ALMERÍA.- El presidente de la UD Almería, Alfonso García,
ha limitado este viernes su participación en la promoción y
construcción de las 300 viviendas en Cuevas del Almanzora, por las que
está siendo enjuiciado a la propiedad de las más de 350 hectáreas de
suelo rústico que, según ha explicado, permutó con la mercantil 'Huma Mediterráneo' a cambio de un 15 por ciento de lo edificado que se ejecutó. "Yo no soy constructor, ni promotor, ni sé de eso", ha asegurado.
García ha reconocido, no obstante, que el convenio firmado con el Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2002 con la "finalidad de que se aprobara la modificación de la calificación del suelo para construir viviendas", se hizo a nombre de su empresa 'Aesur SL' y ha afirmado que lo hizo "obligado" porque "aún estaba como titular del terreno en el registro".
"Luego todos los contratos y edificaciones las hizo Huma Mediterráneo", ha apuntillado.
A preguntas de las acusaciones, que sostienen que los 300 inmuebles se levantaron sin la "preceptiva licencia municipal" y "contraviniendo la normativa urbanística aplicable en la zona",
ha mantenido el mismo argumentario frente al hecho de que en el decreto
de Alcaldía por el que se ordenó en 2005 la paralización de las obras
figure 'Aesur SL' como promotora de la obra aunque ha reconocido conocer
que se iniciaron sin permisos municipales.
"Yo permuté suelo rústico pero si se podía o no construir no era mi problema", ha dicho, momento en el que el fiscal le ha espetado: "Me dice que sabía que se estaba cometiendo una ilegalidad en el terreno ¿Y no le interesaba?". A preguntas de su defensa, ha matizado, no obstante, que "desconocía cómo había evolucionado" la calificación del suelo y ha asegurado que "no le hizo seguimiento" una vez permutó el suelo "porque lo entendí, en todo momento, como una venta".
Tras la declaración de García, ha declarado ante la Sala del Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería el administrador de 'Huma Mediterráneo',
con sede en Mazarrón (Murcia), Antonio S.H., quien ha achacado su
enjuiciamiento a un exceso de "confianza" ante las informaciones sobre
el cambio de uso de suelo que venían del Ayuntamiento con el que, según ha subrayado, "había un convenio urbanístico".
"Quizá cometí una imprudencia, me confíe en lo que me dijeron de
que se iba a aprobar y empecé antes de tener las licencias que, me
dijeron, me iban a conceder en dos meses", ha señalado para, a
continuación, remarcar que, a lo largo de la tramitación, llegó a abonar
casi un millón de euros. "En tasas pagamos 181.000 euros entre abril y
mayo de 2005 y otros 300.000 euros para contratar al equipo redactor que
nombró el Ayuntamiento", ha apuntillado.
En esta línea, Antonio S.H. ha relatado que el Plan Parcial del
sector se aprobó de forma provisional a finales de abril de 2005 tras
contar con una "declaración de impacto ambiental favorable" de la Junta de Andalucía y que, en ese momento, "los técnicos que elaboraban" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en vigor y con esta zona calificada urbanizable, "no dijeron que solicitáramos las licencias de edificación".
El responsable de 'Huma Mediterráneo' ha afirmado que la orden de paralización de obra, que llegó "con 400 trabajadores en el tajo' no era tal "sino un decreto que nos instaba a ajustar la licencia por defectos formales" aunque ha insistido en que el residencia "tenía todos los informes favorables ambientales, de confederación hidrográfica, de Endesa, Galasa y otros".
Sobre los afectados por la adquisición de viviendas en un
residencial en el que, en una primera fase y bajo el nombre de
'Almanzora Country Club' se proyectaban un total de 1.794, ha revelado
que aún existen unos "400" clientes a los que no se les ha devuelto
dinero por "falta de liquidez" de la empresa. De estos, sólo se
ha personado como acusación particular una familia británica que, en la
actualidad, reside en una caravana al no haber recuperado su inversión.
En la vista oral también ha prestado declaración los cuatro
autores de los proyectos de obra Diego G.S., Enrique D.P., José
Francisco B.A. y Trinitario G., quienes han coincidido en señalar que
fueron contratados por 'Huma Mediterránea' para elaborar los citados
proyectos que, en contra de lo sostenido por las acusaciones, ha
asegurado contaban con el visado del Colegio Oficial de Arquitéctos de
Almería.
Han negado todos haber actuado como directores de obra y han
insistido en que el Plan Parcial, con aprobación provisional, se les
entregó en el Ayuntamiento cuevano junto al PGOU en soporte CD. "La normativa nos la facilitó el propio ayuntamiento y con eso nos pusimos a trabajar", han remarcado.
Por su parte, el ingeniero y exconsejero de Política e
Infraestructura Territorial de la Región de Murcia durante las dos
primeras legislaturas y hasta 1987, Juan José Padilla, ha indicado que
el convenio urbanístico se firmó porque el suelo "iba a ser calificado en el PGOU como suelo sectorizado" y ha precisado que, en mayo de 2005, se le "urgió" a redactar el proyecto de urbanización "porque eran inminente la aprobación definitiva".
"Yo redacte el Plan Parcial de acuerdo al convenio", ha asegurado para, a continuación, negar que se diese inicio a las obras sin licencia.
La Fiscalía interesa para todos los acusados, entre ellos Carlos
P.M. como exsubdirector de Ferrovial, penas de un año de prisión, el
pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día e inhabilitación
especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio como
presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio.
El representante de Ferrovial, último en declarar en esta primera
sesión del juicio que se retomará el día 21, ha negado tener
conocimiento de los hechos al no haber ostentado en esa época el cargo
de delegado territorial y ha minimizado su intervención a la firma de
los de los contratos "como todos los que me remitía la asesoría jurídica".
Según recoge el escrito de calificación, en el periodo de tiempo
comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la UD
Almería y Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en
calidad de promotoras, y por otro lado, la mercantil Ferrovial Agroman
SA como constructora teniendo como representante a Carlos P.M.,
iniciaron la construcción de un residencial en el paraje denominado
Llanos de Jordana, en Cuevas del Almanzora.
De la citada urbanización, se llegaron a levantar y concluir 300
inmuebles en terreno clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal
resalta que estas "no serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia municipal preceptiva" aunque la documentación que obra en autos apuntaría que el suelo es en la actualidad urbanizable según el PGOY y el POTLA.
Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el
resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la
intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y dirigió las obras de urbanización".
En concreto, le Juan José Padilla Cánovas la realización de la
nivelación de terrenos, la canalización, los saneamientos y los sistemas
generales, entre otras actuaciones.
Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido --remarca-- a su cualificación profesional", sabían no solo de la inexistencia de la licencia municipal de obras, "sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables".
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería deberá resolver, asimismo,
una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo construido y
urbanizado.
