"Sólo 139 municipios de los muchos en riesgo por incendio" tienen planes de emergencia homologados", dice el Defensor

 SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz avisa de que "llama la atención que en la relación de municipios con plan de actuación local de emergencia por incendios forestales homologados en Andalucía, publicado en la web de la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA), tan sólo son 139 frente a los numerosos municipios incluidos en la zona de peligro" tanto en el Plan Infoca como en el Plan Anual 2026 por riesgo de incendio. Almería y Cádiz son las provincias con más municipios en esa relación --101 y 27, concretamente--.

Un municipio que aparece en zona de peligro en el Plan Infoca o en el plan anual de prevención "tiene la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente plan local de emergencia por incendios forestales, recuerda el organismo autonómico. 

Así lo reseña la Oficina del Defensor en una actuación de oficio abierta, consultada por Europa Press a fin de conocer por parte de la Junta de Andalucía cuáles son "las actuaciones realizadas ante la falta de homologación de planes locales de emergencia por incendios forestales por parte de los municipios".

Además, el Defensor quiere "tomar mayor conocimiento de la actual situación" en relación con las medidas preventivas desarrolladas durante el periodo de vigencia del plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2026 y las que está previsto tomar una vez finalice este citado plan.

Ante el "escenario" de una "creciente preocupación" por el incremento de incendios forestales y un riesgo que "ha dejado de limitarse a los meses de julio y agosto", el Defensor sostiene que "debe exigirnos ir más allá de una respuesta correcta y coordinada cuando se produzca" una situación de emergencia por incendios cada vez más "virulentos, quizás por un aumento del propio combustible que supone la vegetación en un año de abundantes lluvias y, posiblemente, por una deficiente o no acertada gestión de trabajos previos de prevención".

En relación al plan anual de prevención de 2026, éste "establece mecanismos de ejecución subsidiaria de la Administración autonómica ante posibles incumplimientos o necesidades de apoyo en el ámbito local o privado en materia de trabajos preventivos". 

Aunque la "competencia directa sería de la Administración local, la Administración autonómica tiene la función de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que deben aplicar tanto las administraciones públicas como las particulares".

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz --en el primer pleno ordinario-- para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, especialmente graves el de Los Gallardos, en Almería, con catorce víctimas mortales, y el de Niebla, con 33.000 hectáreas calcinadas.

El Defensor cierra la queja sobre atención a menores migrantes al cambiar protocolos para determinar su edad

 ALMERÍA.- El Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Almería prestará atención "inmediata" a los menores extranjeros no acompañados desde el momento en el que sean localizados por las autoridades sin necesidad de esperar a la realización y obtención de las pruebas médicas oseométricas destinadas a determinar su edad.

Así consta en la resolución emitida por la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía con la que cierra el expediente abierto de oficio tras la queja anónima en la que se alertaba de retrasos en horario nocturno en la emisión de informes radiológicos necesarios para acreditar la minoría de edad de niños extranjeros indocumentados para permitir su derivación a un centro de protección.

El texto toma en consideración el informe emitido por el servicio dependiente de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería, en el que se apunta que se han iniciado actuaciones de coordinación con la Fiscalía de Menores y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar que la entidad pública de protección "sea informada en el momento en que se produce la localización de los menores".

Con ello, estima el defensor que las medidas van orientadas así a solventar las situaciones de desatención que se habrían producido con anterioridad cuando los menores solo pasaban a disposición de la entidad pública una vez que se realizaban las pruebas y se confirmaba su minoría de edad.

Hasta ese momento, la entidad pública no intervenía ni tenía conocimiento de las situaciones de desatención que se producían durante el proceso de determinación de la edad, lo que provocaba que durante la espera algunos menores tuvieran que pasar la noche en el hospital o en Comisaría.

La Defensoría había solicitado un informe a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería tras recibir la respuesta del Hospital Torrecárdenas a la queja por los retrasos en las pruebas médicas y ver "en entredicho" la coordinación entre Fiscalía, Policía, la entidad pública de protección de menores y las autoridades sanitarias.

La entidad que dirige Jesús Maetzu tuvo en consideración los argumentos otorgados desde el hospital sobre cómo se organiza la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico donde, durante las guardias, se priorizan las urgencias médicas que requieren "decisiones rápidas" sobre los pacientes atendidos.

Esta organización, según recoge el documento, "vendría a justificar" los retrasos en las pruebas ordenadas por la Fiscalía para determinar la edad de estos menores. No obstante, de la respuesta del hospital "parece deducirse" que son conducidos al centro "sin previa cita" y en un horario en el que "resulta previsible que no puedan ser atendidos en un período de tiempo razonable".

La actuación tiene su origen en una queja anónima en la que se alertaba de retrasos en horario nocturno en la emisión de informes radiológicos necesarios para acreditar la minoría de edad de menores extranjeros no acompañados y permitir su derivación a un centro de protección.

En esa queja, la persona remitente sostenía que, aunque por la noche se realizan las pruebas radiológicas, vinculadas a la determinación de la edad ósea, el centro médico "no confecciona en ese horario el informe necesario" para hacer constar la edad, un documento que considera "imprescindible" para el ingreso de estos menores en un centro.

El escrito apuntaba además que los menores extranjeros no acompañados indocumentados que no llegan en patera, sino que se presentan en Comisaría o son localizados en la vía pública, pueden pasar la noche en dependencias policiales si son encontrados a partir de las 21,00 horas.

Según la queja, estos menores pueden permanecer "hasta diez horas" sentados en una "silla de plástico", mientras que son los funcionarios de Policía quienes les dan de cenar y desayunar "por sus propios medios", ya que muchos "vienen con hambre".

La Defensoría ya indicó que, aunque el escrito carecía de identificación de la persona remitente y no estaba ratificado ni firmado, acordó intervenir de oficio ante la "gravedad de los hechos descritos", su posible incidencia en los derechos de personas menores de edad especialmente vulnerables y la posibilidad de que el relato pudiera ser cierto.

El Defensor apunta "con claridad" a "demoras asistenciales" y afea la "suscinta" respuesta de la Junta sobre cribados

 SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha apuntado a que "la razón de fondo --en los fallos del cribado del cáncer de mama-- apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla" en la "suscinta" respuesta de la Consejería de Sanidad y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la petición de información hecha desde la Defensoría al abrir de oficio una investigación tras conocerse los fallos que afectaron a 2.317 mujeres en Andalucía.

En su resolución final, con la que el Defensor da por zanjada la investigación, el órgano plantea cuatro recomendaciones. En primer lugar, implantar un sistema "uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática"; en segundo lugar, señala que es "necesario dotar el programa de medidas de refuerzo que permitan canalizar los casos derivados a la valoración hospitalaria y cumplir los plazos fijados para completar el estudio radiológico y los restantes tiempos establecidos para la respuesta asistencia".

En tercer lugar, insta a "acordar una tramitación prioritaria de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se sustancien por esta causa y que todos ellos se concluyan por el dictado de resolución expresa sobre la pretensión". 

Por último, "que se ponga a disposición de esta Institución el resultado de los trabajos de revisión y auditoría acometidos y que se clarifiquen las disfunciones que han incidido en el funcionamiento anormal del programa sobre las que persisten dudas", tal como figura en la resolución publicada por el Defensor y consultada por Europa Press.

En su resolución, reprocha a la Junta que en su informe "refleje los porcentajes de participación en el programa sin aportar en cambio la información solicitada", como datos de carga asistencial, dotación de recursos humanos en los servicios de Radiodiagnóstico de los hospitales públicos y "lo que es más importante, en lo que atañe al fondo del asunto, no ofrece los elementos objetivos ni las explicaciones que permitan a esta Institución disipar dudas esenciales, como las relativas a la identificación del protocolo de aplicación, la determinación de si contempla o no la comunicación autónoma de los resultados o discernir si la aplicación del programa se ajustaba o se apartaba de los protocolos y por qué razón".

Pese a lo que el Defensor describe como "parquedad de la información recibida", con el informe de la Consejería y del SAS, la Defensoría asegura que "hemos alcanzado algunas certezas del mismo modo que mantenemos dudas". 

Entre esas "dudas", "persiste la referida a cuál era o incluso cuál es actualmente el protocolo de aplicación". 

El referido informe "habla de un aplicativo de gestión, llamado PDPCM, que articula la ruta asistencial mediante un soporte informático específico, sin que el informe precise cuál es el documento o protocolo que ha servido para diseñar el aplicativo, ni si ha supuesto algún cambio respecto del proceder precedente". 

Entre las certezas, por contra, "contamos con la concreción de quiénes son las participantes en el programa a las que no se comunican autónomamente los resultados de su prueba que ha arrojado finalmente un marco más amplio que el considerado inicialmente por esta Institución".

En este punto, y remitiéndose al informe, éste "detalla que el aplicativo de gestión en cuestión incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes (BI-RADS 1 y 2), que son los que finalizan en este punto el itinerario, pero no para los restantes: "en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5) el sistema genera directamente la derivación hospitalaria". 

Es decir, "la responsabilidad de informar a estas últimas" corresponde "al circuito asistencial del ámbito hospitalario correspondiente".

"Si bien este punto no se menciona en el informe obtenido para la investigación de oficio, sí lo refiere el informe desde la Gerencia del Hospital Virgen del Rocío en abril de 2026 y en el previamente emitido por el Hospital Universitario de Puerto Real en diciembre de 2025, al hilo de investigaciones sobre casos individuales". 

Así, el primero, detalla la resolución del Defensor, "clarifica que compete a la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico la responsabilidad de notificar la derivación de la paciente, cualquiera que sea la clasificación de entre las citadas, subordinándose esta comunicación al condicionante de asignar la cita". 

Por tanto, "del informe de ambos hospitales resulta claro que en la práctica se distingue entre resultados BI-RADS 3 y los de nivel 4 y 5, sujetos a distintos plazos de prioridad y, en consecuencia, condicionada la atención de los primeros a la preferencia de los segundos".

El informe más reciente del Virgen del Rocío --abril de 2026-- "describe el procedimiento para la comunicación de resultados, si bien observamos que sólo habla de comunicación de resultados en sentido propio para aludir a la notificación por carta realizada por el PDPCM en los casos de normalidad. Cuando se trata de los restantes, el circuito hospitalario, emplea la expresión de notificar la "derivación de la paciente".

 "La derivación de la paciente debe ser notificada en el mismo momento de la cita y dentro de los plazos que para dicha cita se establece en cada categoría, siendo responsable la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico.

Añade el hospital sevillano que en los casos de BI-RADS 4 y 5 la cita ha de ser asignada en un plazo de siete a diez días desde la derivación; que los BI-RADS 3 tenían y siguen teniendo fijado un plazo de cita de seis meses mientras que la categoría 0 "no estaba bien definida" por lo que puntualiza que "recientemente, el plazo para la cita de esta última se ha establecido en un mes".

De todo ello, "concluimos que ciertamente en los casos de derivación hospitalaria no tiene lugar una comunicación de resultados del cribado como tal sino que lo que se da a conocer es una cita para completar el estudio inicial por parte del servicio encargado de su realización que, como es entendible, supone al propio tiempo conocer el resultado no concluyente del primero en términos de derivación hospitalaria".

 "La razón de fondo apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla", sentencia la resolución del Defensor.

En su análisis del informe del Virgen del Rocío, donde la Junta concentró el problema de los fallos en el programa aunque el Defensor sólo 'libra' a las provincias de Córdoba, Córdoba y Jaén, el Defensor señala que el hospital "reconoce la situación de demora que existía para atender las derivaciones de las mujeres con resultados catalogados como 0 y 3 en los siguientes términos: "con anterioridad a octubre de 2025, la notificación de derivación se realizaba por parte de Radiodiagnóstico una vez la paciente tuviera la cita pero dada la demora que existía en esas fechas, muchas pacientes no eran conocedoras de esta notificación".

"Si la comunicación de esta derivación y la del resultado del cribado se hubiera cursado de forma automática, al menos se habría evitado la incertidumbre sobre la situación", punto éste en el que el Defensor señala que "nos resulta difícil entender por qué se justificó la omisión de la comunicación apelando a la idea de evitar la angustia". 

"Las dilaciones en la asignación de citas por no poder ser atendidas han operado como lastre en la comunicación de las derivaciones hospitalarias" ya que "el contexto de profesionales que trabajan a destajo en continuidades asistenciales autorizadas en los periódicos planes de choque que ya nos hemos acostumbrado a ver activados como forma de dar respuesta provisoria puntual a problemas estructurales". 

El Defensor, de hecho, apunta a que en diciembre de 2025, un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa "tuvieron que ser derivadas al concierto externo".

El Defensor del Pueblo Andaluz investiga retrasos en el Hospital 'Torrecárdenas' para determinar la edad de los menas

 ALMERÍA.- La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha iniciado una actuación de oficio para recabar información sobre los retrasos que, según una queja anónima recibida por la institución, se producirían en horario nocturno en el Hospital Torrecárdenas de Almería en la emisión de informes radiológicos para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados.

Esta situación les obligaría, de confirmarse estos hechos, a pasar la noche "en condiciones inadecuadas" a la espera del documento necesario para acreditar oficialmente su minoría de edad y poder ser derivados a un centro de protección.

La actuación, consultada en la web del Defensor del Pueblo Andaluz, se dirige a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al Hospital Torrecárdenas.

En el correo, la persona remitente afirma que, entre los trámites que realizan los agentes de la Policía Nacional con los "menas indocumentados", figura la práctica de una prueba radiológica para determinar su edad, normalmente una radiografía del carpo, en la mano y la muñeca, para estimar la edad ósea. Una vez confirmada la minoría de edad, se procede a su traslado al correspondiente centro de protección.

Según el escrito, aunque por la noche se realizan las pruebas radiológicas, el centro médico "no confecciona en ese horario el informe necesario" para hacer constar la edad, un documento "imprescindible" para el ingreso de estos menores en un centro.

La queja añade que esta situación ha sido trasladada en el hospital tanto a la recepción de urgencias como al personal técnico que realiza las placas de rayos, con el fin de que informen al radiólogo de guardia sobre la necesidad del informe para poder evitar que pasen la noche en Comisaría.

La persona remitente asegura desconocer los motivos por los que no se elaboran estos informes durante la noche ni si el radiólogo de guardia ha tenido conocimiento de los hechos.

No obstante, sostiene que los menores extranjeros no acompañados indocumentados que no llegan en patera, sino que se presentan en Comisaría o son localizados en la vía pública, pueden pasar la noche en dependencias policiales si son encontrados a partir de las 21,00 horas.

El documento apunta que estos menores pueden permanecer "hasta diez horas" sentados en una "silla de plástico" y que son los funcionarios de policía quienes les dan de cenar y desayunar "por sus propios medios", ya que muchos "vienen con hambre".

La persona remitente sostiene que estos menores no deben sufrir ese "trato tan deshumanizado" por parte de la administración y que necesitan un espacio donde permanecer "debidamente atendidos" mientras se resuelve su derivación.

La Defensoría ha indicado que, al tratarse de una queja remitida por correo electrónico sin identificación de la persona remitente ni ratificación y firma, procedería dar por concluidas las actuaciones por tratarse de un escrito anónimo.

Sin embargo, ante la "gravedad de los hechos descritos", su posible incidencia en los derechos de personas menores de edad especialmente vulnerables y la posibilidad de que el relato pudiera ser cierto, la institución ha acordado intervenir de oficio.

El organismo considera necesario esclarecer si se producen estas demoras y, en su caso, si la respuesta administrativa y sanitaria ofrecida garantiza una "atención digna, ágil y ajustada al interés superior del menor".

Asimismo, ha recordado que la protección de la infancia exige que cualquier actuación relacionada con menores no acompañados se desarrolle con la "máxima diligencia y coordinación entre administraciones", con el fin de "evitar esperas innecesarias o situaciones que puedan agravar su desamparo".

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita más de 1.700 expedientes por mediación en una década

 SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado 1.732 expedientes por mediación desde la creación de este servicio en 2016. Esto supone una media de 173 expedientes al año. Éste será una de los datos que ofrecerá la Oficina dirigida por Jesús Maeztu en la jornada --miércoles 21, en Sevilla-- que bajo el título 'Mediación dPA: 10 años de participación, diálogo y acuerdos' repasará los diez años de experiencia de mediación.

Estos cerca de 1.800 expedientes de mediación en una década equivalen a que el Defensor Andaluz gestionó un conflicto con mediación cada 48 horas, resaltan fuentes de la institución. El Defensor del Pueblo Andaluz utiliza la mediación para resolver conflictos cuando considera, una vez analizado el asunto, que es la forma "más eficaz" de intervención.

La mediación tiene un triple propósito: ayudar a la ciudadanía y a las administraciones a encontrar una solución que "respete los intereses de cada una, pero que resuelva el problema a ambas"; procurar una "mejora del clima de diálogo y entendimiento" entre ciudadanía y administraciones públicas de manera que "ambas logren construir una nueva historia común, en una relación que debe continuar en el futuro"; y trasladar la cultura mediadora a la ciudadanía y a las administraciones en "un proceso de aprendizaje directo y de prevención del conflicto".

Cualquier colectivo ciudadano puede solicitar al Defensor que ejerza como mediador para la solución de su problema con una o varias administraciones públicas. Asimismo, una administración pública puede solicitar la mediación de la Oficina del Defensor si entiende posible una solución pactada con otra administración o colectivo de ciudadanos. 

El Defensor también puede proponer de oficio la atención de una queja a través de la mediación si considera que es la fórmula más eficaz para gestionarla.

La inauguración de la jornada correrá a cargo de José Antonio Nieto Ballesteros, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, y Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz.

El programa incluye la ponencia 'Mediación: por qué un modelo de intervención propio', a cargo de Marina Otero, asesora del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz. 

A continuación se celebrará la mesa redonda 'Experiencias de participación en procesos de mediación del dPA', moderada por María José Ruiz, asesora técnica de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, con la participación de Pilar López (asesora jurídica de colectivo de ciudadanía), Raúl Castilla (alcalde de Sanlúcar la Mayor), Álvaro Burgos (delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva), Áurea del Noval (jefa del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla) y Ana Vinuesa Padilla (asesora del Área de Vulnerabilidad del Defensor del Pueblo Andaluz).

La segunda mesa redonda se centrará en 'Retos y desafíos para la mediación administrativa', moderada por Marina Otero, con la intervención de Esteban Rondón (director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía), Luis Miguel Blanco (magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) y Eduardo Candau (secretario general del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales).

El Defensor del Pueblo Andaluz insta a valorar medidas ante el desahucio de migrantes de chabolas en Níjar

 ALMERÍA.- El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha dirigido un escrito al alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP), en el que le recuerda el deber de adoptar "con carácter urgente y preferente" medidas para valorar la situación de vulnerabilidad de las cerca de 50 personas, entre ellas nueve menores, que van a ser desalojados este martes de las infraviviendas que ocupan en el Cortijo El Uno, de titularidad privada.

En su resolución emitida este mismo lunes, la Oficina del Defensor realiza esta recomendación y pide al primer edil que preste "especial consideración" a las situaciones de "especial vulnerabilidad como puede ser las familias en las que se encuentran menores a cargo".

La oficina recoge la solicitud efectuada por el Servicio Jesuita a Migrantes, que pedía amparo ante la "situación de extrema vulnerabilidad" de las personas que van a ser desalojadas, las cuales ni tan siquiera han sido valoradas por los servicios sociales comunitarios de Níjar, de modo que tampoco se les ha ofrecido ningún recurso residencial.

Asimismo, el defensor solicita al alcalde que "con carácter inmediato" se coordine con las administraciones que considere competentes en la materia, para que con el ejecución del lanzamiento judicial se evite que "se queden en situación de calle las personas que vayan a ser desalojadas, priorizando las familias con menores".

Maeztu también han pedido que se implementen las actuaciones de coordinación y trabajo en red con las entidades y asociaciones que vienen prestando su colaboración los asentamientos de su término municipal, a los efectos de canalizar recursos que puedan dar respuestas a estas familias, "impidiendo la desprotección de las mismas".

"Esperamos confiadamente que estas recomendaciones puedan ser consideradas de manera inmediata", ha añadido el Defensor, que solicita que se dé cuenta de las soluciones que se adopten en el plazo no superior a un mes.

A pesar de que el asentamiento se encuentra en una finca privada, el Defensor ha apuntado que, al igual que sucede en otros municipios como Lepe, en Huelva, "la mayoría de los asentamientos, se encuentran en fincas de propiedad privada, lo cual no ha impedido que en el municipio onubense, se están dando respuestas a las personas que se desalojan".

Del mismo modo, apela a los derechos de la infancia para instar medidas de protección dentro de las competencias municipales, dado que no se habrían arbitrado "las medidas adecuadas para la valoración y posibles respuestas de las familias con menores a cargo, una cuestión prioritaria y urgente" ante el inminente desalojo.

El Defensor ha apuntado en su propia resolución la labor que se efectúa desde el Ayuntamiento de Níjar de cara a erradicar los 32 asentamientos chabolistas con los que cuenta el municipio, algunos de ellos con personas que acumulan más de 15 años viviendo en infraviviendas.

No obstante, ha mostrado su preocupación ante la falta de respuesta de la administración local en este caso ya que, conforme le han indicado las entidades sociales que trabajan en la zona, nadie del Ayuntamiento de Níjar habría visitado el asentamiento ni se habría producido ningún tipo de reunión con la Mesa del Tercer Sector para abordar este asunto pese a conocer la existencia de, al menos, seis unidades familiares.

"El Ayuntamiento no ha planteado ninguna alternativa ni ninguna iniciativa, negándose incluso a considerar, argumentar o valorar las propuestas de las entidades sociales", han trasladado las ONGs que trabajan en la zona, las cuales apuntan que no se ha previsto ningún alojamiento alternativo para los afectados.

El Defensor del Pueblo andaluz reclama ayudas "específicas" para menores tutelados que cumplen mayoría de edad

ALMERÍA.- El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado su "preocupación" por la situación en la que quedan los menores tutelados una vez cumplen la mayoría de edad y ha reclamado "ayudas específicas".

Maeztu se ha desplazado este miércoles a la provincia de Almería para conocer la realidad del centro residencial para menores tutelados 'La Casa', en Purchena y para compartir con el Ayuntamiento de Huércal-Overa las preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía.

En paralelo, el Defensor ha mantenido una reunión con las asociaciones de la comarca del Levante almeriense y su oficina de información atiende en persona hasta mañana jueves a la ciudadanía de la comarca.

Maeztu ha valorado la labor de los profesionales del centro dependiente de la organización Interprode en Purchena, que presta asistencia integral a personas menores que se encuentran bajo la guarda o tutela de la Entidad Pública de Protección de Menores.

El Defensor ha subrayado el modelo de acogida de los niños, niñas y adolescentes "desde el respeto y la tolerancia para la búsqueda de su integración socio laboral con independencia de su color de piel, raza, religión o procedencia, y ha llamado la atención en particular sobre las víctimas de trata".

Ha resaltado también la necesidad de actuar ante los problemas de salud mental en esta población y ha reclamado prevencion y detección temprana de estas situaciones como factores clave de atención en estas edades.

La presidenta de Interprode, María Asunción García Bonillo, ha trasladado al Defensor su preocupación cuando estos menores de edad cumplen 18 años.

"Somos sus referentes, se sienten abandonados por sus familias", ha afirmado, una preocupación que ha compartido el Defensor, que en diversas ocasiones ha reclamado ayudas específicas para estas situaciones.

A continuación, Maeztu ha mantenido un encuentro con el Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, en la cual ha tenido ocasión de tratar las distintas peticiones y sugerencias de los vecinos del municipio. En su visita al Ayuntamiento ha firmado en el Libro de Honor del Consistorio.

Maeztu ha sostenido que su presencia en Huércal-Overa debe servir como "testimonio de cooperación, para ayudar en colaboración con las administraciones a mejorar la vida de la ciudadanía".

Ha agradecido el recibimiento que le ha dispensado esta ciudad y esta comarca del levante almeriense y ha recordado "el papel que tienen los servidores publicos de remover los obstaculos para hacer feliz a la ciudadanía".

El alcalde del municipio, Domingo Fernández, ha destacado que "es un honor" recibir la visita del Defensor del Pueblo Andaluz.

"Su presencia resalta la importancia que tiene para nosotros el fortalecimiento de los lazos de colaboración y la promoción del respeto a los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos", ha dicho.

Desde hoy y hasta mañana jueves, la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz atiende en Huércal-Overa las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía de la comarca del levante almeriense.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

En este desplazamiento la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atiende a los vecinos y vecinas de Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Turre y Vera.

Lo hace en el Centro de Servicios Sociales Mónica Sánchez, calle Retama, s/n , en el barrio de San Isidro, en horario de 09,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da atención presencial desde este miércoles en el Levante almeriense

ALMERÍA.- La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza este miércoles y este jueves al Levante almeriense para atender presencialmente a la ciudadanía ambos días en el centro de Servicios Sociales de Huércal-Overa.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Según ha indicado el propio órgano en una nota, en este desplazamiento la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos y vecinas de Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Turre y Vera.

Así, la atención se dispensará en el Centro de Servicios Sociales Mónica Sánchez, situado en calle Retama s/n, en el barrio de San Isidro, en horario de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citaprevia dpa@defensor-and.es.

También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: Facebook o X. Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá una reunión con los Servicios Sociales Comunitarios de la comarcas y con asociaciones de carácter social.

IU lleva al Defensor del Pueblo andaluz el "abandono municipal" de la Casa de la Marina de Almería

ALMERÍA.- La asamblea local de IU-LV-CA ha puesto en conocimiento a través de una queja registrada en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz la situación de "deplorable abandono" de la Casa de la Marina en Almeria.

La Casa de la Marina, es de propiedad municipal y esta protegida en el Catalogo de Bienes Protegidos del PGOU de 1998 por sus valores históricos y culturales.

A pesar de su "protección", según ha lamentado IU, el inmueble se encuentra en un "deplorable estado de conservación y avanzado estado de deterioro" y sufre la "ausencia de un proyecto de rehabilitación y puesta en valor".

En un comunicado, ha criticado al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almeria por su "inacción" en la "adecuada" conservación del patrimonio histórico en la ciudad de Almeria y ha remarcado que la Casa de la Marina es un ejemplo de "lamentable" gestión municipal.

"El PP, a golpe de su improvisación, ha anunciado en diversas ocasiones posibles usos que podría tener el edificio sin que hasta la fecha se haya consignado una dotación presupuestaria en los presupuestos locales para su rehabilitación y no se a sacado a licitación ningún proyecto de uso cultural y turístico", ha reprochado la coalición de izquierdas.

IU ha asegurado que el enclave de la Casa de la Marina es "único" para que pueda tener un uso cultural, un uso deportivo para actividades acuáticas e, incluso, como oficina de turismo.

"Se pondrá en conocimientos estos hechos para que el Defensor del Pueblo Andaluz inicie un expediente de queja para que pueda garantizar su adecuada conservación", ha concluido.

El Defensor del Pueblo urge medidas para que la población vulnerable "no vuelva a quedarse atrás" por la pandemia

 SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto este jueves una decena de medidas "para aprovechar los retos y las oportunidades que ofrece el proceso de reactivación y recuperación tras la COVID-19" y que estarán encaminadas en "avanzar en la igualdad real y que la población más vulnerable no vuelva a quedarse atrás como consecuencia de una crisis".

Maeztu ha entregado a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el informe especial que ha realizado la Institución 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia', en el que analiza el impacto en el primer semestre de la crisis sanitaria, desde la perspectiva del Defensor como garante de los derechos de la ciudadanía.

El informe extraordinario está fundamentado en los más de 5.000 expedientes solo relacionados con la COVID --1.602 quejas y 3.474 consultas-- gestionados desde el inicio de la pandemia el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre, una vez finalizado el verano.

El Defensor adaptó el servicio que presta la institución desde el primer día de confinamiento "para dar respuesta a la ciudadanía que solicitó su intervención o asesoramiento" y ocho de cada diez personas que acudieron por un motivo relacionado con la Covid nunca antes habían solicitado la actuación de este comisionado parlamentario.

El Defensor ha enumerado los diez retos o lecciones de la crisis que se pueden poner en práctica para conseguir el objetivo de reducir la brecha de la desigualdad y que serían "el fortalecimiento del Sistema Público de Salud, la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar o la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad.

También ha citado la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia, el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático, el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos.

Entre estos retos, el Defensor del Pueblo ha destacado "la urgencia de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información" para evitar lo que ha denominado nuevos excluidos por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos.

En este sentido, ha destacado que la brecha digital afecta a colectivos muy diversos, tanto personas mayores como desfavorecidos social y económicamente, también a quien vive en zonas rurales aisladas o mal conectadas. Además, repercute en migrantes, personas con discapacidad o mujeres solas con cargas familiares, entre otros.

"Estamos muy lejos de alcanzar los estándares mínimos que demanda la nueva sociedad de la información. La brecha digital amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social", ha señalado Jesús Maeztu.

Por otro lado, la experiencia del coronavirus ha servido al Defensor del Pueblo andaluz "para comprobar la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas". "Las personas no sabían a dónde acudir. Nos han repetido: No sé a dónde ir. Nadie me escucha. Todo está cerrado. ¿Y yo y mis niños de qué comemos?", ha ejemplificado Jesús Maeztu.

Para el Defensor, estas propuestas "deben servir para combatir la pobreza y la desigualdad, que deviene de la falta de empleo, y de las consecuencias que tiene en la infancia y la adolescencia, la pobreza infantil". "Debemos equilibrar la igualdad real, con el fin último de que de esta pandemia salgamos todos a la vez, para que así no aumente la desigualdad. Se lo debemos a todos aquellos que están haciendo un sobreesfuerzo en estos meses y a las personas que han fallecido y a sus familiares", ha concluido.

Maeztu actúa de oficio para conocer las medidas de Ayuntamiento y Diputación de Almería para "flexibilizar" obligaciones fiscales por la crisis

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una investigación de oficio en la que demanda a las haciendas locales información sobre las distintas medidas emprendidas para flexibilizar las obligaciones fiscales tras la suspensión de actividades económicas a consecuencia de la alarma sanitaria producida por el Covid-19.

En su queja, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado que el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, "fundamenta y motiva" las medidas de flexibilización económico-fiscal y tributarias, con alcance general, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias y subraya la necesidad de que los entes municipales "apliquen también medidas ante las dificultades por la que ya se están viendo afectadas amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía".

"Estas medidas permitirían a los contribuyentes más afectados por esta crisis (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etcétera), afrontar de manera menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales", señala.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz, la contención de actividades económicas y sociales decretada en los ámbitos sectoriales referidos (comercio en establecimientos, comercio ambulante, hostelería y restauración, etcétera) "aboca a trabajadores y a titulares de licencias de funcionamiento de actividades y establecimientos al cese temporal de su trabajo, desempeño y ejercicio --mientras dure la alarma sanitaria-- con las consiguientes pérdidas económicas, colocando a bastantes personas y familias con pocos recursos prácticamente en situación de necesidad".

Por estos motivos, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha trasladado a los municipios andaluces y, a las Agencias y Organismos autónomos provinciales que actúan por delegación de aquellos en el ámbito de gestión y recaudación tributaria, que le informe "de la manera más detallada posible" sobre el grado de implantación de estas medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria.

Los organismos requeridos en esta primera petición de informe son los ayuntamientos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, Servicio de Administración Tributaria de la Diputación de Almería, Agencia Provincial de Administración Tributaria de la Diputación de Cádiz, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de Córdoba, Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada, Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Huelva, Diputación de Jaén, Diputación de Málaga y Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 'Opaef' de la Diputación de Sevilla.

El Defensor echa en falta "políticas de integración" en El Ejido 20 años después de los sucesos racistas

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha asegurado que las administraciones públicas "no han realizado las políticas de integración necesarias" en El Ejido en los 20 años que han transcurrido desde que se produjeron los sucesos racistas de la zona tras el asesinato en Santa María del Águila de una joven por parte de un hombre de origen marroquí con trastornos mentales.

Según ha observado Maetzu en una nota, la zona "se mantiene en tensión". "Me preocupa. Ojo que no se repitan aquellos acontecimientos", ha advertido durante la jornada organizada por el departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla para analizar el estallido racista de la población contra los inmigrantes.

Para el defensor, no ha habido un "avance en la integración" de la población inmigrante en El Ejido durante los últimos 20 años a pesar de que muchos de sus habitantes se corresponden con una segunda generación de inmigrantes o han nacido en la localidad, sino que además "se han incorporado elementos que se muestran orgullosos del rechazo a los inmigrantes", según ha valorado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "convivencia" toda vez que ha rechazado ser "catastrofista", si bien cree que en "esta época actual que vivimos no apunta bien el respeto a los derechos humanos".

Maetzu ha subrayado que no espera la integración, sino la "convivencia" entre los habitantes de distintas nacionalidades que habitan en El Ejido; una población "eminentemente agrícola", según ha apuntado a través de una nota.

"No ha mejorado la convivencia. Es como la válvula de una olla que, esperemos, soporte el vapor de la presión. Convive el sentimiento de que son necesarios, para no perder la gallina de los huevos de oro de lo que supone la mano de obra y el rechazo a esa población", ha indicado el defensor.

UPyD exige la supresión de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz para "adelgazar" la Administración

SEVILLA.- El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, considera un "despilfarro" que los andaluces tengan que pagar, a través de las partidas presupuestarias de la Junta y del Gobierno central, dos oficinas del Defensor del Pueblo, la autonómica y nacional en plena crisis, por lo que ha pedido la supresión de la regional para "adelgazar" la Administración.

   Así lo ha defendido en un comunicado donde argumenta que "las funciones de esta institución andaluza ya están desempeñadas por su organismo homólogo a nivel estatal, por lo que se trata de una duplicidad costosa e innecesaria". "Además, el Defensor constituye una figura de quita y pon de los políticos andaluces, sin independencia, no es imparcial, responde a intereses partidistas y así se ha demostrado especialmente durante esta legislatura", ha insistido.

   Por ello, el coordinador territorial ha exigido la supresión de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, "ya que incluso el artículo 54 de la Constitución Española habla de un Defensor, no de 17", y ha recordado que la eliminación de organismos duplicados es una medida que UPyD ha reivindicado en todas las instituciones donde tiene representación.

   "Es una absoluta irresponsabilidad que la Junta siga manteniendo casi intacta la administración en una comunidad donde los índices de déficit, pobreza y desempleo no sólo son espeluznantes sino que lamentablemente no paran de crecer", ha concluido.

Jesús Maeztu será el nuevo Defensor del Pueblo Andaluz

SEVILLA.- El comisionado del Polígono Sur, Jesús Maeztu, será el nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, según han informado hoy fuentes parlamentarias. Maeztu sustituirá en el cargo a José Chamizo, que ha estado al frente de la institución los últimos 17 años. 

   Los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, ya han comunicado al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, que han llegado a un acuerdo para proponer a Jesús Maeztu como nuevo Defensor del Pueblo. La propuesta se formalizará en breve para que el proceso de elección se inicie lo antes posible.

   Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, nacido en Medina Sidonia (Cádiz) en 1943 y Medalla de Andalucía 2010, es profesor Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, y ya ocupó el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz entre 1995 y 1996. Destacó por su labor al frente de una parroquia en el barrio gaditano del Cerro del Moro, zona con problemas similares a los del Polígono Sur.

   Ha estado al frente del Comisionado del Polígono Sur sevillano para recuperar esta zona, una de las más deprimidas de la capital andaluza, desde el año 2003.

   La elección y el funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz se encuentran regulados por la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, que establece que la Comisión de Gobierno Interior del Parlamento propondrá al Pleno el candidato, que para ser designado deberá obtener el voto favorable de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara.

   Los grupos parlamentarios mantuvieron ayer una reunión en el Parlamento, en la que también participó la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, en la que se acordó el relevo de José Chamizo como Defensor del Pueblo Andaluz, sin que se diera a conocer quién sería su sustituto.

   Aunque se remitieron a una reunión el próximo lunes para poner un nombre sobre la mesa, este jueves ya se ha hecho público que han alcanzado un acuerdo para proponer a Maeztu.

Chamizo: "La chica de Presidencia y un psicópata del PP decidieron mi relevo"

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha manifestado este miércoles tras conocer el acuerdo unánime de PP-A, PSOE-A e IULV-CA para abordar su relevo al frente de la institución, que "la chica que está ahora en Presidencia", en referencia a la consejera Susana Díaz, y un "psicópata" del PP-A, cuyo nombre no ha querido desvelar, decidieron que él tenía que irse cuando llamó la atención sobre la desesperación de los ciudadanos con sus políticos.

   En una entrevista con 'La ventana de Andalucía' de la Cadena Ser, ha manifestado que para él este no es un momento difícil, sino que lo difícil es la situación que vive la gente sin vivienda, los parados o la gente que no tiene para comer y que pierde cada día sus derechos. "Para mí lo triste es tener unos políticos que son capaces de ponerse de acuerdo por una vez en destruir la voz de quien considera que debe elevar la voz por los más vulnerables y no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para la televisión, lo que no deja de ser muy sospechoso", según Chamizo.

   Ha indicado que el acuerdo para relevarlo al frente del Defensor del Pueblo es un "ataque más a los derechos de los más vulnerables".

 "No a mí, porque yo creo que voy a seguir trabajando donde esté", ha expresado Chamizo, quien ha agregado que sólo tiene confianza ya en algunos miembros de Izquierda Unida, que pongan "sensatez y se elija a una persona con un perfil social y no el perfil político paniaguado que quieren los dos partidos mayoritarios".

   Ha estimado que el día que dijo en el Parlamento que los ciudadanos estaban hasta "el gorro" de los políticos y de sus peleítas, "la chica que está ahora en Presidencia, unida a una especie de psicópata del Partido Popular, decidieron que yo tenía que irme".

   "Ellos no quieren que nadie, ni siquiera el pueblo andaluz, les llame la atención cuando hacen las cosas mal y hay que gritarles que lo están haciendo mal", ha indicado José Chamizo, que no ha querido decir el nombre de ese "psicópata que hay perdido por el PP" para ahorrarse una demanda.

   Ha indicado que está feliz con su trabajo y que nadie puede negar la calidad del trabajo que ha hecho el equipo.

   Chamizo ha indicado que le gustaría que su sucesor fuera una persona que no dependiera del poder político, "que fuera libre sobre todo y que fuera capaz de transmitir en el Parlamento siempre lo que dice la ciudadanía y no lo que quieren oír los partidos políticos". No obstante, ha expresado que se teme lo peor y que ojalá se equivoque y llegue alguien libre e independiente.

   "Pero conociendo cómo va todo esto, me parece que cada uno pone en su partido a los que les sirven a ellos y no a los que sirven al pueblo", ha expresado José Chamizo, quien ha indicado que le dejará a su sucesor la oficina funcionando y que será leal a esa persona siempre que cumpla con la ley.

   Ha expresado que lamentablemente los políticos andaluces no están a la altura de la ciudadanía y ha expresado que hay que dejarse ya de tanta "tontería y de mirarse al ombligo, que es lo están haciendo". Ha indicado que hay una ciudadanía muy viva que lamentablemente no confía en sus políticos, que deberían hacer lo posible por recuperar esa confianza.

   El Defensor del Pueblo ha estimado que estamos al borde de un "estallido social", que debería ser evitable porque puede ser muy violento.

   En cuanto a su futuro, ha indicado que tiene intención de volverse al movimiento asociativo y a las barricadas con más fuerza que nunca. Ha apuntado que en principio no cree que vuelva a la Iglesia por la edad. Quiere que le recuerden como alguien que defendió siempre al pueblo andaluz y que no se dejó "corromper" por el poder político.

Chamizo ve "acelerado" su relevo, que esperaba por decir que la ciudadanía estaba "harta" de los políticos

CÁDIZ.-   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras conocer el acuerdo unánime de PP-A, PSOE-A e IULV-CA para abordar su relevo al frente de la institución, ha asegurado que ve "acelerado" su relevo, aunque ha manifestado que lo estaba esperando desde hace un año tras decir que la ciudadanía estaba "harta" de los políticos y "las peleítas".

   En declaraciones a los periodistas, José Chamizo ha indicado que ha recibido "bien" la decisión del Parlamento andaluz porque no le ha cogido "por sorpresa", aunque sí lo ve "todo muy acelerado". Entiende Chamizo que los partidos políticos "mayoritarios" están "muy alterados y desquiciados" con él, ironizando incluso sobre la situación porque "al final no voy a hablar de la RTVA que, al parecer, era un gran problema".

   "Molesto desde el año pasado, que me nombraron casi persona 'non grata' cuando dije que la ciudadanía estaba harto de ellos y de las peleítas, desde entonces están a ver si me pueden quitar", ha manifestado.

   Se ha quejado de que "se liquiden rápido" al Defensor del Pueblo Andaluz, "el que representa a los desahuciados, a la gente que no llega a la ley de la dependencia", lo que ha calificado de "lamentable".

   Preguntado por sus proyectos de futuro, Chamizo ha subrayado que lo que "de verdad" le importa y le "duele" es "la gente", añadiendo que le hubiera gustado mantener el cargo porque "el pueblo andaluz está viviendo una situación muy dura y sé que para mucha gente podía ser una ayuda, y lo digo desde la más profunda humildad. Si quieren quitarme es su responsabilidad, pero yo seguiré sirviendo al pueblo andaluz, que es para lo que he nacido", ha enfatizado.

   En este sentido, ha avanzado que su intención es volver al movimiento asociativo, aunque dice que ya ha tenido algunas "ofertas" de agrupaciones políticas "pero no las veo muy claras". Entiende que la sociedad se "está moviendo" alrededor de partidos que no son los tradicionales, "muy quemados por cierto", así que "en principio" seguirá "ayudando a la gente" desde un página web que va a inaugurar "a la que la gente puede acudir".

 "Esa es mi vida y seguiré con esa lucha", ha añadido.

   Finalmente, ha lanzado una recomendación a su sucesor en el cargo, instándole a que "no se venda al poder político" y a que "sea siempre la voz del pueblo andaluz porque si empezamos a hacer pan y agua hoy no sé para que existimos".

   "Siempre tenemos que ser la voz, más bien el portavoz, el vocero, que denuncia ante el Parlamento lo que el pueblo le comunica", ha remachado.

El Defensor del Pueblo Andaluz pide al TSJA que posponga las órdenes de desahucios

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha dirigido una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, pidiendo la posposición de los actos de lanzamiento en los procesos de ejecución hipotecaria, esto es, las órdenes de desahucio de viviendas.

   Según ha indicado Chamizo en su carta, ésta es una decisión que se ha anunciado por parte de otros tribunales superiores de otras comunidades autónomas.

   Chamizo considera que este aplazamiento "permitiría ganar tiempo para aplicar medidas legales de apoyo para familias afectadas por estas acciones de pérdida de sus viviendas".

   Agrega que ese tiempo "permitiría estudiar la aplicación de las medias previstas en el Real Decreto Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios a muchas familias que reunirían los requisitos y también se evitarían intervenciones muy traumáticas que podrían ser reconducidas con la normativa que se está discutiendo en estos momentos".

   Chamizo indica que tras la aprobación de este real decreto ley se reciben en esta institución numerosas consultas de afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria que desean conocer si su caso particular se vería afectado por esta norma.

   Ha indicado que en algunos casos se comprueba que están inmersos en procesos judiciales de ejecución hipotecaria "sin que se haya producido un lanzamiento, lo que podría hacerles merecedores de resultar beneficiarios de lo dispuesto en el real decreto ley".

   No obstante, reconoce que para conocer las posibilidades de estas personas de acogerse a esta norma hay que verificar también el cumplimiento del resto de requisitos establecidos en la misma, lo que "exige un proceso previo de revisión de la documentación acreditativa que resulta difícil de realizar en los breves plazos que a veces existen para que se verifique el lanzamiento, con los consiguientes perjuicios para los afectados".

   Agrega que en algunos casos las personas que acuden al Defensor para interesarse por la aplicación del real decreto ley "ni siquiera cuentan con asistencia letrada que pueda asesorarles en sus derechos, no se han personado en los procedimientos judiciales en curso y no conocen los procedimientos para instar la suspensión del trámite judicial en curso".

   Ha recordado que órganos judiciales de otras comunidades autónomas, "acordaron de oficio la suspensión o paralización temporal de los procedimientos judiciales de desahucio hipotecario que se encuentren en fase de lanzamiento para que dé tiempo a que las partes o el órgano judicial examine si puede beneficiarse del nuevo real decreto ley del Gobierno".

   El Defensor valora esas decisiones de paralizar o suspender esos lanzamientos en los supuestos de viviendas que constituyen "el único domicilio del deudor" y considera que esa paralización "debería hacerse extensible a los procesos judiciales de desahucio en curso en Andalucía. "Con estas medidas se facilitaría que las personas potencialmente beneficiarias dispusieran del tiempo necesario para ejercitar su derecho y acreditar documentalmente la situación alegada", ha agregado.

   Por ello, Chamizo ha trasladado esa petición al presidente del TSJA para que "la estudie e impulse su aprobación y adopción por los organismos judiciales pertinentes".

Chamizo, a los diputados: "La gente está hasta el gorro" de la "pelea" política

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo en funciones, José Chamizo, ha presentado este martes ante la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento de Andalucía el informe anual correspondiente a la gestión de la Institución durante 2011, una intervención en la que ha instado a los parlamentarios "a resolver los problemas del personal", y dejar de lado "la pelea" política. "Hay que hacer un ejercicio de buena voluntad y avanzar para resolver los problemas del personal, pues la vida se nos va a veces en la pelea, y la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes", ha afirmado.  

   Según ha expuesto el Defensor en su comparecencia parlamentaria, Chamizo ha informado de que en 2011 se han desarrollado 6.303 quejas nuevas, que han bajado respecto a 2010, con un total de 6.620. Además, ha habido un total de 8.575 consultas en las más diversas cuestiones. Las quejas, ha indicado Chamizo, se han centrado en materias como educación (881 quejas), medio ambiente (531), y servicios sociales y dependencias (461), a las que se han unido aquellas del personal del sector público. Asimismo, en 2011 se han iniciado 261 actuaciones adoptadas por iniciativa de la Institución a través de quejas de oficio, "centradas en educación, problemas de menores o accidentes laborales", ha afirmado.

   Chamizo ha destacado también el empleo "notorio" de nuevas tecnologías, con una "consolidación" de las vías electrónicas de formulación de quejas --un 38,7% de las recibidas--, del mismo modo que se obtienen datos de crecimiento exponencial de los contactos mantenidos a través del servicio de Internet. Además, ha subrayado la "vocación de diálogo" de la Defensoría, ampliando fórmulas de presencia como las videoconferencias y consultas en línea, al tiempo que ha resaltado el "importante" trabajo de la Oficina de Información.

   Además, Chamizo ha aludido a la realización de informes "especiales", como el dedicado a 'La intervención de la Junta de Andalucía en el sistema penitenciario', y el relativo a las Personas Mayores y las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Andalucía. Igualmente, el Defensor ha hecho hincapié en que los menores representan una "prioridad" para la Institución, con una atención "específica" ante sus problemas, que "se encuentra en el núcleo del informe anual que ya hemos entregado como Defensor del Menor", señala.

   Por otra parte, ha propuesto una lectura de la memoria a partir del elemento que explica muchas de estas actuaciones, la crisis, que "ha dejado su impronta en muchas de las actuaciones del Defensor", señala Chamizo, toda vez que alude a las actuaciones puestas en marcha, y que se recogen en el Informe, "para garantizar los derechos y las prestaciones a las personas afectadas", porque "estamos obligados a ofrecer algo más que palabras de consuelo cuando los ciudadanos acuden exponiendo su sufrimiento, con propuestas y alternativas concretas para paliar las consecuencias".

   Así, la sección primera de dicho informe se refiera a las propuestas que el Defensor ha venido promoviendo en relación con la vivienda, la asistencia social básica y el empleo. Sobre la vivienda, el Defensor pide la modificación de la Ley Hipotecaria, la dación en pago, o dar "preferencia al alquiler", porque "la gente necesita un hogar y no un patrimonio". Del mismo modo, en materia de servicios sociales, apuesta por sistemas de albergues, comedores sociales, o ayudas inmediatas de subsistencia". "Todas estas medidas se resumen en profundo rediseño en políticas asistenciales, y no encontramos un impulso normativo que viene siendo postergado desde hace años", lamenta.

   Además, el Defensor aboga por "una mejora" del servicio de asistencia jurídica a menores infractores, que "alcance una dimensión esencial en el ámbito penal ordinario", y una "mejora" de las actuaciones de las administraciones. En este sentido, y en relación con la vivienda, pone de relieve que "año tras año aumentan las denuncias por la desocupación de viviendas protegidas", ante lo que dice que "es intolerable que las administraciones públicas no inspeccionen eficazmente que los beneficiarios residan en ellas". Además, señala que la administración de justicia "necesita un revulsivo".

   Por último, el Defensor he hecho un resumen de la legislatura 2007-2012, en la que "han aumentado un 20% las quejas, con un 25,7% más de quejas atendidas", y "una atención evidente hacia los sectores sociales, personas con capacidades reducidas, inmigrantes, sectores marginados, con un impulso al desarrollo de los derechos sociales y sus garantías". Además, ha puesto de relieve la "presencia decidida" del Defensor para "ofrecer un servicio, y atender de inmediato puentes hacia la sociedad para permitir el acceso a la Institución", y todo ello "asumiendo con rigor hacer más o menos", y "trabajando en montar un sistema de gestión de calidad que sigue su proceso de implantación en toda la Institución".  

   "Son tiempos difíciles, pero la ciudadanía necesita confianza, ilusión para la esperanza de que el futuro será mejor", afirma Chamizo, quien dice que la sociedad "cuenta con un aliado en la defensa de sus derechos, porque es lo que venimos haciendo en todos estos años de crisis". Por último, ha afirmado que "garantizar las necesidades básicas de una población necesitada no está reñido con  la austeridad y el buen gobierno. PP-A "ECHA EL FALTA" EN EL INFORME EL ASUNTO DE LOS ERE

   Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosalía Espinosa, tras agradecer la labor del Defensor, ha señalado que "lo bueno sería que ningún tema se quedar fuera", y por eso dice "haber echado en falta el asunto de los ERE, sobre el que se ha abierto una queja pero se ha cerrado inmediatamente", así como que el Defensor "no haya requerido" a su homólogo nacional "interponer un recurso de constitucionalidad por los funcionarios públicos andaluces", dos cuestiones a las que Chamizo ha respondido diciendo, sobre la primera, que en el tema de los ERE "todo está sub judice", y sobre la segunda ha defendido que "el recurso al Constitucional se le pasó al Defensor del Pueblo Español, y es ella la que ha decidido no presentar el recurso".

   La portavoz del PSOE-A, Cinta Castillo, ha dejado claro que su partido "va a seguir apoyando la labor de Chamizo y su equipo", y "ha llamado la atención" sobre la cantidad de quejas en educación. Además, ha señalado que a su formación, el informe "le va a servir para hacer una hoja de ruta y que nuestras iniciativas vayan en el sentido de lo que le importa a los andaluces". Por último, Castillo ha criticado la existencia en su equipo de un adjunto que "bajo el paraguas del cargo, creemos que hace mal uso libertad de expresión", un extremo ante el que Chamizo ha respondido que "respeta la libertad de expresión de cada uno", toda vez que manifiesta que "hay que evitar tanta politización". Además, ha recordado que "los adjuntos tiene que ser nombrados por el Defensor, y no se está haciendo", así que insta "a una revisión" de este asunto, y que el concepto adjunto "cambie a nivel jurídico".

   Por último, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha dejado claro que desde su partido "se apuesta por la Institución", y dice "no entender como la ola de desaparición del Defensor del Pueblo puede convertirse en una medida de ahorro". Además, asegura que la Defensoría "necesitaría un nuevo impulso", porque "con el prestigio que ha ido acumulando en Andalucía no debería ser un Pepito Grillo de la realidad. Por tanto, continúa, "nos gustaría que las orientaciones y resoluciones del Defensor tuvieran un mayor valor operativo, para que todos nos viéramos en la obligación de seguirlas e ir al pie de las mismas", un extremo del que Chamizo dice "es un tema a discutir", aunque reconoce que "su encaje legal no es fácil".

La Defensora del Pueblo ve como un "éxito" la circular sobre redadas a inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha considerado como un "éxito" de la Institución y las ONG la nueva circular de la Dirección General de la Policía, que prohíbe los cupos de detención y las redadas "indiscriminadas" a inmigrantes. Asimismo, ha afirmado que este hecho supone que "el Gobierno ha reflexionado sobre que el camino emprendido desde, al menos, 2010, no era el correcto".

  Cava de Llano ha recordado que ésta era una pretensión de la Institución desde que salió a la luz la "nefasta" Circular 1/2010, de 25 de enero, con el objetivo de que se interpretasen de forma correcta los supuestos de detención cautelar y traslado a comisaría los ciudadanos inmigrantes.

   "Nos empeñamos en ello y ha tenido sus frutos", ha señalado la Defensora, que se muestra "contenta" de que las propuestas que se llevan a cabo últimamente desde la institución "no caigan en saco roto". En cualquier caso, ha advertido de que quedan "a la espera de conocer lo que pueda incluir el texto y de su futura aplicación". 

"Nunca es tarde sin la dicha es buena", ha apostillado.

   De esta forma, desea que quede atrás "una práctica que ha sido denunciada por organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial" y que, además, "era contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", un acuerdo que consagraba el principio de la no discriminación y que, incluso, "condenó al Estado español al pago de una indemnización en un caso concreto".

   Por último, Cava de Llano también ha solicitado que se establezcan mecanismos de control que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El Defensor del Pueblo critica la poca transparencia de las cláusulas suelo

MADRID.- El Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2010, hecho público hoy, critica la falta de transparencia que muestran las entidades financieras a la hora de comercializar las cláusulas "suelo" en los préstamos hipotecarios, lo que implica la desprotección de los derechos de los consumidores. 

Esas cláusulas, muy extendidas en todo el sistema financiero español, obligan al hipotecado a pagar un interés mínimo con independencia de que el euríbor esté por debajo de esa tasa, lo que les perjudica en la cuota que mensualmente abonan.

El texto, que presentó hoy la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, indica que los ciudadanos no son adecuadamente informados de la aplicación de estas cláusulas a la hora de firmar sus contratos de préstamo, y critica la falta de reciprocidad.

En concreto, el informe señala que en muchas ocasiones la existencia de estas cláusulas no se recogía en la publicidad de los contratos, al tiempo que advierte de que los clientes no fueron debidamente informados de sus consecuencias.

El texto considera legales las cláusulas "siempre que se conjuguen con una adecuada protección de los derechos de los consumidores" y recuerda las "obligaciones de transparencia" que la normativa vigente impone a las entidades financieras.

En este sentido, el informe considera garantías adecuadas para la protección del consumidor su inclusión en los contratos y la advertencia notarial sobre su contenido.