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martes, 25 de agosto de 2026

Terremotos: en Almería, como si no fuese con nosotros / José Francisco Cano de la Vega *


 La reciente sucesión de terremotos en Granada, algunos perceptibles en distintos puntos de Almería, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que la provincia esté preparada ante un terremoto de mayor intensidad y ante el riesgo asociado de maremoto.

El terremoto de magnitud 5 registrado el 15 de agosto en Alhendín fue sentido en numerosos municipios almerienses y obligó a activar la fase de emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía. La actividad sísmica continuó posteriormente con nuevos movimientos superiores a magnitud 4.

Es verdad que no existe ningún indicio de que vaya a producirse próximamente un gran terremoto en Almería, ni hay ningún método científico que permita predecir cuándo ocurrirá. Precisamente por ello, la prevención y la planificación son fundamentales.

Pero Almería sigue sin culminar la implantación municipal de sus planes específicos frente al riesgo de maremotos, mientras que el Gobierno de PP y Vox y los municipios de la provincia no están adoptando las medidas necesarias para prevenir una catástrofe.

Una provincia con memoria sísmica

Sin embargo, nuestra provincia forma parte de una de las zonas de mayor actividad sísmica de la Península Ibérica y tiene una importante memoria histórica de terremotos destructivos. El seísmo de 1522, con epicentro en el entorno de Almería, provocó una enorme destrucción y constituye uno de los episodios sísmicos más graves de toda la historia de España.

Recordarlo no significa generar alarma, sino asumir que el riesgo forma parte de nuestra realidad territorial. La pregunta que deberían hacerse las administraciones no es si puede producirse un terremoto importante, sino si estaremos preparados cuando ocurra.

Un gran seísmo puede provocar daños en edificios e infraestructuras, cortes de comunicaciones y suministros, incendios, desprendimientos y dificultades de acceso para los servicios de emergencia.

Además, existe el riesgo de maremoto. Un terremoto submarino puede provocar alteraciones importantes del nivel del mar, algo especialmente relevante en una provincia cuya costa concentra población, turismo, puertos, instalaciones industriales y numerosos núcleos urbanos.

Ningún municipio costero ha culminado su plan de maremotos

El dato es especialmente preocupante: ningún municipio costero de Almería ha culminado la homologación oficial de su Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos, pese a que el plan autonómico está vigente desde 2023. Los municipios afectados son Adra, Balanegra, El Ejido, Roquetas de Mar, Enix, Almería, Níjar, Carboneras, Mojácar, Garrucha, Vera, Cuevas del Almanzora y Pulpí.

Los planes deben concretar rutas de evacuación, zonas seguras, evacuaciones horizontales o verticales y sistemas de alerta como ES-Alert y las sirenas municipales.

Ante un terremoto o un maremoto, los primeros minutos pueden ser decisivos. Una población que desconoce las rutas de evacuación puede bloquearlas; una señalización insuficiente puede conducir a las personas hacia zonas de peligro, y la ausencia de protocolos puede dificultar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, bomberos, servicios sanitarios y responsables municipales.

No basta con disponer de un plan autonómico. Cada municipio debe adaptar la respuesta a su propia realidad, teniendo en cuenta barrios, accesos, playas, puertos, colegios, residencias, instalaciones críticas y zonas de concentración de población.

Granada debería servir de advertencia

La necesidad es todavía mayor durante el verano, cuando la población de los municipios costeros se multiplica y miles de personas se concentran diariamente en playas, paseos marítimos y establecimientos turísticos.

Níjar es un ejemplo evidente, con un extenso litoral y numerosos núcleos y playas. Pero la misma situación afecta a Carboneras, Mojácar, Roquetas, El Ejido o Cuevas del Almanzora.

La sucesión de terremotos de estos días demuestra que un episodio sísmico puede generar rápidamente cientos de avisos, obligar a inspeccionar edificios y alterar la vida de miles de personas.

La respuesta no puede limitarse a actuar cuando el terremoto ya se ha producido. Hay que revisar edificios, actualizar planes, realizar simulacros, formar a los servicios de emergencia, informar a la ciudadanía y establecer mecanismos de coordinación.

Almería necesita pasar de la preocupación ocasional a la prevención permanente. El verdadero éxito de la protección civil no consiste en reaccionar extraordinariamente bien cuando llega una catástrofe, sino en haber hecho previamente todo lo necesario para que la población sepa qué hacer, los servicios sepan cómo actuar y las administraciones tengan claro quién debe tomar cada decisión.

Porque el terremoto no avisa y la emergencia tampoco. La prevención, en cambio, depende de los gobiernos.

 

(*) Coordinador provincial de Movimiento Sumar en Almería, organización integrada en la coalición Por Andalucía

lunes, 24 de agosto de 2026

El matrimonio Planas/Herrera y Marruecos: siete hechos y tres preguntas / Por César Lumbreras *



Estos son los hechos:

  1. Luis Planas, el ministro sanchista de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva desaparecido de la circulación pública desde el 30 de julio, cuando asistió a la recepción en la residencia de la embajadora de Marruecos en España, con motivo del Día del Trono. Esa recepción coincidió con la invasión de Ceuta.
  2. Luis Planas forma parte de la “banda de los cuatro”, compuesta también por Pedro Sánchez, Margarita Robles, ministra de Defensa, y Marlaska, ministro del Interior. Son los únicos que permanecen en sus puestos desde la llegada del marido de Begoña a La Moncloa. Curioso.
  3. Los teléfonos de los componentes de la “banda de los cuatro” antes citada fueron espiados (o al menos lo intentaron) mediante el sistema Pegasus. En su momento, y ahora también, se culpa a los servicios secretos de Marruecos de estar detrás de la operación. Curioso.
  4. Luis Planas fue embajador político de España en Marruecos nombrado por el Gobierno de Zapatero y desde entonces mantiene una estrecha relación con este país, hasta el punto de que tiene propiedades inmobiliarias allí, según su declaración de bienes.
  5. La esposa de Luis Planas, María Jesus Herrera, es, desde la época de Zapatero, la directora de la oficina en España de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), situada en la órbita de la ONU. El Gobierno español hace aportaciones generosas a esta organización (la última de 4 millones de euros aprobada el pasado 7 de julio), que sirven entre otras cosas para sufragar sus gastos de funcionamiento y para pagar parte del sueldo de María Jesús Herrera, que, como se ve, corre a cargo de nuestros impuestos.
  6. El asunto migratorio, especialmente en el caso de Marruecos, es uno de los principales problemas que tiene España en estos momentos. ¿Acaso se ha pronunciado la directora de la oficina en Madrid de la Organización Internacional de Migraciones sobre este polémico asunto, que entraría dentro de sus competencias? Pues no, no lo ha hecho ahora, ni tampoco en el anterior asalto a la valla de Ceuta en 2021. Está desaparecida, en línea con lo que hace su marido, Luis Planas.
  7. Desde el 30 de julio, cuando Planas desapareció, una parte del campo español, que es de su competencia, se ha quemado; hay crisis en los precios de los cereales o de la patata; el sector del aceite de oliva está que hierve; las relaciones con Marruecos, asunto en el que pasa por ser un especialista, son el problema nuestro de cada día y Planas sigue desaparecido.

A partir de aquí las preguntas:

  1. ¿Acaso está disfrutando Planas una parte de sus vacaciones en su residencia de Marruecos y ha desaparecido allí?
  2. Si fuese así, que Luis Planas, miembro del Gobierno, y su mujer (directora de la Oficina en Madrid de la Organización Internacional de Migraciones) estuviesen en Marruecos, o hayan estado desde el 30 de julio, ¿no sería conveniente saberlo, dado el estado actual de relaciones entre España y este país y la situación en Ceuta?
  3. Si lo anterior es de general conocimiento, o debería serlo, en el ámbito político, entonces, ¿por qué, ni el PP. ni Vox, se interesan por las andanzas del todavía ministro de Agricultura y aspirante a ser director general de la FAO a partir del año que viene? Los de Feijoo y los de Abascal deberían explicar por qué el desaparecido Planas también está desaparecido para ellos. 

 

 https://www.agropopular.com/planas-pregon-220826/

lunes, 20 de julio de 2026

Los Archivos secretos del Vaticano: 85 kilómetros de historia robada / Mr. KidPool

 

 La verdad sobre tus orígenes.

Bajo los pies del Papa se encuentra la colección de conocimiento más celosamente guardada del mundo. Los Archivos Secretos Vaticanos (ahora llamados Archivos Apostólicos) contienen 85 kilómetros de estanterías que albergan documentos que se remontan a los albores del actual 'reinicio'.

No se trata sólo de historia religiosa; es el depósito del patrimonio robado del mundo. Desde los rollos originales de la Biblioteca de Alejandría hasta los mapas del mundo anterior al diluvio y los verdaderos registros de la vida de Jesús, el Vaticano guarda las claves de todo aquello que la élite se ha empeñado en hacernos olvidar durante dos mil años.

¿Por qué el acceso está tan estrictamente restringido? Para entrar, hay que ser un investigador acreditado con un objetivo de investigación específico y concreto. No se permite curiosear. Se requiere acompañamiento. ¿Por qué? Porque los archivos contienen los documentos del "Cronovisor", evidencia de un dispositivo desarrollado en la década de 1950 que permitía visualizar eventos pasados a través de la frecuencia del éter.

También albergan los registros de las civilizaciones "Pre-Adámitas" y los linajes detallados de los 13 Linajes. Saben que si el público conociera la verdadera historia de los "Dioses" que descendieron a la Tierra (los Anunnaki, entre otros), toda la estructura de la religión organizada y el control político se desmoronaría de la noche a la mañana.

Los archivos también contienen las «Profecías del Fin de los Tiempos» que nunca se hicieron públicas. Estos documentos describen la transición actual hacia la «Era de la Luz» y las fechas específicas de los cambios en los polos magnéticos.

El Vaticano ha funcionado como intermediario de información para la élite mundial durante siglos, vendiendo fragmentos de verdad a quienes ostentan el poder mientras mantiene a las masas en un estado de amnesia espiritual. No protegen la «Palabra de Dios»; protegen el «Monopolio de la Verdad».

La Alianza se encuentra actualmente en proceso de digitalizar estos archivos para su publicación global. A medida que se desmantelan las antiguas estructuras del Vaticano, la verdad se traslada al sistema cuántico.

La era del «conocimiento secreto» está llegando a su fin. Ya no necesitarás un sacerdote ni un erudito para saber quién eres; los registros de tu origen divino están a punto de ser devueltos a la colectividad. Los muros de la fortaleza se resquebrajan y los 85 kilómetros de mentiras salen a la luz.

Te dijeron que era un secreto “sagrado”. Era una herencia robada. La biblioteca está abriendo sus puertas y el silencio se está rompiendo. La verdad nunca se perdió; simplemente se guardó bajo llave. Pero olvidaron que la llave está en manos del pueblo.

https://t.me/MrKidPool17

Estos túneles bajo el Vaticano se extienden a lo largo de más de 2.575 kilómetros, hasta Jerusalén, como ya les he mostrado. Las Fuerzas de Operaciones Especiales han limpiado estos túneles, han recuperando millones de documentos, artefactos, obras de arte antiguas y más de 60.000 toneladas de oro robado, además de los 711 libros de la Biblia que nos fueron ocultados durante siglos.

https://sunnysjournal.com/2026/07/16/the-vatican-archives-53-miles-of-stolen-history-mr-kidpool

sábado, 31 de enero de 2026

No, la Iglesia no apoya la inmigración ilegal, son los obispos que se lucran con ella / Carlos Balén

 No, la Iglesia no apoya la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Quien la apoya es una parte del episcopado español. Y confundir ambas cosas no es un error inocente: es una falsificación eclesiológica.

Cada vez que un medio titula que “la Iglesia” respalda una medida concreta del Gobierno, se consuma una trampa conceptual que beneficia a todos menos a los fieles. Porque la Iglesia no es la Conferencia Episcopal. Ni la Conferencia Episcopal manda sobre la Iglesia. Ni mucho menos habla automáticamente en su nombre cuando emite opiniones políticas.

La doctrina católica es clara y está perfectamente definida. En la Iglesia hay una distinción de misiones. A los obispos les corresponde enseñar la fe, custodiar la doctrina, santificar mediante los sacramentos y gobernar en lo estrictamente eclesial. A los laicos, en cambio, les corresponde una tarea específica y propia: ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio.

Eso incluye la política, la economía, la legislación, la organización social. Es decir: justo el terreno en el que hoy vemos a los obispos ocupar el espacio que no les corresponde, mientras desautorizan de facto —aunque no lo digan— a los laicos que sí tienen competencia directa en esas materias.

Cuando un obispo presenta como moralmente indiscutible una regularización masiva decidida por un Gobierno concreto, no está ejerciendo su magisterio. Está emitiendo una opinión prudencial. Y las opiniones prudenciales no obligan en conciencia. Ni a los fieles, ni a los laicos, ni a nadie.

Más aún: cuando esa opinión coincide milimétricamente con el marco ideológico de un poder político que legisla de forma sistemática contra la ley natural y contra la fe católica, el problema ya no es solo de competencia, sino de escándalo.

Los laicos católicos no están llamados a repetir comunicados episcopales como loros piadosos. Están llamados a juzgar la realidad política con la razón iluminada por la fe, a discrepar legítimamente cuando una medida perjudica el bien común y a defender soluciones distintas sin sentirse culpables ni desobedientes.

Decir que “la Iglesia apoya la regularización” es una forma burda de silenciar ese legítimo desacuerdo. Es convertir una opción política discutible en un mandato moral inexistente. Es usar la sotana como coartada.

Conviene recordarlo con claridad, aunque moleste: la Iglesia no vota decretos, no redacta BOE ni gestiona fronteras. Y cuando algunos obispos parecen olvidarlo, no están hablando en nombre de la Iglesia, sino en nombre propio.

Confundir ambas cosas no es comunión. Es clericalismo. Y del malo.

miércoles, 21 de enero de 2026

El tendero / Fernando del Pino Calvo-Sotelo *

 

 La preparación de mi primer libro, que aparecerá publicado, D.m., esta primavera, ha dispensado a los lectores de este blog de mi habitual artículo de diciembre. Dado que toda interrupción conlleva la dificultad de recuperar el ritmo sin perder el compás, me preguntaba cómo comenzar un año que se nos presenta con el velo que siempre cubre el futuro. 

En efecto, a esta criatura llamada hombre le está vedado conocer lo que le deparará el mañana, una limitación frente a la que se rebela y sufre inútilmente, pues cree equivocadamente que el conocimiento del porvenir le haría más feliz.

En este sentido, cabe recordar el conocido discurso que sir William Osler dio en la Universidad de Yale el 20 de abril de 1913.

 En él recomendaba a los estudiantes vivir cada día como si fueran compartimentos estancos: «Pulsad un botón y escuchad que las puertas de hierro dejan fuera el pasado, el ayer muerto. Pulsad otro y dejad fuera, tras una cortina metálica, el mañana nonato»[1].

 Osler, persona sensata, no abogaba por desentenderse del futuro respecto de aquello que podemos controlar, sino por despreocuparse de aquello que no está en nuestras manos cambiar. Del mismo modo, el pasado que debía quedar enterrado era el hecho inamovible, no el aprendizaje del pasado que nos sirviera de base para mejorar el futuro.

Este sabio consejo, tan difícil de llevar a cabo, aplica a nuestras vidas personales, pero también al análisis de lo que ocurre en nuestro país. España es hoy un país atrapado por la falta de aceptación de su pasado, un país convertido en estatua de sal por mirar hacia atrás de forma extraña, pues aplaude sus mediocridades y se avergüenza de sus éxitos. 

Por consiguiente, no es casualidad que tenga su autoestima tan dañada. Pero también es un país atrapado por las dudas sobre su futuro, un país hasta cierto punto desesperanzado y carente de horizonte en el que no es fácil ser joven. Todo ello contribuye a un estado de parálisis, pues ambas afecciones ―de signo fatalista― han desarrollado un carácter crónico de difícil, pero no imposible, solución.

Una Constitución mediocre

Ni los lastres del pasado ni los escollos que dificultan nuestro futuro constituyen una maldición bíblica, sino que son consecuencia de la acción de unos y de la inacción de otros. Aunque siempre sea difícil establecer relaciones causa-efecto, sin duda uno de los factores más relevantes que explican la delicada situación en la que nos encontramos es el conjunto de grandes carencias del sistema constitucional del 78. España no siempre fue así: se ha vuelto así. Por lo tanto, la situación es reversible.

La primera vez que critiqué las debilidades de nuestro texto constitucional ―en un artículo publicado hace más de una década― la idea parecía casi blasfema. Por eso, cuando al día siguiente recibí la llamada de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los «padres» de la Constitución, pensé que iba a recibir una reprimenda. 

Sin embargo, ocurrió lo contrario: me felicitó por mi aparente osadía, me confesó que jamás había entendido la mitificación de un texto cuya redacción había sido «una improvisación permanente» y me advirtió con sentido del humor sobre el peligro de decir la verdad en nuestro país.

Pues bien, la verdad es que ninguno de los dos principales pilotos de la Transición poseía rango de estadista ni gran profundidad de pensamiento a pesar de contar con una indudable intuición política. No tenían la hechura de fundadores de un nuevo sistema político, y, por tanto, abordaron el futuro orden constitucional zigzagueando con tacticismo cortoplacista sin tener una idea muy clara del modelo de Estado al que aspiraban. 

La Constitución sería de este modo negociada a puerta cerrada por los representantes y correveidiles de los distintos partidos en discusiones miopes (que veían bien de cerca y mal de lejos) realizadas frecuentemente en entornos informales. Cuatro de los siete «padres» de la Constitución, por cierto, contaban con sólo 38 años.

La apariencia de consenso (aunque no fuera tal) les bastaba. La voluntad de salir del paso en asuntos delicados la solucionaban acudiendo a una dilatoria ambigüedad que posponía la resolución de nudos gordianos. 

Finalmente, el exceso de representatividad otorgado a los partidos políticos en detrimento del ciudadano, y el desproporcionado poder regalado a la parcialmente subversiva oposición socialista (creada ex novo para la Transición), contribuyeron a la elaboración de un texto estatista, debilitador de la nación, dirigista y empobrecedor.

Desaciertos constitucionales

Podría pensarse que el juicio crítico realizado desde la comodidad que otorga el paso del tiempo puede resultar injusto, pero los pecados originales de la Constitución ya fueron señalados por brillantes pensadores coetáneos como Julián Marías o Gonzalo Fernández de la Mora.

El primer gran error constitucional fue la creación del Estado de las Autonomías y el ambiguo concepto de nacionalidades, una verdadera bomba de relojería cuyo tic tac se oye cada vez con mayor nitidez. Hay que ser torpe —o malvado— para romper una nación milenaria, pero eso fue precisamente lo que facilitó la Constitución de 1978. 

Creó17 reinos de taifas sin que hubiera necesidad ni demanda popular que lo exigiera, cada uno con su héroe inventado, su himno inventado y su bandera inventada (con alguna excepción), sistema que dio alas al independentismo y cimentó la dictadura regulatoria y el mastodóntico tamaño de la Administración que hoy sufrimos. 

Por otro lado, al no acotar las transferencias competenciales a las Autonomías, puso en marcha una fuerza centrífuga que transformó a las antiguas regiones en entidades demasiado parecidas a naciones independientes.

Por otro lado, el Estado de las Autonomías se convirtió en una agencia de colocación que facilitaba a los partidos políticos multiplicar su poder y plantilla. Como escribió Julián Marías en aquellos años, «no está claro si los partidos se han hecho para el país o el país para los partidos».

Otro gran desacierto de la Constitución consistió en elegir un sistema parlamentarista en vez de un sistema presidencialista. Con ello promovió la concentración de poder al fusionar el poder ejecutivo con el legislativo y otorgar a ambos un control exagerado sobre el poder judicial.

 Así, el texto constitucional consagró que en España no pudiera haber separación de poderes real. Este sistema, además, impidió el establecimiento de una limitación de mandatos, facilitando la perpetuación en el poder de cualquier líder medianamente carismático que no tuviera oposición digna de tal nombre.

Asimismo, la Constitución creó un Tribunal Constitucional politizado, hoy convertido en una institución desprestigiada y disfuncional que bordea la prevaricación con frecuencia. Del mismo modo, permitió que el Consejo General del Poder Judicial dejara muy constitucionalmente de depender en 1985 —por iniciativa del PSOE— de los propios jueces. 

A pesar de sus promesas electorales, el PP se negaría en redondo a cambiar el sistema cuando alcanzaba el poder con mayoría absoluta y se veía beneficiario del sistema. El modelo bicameral también quedó sin sustancia, de modo que el Senado se convertiría en una cámara superflua.

La Constitución también pareció conformarse con la consolidación nominal de la monarquía. Esta decisión dejó la jefatura del Estado monárquica —una importante institución que podía convertirse en utilísima salvaguarda del bien común de la nación precisamente por ser ajena a la colonización partidista y no depender del voluble voto popular— en gran medida carente de potestad. 

En mi opinión, la elección de una jefatura del Estado simbólica frente a una jefatura dotada de una potestad limitada, pero operativa, fue una equivocación.

En otro orden de cosas, cabe reseñar como error de la Constitución del 78 su indudable aroma socialista, que le llevó a canonizar el intervencionismo estatal, a no defender como sacrosanto el derecho de propiedad y a poner en marcha un insostenible Estado de Bienestar. 

Bajo su bonita máscara solidaria y filantrópica, éste ha creado un sistema de control poblacional semi totalitario que ha ido reduciendo la libertad personal, aumentando los impuestos y debilitando la capacidad de creación de riqueza del individuo. 

Al ser financieramente insostenible, el sistema va camino de quebrar al país en medio de un conflicto social e intergeneracional de imprevisibles consecuencias. En el mismo sentido, la falta de limitación de déficits públicos ―no resuelta por la enmienda constitucional del 2011― ha permitido la creación de un brutal endeudamiento que hipoteca nuestro futuro.

Finalmente, otra gran debilidad constitucional fue admitir la impunidad del poder ejecutivo-legislativo cuando vulnerara la propia Constitución, haciendo que la clase política pronto le perdiera el respeto. 

Así, el gobierno de turno podía saltarse la Constitución a la torera: si se salía con la suya ―cosa que era fácil si controlaba el Tribunal Constitucional―, perfecto; pero si le pillaban y recibía una sentencia condenatoria, pelillos a la mar. La inconstitucionalidad de una ley no tiene consecuencia alguna para el culpable, al contrario de lo que le ocurre al ciudadano que quebranta la más mínima norma.

¿Qué hacer?

En su discurso de hace más de un siglo, sir William Osler citaba a Carlyle: «Nuestra principal tarea no es ver lo que se vislumbra tenuemente a lo lejos, sino hacer lo que está claramente a mano».

Muchas veces resulta complicado ver lo que tenemos en nuestra mano hacer, pero sugiero comenzar por dar dos pequeños pasos siguiendo el ejemplo presentado por el disidente checo Václav Havel en El Poder de los sin Poder (1978), breve ensayo crítico con la tiranía comunista que por entonces subyugaba Checoslovaquia. 

Debido a sus actividades, Havel sería encarcelado durante un lustro, aunque tras la caída del Muro, pocos años después, se convertiría en presidente de su país. Nadie era entonces capaz de preverlo.

En su ensayo, Havel creaba la figura de un imaginario tendero sumiso frente a las autoridades comunistas. Éstas le regalaban un cartel con un eslogan para que lo colgara en su escaparate, propuesta a la que al principio accedía. 

Pues bien, un buen día el tendero se rebelaba y dejaba de exponer el eslogan, y no sólo eso: también dejaba de ir a votar en elecciones que no eran tales y comenzaba a decir en las asambleas lo que pensaba de verdad. 

«Con esta rebelión ―escribe Havel―, el tendero sale de la vida en la mentira; rechaza el ritual y viola las reglas del juego; reencuentra su identidad y su dignidad reprimidas; realiza su libertad. Su rebelión será un intento de vida en la verdad». 

Al hacerlo, el tendero no sólo ha dado un paso individual, sino que ha hecho algo mucho más importante: «Ha abatido el mundo de la apariencia, la columna que sostenía el sistema; ha demostrado que la vida en la mentira es precisamente vida en la mentira. Ha dicho que el emperador está desnudo».

Simpatizo enormemente con esta expresión, pues el primer artículo que publiqué en mi vida (Expansión, 2011) tenía ese mismo título. Pues bien, el primer pequeño paso que podemos dar es seguir el ejemplo del tendero rebelde y renunciar a repetir el eslogan de que el régimen constitucional de 1978 «ha sido el período de mayor paz y prosperidad de nuestra historia», porque no es verdad. 

La realidad es otra: ha sido un período de relativa depauperación y crecimiento muy mediocre, de decadencia social, de enorme aumento en la presión fiscal, de enormes tensiones políticas y territoriales y de un aumento de la delincuencia y de la violencia (para encontrar los datos que respaldan estas afirmaciones me remito a mi anterior artículo)[2]

Por otro lado, aludir a 1978 como si fuera el Big Bang o un amanecer tras una larga noche en un país de tan larga y brillante historia como España resulta grotesco y desprestigia a quien lo hace. Debemos defender la verdad, pues sin verdad no puede haber libertad.

El segundo pequeño paso que podemos dar es exigir al próximo gobierno, cuando expulse por fin al psicópata (cuya última desfachatez es afirmar que «va a dar con la verdad», él precisamente, del trágico accidente ferroviario de hace unos días), que aborde una profunda reforma constitucional. No se trata de reformar por reformar, sino de mejorar. 

El éxito no está asegurado, pero quienes creen que acabando con Sánchez se acaban los problemas se equivocan. El problema es sistémico, y el psicópata es sólo un reflejo extremo, patológico y quién sabe si incluso presuntamente delictivo de ello, pero no su causa última. 

Como recordaba Montesquieu, tras el advenimiento del Imperio, la República romana nunca sería restaurada porque «los golpes se daban contra los tiranos, no contra la tiranía».

Desde hace unos años, hemos perdido la más mínima decencia en el gobierno de la nación, que ha dinamitado el Estado de Derecho y arrasado con toda noción de bien y de verdad, pero llevamos décadas perdiendo el concepto de bien común, el ethos compartido que nos une como nación, enormes grados de libertad personal y el respeto por nosotros mismos, y, con ello, estamos perdiendo la esperanza. Sin embargo, debemos luchar por mantenerla. 

Como decía Havel, podemos salir de la vida en la mentira; reencontrar nuestra identidad y dignidad reprimidas; realizar nuestra libertad; abatir el mundo de la apariencia; vivir en la verdad. Esta España es posible.

[1] Sir William Osler. Un Estilo de Vida y otros Discursos. Unión Editorial, 2007.
[2] ¿Estamos mejor o peor?

 

(*) Economista 

lunes, 12 de enero de 2026

El derecho de rectificación en medios digitales / Juan José Sánchez Balaguer *

 “Cuando la información ha sido publicada en un medio de comunicación digital, la rectificación debe ser publicada mediante un nuevo vínculo, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica”, sentencia el Tribunal Supremo español.

La situación de la publicación de los escritos de rectificación en la prensa española pone en jaque el papel antaño dominante de los medios de comunicación a la hora de trasladar a la opinión pública las narrativas hegemónicas (Elías, 2018), pero esencialmente hace peligrar la información veraz, cuya supervivencia está ligada necesariamente a la autorregulación y a los instrumentos de rendición de cuentas (media accountability) para con el público.

La necesidad de asumir responsabilidades está directamente vinculada a la idea de que cualquier forma de publicación procedente de los medios de comunicación tiene carácter público y desempeña un papel público (McQuail, 2005). Pero, además, el proceso informativo no puede entenderse sino como una forma de diálogo, con exposición y réplica, entre medios de información y sociedad, entre el Estado y la sociedad y entre los distintos individuos entre sí (Desantes-Guanter, 1974). De ahí que bastaría con que medios y profesionales se atuvieran a la deontología profesional para evitar innecesarios litigios y pérdidas de credibilidad. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba en Estrasburgo el 1 de Julio de 1993 el Código Europeo de Deontología del Periodismo del que fue ponente y redactor Manuel Núñez Encabo, al que tuve la oportunidad de conocer  con motivo de unas Jornadas Europeas. Esta resolución supone la adopción de un total de 38 principios éticos del periodismo que deberían ser aplicados en el ámbito europeo, de los cuales considero oportuno reproducir los dos que interesan a los efectos del presente artículo:

26. A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de comunicación, con el tratamiento informativo adecuado de manera automática y rápida, las informaciones y las opiniones que sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños. 

27. Para que exista una armonización en el uso de este derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa, es conveniente aplicar la Resolución 74-26 sobre el derecho de réplica: situación del individuo en relación a la prensa, adoptado por el Comité de Ministros de 2 de julio de 1974, así como las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la Televisión Transfronteriza”.

En España, el derecho de rectificación encuentra su fundamento básico en el artículo 20.1.d) de la Constitución, que reconoce la expresión y difusión libre del pensamiento a través de cualquier medio de reproducción, así como a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y la rectificación está regulada concretamente como un derecho que asiste a cualquier persona física o jurídica que haya sido aludida por una información que considera inexacta y lesiva para su buen nombre (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984) y queda configurado como un proceso urgente y sumario para proteger los derechos de personalidad y, al mismo tiempo, el derecho a la información en sus vertientes activa y pasiva.

Este derecho (artículo segundo) se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción. El director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes. En caso de que no se hubiera publicado o divulgado en plazo la rectificación o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.

Pero no sería necesario acudir a la vía judicial si los profesionales y los medios se atuvieran a lo establecido en el Código Deontológico de la profesión periodística en España (aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 22 de abril de 2017) establece como primer principio de actuación profesional el deber de “contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos” y “advertida  la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado [el profesional] a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda”. Además, “y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.

La cuestión se complica, no obstante, a partir de la aparición de múltiples medios digitales, lo que ha suscitado controversias y fallos erróneos por parte de algunos jueces, a causa del desconocimiento de esta materia poco habitual para los juzgadores. A clarificar de manera indubitada esta situación vino la Sentencia del Tribunal Supremo nº 32/2024, de 11/01/2024 (Pleno de la Sala 1 de lo Civil), cuyo Fundamento de Derecho Segundo (3) dice textualmente:

“La cuestión a decidir no radica en si la publicación de la versión de los hechos pretendida por el rectificante supone un castigo para el medio informativo, una restricción de su libertad de información o una disuasión para que no la ejercite, que evidentemente no lo es pues el Tribunal Constitucional lo ha descartado en sucesivas sentencias.

La cuestión relevante es si cuando se pretende ejercitar el derecho de rectificación respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital, basta con publicar en el archivo digital, en lugar visible junto con la información original, un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo, como establece el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; o si, además de esto, sigue siendo necesario publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, mediante un nuevo vínculo con relevancia semejante a aquel en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, como establece el art. 3 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación”.

El Alto Tribunal español se plantea directamente si el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales sustituye al art. 3 LO 2/1984 de Derecho de Rectificación, cuando el Derecho de Rectificación se ejercita respecto de una información publicada en un medio de comunicación digital, con lo que basta con la inserción de la nota prevista en el art. 85.2 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación, es necesario publicar el aviso establecido en el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y afirma con máxima precisión:

“Las informaciones publicadas en los diarios digitales, a medida que pasan los días, van quedando relegadas a posiciones secundarias, más difíciles de encontrar. En consecuencia, si la rectificación consiste solo en añadir a la información original el aviso previsto en el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, quien accede al diario digital para informarse no encontrará esa rectificación, a diferencia de lo que ocurrió con la información objeto de la rectificación en los momentos próximos a su publicación, que era fácilmente accesible y tenía una relevancia que perdió con el paso de los días. 

En consecuencia, si se aceptara que la rectificación se limitara a añadir un aviso a la información original que ha quedado relegada a una posición secundaria en la página web del medio informativo con el paso de los días, el derecho que al afectado le otorga la LO 2/1984 de Derecho de Rectificación, no se vería satisfecho.

Con ello, sufriría el propio derecho a la libertad de información que tiene el público en general, pues, como ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia 168/1986, de 22 de diciembre, el derecho de rectificación constituye “un complemento a la garantía de la opinión pública libre que establece también el citado precepto constitucional -art.20.1.d) de la Constitución-, ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que el derecho fundamental protege”.

La sentencia del Tribunal Supremo insiste en el criterio para que no haya lugar a dudas respecto a que la función del art. 85.2 de la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, es la de servir de complemento al art. 3 de la LO 2/1984 de derecho de Rectificación, cuando la información que se pretende rectificar ha sido publicada en un medio digital:

“Su justificación radica en las características del medio en que se inserta, el medio de comunicación digital, Internet, en el que la pervivencia de la información es mucho más acusada que cuando la información es publicada en un medio tradicional, en concreto, en la prensa publicada en soporte de papel. Mientras que en este último caso, encontrar una información de días pasados es mucho más difícil por el carácter efímero del formato papel (como dijo algún maestro del periodismo, “las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana”), y sería necesario acudir a una hemeroteca para encontrar una noticia publicada en días anteriores, sin que aun así fuera fácil hallarla, Internet y los motores de búsqueda permiten hacer presente, en cualquier lugar del mundo, como si hubiera ocurrido hoy, cualquier información sobre hechos que tuvieron lugar en un determinado momento y lugar, con sorprendente facilidad y rapidez y sin ningún coste, produciendo lo que se ha dado en llamar el “efecto eterno” de la información, fruto de la “memoria total” de internet”.

Por tal razón, “aunque la simple adición de un aviso a la información original no supone que la rectificación hubiera sido publicada con relevancia semejante a la información que se pretende rectificar, si tal aviso no fuera añadido a la información original, esta podría seguir siendo consultada indefinidamente en el tiempo sin que quien lo hiciera tuviera conocimiento de que el afectado por la información había ejercitado su derecho de rectificación y los términos en los que lo había hecho”. La conclusión del TS es quecuando la información ha sido publicada en un medio de comunicación digital, la rectificación debe ser publicada mediante un nuevo vínculo “con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica”, tal como prevé el art. 3 LO 2/1984, de Derecho de Rectificación, y el medio informativo debe también insertar un nuevo aviso aclaratorio que deberá aparecer en lugar visible junto con la información original, como prevé el art. 85.2 LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos Digitales”.

En este contexto, debe quedar claro que la posibilidad de rectificar informaciones difundidas a través de los medios de comunicación social es una forma de participación del público que refuerza la existencia de información veraz en democracia y, al mismo tiempo, un compromiso adquirido por parte del medio que, a través de su cumplimiento, ve reforzada su credibilidad.

 

(*) Doctor en Derecho y Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universidad de Elche. 

lunes, 17 de noviembre de 2025

Vigano otra vez / Liu Suria

 

El Arzobispo Vigano acaba de soltar una bomba de la verdad sobre el nuevo orden mundial.- Incluso aquellos que antes guardaban silencio dentro de la Iglesia ahora comienzan a denunciar lo que muchos han visto desde hace tiempo.

El sistema del Anticristo no es un hombre, sino una red mundial, totalitaria y basada en el miedo, el engaño, la extorsión y el control. Estos nombres no son la raíz de las manos ocultas, son los agentes de un sistema que sustituye la verdad con propaganda, la creación con lucro y la libertad con dependencia artificial.

Jim Ferguson.- Cuando un arzobispo católico de alto rango (exnuncio apostólico en EEUU) acusa abiertamente a las élites mundiales de infiltrarse en los gobiernos occidentales para imponer la Agenda 2030, el mundo debería detenerse a escuchar.

Viganò advierte: «Una peligrosa élite subversiva se ha infiltrado en las más altas esferas de las instituciones occidentales para implementar un plan criminal mundial».

Afirma que quienes denuncian este «golpe de estado global» son silenciados mediante:

Censura

Intimidación

Abuso psiquiátrico

Arresto.

Y menciona a un preso político del que los medios tradicionales se niegan a hablar: Rainer Füllmich, encarcelado por el delito de decir la verdad. Luego, Viganò va más allá que casi cualquier figura eclesiástica de nuestra época:

«No es Füllmich quien merece estar en prisión, sino quienes cometieron el mayor crimen contra la humanidad». Y los nombra: Fauci, Gates, Schwab, Soros, von der Leyen, Bourla… y sus cómplices en cargos públicos.

Esto no tiene precedentes. Un arzobispo de alto rango acusa a la estructura de poder globalista de crímenes contra la humanidad y llama al sistema emergente por su nombre: un régimen totalitario que se extiende por Europa, Canadá, Australia y todas las naciones controladas por la ONU, la OTAN, la OMS y el Foro Económico Mundial.

Su llamada al mundo es clara: «Alcen la voz. Defiendan a los perseguidos. Liberen a Rainer Füllmich». La historia se acelera. La Iglesia se pronuncia. Los denunciantes son encarcelados. Y los globalistas pierden el control. La verdad se impone.

https://x.com/JimFergusonUK/status/1990395227547316324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990395227547316324%7Ctwgr%5E0adb68f8af72deb2c175c7ede3ff6608959bbe99%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D261749

jueves, 16 de octubre de 2025

¿Aporta algo a las empresas realmente la IA? / Scott Zoldi *


La práctica totalidad de las empresas está utilizando de alguna u otra forma la Inteligencia Artificial en alguno de sus procesos de negocio. De eso no hay duda, pero ¿qué valor aporta realmente esta tecnología que está en boca de todos desde hace ya algunos años y cómo podemos garantizar que ese valor sea sostenible?

Durante los últimos años, la conversación sobre IA se ha centrado en las promesas de la tecnología: automatización masiva, reducción de costes, generación de nuevos productos o servicios, e incluso disrupciones completas de modelos de negocio. 

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el verdadero impacto no proviene únicamente de la innovación técnica, sino de la forma en la que la IA se integra en los procesos empresariales y se gestiona bajo estándares claros.

En una encuesta realizada por FICO a más de 250 ejecutivos de grandes compañías de distintos sectores, más de la mitad (56,8 %) afirmó que definir estándares tales como mitigación de sesgos, análisis del rendimiento o manejo seguro de los datos para una puesta en marcha responsable de la IA es un factor clave de generación de valor, frente a un 40 % que pensaba que el disruptor para el ROI sería la IA Generativa.

Este dato refleja un cambio cultural importante: la IA responsable ya no se percibe como un marco de control externo, sino como un habilitador directo del retorno de inversión y, sin embargo, sólo el 12,7 % de los CIO o CTO de estas organizaciones admiten contar con este tipo de estándares operativos relacionados con la IA.

La IA ya no es el futuro

Tenemos que aceptar que la IA ya no es una inversión orientada al futuro. Es una realidad operativa, que está generando retornos tangibles e impulsando la próxima generación de innovación. Pero también tenemos que tener claro que aprovechar todo el valor de la IA precisa de más que de mejores modelos.

 Requiere estándares sólidos que definan cómo desarrollar, desplegar y supervisar la IA; sistemas robustos que aseguren transparencia y trazabilidad; y colaboración para evitar silos y promover el escalado sin fragmentación tecnológica.

Por eso mismo, en todas las industrias, los líderes en IA están llegando a la misma conclusión. Los verdaderos diferenciadores no son los avances en generación de texto o síntesis de imágenes. Más bien, son estructurales: procesos empresariales sólidos, estrictos estándares de gobernanza de IA, mejores canales de comunicación inter departamental y una plataforma unificada que facilite todos estos elementos a la vez. 

Es decir, el hype tecnológico está cediendo terreno al pragmatismo empresarial con un enfoque basado en la IA responsable y, sin embargo, sólo el 7 % de las organizaciones encuestadas por FICO admiten haber adoptado completamente este tipo de estándares. 

En otras palabras, para la mayoría de las empresas, una vez que los modelos se llevan a producción, se dejan libres y sin control. Esto claramente se escapa de un enfoque responsable del uso de la IA.

La IA responsable elimina riesgos

Las organizaciones que invierten en auditoría de modelos, detección de sesgos y explicabilidad no solo están mitigando riesgos: se están posicionando para liderar. Y los datos sugieren que invertir más recursos en la puesta en marcha de estándares de IA responsable, en lugar de centrarse en la IA autónoma o generativa, dará grandes dividendos a largo plazo.

Es decir, para muchos la IA responsable está pasando de ser un principio abstracto a convertirse en un imperativo operativo. Mientras que las primeras olas de adopción de IA se centraron en la experimentación técnica y la novedad generativa, los líderes actuales están recalibrando su enfoque.

 En esta transición hacia la madurez, la confianza y la responsabilidad se convierten en la verdadera moneda de cambio. Los ejecutivos ya no preguntan únicamente "¿qué puede hacer la IA?", sino "¿cómo integramos la IA en el negocio para generar valor medible, confiable y sostenible?".

De hecho, cuando preguntamos a estos ejecutivos, que eran en su mayoría CIO o CTO, qué esperan de la IA en los próximos 18 meses y cómo van a medir su ROI, el 60 % señaló que la prioridad de inversión sería la IA para toma de decisiones, pero haciendo hincapié en la explicabilidad, trazabilidad e integración con la lógica empresarial.

Esta cifra nos da información sutil pero significativa. En lugar de perseguir innovaciones de IA de vanguardia por sí mismas, las organizaciones están cada vez más centradas en incorporar la IA en procesos operativos centrales de forma segura, confiable y con un impacto demostrable. 

Es decir, la industria está llamada a entregar valor consistente, no a explorar proyectos científicos de IA.

Lo que se espera de la IA: más colaboración con los humanos

Un patrón similar aparece al analizar los principales impulsores de innovación en IA para los próximos cinco años. La colaboración humano-IA se considera la perspectiva más interesante de innovación futura para un 44,5 % de los encuestados, seguida muy de cerca por la adopción de IA responsable con protocolos de auditoría en su uso (44 %). 

Las soluciones en tiempo real y las experiencias mejoradas para clientes también generaron altos niveles de entusiasmo.

Se busca, pues, un reconocimiento que garantice que la promesa a largo plazo de la IA no reside solo en la automatización, sino en la ampliación de las capacidades humanas. 

Aunque cada vez se presta más atención a la IA generativa y a la IA autónoma, el mayor nivel de optimismo se encuentra en potenciar a las personas con IA tradicional dentro de marcos responsables y auditables. 

Y más allá de eso, es necesario que los equipos profesionales también trabajen de forma colaborativa: en demasiadas ocasiones, vemos cómo los responsables de datos funcionan en silos independientes de los responsables del negocio, de los usuarios finales o de los directores de riesgo.

 Según el estudio de FICO, un 72 % de los directores de analítica y de IA encuestados admiten que en sus respectivas organizaciones al colaboración entre los equipos de tecnología y de negocio es un verdadero desafío.

Aún es temprano para declarar el fin del dominio de la IA generativa en las conversaciones de directorio. Pero los datos sugieren que las organizaciones con visión de futuro son cada vez más cautelosas respecto a apostar en exceso por el potencial sin contar con un plan de implementación empresarial medible y una generación de valor confiable y sostenida.

La IA autónoma (es decir, la que precisa de mínima supervisión humana), por ejemplo fue seleccionada solamente por 1 de cada 10 encuestado como un impulsor de innovación futura, y muchos la citaron como un serio riesgo de ROI, debido a preocupaciones sobre imprevisibilidad, inestabilidad e inmadurez técnica.

En resumen, estamos asistiendo a un paso decisivo hacia la madurez de la IA. La IA responsable no es solo una medida de protección: se está convirtiendo en un diferenciador estratégico. 

Quienes construyan sistemas de IA con ética incorporada, supervisión alineada e integración transversal no solo estarán en posición de escalar, sino que también se estarán preparando para una ventaja competitiva a largo plazo.

 

(*) Director de analítica de FICO 

miércoles, 3 de septiembre de 2025

Águilas: Tocata y fuga de Mari Carmen / Pedro Costa Morata *



“Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro”, dice Mari Carmen Moreno, la alcaldesa dimisionaria de Águilas. Qué lástima, nene, y qué humilde y generosa; pues no que se calla que hasta ha salido perdiendo cuartos, que incluso ha tenido que desembolsar de ese mismo bolso y junto con otros dos funcionarios descuidados 9.143 euros, más intereses y costas, por sentencia del Tribunal de Cuentas sobre emolumentos del secretario municipal, Jesús López, indebidos pero consentidos. 

El tal López López -funcionario a quien hay que echarle de comer aparte, como veremos- estuvo ingresando ese dinero durante cinco meses a título de “acumulación de servicios” en Águilas, mientras trabajaba en el Ayuntamiento de Torrevieja contratado como jefe de los Servicios Jurídicos. Cobraba pero no acudía a Águilas, ya que estaba de bien calculada baja: un caso de defraudación de caudales públicos que la alcaldesa conocía y por eso ha de pagar su parte; una parte que, como la de los otros funcionarios que hicieron de interventores accidentales, el propio Tribunal de Cuentas señaló que podían tramitar exigiendo su devolución al listo de don Jesús, verdadero infractor, pero ese expediente de reintegro, la jefa de personal en el Ayuntamiento de Águilas, Rosario Martínez, se niega a tramitarlo sencillamente porque es de la cuerda de López y porque la alcaldesa no ha mostrado ningún empeño en recuperar ese dinero, es decir, en enfrentarse al maniobrero y peligroso secretario.

Pero esto, lo de los 9.143 euros a repartir entre tres, no deja de ser peccata minuta, siendo lo sustantivo la grotesca situación en la que ha quedado atrapada doña Mari Carmen Moreno en las redes y maldades del secretario López, que ha acabado dominando a la alcaldesa y a la administración municipal; hasta el punto de que en los mentideros aguileños bien informados se plantea que haya sido ésta la principal y verdadera causa, por los peligros que presenta, presentes y futuros, de su espantá. Asunto serio y grave, que en otro artículo habré de desarrollar, aludiendo en detalle al estilo y las malas artes de López López.

Para resumir el excesivo periodo de Mari Carmen como alcaldesa -que prometió presentarse dos veces y se atrevió a tres, enfangándose a continuación- este cronista ha de referirse a los conflictos personales, nunca directos sino mediáticos, que le suscitó el proceder cada vez más osado y autoritario de la alcaldesa, como aquel Plan Parcial de la Playa de la Cola, que vulneraba cuatro o cinco espacios protegidos; su indiferencia ante la suerte de Cabo Cope, que debía haber comprado al “banco malo” ya que disponía del derecho de tanteo y retracto; su empeño en autorizar un camping-caravaning dentro del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre; sus manejos con ADIF para construir una nueva estación ferroviaria en el quinto pino, sin la intención de consultar al pueblo sobre tan sensible asunto y destinando -que nadie lo dude- las actuales instalaciones, más que centenarias, a urbanización y especulación; su guerra declarada a actividades culturales de prestigio; su sentida indiferencia hacia el medio ambiente en general; su alianza con los depredadores de la agricultura intensiva, etcétera, etcétera. (Asuntos, por cierto, sobre los que la izquierda local oficial ha guardado un silencio que ni explica ni se explica, y que pensará que le va a dar votos).

La hasta ahora alcaldesa, en su escenificada despedida, declaró que ha llegado el momento de “priorizar la familia y la salud”, cosa natural después de 22 años de más que regular carrera política, y que se dedicará a la enseñanza, como bióloga que es (de sensibilidad ecológica casi nula, ya digo). Y ha dejado asentado que “no me arrepiento de nada”, que es la costumbre en políticos en retirada, y que realmente refleja el sentimiento de quienes así se expresan, sí, pero que también suelen ocultar inquietud de fondo, inseguridad del pasado y desconfianza ante lo que pueda venir.

Esto es cosa de la tradicional e histórica discrecionalidad de los ediles patrios, sean franquistas, socialistas o populares, que no suelen abandonar el puesto sino por la fuerza, bien de las urnas, bien de sus superiores en el partido, ya que el poder enferma y el poder prolongado enferma prolongadamente. 

Buena ocasión para recordar cómo saludé, en su día, la victoria electoral de Mari Carmen tras los años de gobierno municipal del PP y la eclosión del escándalo urbanístico a lo grande: “una zagala lista, paciente y apañá” (La Opinión, “Elecciones, revuelo y vuelta a la tarea”, 3 de junio de 2015), decía yo. Porque sin duda la carrera política de Mari Carmen, pese a serlo en un PSOE ya desoladoramente descolorido, era notable y muy esperanzadora. Hasta que, ya en su segundo mandato tuve que ponerme serio y tratar de enderezarla, ya que su andar por la política municipal se hacía cada vez más arrogante y provocador; y no tuve más remedio que echarle en cara, ya en su tercer mandato -perjuro, imprudente, fatal-, lo mal que veía esto y lo urgentemente que debía abandonar el cargo, vistos los charcos en que se metía y los jardines por los que prometía perderse. 

Ahora, cuando resulta que me he hecho caso (pero tarde, ay, ay, ay), no explica que su abandono sea por los peligros que la rodean y las chapuzas en las que ha incurrido, qué va. Entre llantos de colaboradores, babosadas de la prensa adicta (no os perdáis el columnón de Ángel Montiel en La Opinión, de 24 de agosto, que más que panegírico parece publirreportaje) y el sopor agosteño del aguileño medio, ha querido despedirse con los pretextos a los que recurren de costumbre -en trances como éste- los malos/as políticos/as una vez pillados/as en su mal hacer, es decir, alegando causas escasamente convincentes.

(Coincidiendo con el anuncio de la dimisión de Mari Carmen se ha producido otro, de muy parecido jaez, protagonizado por el también socialista Antonio Merino, teniente de alcalde de Calasparra, discípulo y delfín del marrullero Vélez, e imputado como éste por el asunto de la Fiesta Taurina del Arroz en los años 2018 y 2019. 

Como marca el guion, Merino ha declarado que se retira, “tras diez años de dedicación y compromiso”, alegando que la política resulta “difícil de compaginar con las obligaciones laborales y profesionales”, algo tan lógico si atendemos a sus competencias municipales: nada menos que Hacienda, Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Festejos, Cultura, Patrimonio y Comunicación… todo un fenómeno este político calasparreño, tan joven y prometedor, vaya que sí.)

En el bolso de Mari Carmen -supongo que ya descolorido y hasta raído- no le ha podido caber la parcela que ha adquirido a precio ventajoso al empresario Juan Montiel, ese mismo que mantiene con el Ayuntamiento una deuda que ronda el millón de euros y al que la administración municipal trata con excepcional deferencia, compensando esa deuda, poco a poco, al parecer de forma relacionada con su actividad hotelera, no se sabe muy bien cómo, pero saltándose la legalidad vigente, cosa que Mari Carmen conoce perfectamente. 

El caso es que el infractor logra pasar poco menos que como un benefactor del pueblo, hasta el punto de que la alcadesa ha tenido el dudoso gusto de dedicar la plaza de esa urbanización que tan bien se le ha dado, a los meritorios nombres de don Juan y doña Beatriz, su esposa, dos señalados incumplidores de la legalidad vigente; de doña Beatriz recuerdo su tropelía urbanística en lo que llamó “Castillo del Esfuerzo”, por La Zerrichera, de la que salió de rositas por el apoyo, descarado pero incondicional, del alcalde popular Juan Ramírez y por un juez que me dejó pasmado por su banalidad (cosas, ambas, que afeé en su día a los protagonistas en La Verdad, 2008 y 2014). El caso es que los señores de Montiel se sienten tan cómodos en sus fechorías con el PSOE como con el PP.

Y para acabar (por ahora), con el acontecimiento de la dimisión de la alcaldesa, que tanto ha sorprendido a la opinión ignara aguileña, necesario es aludir, siquiera esquemáticamente, a su designado sucesor, Cristóbal Casado, que también debe pertenecer a esa hornada de jóvenes políticos socialistas capaces de comerse al mundo, si atendemos a las competencias que hasta ahora mismo le estaban atribuidas: Seguridad Ciudadana, Contratación, Deportes, Comercio, Carnaval, Festejos y Patrimonio (otro fenómeno: qué envidia). Del que solo sé que ha escurrido el bulto cuando se le ha requerido para tratar del feo asunto del atentado del que este cronista fue objeto el pasado 16 de junio, por lo que -qué queréis que os diga- no empieza nada bien. Aunque, claro, más importante resulta que esté considerado, en relación con el maniobrero López, aún más sumiso que Mari Carmen.


(*) Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente



(https://alteridadperiodicocultural.blogspot.com/2025/09/aquella-brisa-de-los-veranos-de-antes-3.html?m=1)

jueves, 21 de agosto de 2025

Los otros posibles motivos de la dimisión de la alcaldesa de Águilas / Cartas de los Lectores

  El 19 de agosto de 2025 Dª Mari Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa de Águilas anunció en rueda de prensa su decisión de presentar su renuncia al cargo por motivos personales. Lo hizo al más puro estilo “sanchista”: transmitiendo sectarismo y resentimiento por los cuatro costados con aquellos que no piensan como ella, y terminando su intervención con una puesta en escena tan conmovedora como hipócrita.

Dice que, después de meditar mucho la decisión, ha decidido priorizar la familia y la salud; lo cual está bien; aunque podía haberlo hecho al final de la anterior legislatura sin defraudar a su electorado y no dejar ahora un regalo envenenado a su sucesor. Sí, parece coherente y aconsejable que vuelva al ámbito de la docencia, aunque sea para cubrir interinidades, después del fiasco de las últimas oposiciones del mes de junio pasado.

Sin embargo, todos los antecedentes indican que la Alcaldesa oculta otras posibles razones que han motivado también su decisión, después de tan larga y profunda meditación. Así: 

  1. Una razón podría tienen relación con las causas judiciales pendientes por denuncias contra el Secretario General de su Ayuntamiento, D. Jesús López López, que podrían salpicarle también a ella por su pasividad cómplice. Entre otras causas, cabe citar como ejemplos las siguientes, que podrían conllevar penas de inhabilitación y de prisión: 


  • Diligencias Previas Abreviadas DPA 225/2022 incoadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Lorca por denuncias contra el Secretario presentadas por una ex concejala de C's, por presuntos delitos de ”malversación de fondos” y “prevaricación”. 

     

    La misma ex concejala denunció ante el Tribunal de Cuentas los hechos y se ha dictado sentencia nº 3/2024 de 5 de noviembre de 2024, por la que se condena, en concepto de responsabilidad contable por alcance, a la Alcaldesa y a los Interventores, a devolver a las arcas públicas la cantidad de 9.123 €. (que cobró injustificadamente el Secretario en concepto de gratificaciones estando en situación de baja por incapacidad temporal).

     

  • DPA 1399/2022  incoadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrevieja por denuncias contra el Secretario presentadas por la Secretaria del Ayuntamiento por presuntos delitos de “prevaricación” y “denuncia falsa”.

     

  • DPA 270/2022  incoadas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Lorca por denuncias contra el Secretario presentadas por el Tesorero Municipal de Águilas por presuntos delitos de “prevaricación”, “revelación de secretos”, “falsedad en documento oficial”, “malversación de fondos” y “acoso laboral”.


Esa pasividad de la Alcaldesa con los indicios de presunta corrupción aportados en las citadas causas, y con las presiones e intimidaciones que vienen sufriendo las víctimas de esos presuntos delitos para que renuncien a sus denuncias, argumentando que el Secretario es una persona, según parece, muy peligrosa, hace que la mayoría de los ciudadanos nos hagamos las mismas preguntas:

¿Por qué intimida la Alcaldesa con esos argumentos a las víctimas, en lugar de apoyar las denuncias, como es su deber legal?

¿Le parece coherente a la Alcaldesa que el Secretario General de su ayuntamiento, que tenía que ser un funcionario ejemplar, se encuentre denunciado en tantas causas judiciales por presuntos delitos relacionados con la corrupción?

¿Acaso el Secretario tiene pillada o grabada a la Alcaldesa en alguna ilegalidad grave, que podría afectarle directamente a ella o a su marido, el Técnico en Gestión Económico Financiera y Desarrollo Urbanístico?

¿Por qué la Alcaldesa metió a la “zorra en el gallinero” del Ayuntamiento, si ya conocía el historial conflictivo del Secretario?¿Por qué le firmaba los informes favorables para la renovación de su nombramiento por la Comunidad Autónoma de Murcia, si tan peligroso era?

  1. Otra razón podría ser su relación con los protagonistas de la trama Koldo, según consta en los informes de la UCO. Así, en el Pleno de junio de 2025, la Alcaldesa manifestó con mucha vehemencia hasta el aburrimiento, a propósito de la información de la UCO que relacionaba a Águilas con las prostitutas de la trama Koldo, que sentía asco de los puteros (intentando desmarcarse de José Luis Ábalos y Koldo). Manifestaciones que reprodujo días después ante un medio de comunicación nacional.

     

Sin embargo la “maldita hemeroteca” nos recuerda que, en el año 2018 el diario Confidencial confirmó que  la Alcaldesa tuvo la ayuda de Ferraz (Pedro Sánchez y José Luis Ábalos), para neutralizar las denuncias que un funcionario local presentó en Fiscalía por presunto amaño de las pruebas para la consolidación de empleo de la plaza de su marido (Técnico en Gestión Económico Financiera y Desarrollo Urbanístico). Entonces le vino muy bien dicha ayuda, y no les daba tanto asco.


A la vista de tales incoherencias, parece difícil asumir que la Alcaldesa se vaya a marchar con el mismo bolso con el que entró hace 10 años. Escuchándola en su rueda de prensa dieron ganas de organizar una suscripción popular, no para financiar de nuevo el Premio Novela de Águilas, sino para comprarle un bolso nuevo como regalo de despedida.


CONCLUSIÓN: Pedro Sánchez y la Alcaldesa son de la misma escuela de Arte Dramático, por eso nunca dicen una verdad completa (la peor de las mentiras).

S.R.J.

Águilas