SEVILLA.- El Defensor del Menor en Andalucía, José
Chamizo, ha abierto una queja de oficio para conocer el impacto en
menores que son víctimas de lanzamientos de sus viviendas e intentar
investigar la entidad del problema. Pero, sobre todo, la Defensoría
quiere conocer con esta iniciativa las respuestas que se deben poner en
marcha para amortiguar estos efectos "en quienes más sufren la pérdida
de sus viviendas".
La Oficina del Defensor ha anunciado esta actuación de oficio con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, un elenco de pronunciamientos
para la dignidad del ser humano que la crisis "hace peligrar" en
Andalucía, porque esta situación de crisis "es la peor amenaza para el
conjunto de derechos y libertades que esta comunidad ha venido
construyendo a lo largo de las últimas tres décadas", indica a través de
un comunicado colgado en su portal web.
En este sentido, señala que la situación de "grave" crisis
económica "provoca un efecto expansivo de la pobreza", con una inmersión
de sectores "muy importantes" de la población "hacia situaciones de
insuficiencia de recursos propios que afecta de inmediato a la propia
unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos que estallan
contra la estabilidad de las familias".
"La crisis se expande entre
segmentos sociales, pero también profundiza sus efectos porque los
sistemas públicos de cobertura y protección disminuyen o desaparecen",
lamenta.
"Y nos preocupan muy particularmente los menores", continúa en
dicho comunicado el Defensor. Así, se refiere a datos de Unicef que
indican que, en España, "el 13,7 por cien de las personas menores de 18
años vive en hogares con un nivel de pobreza alta", una cifra que
muestra "la gravedad de la situación: hay más niños pobres, y además de
crecer en número aumentan sus carencias". "Podemos decir que esta
pobreza tiene rostro de niño y que todas las previsiones coinciden en un
agravamiento de esta incidencia infantil", advierte.
Pero, continúa, "existe otro factor esencial que está arrastrando
con sus efectos unos daños muy especiales en estos niños, como es la
pérdida sobrevenida de la vivienda", con lo que "no resulta difícil
imaginar los efectos que se producen", porque los menores "pierden su
elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida
y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su
lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su
vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano".
"Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las
personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más
duros", asegura Chamizo.
Y, sin embargo, se pregunta, "poco sabemos de la dimensión de este
problema. ¿Cuántos niños se están viendo lanzados junto a sus padres de
las viviendas? ¿Su presencia es un factor condicionante en los procesos
judiciales? ¿Actuamos igual o, por el contrario disponemos de recursos
específicos cuando estén menores afectados?".
Así las cosas, el Defensor del Menor de Andalucía ha anunciado una
próxima actuación de oficio para dar a conocer esta situación e
intentar investigar la entidad del problema. Dicha actuación se dirigirá
a la Consejería de Salud y Bienestar Social para investigar las medidas
de lucha contra la pobreza en el sector de la infancia.
Pero, agrega, "también queremos conocer de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP), como entidad representativa de los
municipios andaluces, la posible existencia de protocolos de atención
social de emergencia para atender estas situaciones con menores
implicados y de la Consejería de Vivienda, conocer la aplicación
concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas por la
existencia de menores necesitados de este preciado bien"
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