MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha defendido en el pleno del Congreso el proyecto
de reforma de la Ley de Costas, frente a los grupos parlamentarios de
PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que han presentado enmiendas de
totalidad para devolver el texto al Gobierno, señalando, entre otros
aspectos, la necesidad de que la Administración General del Estado
disponga de un mecanismo de reacción "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del hotel Algarrobico, en Almería.
El titular de Medio Ambiente ha asegurado que la futura
norma compatibilizará la protección del espacio natural marítimo con la
actividad económica que generan riqueza. Además, ha adelantado que el
grupo parlamentario popular rechazará todas las iniciativas de la
oposición para que no prospere el texto.
Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este
texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía
--mantener y conservar en buen estado el litoral--, además de haber
fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Es más, ha avisado de que esta controversia ha traspasado las
fronteras de España y ha llevado al Parlamento europeo a pedir y revisar
"urgentemente" una modificación de la Ley de Costas, a fin de proteger a
los propietarios de viviendas y a aquellos que poseen pequeñas parcelas
en la costa, que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente
costero.
Según ha asegurado, la normativa de 1988 no ha sido eficaz en su
principal objetivo de proteger el litoral, ya que en estos más de 20
años se ha producido la "mayor degradación" de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas.
Sobre la inseguridad jurídica, el responsable de Medio Ambiente
ha apuntado a los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio
público y qué es servidumbre de protección, ya que, en su opinión, se
han realizado con criterios "no homogéneos, de diferente forma según los
territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de
arbitrariedad y agravio comparativo".
Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa
define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica
criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un
régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las
contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las
playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que
impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos
urbanos de las playas y los tramos naturales, situados en zonas
protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.
Para ello, Arias Cañete ha explicado que la ley prevé un régimen
diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado
nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores
medioambientales. "En las playas urbanas se asegura su conservación y se
permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos
y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso
común", ha señalado.
Igualmente, el titular de Medio Ambiente ha señalado la conveniencia de que la administración estatal disponga de un instrumento "rápido y eficaz"
que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como
en el caso del Algarrobico, donde establece la llamada 'cláusula
anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el
principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los
tribunales la decisión de fondo".
Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a
partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga
extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley
de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
Además, el nuevo texto normativo resolverá la situación de
vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de
Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en
dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho
anterior a 1988.
En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza
en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no
residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
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