martes, 11 de diciembre de 2012

Fitch otorga a la nueva Cajamar la calificación de 'bono basura'

MADRID.- La agencia Fitch ha situado la calificación de riesgo a largo plazo del nuevo grupo Cajamar -Grupo Cajas Rurales Unidas, tras la fusión con la valenciana Ruralcaja- en "BB", considerada de "grado especulativo" o "bono basura".

Fitch, que coloca la calificación en perspectiva estable, ha justificado la decisión por el deterioro de los activos, el aumento de la morosidad, que según sus cálculos podría alcanzar el 12 por ciento a finales de 2012, la alta dependencia de la financiación del Banco Central Europeo (BCE), y la situación general de recesión del país, según ha detallado en un comunicado.

Estos mismos factores, ha añadido, justificarían también la rebaja de la calificación del Grupo Cooperativo Cajamar, de "BBB-" a "BB".

Como factores positivos, la agencia de calificación señala que el Grupo Cajas Rurales Unidas, que aglutina el 50% del negocio total y los activos del sector de las cajas rurales españolas, tiene una importante red de sucursales que le proporciona una amplia base de depósitos y añade que cuenta con un potencial de sinergias en costes derivado de la integración.

Las niñas con hábito, los niños con sotana / Gabriel Sánchez

Como un barco a la deriva así va la libertad educativa de la que gozábamos en este país. Hoy veo con preocupación como los logros conseguidos tras la muerte del dictador se esfuman como la niebla con este gobierno incompetente que, en vez de buscar soluciones a los problemas que de verdad preocupan y maltratan a los ciudadanos, se dedica en lanzar una cortina de humo para tenernos entretenidos, utilizando eso sí, una de las piedras angulares de nuestro Estado, la educación.

Pero este plan, perfectamente estudiado, pretende mantenernos entretenidos para que nos olvidemos de lo verdaderamente importante (el paro por ejemplo, casi dos millones más desde que llegaron al gobierno o los muchos recortes sociales), haciéndole de camino el agua clara a la iglesia y plegándose a sus imposiciones para imponernos un modelo de enseñanza que de manera sibilina se pasa la Constitución por el forro, al instaurar encubiertamente en un Estado laico como el nuestro la doctrina católica apostólica y romana como cuando vivíamos en tiempos de Franco.

De casta le viene al galgo (les hablo del ministro Wert) y ni que decir tiene que creyéndole manso nos engañó a todos, pues dejando a un lado la imagen de hombre moderado se ha quitado la mascara enseñándonos su radical forma de entender la enseñanza seguramente porque han aflorado con añoranza en él, aquellos recuerdos de tiempos lejanos, aunque no olvidados, donde éramos obligados por la fuerza, a base de palmetazos, tirones de patillas o guantazos a aprendernos el catecismo mientras un cura salvador de almas nos decía:     “ quien bien te quiere te hará llorar”

¡Y yo que pensaba que el integrismo religioso se practicaba tan solo en los países musulmanes!

A veces pienso que lo que estos talibanes de la política pretenden es ver por narices a nuestros hijos con hábito o sotana, el escapulario al cuello y el catecismo en la mano. No en vano se han empecinado en que todo el alumnado estudie la asignatura de religión y sin, otra asignatura de religiosidad encubierta que al dictado de la curia el ministro Wert se ha propuesto imponernos.

¿No es esta imposición un atentado contra el artículo dieciséis de la Constitución? ¿Acaso no somos libres para practicar la religión que queramos sin que tengan que imponérnosla?

De nada sirven los argumentos que alumnos, asociaciones de padres y demás entes han puesto sobre la mesa para que este intransigente gobierno y el peor ministro de educación de toda la democracia, dé marcha atrás a un modelo de enseñanza del que la mayor parte de la ciudadanía está en contra, a excepción claro está de la iglesia y de sus adláteres, palmeros incluidos, entre los que cabe destacar tertulianos y periodistas en nómina de la misma que ocupan radios, periódicos y sobre todo platós de televisión defendiendo la política del ministro, haciendo campaña en su favor, validando las tesis dictadas por el todopoderoso Opus Dei, los influyentes neucatecumenales o por los legionarios de Cristo del pederasta Maciel, verdaderos ideólogos y artífices de esta propuesta por ser los que marcan a este gobierno plagado de miembros de ultraderecha cual ha de ser la educación que nuestros hijos han de recibir, arrugandose a sus consignas sin importarle atentar contra la carta magna y cargarse de un plumazo nuestra libertad de elegir, religión incluida.

Sin hogueras de por medio, ni procesos, ni maquinas de tormento, son esta caterva de intransigentes, la nueva inquisición del siglo XXI.

Pero ¿hasta están estos negados dispuestos a llegar?.

Mucho me temo que no tengan límites y que se hayan propuesto privatizar la enseñanza, cargándose en consecuencia la enseñanza pública. Para ello nada mejor que ir poniendo piedras en el camino de la misma esquilmando las ayudas, hacinando a los alumnos en las aulas, dotando a los colegios de menos personal docente, marginando a éste con condiciones laborales cada día más denigrantes, proveyendo a los colegios de un presupuesto menor con el fin de crear una enseñanza de peor calidad para que de ésta manera la privada, es decir la de la iglesia en su mayor parte, tenga el camino libre.

Dispuestos a todo y no conformes con su afrenta han disminuido el importe del dinero destinado para becas y ayudas al alumno, subiendo de manera indecente e impúdica los importes de las tasas educativas, créditos y matriculaciones para que al pobre le sea más difícil el acceso a la universidad. Sin un ápice de vergüenza han creado una enseñanza claramente discriminatoria hacia las clases humildes. Saben bien lo que hacen, pues con ésta política jóvenes sin recursos no podrán costearse los estudios y tendrán que dejar de estudiar.

Detrás de todo esto, pensando mal, yo diría que se proponen marginar a la clase obrera impidiendo que sus hijos puedan formarse y es que a estos talibanes le repatea que nuevamente el hijo de un vaquero pueda llegar al poder. Para evitar esto necesitan controlar la enseñanza y ya de paso traer la privatización.

O paramos a este gobierno y les decimos que no estamos dispuestos a que hagan su santa voluntad o generaciones venideras lamentarán que no lo hayamos hecho.

La Fiscalía denuncia al secretario municipal de Zurgena por falsedad documental y malversación


ALMERÍA.- El Ministerio Público ha interpuesto una denuncia contra el secretario del Ayuntamiento de Zurgena, José Antonio A.M., por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos después de que el alcalde de la localidad, Francisco Ramos (PP), denunciara ante la Fiscalía que el secretario falsificó la firma del anterior regidor Cándido Trabalón (PA) en diversa documentación durante 2010. 

   Así lo ha confirmado el propio alcalde, quien ha explicado que con la entrada de la nueva corporación el secretario "ya estaba de baja" aunque este extremo no fue comunicado al Consistorio formalmente hasta, al menos, tres meses después, cuando presentó los partes de baja médica, lo que motivó las sospechas del equipo de gobierno.
   En este sentido, el alcalde ha asegurado que ahora revisarán todo el trabajo realizado con este secretario, al que acusan además de haber hecho uso privativo y abusivo de un teléfono móvil municipal "con el que se llevaba noches enteras hablando", y que como consecuencia dio lugar a facturas por valor conjunto de unos 12.000 euros anuales.
   El fiscal ha centrado su denuncia en los posibles casos de falsedad documental y malversación, mientras que ha desestimado investigar otros aspectos solicitados por la acusación, como la veracidad de los partes médicos presentados dada la "amistad" que tiene con una médica, o la ocultación de una carta del Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca) en relación su "obsesión" en controlar la correspondencia postal.
   La denuncia adelantada por 'La Voz de Almería' incorpora también "una factura por 348 euros de un escudo bordado de Zurgena que se desconoce que llegara a las dependencias municipales y una factura de 374 euros en 25 ejemplares de un libro", cuyo paradero se desconoce.

Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.
   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.
   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".
   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.
   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.
   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.
   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.
   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".
   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

IULV-CA, partidaria de suprimir las cesantías si se aprecia "rechazo" ciudadano

SEVILLA.- El diputado de IULV-CA y vicepresidente primero del Parlamento andaluz, Ignacio García, se ha mostrado partidario de suprimir las cesantías para los parlamentarios en el caso de que "realmente" se aprecie "un rechazo" por parte de la ciudadanía a esta cuestión. "De ser así, se quitan y en paz", ha apuntado.

    García ha explicado que su formación está a favor de abrir este debate, de analizar que significan las cesantías y, a partir de ahí, "tomar una decisión" sobre si se considera necesaria su continuidad o no.
   El parlamentario de IULV-CA, que ha destacado que en muchas ocasiones se habla de las cesantías utilizando "una profunda carga despectiva", ha destacado que la ciudadanía tiene que saber también que los diputados no tienen derecho a paro.
   No obstante, ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con que hay que abrir el debate y que "posiblemente" haya algunos "flecos" que revisar, en referencia a la duración de las cesantías o a la cuantía de las mismas, entre otras posibilidades.
   "Hay que afrontar este debate y analizar la cuestión, pero al final quien manda es el pueblo soberano. Y si realmente se aprecia un rechazo de la sociedad a este tema se quita y en paz", ha insistido el diputado de IULV-CA.

Chamizo abre una queja de oficio sobre menores víctimas de desahucios

SEVILLA.- El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para conocer el impacto en menores que son víctimas de lanzamientos de sus viviendas e intentar investigar la entidad del problema. Pero, sobre todo, la Defensoría quiere conocer con esta iniciativa las respuestas que se deben poner en marcha para amortiguar estos efectos "en quienes más sufren la pérdida de sus viviendas".

   La Oficina del Defensor ha anunciado esta actuación de oficio con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, un elenco de pronunciamientos para la dignidad del ser humano que la crisis "hace peligrar" en Andalucía, porque esta situación de crisis "es la peor amenaza para el conjunto de derechos y libertades que esta comunidad ha venido construyendo a lo largo de las últimas tres décadas", indica a través de un comunicado colgado en su portal web.
   En este sentido, señala que la situación de "grave" crisis económica "provoca un efecto expansivo de la pobreza", con una inmersión de sectores "muy importantes" de la población "hacia situaciones de insuficiencia de recursos propios que afecta de inmediato a la propia unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos que estallan contra la estabilidad de las familias".
 "La crisis se expande entre segmentos sociales, pero también profundiza sus efectos porque los sistemas públicos de cobertura y protección disminuyen o desaparecen", lamenta.
   "Y nos preocupan muy particularmente los menores", continúa en dicho comunicado el Defensor. Así, se refiere a datos de Unicef que indican que, en España, "el 13,7 por cien de las personas menores de 18 años vive en hogares con un nivel de pobreza alta", una cifra que muestra "la gravedad de la situación: hay más niños pobres, y además de crecer en número aumentan sus carencias". "Podemos decir que esta pobreza tiene rostro de niño y que todas las previsiones coinciden en un agravamiento de esta incidencia infantil", advierte.
   Pero, continúa, "existe otro factor esencial que está arrastrando con sus efectos unos daños muy especiales en estos niños, como es la pérdida sobrevenida de la vivienda", con lo que "no resulta difícil imaginar los efectos que se producen", porque los menores "pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano".
 "Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más duros", asegura Chamizo.
   Y, sin embargo, se pregunta, "poco sabemos de la dimensión de este problema. ¿Cuántos niños se están viendo lanzados junto a sus padres de las viviendas? ¿Su presencia es un factor condicionante en los procesos judiciales? ¿Actuamos igual o, por el contrario disponemos de recursos específicos cuando estén menores afectados?".
   Así las cosas, el Defensor del Menor de Andalucía ha anunciado una próxima actuación de oficio para dar a conocer esta situación e intentar investigar la entidad del problema. Dicha actuación se dirigirá a la Consejería de Salud y Bienestar Social para investigar las medidas de lucha contra la pobreza en el sector de la infancia.
   Pero, agrega, "también queremos conocer de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como entidad representativa de los municipios andaluces, la posible existencia de protocolos de atención social de emergencia para atender estas situaciones con menores implicados y de la Consejería de Vivienda, conocer la aplicación concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas por la existencia de menores necesitados de este preciado bien"

El PSOE-A llevará al Parlamento la "desviación ilegal del 120%" en el coste del Teatro Auditorio, de Roquetas

ALMERÍA/ROQUETAS DE MAR.- El PSOE-A ha anunciado este martes que pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de los fondos públicos utilizados para la construcción del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, que, según dicta una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), registró un aumento de casi del 120% con respecto al precio inicial de la obra fijado 7.063.094,25 euros.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa el vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, quien ha asegurado que la citada sentencia, hecha pública en abril, determinó que, bajo el mandato de Gabriel Amat, se produjo una "desviación ilegal" de manera que las obras "terminaron costando 15 millones de euros".
   "Estamos hablando de ocho millones de euros a los que se les ha perdido el rastro, de los que se dispuso sin respaldo legal", ha remarcado Jiménez, para quien esto "compromete" la gestión de Amat al frente del Ayuntamiento de Roquetas y "como presidente del PP en la provincia de Almería".
   El anuncio llega después de que el PSOE de Almería haya pedido a la Fiscalía Provincial que solicite al Juzgado de Instrucción nº 3 de Roquetas de Mar la reapertura de las diligencias penales contra el regidor, que fueron archivadas de manera provisional a la espera de fallo en el procedimiento contencioso-administrativo que ha resuelto el TSJA anulando la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro Auditorio así como la modificación del contrato de obra, al considerar que "no son ajustadas a derecho".
   Jiménez ha recordado que las obras se iniciaron en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento de Roquetas, la Diputación Provincial de Almería y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por lo que ha trasladado que cree que en las tres administraciones "deben iniciarse investigaciones exhaustivas sobre lo sucedido".
   "La austeridad y el ahorro de los fondos públicos se lo pasan los responsables del PP por el arco del triunfo", ha asegurado para, a continuación, subrayar que, a su juicio, "llegar ya a una desviación del 120%, con informes en contra de técnicos del Ayuntamiento, que decían claramente que no era posible disponer de esos recursos, es una tomadura de pelo y huele mal".
   Jiménez ha asegurado que espera que Amat termine dando "muchas explicaciones" que también ha hecho extensivas al que fuera presidente de la Diputación Provincial y actual alcalde de Almería y senador, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. "Tendría que aclarar si conocía que se estaba haciendo esa disposición irregular de recursos públicos, contra el criterio de los servicios técnicos, hasta provocar un agujero del 120% en la construcción del que posiblemente sea el auditorio más caro del mundo", ha indicado.
   En esta línea, y ante lo que ha reiterado "es una tomadura de pelo a los ciudadanos, si no es algo más grave", ha demandado "explicaciones" al exlider del PP-A y parlamentario andaluz por Almería, Javier Arenas. 
"Yo no sé si se acuerda de que es diputado por esta provincia, no sabemos si sólo vino aquí con el canasto para llevarse los votos a Sevilla pero sigue teniendo responsabilidades en Almería y de esto tendrá que dar cuenta", ha concluido.

Amat se defiende atacando

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación, Gabriel Amat (PP), ha defendido este martes la gestión económica que su equipo de gobierno llevó a cabo para ejecutar las obras del Teatro Auditorio del municipio, de manera que ha asegurado que "no hay indicios" de ningún tipo de delito como "bien claro" dice el TSJA, cuya sentencia al respecto recoge que se registró un aumento de casi del 120% con respecto al precio inicial de la obra fijado 7.063.094,25 euros.
   Así ha reaccionado después de que el vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, anunciara que pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de los fondos públicos utilizados para la construcción del recinto al entender que se produjo una "desviación ilegal".
   El primer edil 'popular' de Roquetas asegura que hubiera sido "imperdonable" haber dejado a la localidad sin el Teatro Auditorio, con lo que además se habría hecho "un favor a los socialistas", que "son negativos y no tienen capacidad para hacer nada".
   Amat ha asegurado que el PSOE "no tiene ni idea de lo que está diciendo" al respecto y ha recordado que el Ministerio Público ya archivó una querella, si bien este aspecto estuvo condicionado al inicio previo de un procedimiento por la vía contenciosa-administrativa. 
En este sentido, el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, y el secretario de Organización de los socialistas almerienses, Juan Carlos Pérez Navas, han solicitado la reapertura de las diligencias.
   Con respecto a esta denuncia, el también presidente del PP de Almería ha advertido que "tengan cuidado aquellas personas que han firmado" el escrito dirigido a la Fiscalía, ya que "algún día se pueden encontrar con la horma de su zapato y les puede estallar algo en las manos". 
Así, ha remarcado que el TSJA "ha dicho claramente que no se gastó ni un euro más" y entiende que, de haber encontrado indicios de delito, habría contactado con el Ministerio Público para que investigara al respecto.

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.
   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".
 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.
   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".
   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.
   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".
 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".

Tres de cada cuatro jóvenes andaluces 'pasan' de la política

SEVILLA.- La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha presentado el Informe Social de la Juventud en Andalucía, realizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el Centro de Estudios Andaluces, según el cual el 76,6 por ciento de los jóvenes se declaran "desinteresados" por la política y a un 13 por ciento les da igual un régimen que otro, aunque la inmensa mayoría suscribe que la democracia es un preferible a cualquier otra forma de gobierno. El estudio ha sido realizado a través de 3.200 entrevistas a una población de entre 14 y 30 años, de las ocho provincias andaluzas.

   En rueda de prensa, Susana Díaz ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que los más jóvenes no se interesen por la política porque "la política es el poder de los que no tienen otro poder", y los jóvenes "como así lo demuestran los datos de desempleo, de dificultad de acceso al mundo laboral, son los que más han sufridos los recortes del Gobierno de la Nación", lo que "debería hacerles participar con más interés en la política y no es así". Por tanto "tenemos un grave problema de confianza en general y en el caso de los jóvenes, que son el futuro de un país, tiene que ser para nosotros prioritario".
   "Esto marca un camino de recuperación de la confianza, de acceso a la gestión desde las instituciones, de mayor transparencia", y ahí "hay un reto para el Gobierno andaluz". Asimismo, y sobre el segundo de estos aspectos, Díaz ha dicho que "es una cuestión bastante más preocupante", porque muchos de estos jóvenes "ven momentos de la dictadura como historia muy historia, y no han conocido otra cosa que la democracia". Por ello, el trabajo de "sensibilización y formación de lo que tuvieron que vivir sus padres y sus abuelos requiere de un fuerzo importante".
   Además, según las conclusiones de este informe, realizado de enero a mayo de 2011 y organizado en siete capítulos, los jóvenes se muestran "muy preocupados" por el desempleo. Así, la juventud considera que el problema principal es el paro y la precariedad laboral, con 72,1 por ciento. Igualmente, la encuesta indica que el 78,9 por ciento de los jóvenes desempleados trataron de buscar un empleo en la últimas cuatro semanas.
   En este sentido, y sobre este problema, Díaz asegura que los jóvenes "están viendo cómo la reforma se ha convertido en una forma de romper las relaciones laborales, romper el modelo de convivencia, con una reforma educativa brutal que va 30 años atrás, y eso se tiene que reflejar en cualquier estudio". Y esto, añade, pese a que "el estudio es de 2011, porque si pregunta hoy seguramente los datos serían más alarmantes, tras una reforma laboral injusta y que castiga a la juventud".
   Siguiendo con la formación y el sistema educativo, el porcentaje de jóvenes con FP ha bajado respecto a 2003, cuando se hizo un estudio similar, pasando del 9,9 al 8,7 por ciento. Sin embargo, aumenta el número con Bachillerato, de 9,8 a 15,8 por ciento, y el de jóvenes con estudios universitarios, del 14,5 al 25,3 por ciento. Las chicas son las que en mayor medida acceden a estudios universitarios de grado medio y superior; el 71,9 por ciento otorga un gran valor a las credenciales educativas como medio de inserción laboral; y el 83,7 por ciento opina que la realización de una carrera supone un esfuerzo económico y más del 89 por ciento defiende la provisión estatal del gasto en educación.
   Los jóvenes andaluces valoran también mucho las relaciones familiares y perciben la relaciones con sus padres como "muy buenas". Además, el 70 por ciento vive en el hogar familiar y un 36,9 por ciento, al ser preguntados cómo prefieren vivir, dicen que en pareja y con hijos. En relación a qué modelo de familiar prefieren, el 81,7 por ciento prefiere un modelo simétrico --ambos trabajo fuera del hogar y reparto de las tareas domésticas--; un 13,1 por ciento prefiere que la mujer trabaje menos horas fuera de casa y se ocupe en mayor medida del hogar; y un 5,3 por ciento, que el hombre trabaje fuere del hogar y la mujer se ocupe de las tareas.
   En relación a la familia, la edad promedio de los jóvenes que dejan el hogar es 20,3 años, el 37,4 por ciento por los estudios; el 30,4 por ciento por la formación de una familia; y el 17,8 por ciento por factores económicos. En cuanto a la independencia económica, el 50 por ciento vive exclusivamente de los ingresos de otras personas y el 22,5 por ciento vive exclusivamente de sus ingresos. Por último, y respecto a tener hijos, el 62,5 por ciento considera que puede ser un obstáculo para la vida profesional de las mujeres.
   En el capítulo salud y calidad de vida, la edad media en que la juventud tiene su primera relación sexual completa es de 16,4 años, frente a los 17,4 de 2003. Además, el 80 por ciento dice usar anticonceptivos, con una mayor conciencia entre los más jóvenes. Respecto al consumo de alcohol, el 76,1 por ciento de los jóvenes de Andalucía ha consumido alcohol alguna vez; de ellos, el 90 por ciento bebe solo de forma ocasional o en fin de semana; y el 60 por ciento de la juventud no consume tabaco, ni siquiera lo ha probado.
   Respecto a las pautas de ocio, consumo cultural y nuevas tecnologías, el 92,2 por ciento se declara consumidor de televisión, y el 91,4 por ciento hace un uso diario o semanal de Internet. Sobre el tiempo de lectura, el 76,2 por ciento de la juventud dedica parte de su tiempo diario a la lectura, y en cuanto a lo que más les gusta en su tiempo libre, tanto chicos como chicas optan por escuchar música en primer lugar, seguido de salir con los amigos y viajar.
   Del mismo modo, la juventud andaluza se muestra "intolerante" a la violencia de género, una intolerancia que también se manifiesta en lo relativo a la contaminación y el suicidio. Sin embargo, es "tolerante" hacia la homosexualidad, la eutanasia y el aborto. Además, su grado de compromiso por la igualdad alcanza el 8,9 sobre diez, seguido de su compromiso por la libertad, los derechos humanos, y la lucha contra el hambre; la paz; el cuidado del medio ambiente; o la lucha contra el racismo en quinto lugar.
   No obstante, Díaz ha sido cuestionada sobre por qué pese a que la juventud tiene una actitud intolerante hacia la violencia de género los casos suben entre los más jóvenes, ante lo que ha mostrado su "preocupación", ya que estos jóvenes "han crecido en libertad, en democracia, y han sido educados en valores". Ante esta situación, ha dicho que "hay que profundizar en la educación entre iguales, en valores y en la Educación para la Ciudadanía, a pesar de que a Wert le moleste", toda vez que ha subrayado que se está realizando un "esfuerzo importante" en este sentido, y ha recordado que en los Presupuestos de la Junta para 2013 "se ha aumentado la partida para sensibilización y prevención de la violencia de género".

Los hosteleros almerienses cifran la ocupación en el 'puente' en "apenas" el 50% de las plazas

ALMERÍA.- La ocupación hotelera en la provincia de Almería durante el Puente de la Constitución ha rozado "apenas" el 50% de las plazas ofertadas aunque este porcentaje se ha visto reducido de manera sensible en los establecimientos de la capital. Por contra, los picos de ocupación se han registrado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en los municipios del interior.

   La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha achacado el hecho de que el turismo "no se haya activado" pese a que la climatología "ha acompañado" a la crisis económica y a la cercanía de la Navidad en un puente "que prácticamente sólo depende del turismo nacional al ser solo fiesta en España".
   El "escaso movimiento" se ha dejado sentir especialmente en la capital, donde se ha alcanzado una ocupación del 40%. Los mejores resultados de ocupación, con un 55%, se han producido en la comarca del interior, "que a priori también era la que mejores perspectivas tenía", según ha precisado Ashal en un comunicado.
   Por otro lado, hasta el 50% de plazas se han ocupado en los establecimientos que estos días han abierto en la zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 
La patronal del sector hostelero ya anunció que no tenía "buenas perspectivas" de ocupación para el puente ya que se habían registrado "pocas reservas con antelación".

La Junta pide al alcalde de El Ejido que cumpla sus "compromisos" contra el chabolismo

ALMERÍA.- La delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha pedido este lunes al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), que "empiece a colaborar" para erradicar el "urgente" problema que tiene el municipio con los asentamientos chabolistas y que "cumpla sus compromisos" como el resto de ayuntamientos que participaron en la reunión que mantuvieron con la Junta, la Subdelegación de Gobierno y las organizaciones sociales en lugar de "ir por libre". 

  La delegada ha criticado la "deslealtad institucional" del regidor ejidense después de que Góngora asegurara que el Consistorio va a seguir otorgando órdenes que permitan la demolición de chabolas en el municipio aunque, por parte del Ayuntamiento, no se van a ejecutar en virtud del acuerdo alcanzado en dicha reunión, mantenida a principios de octubre.
   "El Ayuntamiento parece que lo único que quiere es derribar chabolas y que el problema se vaya de un sitio a otro cuando lo que hay que hacer es buscar una solución definitiva", ha manifestado Ferrer, quien, al contrario que el alcalde ejidense, ha afirmado que entre los compromisos alcanzados por los ayuntamientos está el de no aprobar nuevas órdenes para ejecución de derribos en infraviviendas, estén ocupadas o no.
   Asimismo, la responsable del Gobierno andaluz en Almería ha manifestado que mientras que otros municipios o la propia Subdelegación "están buscando soluciones", el Consistorio ejidense "se ha negado" a mantener una reunión con técnicos y responsables municipales y las organizaciones sociales para abordar los últimos acontecimientos. "Dijo que él no se reunía con colectivos sociales", ha apostillado la delegada quien le ha recriminado su ofrecimiento en este sentido en declaraciones a la prensa.
   Ferrer asegura que aunque el Ayuntamiento de El Ejido ha remitido a la Junta el censo de infraviviendas encargado a todos los municipios participantes --información que aún se coteja con "otras bases de datos"---, también hay que "tener voluntad de solucionar el problema". En este sentido, ha recordado que las competencias en atención social son compartidas entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales.
   Con esto, la delegada ha remarcado que la actitud del alcalde 'popular' "ha sido desleal y no aporta nada".
 "Mientras que las demás administraciones están colaborando, El Ejido se ha salido de la hoja de ruta", ha señalado Ferrer, quien ha puntualizado que la mesa de trabajo se ha reunido ya en dos ocasiones para estudiar los datos que ya se manejan, con los que resalta El Ejido como "el problema más inminente".

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.
"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.
El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".
Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.
Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".
"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.
Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.
"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".

lunes, 10 de diciembre de 2012

Los autónomos encabezan el ranking de sectores con más perdidas por impagos

MADRID.-   Los servicios profesionales, colectivo que engloba a autónomos, abogados, arquitectos o ingenieros, ha reducido este ejercicio sus pérdidas por impagos del 4,5% al 4,2% actual, coyuntura que, sin embargo, no ha impedido que repita un año más en la primera posición del ranking de pérdidas por impagos en Europa, según un estudio elaborado por la firma sueca Intrum Justitia.

   Por su parte, en la cola del ranking sigue apareciendo el sector utilities (gas, agua y energía) con un 1,8%, aunque este año registra un incremento después de cuatro años de estabilidad en el 1,5%.
   En términos generales, la media europea de pérdidas por impagos se ha incrementado hasta el 2,8%, un porcentaje que registra una tendencia al alza desde 2007 cuando la media era del 1,9% (2,7% en 2011, 2,6% en 2010 y 2,4% en 2009). Este porcentaje se traduce en unas pérdidas por impagos de 340.000 millones de euros, según apunta el informe.
   Así, uno de cada dos autónomos afirma tener problemas de liquidez debido a la morosidad y el 53% indica que se ha incrementado el retraso en el pago por parte de sus clientes. Según el estudio, el retraso en el pago "es mayor en el sector público y empresas", puesto que tardan 15 días después de la fecha de vencimiento, hasta alcanzar los 45 días.

Las administraciones públicas adeudan 5.500 millones a los autónomos

MADRID.- Las administraciones públicas deben actualmente a los trabajadores autónomos en torno a 5.510 millones de euros, que corresponderían a las deudas acumuladas desde enero hasta finales de noviembre de 2012 así como a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores, según el observatorio del trabajo autónomo de ATA.

   La Federación de Autónomos agrega también que los entes públicos tardan un tiempo medio de 163 días en pagar las facturas atrasadas al colectivo de autónomos y pymes, por lo que denuncian que "se está incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la Unión Europea, que obligará a las administraciones en 2013 a pagar en 30 días".
   En concreto, la encuesta realizada por la patronal de autónomos revela que cuatro de cada diez autónomos (40,5%) tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 11,8% cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.
  El análisis apostilla que las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas, como refleja que la deuda ascienda a 922 millones de euros en este territorio, un 16,7% del total de la deuda española total con los autónomos.
   Las siguientes administraciones públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de Andalucía (789 millones de euros, un 14,3% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (772 millones de euros, un 14%) y Madrid (558 millones de euros, un 10,1% del total ). Así, las administraciones públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 55,1% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.
   De su lado, los entes de Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 48 y 35 millones de euros, respectivamente, lo que representa un 0,9% del total de la deuda española en el caso de la primera y un 0,6% en el de la segunda.
   Al desglosar los plazos medios de pago por comunidades autónomas, los entes públicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 167 días en ambas comunidades.
  Por encima de la media autonómica nacional - 163 días - también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días, y Castilla La Mancha y la Región de Murcia, ambas con 164 días  de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos.
    En cuanto al tiempo medio de cobro por territorio, las administraciones catalana y valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional, con una media del periodo de pago de facturas atrasadas que se acerca a los 167 días. Por encima de la media autonómica nacional también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días.
   Las administraciones asturianas mantienen la media de pago nacional con sus autónomos, concretamente los trabajadores por cuenta propia del Principado tardan 163 días, de media, en recibir el pago de las facturas que les son adeudadas. Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan Canarias (151 días), Aragón (145 días) o Cantabria (139 días).
   Por su parte, los organismos públicos de La Rioja (55 días), Navarra (51 días) y País Vasco (49 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes "y las que más se acercan a la Ley de Morosidad", recuerdan.
   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, las administraciones públicas con este volumen de deuda a los autónomos "continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas".

La contaminación lumínica se convierte en un problema global para la Tierra

WASHINGTON.- El satélite Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) de la NASA ha publicado nuevas imágenes nocturnas de la Tierra en las que, según han señalado los expertos, se puede observar que existe un problema global de contaminación lumínica que, no solo oculta las estrellas, sino que supone un gran derroche de energía.

   Precisamente, el la misión de Suomi NPP nació como un satélite de observación del planeta para estudiar los efectos del cambio climático. El aparato capta fotos de la Tierra regularmente y publica algunas de ellas en Internet, en un álbum bajo el nombre 'Black Marmel'.
   Gracias a estas fotografías, la NASA ha podido determinar que la luz que emiten las ciudades y las autopistas, son tan dañinos para la Tierra como las emisiones de gases. Para los científicos, las imágenes muestran ciudades que brillan más de lo que necesitan y que, además, este gasto eléctrico está "mal dirigido". En este sentido, han explicado que, solo en los Estados Unidos, se gastan miles de millones de dólares anualmente iluminando "el cielo" de la noche en lugar de aceras y calzadas en el suelo.
   "Las imágenes del satélite demuestran que aún queda trabajo por hacer en la Tierra en cuanto a la lucha contra la contaminación lumínica", ha señalado el director ejecutivo de la Asociación Internacional Cielo Oscuro, Bob Parks, quien ha señalado que "el impacto de la iluminación nocturna terrestre se extiende mucho más allá de la astronomía".
   A su juicio, las luces excesivas y mal dirigidas puede crear sombras profundas que no son seguras para la seguridad del ser humano. También afecta a animales, como es el caso de las crías de tortugas marinas, que pierden de vista el mar por la iluminación o las aves migratorias que pueden sufrir confusión al volar entre edificios. "La contaminación lumínica tiene otros efectos de largo alcance desconocidos para muchos de los que siguen utilizando iluminación ineficaz", apunta Parks.
   En cuanto a las soluciones, aunque "muchos creen que es tan simple como cambiar la potencia de las bombillas, utilizar sensores de movimiento o instalar campanas sobre las bombillas desnudas", Park ha recomendado que "toda la iluminación exterior se dirija hacia abajo y que solo se utilice cuando sea realmente necesaria y en la cantidad que sea necesaria".
   Para Parks, si se aplican estos procedimientos, el resultado no solo reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que permitiría ahorrar dinero, reducir el impacto en el mundo natural y mejoraría la visibilidad en el terreno.

domingo, 9 de diciembre de 2012

El juez archiva la denuncia por introducir modificaciones en la biografía de Javier Arenas en Wikipedia


SEVILLA.- Un juez de Sevilla ha archivado la denuncia por la introducción de alteraciones y modificaciones en la biografía en Wikipedia del vicesecretario de política autonómica y local del Partido Popular y expresidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, han informado hoy fuentes judiciales.

   En este sentido, las mismas fuentes consultadas han señalado que fue el pasado día 11 de octubre cuando el juez de Instrucción nº 7 de Sevilla, Fernando Martínez, dictó un auto en el que archivaba de manera provisional dicha denuncia, que por el momento "no consta" que haya sido recurrida por el PP.
   En esta causa ha llegado a haber varias personas imputadas --algunas residentes fuera de la comunidad autónoma-- tras la denuncia interpuesta en 2009, pero finalmente el juez instructor ha decidido archivar la misma debido a que ha transcurrido el plazo legal estipulado sin que pueda emprender la acción penal contra ninguno de los imputados, han apuntado las mismas fuentes.
   La investigación judicial se inició después de la denuncia interpuesta por el PP-A, quien acudió a los tribunales tras "conocer" además que desde un ordenador de la Junta de Andalucía se estaban realizando modificaciones y se estaban incluyendo "falsedades e insultos" en la biografía de Arenas, así como contra sus familiares más directos.
   En este sentido, dos altos cargos de la Junta de Andalucía declararon en 2010 ante el juez que tenían identificado el ordenador desde donde se realizaron esas modificaciones, aunque no a la persona o personas que las hicieron.
   De esta manera se expresaron entonces Alberto Díaz López, en calidad de director general de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SAU), y María Pilar Rodríguez López, en calidad de secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
   Ambos señalaron entonces que las modificaciones de la biografía de Javier Arenas en la Wikipedia se llevaron a cabo desde un ordenador ubicado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, lo que motivó, según las fuentes consultadas, que el PP-A solicitara al juez instructor que se identificara a la persona o personas que hubieran utilizado el día en cuestión el referido ordenador.

La Junta insta al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos"

ALMERÍA.- El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha instado al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos del Poniente" tal y como tenía comprometido a través del convenio que firmó con el Gobierno andaluz por el que "se comprometía a surtir agua desalada y a dejar de bombear de los pozos de Bernal, de El Ejido". 

   Ortiz Bono ha indicado que desde que comenzó a funcionar en 2006, "apenas rinde al 20 por ciento de su capacidad, por lo que el Ayuntamiento sigue surtiéndose principalmente de los pozos de Bernal, y contribuyendo así a la sobreexplotación de los acuíferos del Poniente".
   El Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía suscribieron un convenio de colaboración el 14 de julio de 1999 para la finanaciación de las obras de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar por el que el 85 por ciento de la inversión lo asumía el Ministerio de Economía con fondos de Cohesión de la Unión Europea mientras que el 15 por ciento restante lo asumía la Junta de Andalucía "a pesar de que la competencia del abastecimiento es municipal".
   Así, apunta a que si bien la inversión prevista inicialmente era de 35,2 millones de euros, los modificados de obra y liquidaciones elevaron la elevaron a algo más de 47 millones, cuando "el encargado de la licitación y adjudicación de la obra fue el Ayuntamiento". La finalidad de la desaladora es la de dejar de extraer del acuífero "sobreexplotado" del Campo de Dalías, por lo que obtuvo financiación europea.
   "El hecho de que se disponga de una desaladora con capacidad para desalar hasta 20 hectómetros cúbicos, y que sólo desalen unos cinco supone un despilfarro del dinero público de casi 50 millones de euros de fondos comunitarios y de todos los andaluces", ha remarcado Ortiz Bono, quien además ha señalado la "insolidaridad" del Ayuntamiento con los municipios del Poniente "que tienen dificultades para abastecer a sus poblaciones que lo están pasando mal, sobre todo Vícar, Roquetas de Mar y El Ejido".
   Considera que también es una "muestra de insolidaridad" con los regantes, "que ven cómo cada día empeora la calidad de las aguas subterráneas para riego mientras el Ayuntamiento de Almería deja sin poner el marcha la desalinizadora y extrae más de diez hectómetros cúbicos de agua al año según sus datos, puesto que ni siquiera tiene instalados contadores para medir el agua que bombea".
   Además, la "infrautilización" de la planta de Almería "contrasta con el hecho de que en el Poniente, en Balerma, se esté construyendo una desaladora para atender las necesidades de riego de la zona, inversión que también se está haciendo con fondos públicos".
   El delegado ha recordado además al Ayuntamiento la necesidad de regularizar su situación respecto de las fuentes de suministro para sus ciudadanos, ya que debe solicitar concesión tanto para el agua subterránea como para el agua desalada que está ya utilizando. Asimismo, es preciso que se adapte a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre "y al que el Ayuntamiento de Almería no ha formulado ninguna alegación".
   En este documento, según ahonda la Junta, se establece la planificación hidrológica para los próximos 15 años, de forma que en el horizonte 2015 el agua subterránea que le corresponde a Almería es, como máximo, 3,5 hectómetros cúbicos, mientras que en 2027 sería de 1,8 hectómetros cúbicos.
   Así las cosas, el delegado asegura que el Consistorio almeriense "tiene la obligación de adaptarse a esta norma de obligado cumplimiento y debe dar ejemplo tanto de respeto a las normas como de un buen uso de los fondos públicos que se emplearon en la desaladora además de ser solidario con el resto de usuarios del Poniente y consecuente con las obligaciones medioambientales que aceptó cuando decidió construir la desaladora con fondos europeos y del presupuesto  de la Junta de Andalucía".
   Ortiz Bono recomienda así "en base al principio de lealtad institucional y de cooperación", que este asunto quede resuelto en el documento del PGOU que va a someter a informe, puesto que "solo podrá obtener todos los beneplácitos de la Junta de Andalucía si se adapta a la normativa en vigor".

La Junta reclama al Gobierno una revisión del reparto definitivo del FLA para que Andalucía reciba lo que ha pedido

SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha reclamado al Gobierno de la Nación una revisión del reparto definitivo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que Andalucía reciba la cantidad que ha solicitado, de 4.906 millones de euros.

   Susana Díaz ha manifestado que espera que el Gobierno central, finalmente, haga un reparto equitativo del FLA, porque no puede ser que Cataluña haya recibido en torno al 90 por ciento de lo que solicitó y que Andalucía esté prácticamente por debajo del 50 por ciento de la cantidad que demandó.
   En este sentido, ha confiado en que el Gobierno de la Nación sea coherente y responsable en ese reparto del FLA y Andalucía, como una comunidad autónoma "cumplidora, reciba lo que le corresponde". Para Díaz, no es de recibo que se premie a las comunidades que están más endeudadas, como es el caso de Cataluña, en detrimento de otras que están haciendo los deberes, como es el caso de Andalucía.
   A su juicio, debe de haber una revisión del reparto definitivo del FLA porque "hay margen para hacerlo, ya que los datos dicen que en torno a 5.000 millones no han sido asignados aún a las comunidades autónomas, y por lo tanto hay margen para esa revisión".
   Asimismo, ha indicado que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no ha dejado de negociar, de dialogar y de buscar el entendimiento con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que se inició la solicitud de acceso al FLA. Díaz espera que ese diálogo continuo tenga al final un resultado favorable para los intereses de esta comunidad.
   De otro lado, ha manifestado que la decisión del Gobierno central de crear un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio ha sido "lamentable". A su juicio, el Gobierno solo pretende evitar que las comunidades puedan seguir adelante "con la voluntad clara y nítida de que la banca contribuya también a la salida de esta crisis".
   Asimismo, ha considerado "lamentable" que el Ejecutivo nacional no haya hablado con las comunidades afectadas y que haya adoptado la decisión "por la puerta de atrás". Ha indicado que la Junta va a analizar la letra pequeña y hasta dónde quiere llegar el Gobierno, y va a defender aquello de lo que está convencida, que es que "la banca en este país tiene que contribuir al momento que estamos atravesando".
   "No se le puede subir a los ciudadanos el IRPF, el IVA o las tasas judiciales y, en cambio, buscarle las vueltas al TC para que las entidades financieras no aporten en las comunidades autónomas que están convencidas de que tienen que hacerlo", ha indicado.
   Susana Díaz ha agregado que la Junta tiene la clara voluntad de mantener la cifra prevista de recaudación por ese impuesto en los presupuestos de la comunidad de 2013 para que los bancos contribuyan a la situación de crisis por la que estamos atravesando.

IU pretende "una transformación profunda" para ser un partido "de masas" y alternativa al bipartidismo

MADRID.- Las federaciones de IU debatirán a partir del próximo viernes una "transformación profunda" que lleve a la formación a ser un partido de "masas" y una alternativa política al "neoliberalismo bipartidista" que, a su entender, ejercen tanto PP como PSOE en España.

   En un comunicado, IU ha explicado las líneas generales que se debatirán a partir del próximo 14 de diciembre y durante el fin de semana con la celebración de la X Asamblea Federal de la formación, que reunirá a federaciones y militantes del partido.
   Además de los anteriores debates, IU propondrá tambien la organización de "una rebelión democrática" frente a un "golpe de Estado silencioso" que está teniendo lugar en España. En este sentido, este partido buscará "hacer confluir la lucha" de los sindicatos junto con los objetivos de plataformas y colectivos como los del movimiento 15-M.
   Asimismo, también contempla la propuesta de una alternativa económica para los más de cinco millones de personas paradas y ofrecer "una confrontación directa con el capitalismo más salvaje que ha conocido la historia reciente".
   IU considera que se encuentra "frente a una responsabilidad, un compromiso y una oportunidad histórica".
 "En sus más de 26 años de historia pocas asambleas de IU han sido tan trascendentes en relación a una coyuntura de cambios profundos de la sociedad, la política y los espacios políticos en nuestro país", ha señalado.
   La formación ha calificado de "importante paso adelante" la celebración de este encuentro y entiende que es "un claro ejercicio de madurez y de responsabilidad política" el "satisfactorio" cumplimiento por parte de sus militantes y simpatizantes.

Cayo Lara critica que el 80% de la AEAT se dedique a inspeccionar a pymes y autónomos

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, critica que el 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) se dedique a inspeccionar las cuentas de pymes y autónomos cuando el 71,7% de la evasión fiscal la realizan multinacionales, y reclama al Gobierno que destine más recursos humanos a la nueva oficina de lucha contra el fraude internacional.

   Según consta en una pregunta parlamentaria, el presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso no ve "adecuado" que el 80% de la plantilla de la AEAT se dedique a "investigar las irregularidades y fraudes de los autónomos y microempresas, de pequeñas compañías y trabajadores" cuando "el 71,7% de la evasión fiscal se produce en las multinacionales, en las grandes fortunas y grandes corporaciones empresariales".
   Por eso, pregunta al Ejecutivo qué le parecen estas cifras, y también si "considera necesario abordar una reasignación de los recursos humanos de la AEAT para optimizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal".
   En la misma línea, Lara también critica la decisión de asignar 50 empleados de la AEAT a la nueva Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que se encargará de implementar el acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
   A su juicio, esta cifra --aportada por los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)-- es "claramente insuficiente" para hacer frente a un problema de esta magnitud, por lo que pregunta al Gobierno si una plantilla de esas dimensiones le parece "suficiente" para abordar la lucha contra el fraude internacional.