La Junta insta al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos"

ALMERÍA.- El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha instado al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos del Poniente" tal y como tenía comprometido a través del convenio que firmó con el Gobierno andaluz por el que "se comprometía a surtir agua desalada y a dejar de bombear de los pozos de Bernal, de El Ejido". 

   Ortiz Bono ha indicado que desde que comenzó a funcionar en 2006, "apenas rinde al 20 por ciento de su capacidad, por lo que el Ayuntamiento sigue surtiéndose principalmente de los pozos de Bernal, y contribuyendo así a la sobreexplotación de los acuíferos del Poniente".

   El Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía suscribieron un convenio de colaboración el 14 de julio de 1999 para la finanaciación de las obras de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar por el que el 85 por ciento de la inversión lo asumía el Ministerio de Economía con fondos de Cohesión de la Unión Europea mientras que el 15 por ciento restante lo asumía la Junta de Andalucía "a pesar de que la competencia del abastecimiento es municipal".

   Así, apunta a que si bien la inversión prevista inicialmente era de 35,2 millones de euros, los modificados de obra y liquidaciones elevaron la elevaron a algo más de 47 millones, cuando "el encargado de la licitación y adjudicación de la obra fue el Ayuntamiento". La finalidad de la desaladora es la de dejar de extraer del acuífero "sobreexplotado" del Campo de Dalías, por lo que obtuvo financiación europea.

   "El hecho de que se disponga de una desaladora con capacidad para desalar hasta 20 hectómetros cúbicos, y que sólo desalen unos cinco supone un despilfarro del dinero público de casi 50 millones de euros de fondos comunitarios y de todos los andaluces", ha remarcado Ortiz Bono, quien además ha señalado la "insolidaridad" del Ayuntamiento con los municipios del Poniente "que tienen dificultades para abastecer a sus poblaciones que lo están pasando mal, sobre todo Vícar, Roquetas de Mar y El Ejido".

   Considera que también es una "muestra de insolidaridad" con los regantes, "que ven cómo cada día empeora la calidad de las aguas subterráneas para riego mientras el Ayuntamiento de Almería deja sin poner el marcha la desalinizadora y extrae más de diez hectómetros cúbicos de agua al año según sus datos, puesto que ni siquiera tiene instalados contadores para medir el agua que bombea".

   Además, la "infrautilización" de la planta de Almería "contrasta con el hecho de que en el Poniente, en Balerma, se esté construyendo una desaladora para atender las necesidades de riego de la zona, inversión que también se está haciendo con fondos públicos".

   El delegado ha recordado además al Ayuntamiento la necesidad de regularizar su situación respecto de las fuentes de suministro para sus ciudadanos, ya que debe solicitar concesión tanto para el agua subterránea como para el agua desalada que está ya utilizando. Asimismo, es preciso que se adapte a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre "y al que el Ayuntamiento de Almería no ha formulado ninguna alegación".

   En este documento, según ahonda la Junta, se establece la planificación hidrológica para los próximos 15 años, de forma que en el horizonte 2015 el agua subterránea que le corresponde a Almería es, como máximo, 3,5 hectómetros cúbicos, mientras que en 2027 sería de 1,8 hectómetros cúbicos.

   Así las cosas, el delegado asegura que el Consistorio almeriense "tiene la obligación de adaptarse a esta norma de obligado cumplimiento y debe dar ejemplo tanto de respeto a las normas como de un buen uso de los fondos públicos que se emplearon en la desaladora además de ser solidario con el resto de usuarios del Poniente y consecuente con las obligaciones medioambientales que aceptó cuando decidió construir la desaladora con fondos europeos y del presupuesto  de la Junta de Andalucía".

   Ortiz Bono recomienda así "en base al principio de lealtad institucional y de cooperación", que este asunto quede resuelto en el documento del PGOU que va a someter a informe, puesto que "solo podrá obtener todos los beneplácitos de la Junta de Andalucía si se adapta a la normativa en vigor".