Andalucía sigue en mayo entre las CCAA con un plazo más reducido de pago a proveedores, con 16,8

 SEVILLA.- Andalucía volvió a estar en mayo entre las comunidades autónomas que menos tardaron en pagar a proveedores, con 16,83 días, teniendo en cuenta que en abril el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) quedó en 15,42 días. En cualquier caso, por debajo de la media nacional situada en 25,58 días, 1,63 días sobre el mes anterior.

Las CCAA que presentaron un PMP más elevado son la Región de Murcia (48,24 días), la Comunidad Valenciana (43,58 días), Asturias (31,92 días) y Baleares (31,75 días), que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días.

Por el contrario, Cantabria (13,98 días), Extremadura (14,02 días) y Galicia (14,79 días) terminaron el mes de mayo como las regiones que más rápido pagaron a los proveedores, según ha comunicado este martes el Ministerio de Hacienda.

Le siguieron Castilla-La Mancha (16,62 días), Andalucía (16,83 días), Madrid (18,97 días), Canarias (20,60 días), Aragón (21,27 días), País Vasco (22,44 días), La Rioja (24,54 días) y Castilla y León (25,41 días), que acabaron por debajo del periodo medio de pago. Por encima, estuvieron también en mayo Cataluña (26,33 días) y Navarra (29,04 días).

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el quinto mes del año en 25,11 días, lo que supone un descenso de 0,31 días en relación con el mes anterior, mientras que las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 31,87 días en el mes de mayo.

 En el caso del periodo de pago a proveedores registrado en los Fondos de la Seguridad Social, el dato se ha cifrado en 10,8 días en mayo.

Andalucía paga a los proveedores en un plazo medio de 33,66 días

 SEVILLA.- Andalucía ha registrado un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 33,66 días en octubre de 2024, mes en el que la media nacional se ha situado en los 32,08 días. En concreto, Murcia, Asturias y la Comunidad Valenciana han sido las tres comunidades autónomas con un mayor PMP durante este mes, por encima de los 40 días.

Así se desprende de los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, en los que se vislumbra una disminución de 0,37 días en el PMP de las Comunidades Autónomas en relación con el mes anterior.

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el décimo mes del año en 22,04 días, lo que supone una disminución de 1,86 días, mientras que las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 32,18 días en el mes de octubre. En el caso del PMP de los Fondos de la Seguridad Social, se ha cifrado en 10,07 días en octubre, 0,58 días menos que el mes anterior.

El desglose por comunidades autónomas es el siguiente: Murcia (45,38 días); Asturias (40,71 días); Comunidad Valenciana (40,32 días); Baleares (39,21 días); Castilla y León (34,78 días); Cantabria (33,96 días); Andalucía (33,66 días); Cataluña (33,02 días); Madrid (31,93 días); Navarra (28,46 días); Castilla-La Mancha (28,37 días); La Rioja (26,85 días); Canarias (22,63 días); País Vasco (22,03 días); Galicia (21,14 días); Aragón (17 días) y Extremadura (12,99 días)

En cuanto a la deuda comercial, ésta se cifra en 5.554,7 millones de euros, equivalente al 0,35% del PIB nacional. Ello supone un incremento de 271 millones de euros con respecto al mes anterior, un 5,13% más. 

Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en octubre de 2024, éstos han ascendido a 6.629,1 millones de euros, lo que supone un aumento respecto a octubre de 2023 del 4,25%. De ellos, 3.843,9 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un descenso del 0,14% en relación con el mismo periodo del año anterior.

El Ejido continúa en el ‘podio’ andaluz de los Ayuntamientos que antes pagan a sus proveedores

 EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido continúa siendo uno de los tres consistorios de Andalucía que antes realiza sus pagos. Los últimos datos del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) publicados por el Ministerio de Hacienda, referentes a mayo, así lo atestiguan, situando al Ayuntamiento ejidense en el tercer lugar de la tabla autonómica, con una media de 13,99 días.

 Tercera del ranking andaluz de grandes urbes (tercera de 23), sólo por detrás de Roquetas de Mar y Dos Hermanas (Sevilla), el Ayuntamiento de El Ejido permanece de forma consecutiva desde hace más de 9 años muy por debajo de la media legalmente establecida para el abono de sus obligaciones, que es de 30 días.

Ha conseguido, a base de seriedad y esfuerzo, voltear una situación que era insostenible cuando el actual equipo de gobierno accedió a la gestión municipal. En 2011, el Ayuntamiento ejidense era el que tenía una morosidad mayor en el pago de facturas de todo el territorio andaluz y uno de los más morosos de España.

 En 2012, con el Plan de Pago a Proveedores, se abonaron facturas por casi 120 millones de euros correspondientes a los seis años anteriores de gobierno del PAL, cifra que se ha incremento hasta más de 166 millones teniendo en cuenta las operaciones financieras realizadas en años posteriores para atender también deudas heredadas y que no tuvieron cabida en el primer plan de pago a proveedores.

Estos datos para El Ejido son el resultado de la puesta en marcha de serios mecanismos de control del gasto que han permitido reconducir el rumbo económico del Consistorio, saneándose la tesorería y posibilitándose así hacer frente con rapidez y solvencia a las obligaciones de pago, a la vez que se ha conseguido impulsar de manera significativa el capítulo de inversiones.

No todas las entidades locales andaluzas que aparecen en los datos del Ministerio de Hacienda referentes a mayo se encuentran por debajo de esos 30 días. En concreto, son 13 las que sí cumplen con sus pagos dentro de plazo, mientras que otras 10 se encuentran por debajo, siendo el más lento en pagar el Ayuntamiento de Jaén, que lo hace en una media de 676,55 días.

El Ejido supera con mucho la media de los ayuntamientos de Andalucía, que es de 68,75 días. De hecho, si se eliminara del cálculo aquellos ayuntamientos cuyo PMP supera los 60 días, seguiría estando muy por debajo, porque dicha media se situaría en 27,69 días, prácticamente el doble de los 13,99 que tiene como registro el Consistorio ejidense.

La morosidad con la banca baja en noviembre al 5 % por primera vez en diez años

MADRID.- La morosidad de la banca española, que se mide con el porcentaje de créditos impagados en relación con la financiación total concedida, volvió a reducirse en noviembre, en una décima, y quedó en el 5 %, su nivel más bajo en diez años.

Esto se debió en parte al incremento del volumen total del crédito en vigor, que incluye el concedido por las entidades financieras hasta finales de noviembre, que avanzó hasta 1,205 billones de euros desde los 1,192 billones que sumaba el mes anterior.

Asimismo y según los datos provisionales que ha publicado este miércoles el Banco de España, la mejora de los impagos también obedeció al recorte del saldo de dudosos, que quedó en 60.307 millones de euros frente a los 60.790 millones de octubre.

En comparación con noviembre de 2018, la mora del sector mejoró en poco más de un punto porcentual, ya que entonces se encontraba en el 6,01 %, con un "stock" o volumen de financiación global de 1,224 billones y un saldo de impagados de 73.507 millones.

En el acumulado de los once primeros meses del año, la mora se redujo en 0,81 puntos porcentuales, ya que terminó 2018 en el 5,81 %.

Junto con el dato global que recoge la mora del sector, el Banco de España publica cada mes el porcentaje de impagos agregado de bancos, cajas y cooperativas (cajas rurales), por un lado, y, por otro, el de los establecimientos financieros de crédito (EFC), que financian la compra de grandes bienes de consumo.

La mora conjunta de bancos, cajas y cooperativas registró una evolución similar a la global, pero en este caso bajó del 5 % por primera vez en diez años.

Con respecto al mes anterior, los impagos se redujeron en 0,85 puntos, ya que cerraron octubre en el 5,09 %, debido al recorte de 500 millones de los créditos dudosos, que quedaron en 57.286 millones, para un volumen de financiación de 1,149 billones, superior a los 1,136 billones del mes anterior, lo que también mejoró el porcentaje.

En comparación con un año atrás, la mora de ese grupo de entidades mejoró en 0,85 puntos, ya que ese mes se situaba en el 5,84 %, aunque los impagos eran 10.000 millones superiores a los de noviembre, mientras que los créditos habían variado menos y sumaban 1,150 billones.

Por último, en los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), especialistas en financiar grandes bienes de consumo, la mora repitió registro en noviembre por tercera vez consecutiva, el 5,46 %, para una cartera crediticia que superó los 49.000 millones frente a los 48.663 millones de octubre.

Los créditos dudosos de estos establecimientos también subieron ligeramente en un mes, hasta los 2.676 millones, desde 2.657 millones, mientras que el indicador empeoró en un año, ya que se encontraba en el 5,15 %.

El máximo histórico de la morosidad del sistema financiero español alcanzó el 13,61 % en diciembre de 2013, en plena crisis económica y financiera, con lo que ya está 8,61 puntos porcentuales por debajo.

Deudas económicas pendientes: ¿cuándo prescriben y ya no se tienen que pagar?

MADRID.- La actividad económica de cualquier persona implica endeudarse con otras personas o entidades, bien por la hipoteca, créditos al consumo o por cuestiones que repercuten importes muchos menores. En cualquier caso, se genera un deber sobre el prestamista, pero este deber, derecho de cobro para quien presta, no dura para siempre y transcurrido el plazo de prescripción no se podrá reclamar el pago de la deuda.

¿Cuál es el plazo para que se extinga la obligación de pago? La respuesta varía según a qué responda la deuda, importes como la hipoteca o los pagos a las Administraciones Públicas tienen un plazo de prescripción fijado, pero en caso de no estar estipulado el Código Civil lo regula. En concreto, este ordenamiento establece que las "acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley", especificando que las "acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación". 

Las deudas generadas por un préstamo hipotecario son las que más tardan en prescribir. En concreto, se establece en 20 años desde el vencimiento que inicialmente se haya fijado en el préstamo. El resto de deudas contraídas con entidades financieras tienen un plazo de prescripción de 5 años. 

En el caso de deudas generadas por el impago del alquiler, ya sean de fincas urbanas o rústicas, la obligación de pago vence en el plazo que se estipule en el contrato, si no se acuerda nada, según establece el Código Civil, vencerán transcurridos cinco años, el mismo período necesario para la prescripción de las deudas generadas por el impago de pensiones alimenticias.

Las deudas contraídas con las Administraciones Públicas quedan reguladas en la Ley General Tributaria. Ya sea un importe pendiente con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social, así como las sanciones pendientes precisamente por el impago de alguna cuota, vencen transcurridos cuatro años.

Pero no basta con que transcurra el plazo estipulado. Para que se produzca la prescripción de la deuda se deben dar dos situaciones. En primer lugar que el acreedor no haya ejercido ninguna acción extrajudicial ni judicial, por ejemplo al enviar una carta o requerimiento notarial que exija el pago. Esto implica, que en caso de reclamación por parte del acreedor el plazo para que prescriba la deuda se interrumpe.

Igualmente, para que se produzca la prescripción el deudor no podrá haber reconocido ni explícita ni implícitimente el importe pendiente de pago. Si se cumplen ambas condiciones, una vez transcurrido el tiempo específico según cada deuda, la obligación de pago caducará.

La morosidad bancaria cae al 5,10%, su nivel más bajo en casi una década

MADRID.- La morosidad de la banca española siguió mejorando en octubre y cayó cuatro centésimas, al 5,10%, su nivel más bajo en casi una década, igual que la mora hipotecaria, que se redujo al 3,62%, el mínimo desde junio de 2012, justo cuando el sector tuvo que ser rescatado por la Unión Europea.

La mora de los créditos al sector promotor e inmobiliario también disminuyó hasta el 6,81% y fue la más baja desde diciembre de 2008, muy lejos ya del máximo del 38% alcanzado en junio de 2014 por este sector, cuyo exceso de desarrollo causó la burbuja inmobiliaria que fue uno de los detonantes de la crisis económica y financiera.

Según los datos publicados este lunes por el Banco de España, referentes a octubre en el caso de la morosidad global y al tercer trimestre en cuanto a la sectorial, el volumen total del crédito en vigor se redujo ligeramente, hasta 1,192 billones de euros, frente a los 1,195 billones del mes anterior.

También bajó el saldo global de impagados, hasta los 60.790 millones de euros, 715 millones menos que en septiembre.

En cuanto al sector hipotecario, el crédito destinado a la compra y rehabilitación de una vivienda se redujo a 508.745 millones a cierre de septiembre desde los 512.506 millones de junio, mientras que los impagos de esta cartera retrocedieron hasta 18.435 millones frente a los 19.942 millones de junio.

El máximo histórico de la mora hipotecaria, el 6,32%, se alcanzó en marzo de 2014, en plena crisis económica y financiera, en tanto que el pico de la morosidad global fue un poco antes, en diciembre de 2013, poco después del rescate de la banca, y se elevó al 13,61%, con lo que ya está 8,51 puntos por debajo.

En comparación con los datos de un año antes, octubre de 2018, el porcentaje de la mora global mejoró en casi un punto desde el 6,08% registrado entonces, con un volumen total de crédito de 1,214 billones y un saldo de impagados de 73.870 millones.

Junto con el dato global, el Banco de España publica cada mes la morosidad agregada de bancos, cajas y cooperativas (cajas rurales), por un lado, y, por otro, la de los establecimientos financieros de crédito (EFC), que financian la compra de grandes bienes de consumo.

La mora conjunta de bancos, cajas y cooperativas bajó en octubre hasta el 5,09% desde el 5,13% del mes anterior, un nivel que no se registraba desde diciembre de 2009.

Los créditos dudosos bajaron hasta 57.786 millones, frente a los 58.487 millones de septiembre, para un volumen de créditos de 1,136 billones, inferior a los casi 1,140 billones del mes anterior.

En comparación con un año atrás, la mora de ese grupo de entidades mejoró en un punto porcentual, ya que ese mes se situaba en el 6,10%, aunque en esa fecha los impagos eran muy superiores a los actuales, ya que acumulaban 70.718 millones y los créditos, 1,158 billones.

En cuanto a los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), especialistas en financiar grandes bienes de consumo, la mora repitió registro en octubre, el 5,46%, para un volumen de financiación de 48.663 millones, algo inferior a los 48.917 millones de septiembre.

Los créditos dudosos de estos establecimientos también bajaron, hasta los 2.657 millones, desde los 2.670 millones del mes anterior.

Casi 90 días para cobrar de una empresa privada en España

MADRID.- El periodo medio de pago entre empresas privadas (B2B) se establece en 89 días, doce días más de los 77 que registraban en 2016, y 29 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y las micropymes las que antes pagan a sus proveedores. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las grandes empresas las que más tardan en pagar las facturas pendientes (122 días de media).

Estos datos han sido elaborados con las respuestas de las encuestas realizadas a los socios y autónomos durante el último mes. Los autónomos en noviembre de 2019 han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 61 días de plazo, es decir, un día más tarde de lo que se establece como fecha máxima en la Ley de Morosidad.
Por primera vez incumplen los plazos máximos establecidos por la Ley de Morosidad, aunque son los que antes pagan ya que son los más conscientes de lo que supone un retraso en los cobros de factura con otro autónomos.
Las micropymes pagan sus facturas en 70 días. Las pymes o pequeñas empresas pagan de media en 76 días y a partir ahí es cuando se dispara la espera de las empresas para cobrar de otras empresas. Las medianas empresas tardan de media unos 116 días en pagar y las grandes 130 días, más de cuatro meses, cuando la Ley establece como máximo dos.
Si además comparamos la evolución con el mismo estudio de hace tres años podemos resaltar que la espera se ha incrementado de media en el pago entre empresas en casi dos semanas (12 días) y que sólo las grandes empresas han podido reducir en una semana la espera.
Son 8 días menos de media de espera ya que en 2016 pagaban a 130 días de media, pero eso no alivia la gran carga que supone que tarden actualmente cuatro meses en pagar las facturas a trabajos realizados para ellas por otras empresas, por regla general mucho más pequeñas y con menos poder de aguante ante los impagos.
En los últimos tres años, la que más ha incrementado el tiempo de espera de otras empresas y autónomos para cobrar sus facturas es la mediana empresa que ha sumado 22 díaS.
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA ha podido constatar también el periodo medio de pago entre empresas y por comunidad autónoma en virtud al estudio realizado a través de encuestas por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA. Esta vez, sin distinguir entre el tamaño de las empresas.
Así, son las empresas de Extremadura las que más tardan, de media, en pagar a otras empresas y suman un retraso medio de 98 días, es decir, tres meses y una semana. Le sigue liderando esta lista de las que más tarde pagan a sus proveedores las empresas afincadas en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha con 97 días de media de espera y Murcia con 96.
Sin embargo las empresas afincadas en Canarias y Asturias son las que más han incrementado los periodos medios de pago en los últimos tres años, pasando de 68 a 89 días en el caso de C-LM y de 67 a 88 en el de Canarias en tres años. Ambas han sumado 21 días al periodo medio de pago, 21 días más tarde que en 2016 y pasando de estar muy cerca de cumplir la ley a pagar en tres meses las facturas a sus proveedores.
Las empresas de Navarra son las que antes pagan de media, aunque tardan 78 días, lo que incumple la Ley de Morosidad y las de Islas Baleares, que lo hacen en 79. Esta última comunidad autónoma paga sus facturas sólo dos días después que en 2016. La única comunidad autónoma cuyas empresas no han incrementado sus periodos medios de pago es Cataluña.
"Tanto en la administración pública, como hemos visto en anteriores informes, como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos de pago con los autónomos y empresas más pequeñas. Y si los autónomos y pequeños empresarios han incrementado unos días sus periodos medios de pago es por lo mal que ellos cobran de las administraciones y de las grandes empresas. La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley de manera sistemática y asidua", afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.
"Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago de su trabajo en tiempo y forma", añade.

La parálisis política fuerza a comunidades autónomas y municipios a retrasar los pagos a los autónomos

MADRID.- Las comunidades autónomas han aumentado los plazos de pago a sus proveedores por las tensiones de tesorería, según han constatado desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). La organización mayoritaria entre este colectivo ha analizado los periodos medios de pago de las administraciones públicas, así como su evolución en el último mes con datos (julio). 

En concreto, ha constatado que en la administración central no han variado los tiempos de pago (30 días justos, lo establecido por Ley). Sin embargo, a nivel autonómico o local «no sólo se siguen incumpliendo sino que lo han incrementando en un mes» pasando de 36 a 39 días de media a nivel regional y de 66 a 67 días en el ámbito local. 

En este sentido, desde ATA su máximo responsable Lorenzo Amor, ha explicado que «algunas administraciones regionales ya lo habían avisado» y pauntado que «cuando conozcamos los datos de agosto se periodos de pago se volverán a incrementar». 

Al hilo de lo anterior, Amor ha exigido «una solución urgente para que el Estado pague a las comunidades lo adeudado» y recordado que precisamente la morosidad está en la causa de la mortalidad empresarial.

Según los datos analizados por ATA, la media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas de junio a julio de 2019 han crecido en 3 días, y en julio se pagan las facturas 9 días por encima de lo que marca la ley. 

Entre los mejores pagadores, han destacado Andalucía, Canarias y Galicia (17 días), País Vasco (22 días) y Navarra (24 días). Es relevante el caso de Andalucía, porque ha reducido en un día el periodo medio de pago en un mes (junio 2019-julio 2019) y País vasco ha hecho lo propio pasando de 23 a 22 días. 

Y sin embargo el resto de comunidades han incrementado ese plazo o mantenido como en el caso de Navarra. Así Galicia ha sumado 3 días de espera a su periodo medio de pago y Canarias 2 días (de 15 a 17 días).

La comunidad que más ha retrasado el periodo medio de pago ha sido Baleares, que en un mes, ha pasado de 29 a 41 días, sumando casi dos semanas a la espera de los proveedores (12 días exactamente).

 Todavía lejos de las administraciones peor pagadoras que son Murcia y Cantabria con 58 días que ha sumado una semana más a sus plazos medios de pago con sus proveedores en un mes.

La mora hipotecaria baja al 4,07 % en el primer trimestre, hasta mínimos de 2012

MADRID.- La morosidad de los créditos concedidos para la compra de una vivienda cayó en el primer trimestre de 2019 hasta el 4,07 %, lo que supone mínimos desde septiembre de 2012, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

Igualmente, la morosidad de los créditos concedidos al sector promotor e inmobiliario también se redujo entre enero y marzo de este año hasta el 8,67 %, la tasa más baja desde junio de 2009.

El Banco de España ha dado a conocer hoy estos datos correspondientes al primer trimestre del año, junto a la tasa de morosidad total de las entidades financieras que operan en España -bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito-, que cayó en abril hasta el 5,70 %, con lo que se mantiene en mínimos de 2010.

Tal y como indican los datos del Banco de España, tanto la tasa de morosidad del total de la cartera crediticia de la banca, como la específica de los créditos destinados a la adquisición de vivienda o a las actividades de promoción inmobiliaria se ha reducido.

El crédito destinado a la compra y rehabilitación de una vivienda bajó en el primer trimestre del año hasta los 513.593 millones de euros, frente a los 514.668 millones registrados al cierre de 2018.

Dentro de esta cartera, las hipotecas morosas o impagadas también se redujeron hasta los 20.884 millones de euros, desde los 21.247 millones registrados en el último trimestre de 2018.

De esta manera, la morosidad de los créditos destinados para la compra de una vivienda se han reducido hasta mínimos desde hace casi siete años.

En marzo de 2014, en plena crisis financiera, la morosidad hipotecaria alcanzó máximos históricos al situarse en el 6,32 %.

Por las mismas fechas, en junio de 2014, la morosidad del sector promotor e inmobiliario también se disparó hasta máximos históricos, hasta alcanzar tasas superiores al 38 %.

Al cierre del primer trimestre de 2019, dicha tasa se sitúa muy lejos de esa cota, en el 8,67 %.

Según los datos del Banco de España, el crédito concedido por las entidades financieras a las empresas del sector promotor se redujo hasta los 87.409 millones de euros, frente a los 87.988 millones de cierre de 2018.

De ese volumen (87.409 millones de euros), 7.582 millones eran dudosos, una cantidad también inferior a los 8.463 millones registrados durante el trimestre anterior.

La Abogacía Española crea el primer registro de impagados judiciales

MADRID.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega,presentó este lunes el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), un fichero de morosidad pionero en nuestro país para recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por abogados y abogadas previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro.

Este registro supone una novedad en la lucha contra la morosidad y posiciona a España a la vanguardia de la innovación y adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías.

Según explican desde el CGAE, con esta nueva apuesta por los sectores fintech y legaltech, la Abogacía pone a disposición de los 150.000 abogados españoles una herramienta de trabajo de uso gratuito para la profesión (sólo tendrá un pequeño coste para el cliente por el alta de la deuda si bien la consulta será totalmente gratuita), que supone una innovación revolucionaria en nuestro país que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan las sentencias firmes. Además, dotará de mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.

Todo ello cumpliendo con la nueva Ley General de Protección de Datos, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica.

Resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, son objeto de este nuevo registro con validez en toda España.

Por otro lado, y por primera vez los abogados contarán con un registro para consultar datos sobre impago de honorarios de letrados.

En la presentación, Ortega estuvo acompañada del presidente de la consultora multinacional de negocio Everis, Eduardo Serra; del consejero delegado de la compañía de información de empresas Informa D&B, Juan María Sainz; del socio fundador y primer directivo de la start up granadina Icired, Enrique Rodríguez Zarza; y del tesorero del CGAE, Rafael Bonmatí. 

La empresa que se encargará de gestionar este registro de impagados es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española RedAbogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, Icired, con Informa D&B y Everis como socios de este proyecto.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 

Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 

Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.

En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).

El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 

Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Un registro permitirá conocer los bancos con impagos en comunidades de propietarios

SEVILLA.- El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas va a crear un registro público de cuotas impagadas en comunidades de propietarios por parte de las entidades bancarias, de tal forma que se pueda tener conocimiento público de los bancos con mayor morosidad en las comunidades de propietarios, al igual que cuando los ciudadanos tienen deudas y forman parte del registro de morosos.

   Esta ha sido una de las medidas que el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas va a llevar a cabo y que su presidente, Rafael Trujillo, y su homólogo en Sevilla, Rafael del Olmo, han trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con quien han mantenido una reunión este martes ante la creciente preocupación por el incremento de morosidad que las entidades financieras están adquiriendo con las comunidades de propietarios y que, según estiman, alcanza los 46 millones de euros.

   Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas va a realizar un informe jurídico para que el Defensor del Pueblo Andaluz lo pueda presentar en la oficina de la Defensora del Pueblo en Madrid, en el que se detalle las reformas solicitadas tanto en la Ley de Propiedad Horizontal como en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

   En este sentido, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas vienen trasladando a las instituciones públicas la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 9.1. apartado e) según la cual el adquiriente de una propiedad responde de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales adquiridas por el anterior propietario, que es de dos anualidades. La propuesta es ampliar este proceso de afección real de dos a cuatro años.

   De igual forma, el Consejo Andaluz va a poner en marcha, con un proyecto piloto en el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla en un plazo no superior a dos meses, un Servicio de Asesoramiento Básico Gratuito a aquellas comunidades con escasos recursos para que sepan gestionar su morosidad. Así, la figura del administrador de fincas colegiado, gracias a este compromiso social, adquiere un valor añadido a los servicios que ya presta de por sí.

   Finalmente, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha mostrado su preocupación por el problema del pago de las tasas de las demandas de morosidad en las comunidades de propietarios, cuyo coste asciende, como mínimo, a cien euros, no pudiendo todas ellas hacer frente a este pago de manera continuada.

   Del Olmo ha señalado que como consecuencia de la crisis financiera y del sector inmobiliario, un "ingente" número de promotoras, constructoras y en menor medida, familias, no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, razón por la que las entidades financieras, tras los desahucios ejecutados, pasan a ser propietarios de un elevado número de inmuebles, en especial, viviendas y locales.

   "La situación crítica de algunas de estas entidades, junto con las enormes dificultades que tienen para hacer frente a la gestión de estos activos, provocan que no estén cumpliendo, puntualmente, con sus obligaciones económicas con la Comunidad de Propietarios", ha subrayado.

La FEMP negocia incluir a los Ayuntamientos en los primeros puestos de la relación de pagos del nuevo FLA

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno están manteniendo conversaciones para que en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013 los Ayuntamientos aparezcan en los "primeros puestos" de la relación de pagos que las Comunidades Autónomas deben realizar con el dinero que reciban de dicho fondo.

   Así lo ha confirmado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien asimismo se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que finalmente el Gobierno opte por esta fórmula para facilitar que las CCCA salden sus deudas con los Ayuntamientos.

   "El Gobierno está siendo muy receptivo de cara a establecer esa nueva relación de gastos con cargo al FLA, al considerar que existe una cuestión de justicia ligada a eso", ha asegurado, para recordar que los Ayuntamiento son "uno de los grandes proveedores de determinados servicios de las Comunidades Autónomas".

   Según De la Serna, este cambio es necesario porque el hecho de que en el anterior Fondo de Liquidez los Ayuntamientos aparecieran "en último lugar" provocó que el dinero solicitado por las Comunidades no fuera suficiente para hacer frente a sus deudas con los municipios, que "en su conjunto" rondan ya, tal y como ha estimado el presidente de la FEMP, los 2.000 millones de euros.  

   "El problema no era tanto el volumen o el importe que el Gobierno ponía a disposición de las Comunidades Autónomas, sino que las Comunidades habían solicitado importes por valores inferiores, y que al haber una lista con una relación numerada, nos habíamos quedado fuera", ha explicado.

   Aunque De la Serna ha matizado que todavía no tienen la confirmación de que esta vaya a ser la fórmula elegida para garantizar que parte del dinero que reciban las CCAA del FLA lo dediquen a pagar sus deudas con los Ayuntamientos, sí ha reconocido que "el Gobierno está siendo dialogante" y que espera que esto sea así.

   "Hay que poner de ejemplo la actitud que está manteniendo este Gobierno  de dialogo en todas estas cuestiones y reformas. Está siendo muy receptivo con este clamor de los municipios, porque lo que ocurre es que muchos no pueden pagar a sus proveedores al no tener esas deudas pagas", ha alabado.

Los autónomos encabezan el ranking de sectores con más perdidas por impagos

MADRID.-   Los servicios profesionales, colectivo que engloba a autónomos, abogados, arquitectos o ingenieros, ha reducido este ejercicio sus pérdidas por impagos del 4,5% al 4,2% actual, coyuntura que, sin embargo, no ha impedido que repita un año más en la primera posición del ranking de pérdidas por impagos en Europa, según un estudio elaborado por la firma sueca Intrum Justitia.

   Por su parte, en la cola del ranking sigue apareciendo el sector utilities (gas, agua y energía) con un 1,8%, aunque este año registra un incremento después de cuatro años de estabilidad en el 1,5%.

   En términos generales, la media europea de pérdidas por impagos se ha incrementado hasta el 2,8%, un porcentaje que registra una tendencia al alza desde 2007 cuando la media era del 1,9% (2,7% en 2011, 2,6% en 2010 y 2,4% en 2009). Este porcentaje se traduce en unas pérdidas por impagos de 340.000 millones de euros, según apunta el informe.

   Así, uno de cada dos autónomos afirma tener problemas de liquidez debido a la morosidad y el 53% indica que se ha incrementado el retraso en el pago por parte de sus clientes. Según el estudio, el retraso en el pago "es mayor en el sector público y empresas", puesto que tardan 15 días después de la fecha de vencimiento, hasta alcanzar los 45 días.

Las administraciones públicas adeudan 5.500 millones a los autónomos

MADRID.- Las administraciones públicas deben actualmente a los trabajadores autónomos en torno a 5.510 millones de euros, que corresponderían a las deudas acumuladas desde enero hasta finales de noviembre de 2012 así como a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores, según el observatorio del trabajo autónomo de ATA.

   La Federación de Autónomos agrega también que los entes públicos tardan un tiempo medio de 163 días en pagar las facturas atrasadas al colectivo de autónomos y pymes, por lo que denuncian que "se está incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la Unión Europea, que obligará a las administraciones en 2013 a pagar en 30 días".

   En concreto, la encuesta realizada por la patronal de autónomos revela que cuatro de cada diez autónomos (40,5%) tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 11,8% cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.

  El análisis apostilla que las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas, como refleja que la deuda ascienda a 922 millones de euros en este territorio, un 16,7% del total de la deuda española total con los autónomos.

   Las siguientes administraciones públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de Andalucía (789 millones de euros, un 14,3% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (772 millones de euros, un 14%) y Madrid (558 millones de euros, un 10,1% del total ). Así, las administraciones públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 55,1% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.

   De su lado, los entes de Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 48 y 35 millones de euros, respectivamente, lo que representa un 0,9% del total de la deuda española en el caso de la primera y un 0,6% en el de la segunda.

   Al desglosar los plazos medios de pago por comunidades autónomas, los entes públicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 167 días en ambas comunidades.

  Por encima de la media autonómica nacional - 163 días - también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días, y Castilla La Mancha y la Región de Murcia, ambas con 164 días  de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos.

    En cuanto al tiempo medio de cobro por territorio, las administraciones catalana y valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional, con una media del periodo de pago de facturas atrasadas que se acerca a los 167 días. Por encima de la media autonómica nacional también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días.

   Las administraciones asturianas mantienen la media de pago nacional con sus autónomos, concretamente los trabajadores por cuenta propia del Principado tardan 163 días, de media, en recibir el pago de las facturas que les son adeudadas. Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan Canarias (151 días), Aragón (145 días) o Cantabria (139 días).

   Por su parte, los organismos públicos de La Rioja (55 días), Navarra (51 días) y País Vasco (49 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes "y las que más se acercan a la Ley de Morosidad", recuerdan.

   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, las administraciones públicas con este volumen de deuda a los autónomos "continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas".

El Gobierno abona más de 1.100 millones en facturas pendientes de proveedores

MADRID.- El Gobierno central ha abonado más de 1.100 millones de euros en facturas pendientes de proveedores de las nueve comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

   Esta cantidad corresponde al segundo de los tres tramos del FLA destinado a Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Asturias y Cantabria. De esta forma, la deuda de estas regiones con proveedores se ha reducido un 49,9% durante este ejercicio.

   El plan de aplicación del FLA, remitido a las comunidades autónomas el pasado 25 de septiembre, especificaba que los importes percibidos por las regiones del FLA deberían destinarse obligatoriamente al pago de determinados conceptos.

   En primer lugar, hacer frente a los pagos de sus vencimientos de deuda pública, tanto de principal como de intereses, y posteriormente, las cuantías dirigidas a cubrir las necesidades de financiación del déficit público autorizado, tienen como destino obligatorio el pago de proveedores.

La recesión multiplica las deudas de empresas y familias con las CCAA

MADRID.- Lo  ‘normal’ es que las administraciones territoriales -comunidades y ayuntamientos- tarden mucho en pagar a sus proveedores. Pero lo que realmente es novedoso es que sean las familias y las empresas quienes acumulen cuantiosas deudas con la Administración. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en la actualidad. Sin duda, por el deterioro de la renta disponible de los agentes económicos derivada de la recesión, dice hoy 'El Confidencial'.

Según los datos remitidos por los 17 gobiernos regionales a Hacienda, los derechos pendientes de cobro -lo que el sector privado debe a las haciendas autonómicas- han aumentado durante los primeros nueve meses de este año en 5.875 millones de euros. De esta cantidad, el 45% tiene que ver con retrasos en el pago de impuestos, y el resto procede de conceptos no estrictamente tributarios. 

Esta cifra, sin embargo, hay que minorarla debido a que las haciendas autonómicas han logrado recuperar 1.893 millones procedentes de ejercicios anteriores. En todo caso, las deudas rozan los 3.100 millones de euros. Andalucía es, con diferencia, la comunidad que cuenta con mayores dificultades para cobrar. La deuda de los andaluces con la Junta ha crecido en 1.275 millones de euros en lo que va de año, y a continuación se encuentra País Vasco (966 millones). Tan sólo en Canarias y La Rioja ha bajado algo, pero de forma irrelevante. En los dos casos por debajo de los 25 millones. 

Esta cantidad contrasta con la evolución de lo que adeudan las comunidades autónomas a sus proveedores, que está bajando de forma relevante. En concreto, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago -lo que debe el sector público al privado- ha descendido en 5.816 millones hasta septiembre. En este caso, la variación tiene que ver con el Plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, que ha supuesto un antes y un después. 

Las mejores regiones

Los datos aparecen en la ejecución mensual presupuestaria remitida por los gobiernos regionales a Hacienda, y ponen de manifiesto que tres comunidades -Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid- llevan el peso del proceso de puesta al día de sus pagos a proveedores. En los dos primeros casos, por encima de los 1.540 millones de euros, y en el tercero 1.237 millones. Por el contrario, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago han crecido a lo largo de 2012 en tres regiones: Comunidad Valenciana (620 millones); Castilla y León (203 millones) y Murcia (111 millones), que han visto aumentar sus deudas pese al plan de pago a proveedores.

La información de Hacienda  es relevante porque supone la foto más actual -la información se hace pública de forma trimestral- sobre la liquidez de las comunidades autónomas, y revela que las obligaciones pendientes de pago de los gobiernos regionales asciende a 30 de septiembre a 12.988 millones de euros. La cantidad, como se ha dicho, representa un fuerte descenso respecto  a años anteriores gracias al plan de pago a proveedores.

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

El PP-A culpa a la Junta del cierre de las guarderías, motivado por los "impagos" del Gobierno andaluz

EL EJIDO.- El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha culpado este domingo a la Junta de Andalucía del cierre de las instalaciones previsto por los centros infantiles y guarderías para este lunes, ya que se debe a los "impagos" del Gobierno andaluz. 

   Así lo ha trasladado Sanz en su intervención durante el XII Congreso Provincial del PP de Almería, celebrado en El Ejido, en la que ha explicado que se va a ver "un ejemplo más" en el que "miles de familias y de niños" se van a ver "con las puertas de las guarderías cerradas".

 "Este es el Estado de Bienestar que dice el PSOE que defiende", ha recriminado Sanz.

   La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha convocado de 11,00 a 13,00 horas de este lunes una concentración ante el edificio Torretriana de Sevilla, sede de la Consejería de Educación andaluza, que supondrá el paro parcial de actividad en las guarderías de la comunidad autónoma, movilización que el colectivo apunta que suscribirán en torno a un 80 por ciento de los centros asociados.

La mora de los promotores alcanza el máximo histórico del 22,9%

MADRID.- La tasa de morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias alcanzó el 22,8% en el primer trimestre, con 67.421 millones de euros, la cifra más elevada la historia, según datos del Banco de España.

   De esta forma, mientras persiste la sequía del crédito para la compra de viviendas, la mora de los promotores se ha más que triplicado desde 2008, año en el que alcanzó los 19.416 millones de euros, iniciando una progresión ascendente que aún no ha finalizado.

   Así, el dato al cierre de este primer trimestre supera en más de siete puntos porcentuales el del mismo periodo de 2011 (15,2%) y refleja que estas empresas afrontan también un 2012 complicado.

   En datos absolutos, el saldo de préstamos dudosos en el apartado de actividades inmobiliarias se situó en marzo en 67.421 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 5.000 millones de euros respecto al cierre de 2011 y de casi 20.000 millones respecto a marzo de 2011.

   Al mismo tiempo, los créditos totales para actividades inmobiliarias alcanzaron los 295.696 millones de euros, un 0,8% menos que al cierre de 2011, y un 5,2% inferior al primer trimestre del pasado año.

   Asimismo, la tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria alcanzó en el primer trimestre el 3%, tres décimas por encima del nivel alcanzado en 2011, del 2,7%.

   El saldo de créditos hipotecarios dudosos alcanzó a cierre del pasado trimestre 18.326 millones de euros, mientras que el saldo total de préstamos para la compra de vivienda con garantía hipotecaria cerró en 608.763 millones.

   Así, los créditos hipotecarios se han reducido un 0,6% respecto al cierre de 2011 y un 0,9% en relación a los suscritos en el primer trimestre del pasado año, en claro reflejo de la caída de las compraventas de viviendas que, a su vez, está detrás de las dificultades por las que atraviesan los promotores.

   Este ratio de morosidad hipotecaria se mantuvo por debajo del 1% hasta marzo de 2008. A partir de junio de ese año comenzó a registrar un mayor repunte, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis, y a cierre de ese mismo ejercicio ya superaba el 2%.

   El mayor incremento se produjo precisamente en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y en 0,50 puntos porcentuales. Desde 2009 la morosidad hipotecaria continuó su ascenso, aunque más moderado, ya que se situó en el entorno de las tres décimas.