia.
   La demanda por despido nulo aduce que el "motivo" por el que el Obispado de Almería no ha llamado a Galera para este curso escolar es "idéntico" al que sustento la declaración de nulo por parte del TC, que le concedió amparo por el despido en el curso 2001-2002.
   El Constitucional estimó casi once años después que se había contravenido su derecho a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar. Este fallo, así como la jurisprudencia derivada, se han adjuntado a la demanda.
   Esta argumenta, en esta línea, que, de la actitud de la Diócesis, se desprende que "no tiene intención alguna" de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que respaldan a la profesora de Religión. Una vez se de cumplimiento a la reclamación previa y al acto de conciliación, el proceso se volverá a judicializar ante un juzgado de lo Social.
   El burofax remitido a Galera el pasado día 3 indica, en los mismos términos expresados en el segundo recurso de amparo elevado ante el TC por el Obispado, que una sentencia de este órgano dictada en 2007 se pronuncia en sentido contrario al caso de Galera en un supuesto similar y apunta a que la citada resolución está pendiente de resolver ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
   Así, para el Obispado es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" y considera que la docente, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional  concedió once años después a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' del barrio de la capital, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   En cumplimiento de la orden de retrotraer las actuaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 dictó una nueva sentencia, en este caso favorable a Galera al declarar el despido nulo, que fue recurrida al TSJA, que ratifico la resolución por la diócesis almeriense. El Alto Tribunal andaluz no ha resulto aún los recursos de suplicación interpuestos por la partes contra el auto de ejecución mientras que el Obispado ha elevado recurso de amparo al TC a través de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal.

Declaran no culpables a exalcalde de Níjar y exsecretario porque cumplieron con su obligación

ALMERÍA.- El jurado popular ha declarado no culpable por mayoría de seis a tres al exalcalde socialista de Níjar, Joaquín García, y al exsecretario municipal y actual secretario del Ayuntamiento de Almería del delito de infidelidad de documentos públicos por el que el fiscal interesaba penas de seis meses de cárcel y 18 de inhabilitación especial al considerar que ambos cumplieron su obligación de publicar y diligenciar un edicto para la inmatriculación de una finca y estimar que si el registrador de la propiedad no recibió acuse "fue por causas ajenas al ayuntamiento".

   Tras el veredicto, hecho público esta tarde en audiencia pública y en el que el jurado ha subrayado que la finca que subyace al objeto de litigio ha devenido en municipal por sentencia del Supremo, por lo que los acusados habrían actuado en defensa de los intereses municipales al alegar en contra de la inmatriculación, la presidenta del tribunal, la magistrada Lourdes Molina, ha dictado sentencia y les ha absuelto.
    Los integrantes del jurado popular han sostenido que las declaraciones de ambos acusados en sala fueron "convincentes" y han subrayado que consideran probado que cumplieron con la publicación del edicto y el diligenciamiento aunque, dado que su remisión al registrador de la propiedad fue por correo ordinario, "pudo haberse extraviado y su receptor pudo no recibirlo por causas ajenas al Ayuntamiento".
   "Esto no es motivo para cargar la culpa a los acusados", que, según ha añadido el veredicto, "actuaron diligentemente según la documentación obrante en autos". En esta línea, han calificado de "discusión superflúa" el debate sobre si se remitieron las alegaciones y la diligencia de publicación del edicto al mismo tiempo ya que, posteriormente, "fue entregado en mano al registrador por funcionarios municipales".
   El jurado argumenta que actuaron en "defensa de los intereses municipales" ya que, por sentencia civil del Supremo la finca devino en municipal, y han insistido en que no existe ilícito penal en que no se cumplimentase debidamente el edicto ya que ambos habrían obrado de buena fe. Niega, asimismo, indemnización a los querellantes por estimar que sería "enriquecimiento injusto" por ser la finca de titularidad del Ayuntamiento.
   Ambos se enfrentaban a una petición fiscal de seis meses de prisión y 18 meses de inhabilitación especial por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos. Gómez ejerce en la actualidad como secretario del Ayuntamiento de Almería mientras que García se retiró de la vida política activa tras casi un cuarto de siglo en el cargo y perder las elecciones municipales de 2007.
   El Ministerio Público consideraba que el trámite de publicación del edicto no fue cumplimentado por "voluntad" y con conocimiento de los acusados y les atribuye la "intención" de evitar que se publicase porque, según remarca, consideraban que la inmatriculación a nombre de los demandantes de la finca, en la que en la actualidad se ubica un parque infantil, "era contraria a los intereses municipales".
   La denuncia por unos hechos que se remontan a mayo de 2002 recoge que la finca objeto de litigio, ubicada en la pedanía de Aguamarga, formó parte presuntamente de una permuta de terrenos entre un exconcejal del equipo de gobierno de García y constructor, que se habría atribuido su propiedad, y el Consistorio.
   La querella, que se interpuso a raíz de que los impulsores viesen como se procedía al vallado de su propiedad, se presentó inicialmente contra todos los miembros de la comisión de gobierno que acordaron por unanimidad en junio de 2002 "suspender la inscripción de la finca" y "ejercer las acciones que resulten pertinentes en defensa de los bienes municipales" tal y como se reflejaba en el citado acuerdo.
   El escrito de acusación fiscal, formulado contra García y Gómez, recogía que los cuatro demandantes inscribieron a su favor en mayo de 2002 la finca urbana de unos 500 metros cuadrados en el Registro de la Propiedad número 3 de Almería de acuerdo con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y con el artículo 298 de su reglamento.
   En cumplimiento de los requisitos legales que rigen para la inmatriculación de fincas, el registrador de la propiedad remitió al Ayuntamiento de Níjar un edicto de fecha 15 de mayo para su exposición pública por espacio de un mes en el tablón de anuncios, un extremo que además debía ser acreditado por el secretario municipal mediante diligencia o certificación.
   La fiscal sostenía que el citado edicto "no fue debidamente cumplimentado, ni publicado, ni diligenciado por el secretario con conocimiento y por voluntad" de García y de Gómez, lo que dio lugar a que la primera inscripción de la finca registral fuese cancelada de oficio al no haberse acreditado la publicación del edicto.
   Subrayaba que la intención de ambos con la no cumplimentación del edicto tal y como requirió el registrador de la propiedad "fue evitar" la inscripción por considerarla "contraria a los intereses municipales" cuando --añade el Ministerio Público-- había otras vías.
   En concreto, hacía referencia a la propia legislación hipotecaria que prevé que aquellos que se crean con derecho a una finca o a parte de ella podrán alegarlo ante el juzgado o el tribunal competente en juicio declarativo "quedando anotada la demanda en registro mediante anotación preventiva".
   La fiscal, que aplicaba la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, interesa al margen de las penas individuales de seis meses de prisión y un año y medio de inhabilitación el pago de una multa de cuatro meses y diez días con una cuota diaria de doce euros y de las costas.

El juez de lo Mercantil aprueba el convenio de acreedores de Elsur y su plan de viabilidad

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería ha aprobado el convenio de acreedores de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido así como su plan de viabilidad, de forma que observa un plan de pagos de 68.776.244 euros, entre los que se detalla una quita de un 40 por ciento para los créditos ordinarios, cuya cuantía asciende 44.222.063 euros. 

   Según la sentencia, cesan todos los efectos de la declaración de concurso, declarado el 22 de junio del pasado año, para dar lugar a la aplicación del convenio, que detalla en el caso de los créditos ordinarios el modo de pago. Así, se deberá abonar el 28,33 por ciento del importe en los primeros cuatro meses desde la firmenza de la sentencia, esto es, unos 11.616.624 euros hacia el mes de marzo, mientras que el resto, se amortizará a los tres años de la sentencia.
   En este sentido, el convenio sobre la empresa, considerada clave en la presunta trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente', expone que respecto a los créditos ordinarios que corresponden a fianzas depositadas por los abonados a los servicios de abastecimiento de agua en el municipio --3.217.387 euros-- se propone su devolución sin espera y sin quita, una vez que el abonado cause baja en el servicio.
   Con esto, el abono de la primera parte de los créditos ordinarios podría condicionar la prolongación de la actividad de la empresa, ya que en caso de que ésta no sea resuelta en el periodo previsto, la empresa podría entrar en periodo de liquidación.  
   El plan de pagos observa el pago sin quita de los denominados créditos con privilegio, entre los que se detallan los de carácter especial, que suman 30.014.256 euros --con y sin cesiones de facturas del Ayuntamiento--; y los de carácter general, que asciende a 2.718.995 euros. Junto con el resto de conceptos, el documento prevé la amortización de la deuda hasta 2018 a través de diferentes cuotas anuales.
   Para dar cumplimiento al calendario de pagos, el documento aprobado detalla una serie de recursos entre los que figura el cobro de la explotación de la actividad hasta 2020 en El Ejido, el cobro de abastecimiento de agua y saneamiento, el cobro de la prestación de servicios municipales --limpieza de vías públicas, jardines y edificios, entre otros-- y el cobro del 'Convenio Almerimar', que prevé el abono por parte del Ayuntamiento de 6.115.929 euros más intereses.
   Así, ante el abono de este último recurso y de las facturas pendientes de pago por parte del Consistorio ejidense, el convenio señala que calendario de cobro "puede ser muy incierto" dados "los elevados compromisos de pago sobre financiación que ha adquirido el Ayuntamiento" a raíz del mecanismo de financiación del Real Decreto 14/2012, esto es, el conocido plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno.
   El plan de viabilidad apunta a que la compañía "para mantener el equilibrio económico y financiero", ha cifrado en 145 "componentes" la "reestructuración necesaria" de la plantilla, una reducción que "acometerá a través de una combinación de aplicación al amparo de la normativa vigente de aplicación". En este sentido, hay que señalar que la empresa presentó al Juzgado un expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo sobre 143 empleados, lo que supone un 40 por ciento de la plantilla actual de esta empresa.
   En este sentido, el documento refleja una tabla de ingresos y gastos para los próximos años entre los que se observa diversas cifras para indemnizaciones en los años 2012, 2015 y 2016, dentro de los gastos del canon de prestación de servicios, fijado en 2012 en unos 12 millones de euros.

España podría perder casi 20.000 millones en ayudas de la Unión Europea

BRUSELAS.- España podría perder en los próximos siete años casi 20.000 millones de euros en ayudas regionales y agrícolas de la UE respecto a lo que recibe en la actualidad si prospera la propuesta de presupuesto para el periodo 2014-2020 presentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, según han informado fuentes diplomáticas.

   Van Rompuy ha planteado un recorte de hasta 80.000 millones de euros a la propuesta original de Bruselas en un intento de contentar a los países contribuyentes netos y facilitar un acuerdo sobre el presupuesto plurianual en la cumbre que se celebrará el 22 y 23 de diciembre.
   El Gobierno español está "descontento" con el plan de Van Rompuy y no le parece aceptable porque concentra los recortes en las dos partidas que más benefician a España: los fondos estructurales y la política agrícola común. Según las primeras proyecciones, España perdería en concreto más de un tercio de las subvenciones regionales y un 17% de las ayudas agrícolas.
   Además, la propuesta no tiene suficientemente en cuenta la situación de los países más afectados por la crisis, según denuncian las autoridades españolas. En particular, el reparto de fondos se calculará con los datos de renta 2007-2009, que todavía no reflejan plenamente el impacto de la doble recesión. Van Rompuy ofrece una cláusula de revisión del marco financiero pero no concreta qué cosas podrían renegociarse.
   A España tampoco le gusta "nada" que se reduzca del 66% que proponía Bruselas al 57% el volumen mínimo de fondos que recibirán Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha entre 2014 y 2020 en comparación con el periodo actual. También recibirán ayudas específicas aunque inferiores y todavía difíciles de calcular Murcia, Canarias y Melilla al quedar catalogadas como "regiones en transición" (con PIB entre el 75% y el 90%).
   Para todas estas comunidades, la propuesta Van Rompuy recorta de 400 a 300 euros la prima por parado prevista para las regiones cuyo nivel de desempleo supera la media, algo que el Gobierno considera también injusto.
   España reclamará que, por estar en crisis, se le aumente la tasa de cofinanciación de los fondos europeos (que está de media en el 75%) ya que la autoridades regionales apenas tienen difícil poner el dinero restante debido a los recortes.
   Otra de las propuestas incluidas en el plan Van Rompuy que el Gobierno rechaza es que se congelen las ayudas regionales a los países con déficit excesivo que no sigan las recomendaciones de la UE. Considera que se trata de un "doble castigo" ya que el incumplimiento del déficit ya acarrea la imposición de multas.
   En todo caso, las autoridades españolas restan trascendencia a la negociación del presupuesto de la UE ya que sólo representa el 1% del PIB comunitario. Cualquier bajada de la prima de riesgo generaría rápidamente ahorros superiores a los 20.000 millones de euros en juego, sostienen. Además, por primera vez España será contribuyente neta a las arcas comunitarias y por ello es partidaria de contener el gasto.

POCAS POSIBILIDADES DE ACUERDO

   La primera discusión a puerta cerrada este jueves de la propuesta que Van Rompuy puso de manifiesto que será muy difícil un acuerdo en la cumbre de la semana que viene. "Con lo que hay sobre la mesa no es posible el acuerdo", señalan las fuentes consultadas.
   Los contribuyentes netos (Dinamarca, Suecia, Alemania, Reino Unido, Austria, Holanda y Finlandia) celebraron las reducciones propuestas por el presidente del Consejo Europeo, pero reclamaron todavía más recortes.
   El resto de Estados miembros denunciaron que los recortes son excesivos en cohesión (España, Polonia, Hungría, Eslovenia, Portugal, Bulgaria, Estonia, República Checa, Malta, Eslovaquia, Letonia, Italia, Grecia y Lituania) y en agricultura (España, Bélgica, Eslovenia, Francia, Portugal, Bulgaria, Austria, Estonia, Malta, Italia e Irlanda).
   Alemania, Finlandia y Dinamarca sostuvieron que el plan Van Rompuy es una "buena base" para empezar las negociaciones, mientras que España, Francia, Eslovenia, Portugal y Rumanía lo rechazaron como punto de partida.
   La cumbre de la semana que viene comenzará a las 20:00 horas del jueves pero desde las 10 de la mañana los diferentes líderes europeos irán pasando por el despacho de Van Rompuy para plantear sus reivindicaciones. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tiene asignadas las 18:00 horas para ir al denominado "confesionario".
   Tras la reunión plenaria del jueves por la noche, el viernes se reanudarán las bilaterales. El presidente del Consejo Europeo ha hecho llegar al resto de líderes que plantea la cumbre como un "cónclave" del cual no saldrán hasta que haya "fumata blanca" con el presupuesto, por lo que se podría prolongar durante el fin de semana.
   Sin embargo, si se constata enseguida que el acuerdo es imposible podrían parar las negociaciones pronto y convocarse un nuevo Consejo Europeo a principios de febrero.