MADRID.- Las 17 comunidades autónomas españolas tenían 136.151 millones de
deuda pública en 2011 pero, en la práctica no debían nada al Estado. Los
bancos les habían prestado más de 73.000 millones y, además, habían
colocado bonos en los mercados por importe de otros 62.000 millones de
euros. Nueve años más tarde, las comunidades han duplicado su deuda, que
ahora llega a los 298.077 millones de euros, según los últimos datos
del Banco de España, correspondientes al final del tercer trimestre de
2019 y que hoy recoge La Razón.
Y lo que al principio, en 2012, se planteó como una solución para
aliviar la situación de las comunidades ante el cierre de los mercados
en los momentos más duros de la crisis, se ha convertido en una forma de
financiación recurrente, que alcanza la cifra de 180.081 millones de
euros.
Es lo que las 17 comunidades deben, al 0% de interés –todo un
chollo incluso en tiempos de tipos por los suelos–, al Tesoro Público,
al Estado en definitiva. El resto, unos 118.000 millones, lo adeudan a
bancos españoles y a los inversores –sobre todo institucionales– que
compraron sus bonos, sobre todo antes de la crisis económica, y que
siguen vivos.
«Nada es gratis». Kenneth
Rogoff fue el autor al inicio de la Gran Recesión, junto a Carmen
Reinhart, de «Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera».
El libro repasaba las grandes quiebras financieras de los Estados y
explicaba cómo los políticos siempre dicen que esta vez es diferente.
Nunca lo ha sido.
Ahora Rogoff, en un artículo en Project Syndicate,
recuerda que la deuda «no es comida gratis», que es la expresión que se
utiliza para decir en inglés que «nada es gratis».
En España, algunas
comunidades, sin duda las más endeudas con el Estado, quizá piensan que
sí es gratis. Desde luego, no hay planes sobre cómo devolver esa deuda
que, además, aumenta todos los años.
En 2012, bajo la fórmula de Fondo
para la Financiación de Pagos a los Proveedores (FFPP), dejó a 14 de las
17 autonomías un total de 17.694 millones de euros. Las comunidades con
un régimen fiscal especial, País Vasco, Navarra, no recibieron nada y
ese año tampoco Galicia. Aquel año, la Comunidad Valenciana se «endeudó»
con el Tesoro por 4.351 millones de euros, bastante más que Cataluña,
que lo hizo por 2.020 millones de euros.
Destaca que aquel ejercicio
Castilla-La Mancha obtuviera 2.916 millones de euros de financiación
gratis pública. Nueve años después las cifras se han multiplicado de
forma exponencial. Los 17.694 millones de euros se han convertido en
180.881, que son los que adeudan las comunidades, con la excepción de
País Vasco y Navarra, al Tesoro, a través del Fondo de Financiación a
las Comunidades, heredero y sucesor del FLA (Fondo de Liquidez
Autonómico).
Cataluña, con 59.212, es la más endeudada con el Estado,
seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.660. En el primer caso
–Cataluña–, la dependencia de la financiación pública se ha multiplicado
por 29,3 y en el segundo –Comunidad Valenciana–, por 9,3 millones.
El
incremento desmesurado de la deuda de las comunidades autónomas con el
Estado coincide con la reducción de la financiación bancaria y de la
colocación de bonos –deuda– en los mercados. En 2011, por ejemplo, las
17 regiones –aquí si están incluidas País Vasco y Navarra– debían a los
bancos que operan en España un total de 73.133 millones de euros. En
2019, esa cifra ha descendido hasta los 64.313 millones de euros. La
explicación es simple y doble.
La financiación del Estado es
prácticamente gratis, aunque con algunas condiciones, mientras que la
bancaria hay que pagarla desde el principio. La evolución de las
relaciones crediticias de las autonomías con los bancos en este periodo
ofrece algunos datos llamativos. En 2011, las entidades financieras
españolas tenían concedidos 11.021 millones de euros en préstamos a
Cataluña, una cifra que en 2019 ha bajado hasta los 5.834 millones
euros. Madrid, País Vasco y Navarra, por el contrario, han aumentado de
forma significativa su financiación bancaria española.
Significa,
obviamente, que las entidades financieras se fían más de unas
comunidades que de otras. Todavía más espectacular es la reducción de la
financiación bancaria internacional a las comunidades autónomas, que ha
pasado de 26.060 millones en 2011 a 21.897.
En la práctica, lo que
ocurre con los préstamos bancarios a las autonomías es que las entidades
financieras, salvo excepciones, no hacen nuevas operaciones. Renuevan
las existentes y cuando tienen oportunidad intentan reducir –cobrar el
principal del préstamo– su exposición a ese mercado.
Las regiones,
tradicionalmente, recurrían a los mercados para financiarse, mediante la
emisión y colocación, sobre todo, de bonos. Sin embargo, los mecanismos
extraordinarios de liquidez que puso en marcha para ellas en 2012 el
Gobierno de Rajoy prohibían acudir a los mercados a las que no
cumplieran las metas de déficit, deuda y regla de gasto.
Otra forma de
controlar las cuentas autonómicas y evitar aumentos descontrolados del
gasto. El máximo de financiación procedente de los mercados se alcanzó
en 2012, con 65.686 millones. Desde entonces ha descendido hasta los
45.267 millones actuales. En este caso, es Madrid la que está más
endeudada con los mercados, con hasta 18.480 millones de euros, con el
País Vasco en segundo lugar, con 4.772 millones.
Precisamente
Madrid y País Vasco, junto con Navarra, Asturias y Castilla y León, son
las únicas autonomías que en 2019 se han financiado exclusivamente a
través de los bancos y los mercados, es decir, inversores ya sean
institucionales o particulares.
El resto de las comunidades siguen
enganchadas a los fondos estatales y, según un informe de Analistas
Financieros Internacionales (Afi), citado por el diario El País, en 2020
pedirán otros 37.000 millones de euros, que será nueva deuda que habrá
que añadir a la existente. Rogoff ha explicado con detalles por qué no
hay «deuda gratis».
Sin embargo, los responsables de algunas regiones
trabajan para encontrar fórmulas para no devolver nunca esa deuda al
Tesoro público y que sea «gratis» para sus respectivos Gobiernos, aunque
nunca será «una comida gratis» para los ciudadanos, que son quiénes
pagarán todo, como siempre.
