jueves, 15 de noviembre de 2012

Al señor Olliu lo disfrazan de amigo / Apunte de Argárico


En el fondo estos catalanes son unos catetos y le pagan un pastón al primero que les propone engañar con una falsa estética a murcianos y alicantinos como si fueran unos lerdos. Barrocos como buenos mediterráneos pero simplones como payeses de tierra adentro, estos listillos, no precisamente del Maresme, han aterrizado entre nosotros comprando a precio de saldo, gracias a la complicidad del Banco de España, una centenaria entidad benéfico-social desamortizada desde la llegada al poder valenciano del inefable Eduardo Zaplana, personaje pendiente aún de revisión histórica prescripciones legales aparte. 

Como cartagenero moreno, Eduardito interpretó que la CAM nacida en su tierra había caído en manos de valencianos y que urgía devolverla a sus legítimos dueños originarios con la complicidad de alicantinos en su misma tesis, básicamente de Alcoy y algunos espabilados de Murcia. La interpretación de esa devolución y muchísima falta de ética concluyó en la presunta estafa (cuotas participativas y opciones preferentes) a impositores por parte de la cúpula directiva profesional, ya desde la multimillonaria indemnización al ex director general, Juan Antonio Gisbert, hoy hábilmente apartado de la absorción de Rural Caja por la andaluza Cajamar para que no incordie más mientras disfruta de una nueva y suculenta cantidad de euros en su mansión de La Calita.

Lo que no se entiende bien es que un banco tradicionalmente refractario a la prensa, como es el Sabadell Atlántico, se deje embaucar por supuestos expertos en imagen pública actualizados con el objetivo de intentar aparentar lo que no es, hasta llegar a disfrazar de amigo nuestro a su mismisimo presidente señor Olliu, fotografiado estos días junto a obispos y presidentes autonómicos de la cercanía, en un intento vano de hacer creer que se es lo que, por esencia, no se puede ser. Con ello, el señor Olliu y sus asesores lo único que demuestran es que no vienen de buena fe sino a confiar a incautos y desinformados, Dios sabe para que más tarde. Yo no me fiaría un pelo de estos prestamistas catalanes, precisamente ahora que algunos de sus paisanos más sospechosos nos han dado el cante.

No hace falta tener mucha cultura financiera para distinguir entre una entidad benéfica, como era la CAM (sobre todo para su última cúpula dirigente) y lo que significa un banco privado propiedad de accionistas en espera y busca de dividendos. Precisamente lo que ha perdido finalmente a la CAM ha sido actuar como banco siendo otra cosa. Pues bien, aunque el señor Olliu se vista de lo que quiera, banquero se queda. Y ya vemos dónde la sociedad española está viendo el origen de sus males para concluir desde aquí que el señor Olliu se ha equivocado, o lo han equivocado de estrategia, en semejante coyuntura. Y quien lo ha disfrazado de amigo, menospreciando la inteligencia colectiva de alicantinos y murcianos, simplemente lo ha engañado para sacarle unos cuartos que, por otra parte, no son suyos sino de esos accionistas del Sabadell Atlántico.

Me dicen que, nada más llegar a la operación con la CAM, desde la Diagonal de Barcelona se contrató a todos los bufetes alicantinos que les pudieran plantear problemas por las cuestiones pendientes de la entidad, con clientes supuestamente estafados, que iban a comprar por tan solo un euro. Me consta, incluso, que se intentó seducir burdamente al letrado murciano Diego de Ramón con agasajos y lisonjas en origen, que también cantaban demasiado. Pero, al final, de pueblo; pueblo grande pero así es todavía Sabadell: un suburbio textil del área metropolitana barcelonesa. El abogado de grandes causas ganadas lleva demasiadas millas a su espalda como para que le sorprendiese el mismo Olliu en persona siendo De Ramón un terciario franciscano entregado a los pobres. Aceite y agua uno y otro en su peripecia vital. Ven el mundo con distinta, y hasta excluyente, óptica. Imposible.

Si yo tuviera dinero, que no lo tengo para aviso de querellantes recalcitrantes, lo metería ahora, desde luego, en el sistema de cajas rurales más a nuestro alcance (Cajamar-Rural Caja, Rural Central de Orihuela o Rural Regional de Murcia por ser las más baratas para el cliente) ante la que nos tiene preparada el SabadellCAM a partir del 8 de diciembre próximo (algo que no publicita tanto su obsoleto servicio de propaganda) con la subida de todo lo que puede cobrar y cargar al bolsillo de quien todavía sea cliente. Un adelanto del estilo de la casa son las llamadas telefónicas acosantes ante pequeños descubiertos y hasta la supuesta amenaza de despachos dedicados al cobro de morosos. Nada que ver con la cultura corporativa de CAM, Bancaja o Caja Murcia, con un genético y preceptivo objeto social hasta el respeto casi religioso con sus clientes. Claro que eran otros tiempos y nos creíamos todos ricos.

Estos días el susodicho contratado servicio de propaganda de Banco Sabadell Atlántico nos machaca con una supuesta recuperación de clientes perdidos de la CAM, algo que no se puede probar en contrario por falta de acceso a los datos, pero que el sentido común y el olfato de aborígenes nos indican que ese ideal está más en el deseo subconsciente del señor Olliu y su tropa que en la realidad de los hechos. Pero ya se sabe... una mentira repetida mil veces hasta puede parecer verdad... pero en la Alemania hitleriana; en este caso con la complicidad de medios locales anémicos que agradecen, cual monos famélicos en trance de extinción, cualquier cacahuete que le lance el último visitante llegado al zoo de la impudicia mediática circundante. Ese suelo si que debe dominarlo bien nuestro hombre conforme a su lógica biografía profesional. Y si es que no, ¿para que ha fichado de nuevo al señor Pina?

Alguien debe haberle informado -¿tal vez el sospechoso y cuestionado señor Pina?- de cual era el método seguido por los imputados dirigentes de la CAM con esos mismos medios, hasta hacerles mirar para otra parte durante el proceso de amortización de la entidad como forma de asegurar su silencio cómplice frente a las sociedades murciana y alicantina. Bastaba con unas migajas, descubiertos convenientes en cuenta corriente y pagar a cuentagotas la publicidad contratada para evitar el desmán en momentos de desesperación contable. Me temo que ahora el señor Olliu quiera más por menos dado el trance canino por el que atraviesa ese desacreditado aparato sin futuro pero que canta sus loas cada mañana en un intento de construir falacias diseñadas para bienpensantes y simples. Muy antiguo todo.

No se engañe el señor Olliu: lo que se piensa aquí por los que piensan, que son bastantes más de los que el cree pese a lo que le haya soplado el equivocado señor Egea Krauel, es que no está claro que Sabadell Atlántico pueda digerir la CAM aún con forceps políticos y del Banco de España por el dinero de todos, clientes o no, generalmente contribuyentes de la Hacienda pública, española por cierto. Y ahí debe trabajar él con las gentes autóctonas sino quiere estrellarse más pronto que tarde porque, con la parroquia en contra, no existe banquero en el Mundo, ni siquiera Botín, que resista. Las finanzas catalanas, con contadas excepciones hasta de Andorra, llevan históricamente muy mal las carreras de fondo aunque impresionen con algún que otro sprint. Que no lo olvide sin quiere ganar algo de confianza entre nosotros.

Concluyendo y a modo de síntesis: el señor Olliu, de amigo, nada de nada aunque lo disfracen para parecer algo nuestro. Lo demostrará enseguida con su conducta de banquero representante del capitalismo puro y duro. Una pieza de convicción es el modo en que va a masacrar a la plantilla de la CAM, con la vigente legislación laboral en la mano, a precio de saldo y con la argucia de su recolocación; mito imposible hoy, como sabe cualquiera. Acabará así SabadellCAM con plomo en las alas de la red de oficinas.

Ya apunta maneras SabadellCAM por su diferenciado, respecto a las cajas de ahorro, estilo de gestión y trato al pequeño cliente (ambos aspectos mucho más que discutibles de momento), que dudo le interese como no sea para sangrarlo con una retaila de gastos y comisiones bancarias puras y duras. SabadellCAM es un banco más pese al carnaval que se ha montado desde Barcelona por quienes no conocen ni Murcia ni Alicante, así como tampoco el nivel intelectual de sus élites. Tan industrial, o más, es Alicante que Cataluña. Y tan exportadora, o más, Murcia. El sureste español, aparte de muy español, no es el Sahara ni sus gentes, beduinos. Por eso no colará tampoco cualquier sucedáneo de la Obra social y cultural a modo de out let.

Aparte de que las gacetas locales están, ya sin ambajes, por vender su alma al dinero que necesitan para sobrellevar con paliativos su irreversible agonía y ven a Banco Sabadell como el nuevo gran anunciante prestamista que les puede ayudar con 'morfina' en ese trance, el gran error cometido por esta, desde siempre, prudente corporación decimonónica respecto de la política y los medios, es hacer aparecer a su presidente en actos de propaganda de terceros en complicidad con políticos locales muy cuestionados porque indica su concepto genérico de la democracia en momentos en que nada y nadie está a salvo de los efectos de la inaplazable regeneración de la vida pública española. 

Moraleja: frente a monos que no gustan de cacahuetes, viniendo de la comarca del Vallés y con calificación de basura sus bonos por las agencias de 'rating', Banco Sabadell debería ser aquí y ahora menos prepotente y más humilde si aspira a sobrevivir entre nosotros sin agredir. No debe olvidar que a finales del siglo XIX murcianos y alicantinos nutrieron de forma importante el despegue demográfico e industrial de Sabadell, hasta ser fundador de esta entidad alguno de ellos y muchos importantes clientes. 

Adeu.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Más de medio millón de personas participan de las manifestaciones en las calles andaluzas

SEVILLA.- Más de medio millón de andaluces han acudido a las manifestaciones convocadas por CCOO-A y UGT-A dentro de la jornada de huelga general, mientras que la Delegación del Gobierno cifra dicha participación en más de 100.000 personas.

   Las fuentes sindicales y gubernamentales han coincidido en destacar la ausencia de incidentes en las movilizaciones celebradas en la comunidad andaluza.
   De esta forma, en el caso de Sevilla, unas 140.000 personas, según los sindicatos, y 13.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en una movilización que se inició en la Puerta Carmona, desde donde partió una gran manifestación hasta la Plaza de España de Sevilla, a la que acudieron el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero. Esta manifestación se inició tras la confluencia de tres manifestaciones que salieron de la plaza del Duque, Plaza Nueva y Plaza de la Magdalena.
   Asimismo, por la mañana se celebraron también en Almería desde el Paseo de Almería hasta el anfiteatro de la Rambla, con 25.000 personas según los sindicatos y 6.150 según la Delegación del Gobierno; en Cádiz, donde la protesta se desarrolló desde la plaza de Ingeniero De la Cierva a la plaza de San Juan de Dios, participaron 30.000 personas según las centrales y 7.500 según el Gobierno; en Córdoba, donde la manifestación discurría desde la Glorieta de Cruz Roja hasta la Plaza de las Tres Culturas, participaron 45.000 personas según sindicatos y 20.000 según la Delegación del Gobierno; y en Jaén, desde la Glorieta de Blas Infante hasta la Plaza de Santa María, con 40.000 participantes según los sindicatos, y 9.000 según la Delegación del Gobierno.
   Según estimaciones de la Policía Nacional facilitada por la Delegación del Gobierno, las manifestaciones celebradas en Andalucía a partir de las 16,00 horas de esta tarde han congregado a 54.700 personas.
   Las principales se han celebrado en Granada, Huelva y Málaga, aunque este dato recoge, igualmente, algunas cifras "inferiores" en manifestaciones que se han desarrollado en el resto de capitales andaluzas durante la tarde como en Jaén, Sevilla o Córdoba.
   En este sentido, y según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno, las manifestaciones celebradas hasta las 16,00 horas congregaron a 65.150 personas y las desarrolladas a partir de entonces, a 54.700 personas.
   Así, la celebrada en Granada, desde el Triunfo hasta el Paseo de la Bomba, ha contado con 140.000 participantes según los sindicatos, y 23.000; en Huelva, desde la plaza del antiguo Estadio Colombino hasta la plaza de las Monjas, con 40.000 participantes según sindicatos y 7.500 según el Gobierno; y en Málaga, desde la Alameda Colón hasta la plaza de la Merced, con más de 140.000 personas según CCOO y UGT y 20.000 según la Delegación del Gobierno.

Unas 25.000 personas, según los sindicatos, y unas 6.150, según el Gobierno, se manifiestan en Almería

ALMERÍA.- Unas 25.000 personas, según los sindicatos CCOO y UGT, y unas 6.150, según la cifra provisional hasta las 13,30 horas dada por la Delegación de Gobierno de Andalucía, han participado en la capital almeriense en una manifestación convocada con motivo de la huelga general que ha recorrido el Paseo de Almería y la Rambla Federico García Lorca hasta su llegada al Anfiteatro de Almería. 

   En declaraciones a los periodistas a la cabeza de la manifestación, el secretario provincial de UGT, José Ginel, y su homólogo en CCOO, Juan Pallarés, han hecho un balance "muy positivo" tanto del seguimiento de la jornada como de la participación en la marcha, que ha durado en torno a una hora y media.
   Ginel ha destacado el "respaldo muy mayoritario de los trabajadores" a la huelga así como el apoyo prestado en la manifestación por casi 40 asociaciones que "componen la cumbre social" de Almería y que han dado "un plus" dicha manifestación, sentido en el que ha expresado su "satisfacción" ante el desarrollo de los acontecimientos.
   En esta línea, ha destacado también el apoyo obtenido por los trabajadores del sector de la industria auxiliar de la agricultura, principalmente del manipulado, ya que se encuentran en un proceso de negociación del convenio colectivo. Asimismo, ha resaltado la participación de los trabajadores del sector privado.
   Por su parte, Pallarés ha asegurado que la manifestación ha "desbordado" las cifras previstas, motivo por el que se ha mostrado "doblemente contento", ya que ha valorado el parón secundado durante la jornada. "Ha sido un éxito total y esto debería hacer entender a Mariano Rajoy que no puede seguir gobernando en contra de sus ciudadanos, tiene que cambiar sus políticas porque si no arrastrará al suicidio a este país", ha dicho.

Periodistas huelguistas

Un numeroso grupo de periodistas almerienses, muchos de ellos pertenecientes a la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y al Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería, como otros colegas en el resto de Andalucía, luciendo chapas de "Sin periodismo no hay democracia", facilitadas por la FAPE, han participado en la jornada de huelga general y han tenido una presencia notable en la manifestación del 14N que transcurrió en Almería desde Puerta Purchena por el Paseo de Almería y avenida Federico García Lorca, siendo la mas numerosa de las celebradas hasta ahora en la capital.  

En un comunicado emitido por el SPA (Sindicato de Periodistas de Andalucía) se valora positivamente el paro:

"El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) valora muy positivamente el paro seguido en los medios de comunicación a pesar del miedo existente en las redacciones tras los despidos masivos registrados en muchos centros. Con un seguimiento desigual en las distintas cabeceras andaluzas que arrojan datos de paro cercanos al 40% de media, los periodistas se han sumado a las movilizaciones convocadas por varias organizaciones sindicales y movimientos sociales para solicitar al Gobierno que de marcha atrás en una reforma laboral que ha aumentado el número de desempleados en todos los sectores productivos.

Programas ya editados, informativos reducidos, emisiones en directo suspendidas, y menos páginas en los diarios han sido el resultado de una convocatoria a la que los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación han respondido de acuerdo a su decisión personal y sin la presión de piquetes. Así, desde el paro del 64% en cabeceras del Grupo Joly como Granada Hoy hasta la normalidad absoluta en el Día de Córdoba, la jornada ha transcurrido sin incidentes y con una conciencia cada vez más arraigada entre los profesionales de la información de que su labor es necesaria para garantizar la pluralidad y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y contrastada.     

La presencia de los profesionales de la información en las manifestaciones celebradas en todas las capitales andaluzas ha sido significativa, especialmente en un colectivo tradicionalmente poco proclive a participar en protestas laborales. La labor de los sindicatos de periodistas integrados en la Federación de Sindicatos (FeSP) que aglutina a profesionales de Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, Galicia y La Rioja demuestra su eficacia cuando la defensa de los derechos laborales y profesionales de sus integrantes  está en juego".

CCOO destaca el cierre de comercializadoras agrícolas y multinacionales como Holcim y Deretil

ALMERÍA.-   CCOO-Almería ha destacado la incidencia de la huelga general en las multinacionales y las empresas con implantación en la provincia como Holcim, Deretil o Briseis y el seguimiento en el sector agrícola y del manipulado, con el cierre de comercializadoras emblemáticas tanto en la comarca del Poniente como en la Comarca de Níjar.

   En un comunicado, ha indicado que han secundado el paro Cabasc, Agrupaejido, Murgiverde Roquetas, Uniagro, Acrena, Ferva, Agroponiente, Vicasol y Hortomar mientras que en Levante no se ha trabajado en Costa de Níjar, Copronijar, Biosabor, Biotech y en CASI, a cuya sede ha acudido "un reducido grupo de voluntarios".
   Los datos de seguimiento de la huelga en Almería recopilados por CCOO son del 90 por ciento en construcción, el 75 por ciento en enseñanza, 30 por ciento en administración pública, 76 por ciento en industria, cien por cien en transportes y 48 por ciento en sanidad. La cifra total de seguimiento se sitúa en torno al 70 por ciento.
   En industria, ha subrayado el cierre de empresas como Deretil o Briseis y del servicio de limpieza de Urbaser. En transportes han seguido la convocatoria de huelga general en la concesionaria de la capital Surbús y en Alsa, que han funcionado con servicios mínimos. Además, la lonja ha permanecido cerrada.
   El secretario general de CCOO Almería, Juan Pallarés, ha trasladado su satisfacción con la respuesta social y laboral al llamamiento y convocatoria de la huelga general. "Todos los sectores productivos han respaldado positivamente la llamada del sindicato. Continuaremos la línea de mantener la Cumbre Social de Almería y seguir realizando cuantas movilizaciones sean necesarias", ha indicado.

El alcalde de Almería, "satisfecho" ante la inversión de dos millones de euros para el Paseo Marítimo por parte del Gobierno

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), se ha congratulado por el anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de invertir más de dos millones de euros para la ejecución del proyecto de recuperación ambiental del Delta del Río Andarax y la prolongación del Paseo Marítimo.

   En una nota, Rodríguez-Comendador ha valorado este anuncio "después del esfuerzo económico y el trabajo" que se ha realizado desde el Ayuntamiento, que ha propiciado la obtención del suelo para la ejecución del proyecto. El primer edil ha recordado que el Ayuntamiento culminó en noviembre de 2011 un trabajo "muy complejo" hasta obtener el suelo necesario y su titularidad, 5.642,68 metros cuadrados, con un coste para las arcas municipales de 4.671.913,43 euros.
   Una vez resuelto este extremo, puso a disposición de la Administración estatal dicha superficie para la ejecución del proyecto de prolongación del Paseo Marítimo, "una de las principales zonas de esparcimiento de la ciudad". El primer edil 'popular' ha destacado "la rápida respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy para la ejecución de este proyecto, cumpliendo así el compromiso que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, me trasladó personalmente el pasado mes de abril en Madrid".
   El alcalde ha subrayado el grado de colaboración ofrecido por el actual Gobierno hacia el Ayuntamiento de Almería y los almerienses y ha comparado esta "determinación" con la del anterior gobierno respecto a este proyecto. "Ahí están las hemerotecas cuando la por entonces ministra Cristina Narbona se comprometió a colaborar y ejecutar este proyecto si los socialistas gobernaban esta ciudad", ha incidido.
   La inversión anunciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente permitirá la recuperación ambiental del delta del río Andarax, además de la continuación del actual Paseo Marítimo en la capital, la retirada de residuos, la rehabilitación de construcciones históricas existentes y la revegetación del entorno. La ejecución del proyecto corresponde a la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, encargada de la licitación de los trabajos así como de su adjudicación, ya realizada.
   La ejecución el proyecto permitirá la actuación de dos zonas. En la primera de ellas se procederá a una prolongación del Paseo Marítimo existente en una longitud de 718 metros, con una anchura de paseo de seis metros y un carril de bicicletas de tres metros de ancho. La sección tipo del paseo en el lado mar tendrá un muro de ribera construido de mampostería, y en el lado tierra por una acera elevada y una zona ajardinada. En el tramo oeste del delta, se intervendrá de un modo similar en una longitud de 500 metros de paseo marítimo. Contempla en su conjunto redes de alumbrado público, riego, abastecimiento de agua, mobiliario urbano y accesos a la playa.

Van Rompuy pide recorte de 70.000 millones en ayudas a las regiones

BRUSELAS.-   El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha propuesto este miércoles un recorte de 70.000 millones de euros en las ayudas a las regiones para el periodo 2014-2020 con el fin de facilitar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario en la cumbre que se celebrará el 22 y 23 de noviembre.

   La disminución podría afectar especialmente a Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, catalogadas por Bruselas como "regiones en transición" porque su nivel de renta se sitúa entre el 75% y el 90% de la media de la UE.
   La propuesta original de la Comisión preveía que estas comunidades reciban durante los próximos años como mínimo el 66% de los fondos del actual periodo 2007-2013. Sin embargo, el último compromiso disminuye este porcentaje casi 10 puntos, hasta el 57%.
   Extremadura mantendrá el nivel de subvenciones del actual periodo 2007-2013 porque su PIB sigue siendo inferior al 75% de la media comunitaria. Canarias también tendrá ayudas específicas por su condición de región ultraperiférica.
   Por primera vez, España se convertirá durante los próximos siete años en contribuyente neto al presupuesto de la UE, según admitió el lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, que defendió mantener la política de cohesión y las ayudas agrícolas.
   En total, Van Rompuy propone un recorte de alrededor 60.000 millones de euros en el presupuesto 2014-2020 respecto a la propuesta original de la Comisión (973.207 millones de euros frente a 1,03 billones). La mayor disminución (-18%) se concentra en la política regional, mientras que sólo aumenta (+32%) una partida, la destinada a infraestructuras, I+D y medidas destinadas a aumentar la competitividad.
   Las ayudas a la agricultura, pesca y medio ambiente sufrirán una disminución del 5,7%, los fondos para políticas de interior y ciudadanía caen un 2,6% y la política exterior verá recortados sus fondos en un 6,2%. En contraste, los gastos de administración sólo se reducen un 0,6%.
   En todo caso, los recortes propuestos por el presidente del Consejo Europeo están muy lejos de lo que exigen los contribuyentes netos, liderados por Reino Unido, que ya ha amenazado con el veto, y por Suecia. Su ministra de Asuntos Europeos, Birgitta Ohlsson, ya ha dicho que la propuesta de Van Rompuy "no es suficiente" y ha pedido más rebajas en agricultura.
   "Todavía se necesitan más recortes", ha reclamado Ohlsson, que ha protestado por la reducción de la compensación presupuestaria para Suecia. Dinamarca también ha amenazado con el veto si no recibe su propia compensación, que no está recogida en el plan Van Rompuy.
   La negociación del presupuesto 2014-2020 se verá todavía más complicada por la ruptura del diálogo entre la Eurocámara y los Gobiernos sobre las cuentas de 2012 y 2013.

Huelga general europea

Este blog secunda la convocatoria de huelga general europea tras el llamamiento al efecto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles integrada en la Federación Europea de Periodistas. Se volverá a activar a las 00.00 horas GMT del 15 de noviembre con las noticias de la víspera.

martes, 13 de noviembre de 2012

Montoro confía en presentar una reforma de la administración local este año

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que sigue "confiando" en enviar al Congreso antes de que acabe el año un proyecto de reforma de la administración local y que cuente además con las aportaciones de distintos partidos políticos, un proyecto en el que se trabaja con serenidad dada su trascendencia, ha dicho.

   "Queremos que llegue a las cámaras maduro", ha dicho Montoro ante el Pleno del Senado, en respuesta a una interpelación del senador de UPN Francisco Javier Yanguas, quien le ha preguntado por sus planes para reformar la administración local.
   Montoro no ha ofrecido detalles, pero ha asegurado que mantiene la intención de que el Gobierno apruebe el proyecto antes de que concluya el año y que reciba las aportaciones de distintos grupos políticos. Ha insistido en que se busca evitar duplicidades, "vertebrar mejor la administración pública" y hacer que el Estado autonómico descanse en mayor medida en las entidades locales.
   El ministro ha explicado que en modelos federales del entorno, las entidades locales tienen más peso en el conjunto del gasto público que en España y ha abogado por corregir este "claro desequilibrio". La reforma, ha subrayado, es por tanto "una oportunidad para recuperar el municipalismo".
   Montoro ha asegurado también que el Gobierno quiere dar "prioridad" al Senado en el debate de esta reforma, por ser cámara de representación territorial y contar con un buen número de alcaldes y concejales.
   El senador navarro, por su parte, ha apostado por afrontar la "segunda descentralización" pendiente en el país y que debe favorecer a las entidades locales, un proyecto "que duerme el sueño de los justos", ha criticado.
   Yanguas ha censurado la imagen negativa que se ha trasladado de los ayuntamientos, como "grandes despilfarradores" y causantes de la crisis de la deuda de las administraciones públicas, cuando sólo aportan el 5 por ciento del endeudamiento total de las administraciones de España. Ha apostado por una racionalización del sector local, por aclarar las competencias y asegurar la financiación correcta.

Usero (PSOE) deja la portavocía en el Ayuntamiento de Almería "para no discrepar" con la dirección local de su partido

ALMERÍA.- El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Usero, ha anunciado que cesa en el cargo que asumió tras las elecciones locales de 2011 pese al "apoyo de todos los concejales" para "no discrepar con la dirección de la Agrupación municipal". 

   Su marcha llega después de que la secretaria general de PSOE de la capital, Josefa Requena, apuntase la necesidad de abrir un "proceso de debate interno" para "observar la idoneidad" del trabajo que se estaba realizando en la oposición.
   Usero ha presentado su renuncia en el seno de la reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva municipal y ha trasladado que mantiene su acta de concejal. No obstante, según ha precisado, ha solicitado el reingreso activo en la Junta de Andalucía ya que es funcionario de la administración del Estado y de la autonómica.
   En un comunicado, ha indicado que su decisión de dejar "a disposición del partido" la portavocía del grupo municipal en la capital se debe a tanto a "circunstancias personales" como a "familiares" aunque hace referencia expresa a "las declaraciones que en su día se hicieron por parte de la secretaria general del PSOE de la capital".
   En concreto, Requena cuestionó la labor de oposición de los siete ediles que conforman el grupo y señaló a un medio de comunicación local que el Grupo Socialista "tiene que hacerse fuerte" al tiempo que apuntaba que si podían hacerlo "con la portavocía de Usero, así será y si hace falta un cambio, también será así".
   Usero, quien fue presidente de la Diputación Provincial en el anterior mandato y delegado provincial de la Junta andaluza, ha subrayado que en la reunión de la comisión permanente "todos los concejales, a excepción de Mari Carmen Núñez, de viaje en el extranjero" le dieron su "apoyo".
   "En la comisión permanente de la Ejecutiva municipal no hubo tensión ni debate ya que anuncié al comienzo de la misma que renunciaba a mi cargo, no queriendo discrepar con la dirección de la Agrupación municipal de mi partido", ha concluido.

El exalcalde de Níjar dice que la finca era municipal pero que publicaron el edicto de inmatriculación

ALMERÍA.- El exalcalde de Níjar, Joaquín García, y el exsecretario municipal Fernando Gómez, que enfrentan seis meses de prisión y 18 meses de inhabilitación acusados de infidelidad en la custodia de documento público, han asegurado este martes que publicaron y diligenciaron el edicto para la inmatriculación de una finca promovida por los demandantes si bien han defendido que la citada finca era de propiedad municipal.

   Ante el tribunal con jurado popular que ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, García ha afirmado no encontrar explicación al hecho de que no existiera constancia de esos trámites obligados por la Ley Hipotecaria en el Registro de la Propiedad y ha indicado que el edicto se remitió a través del registro de salida municipal y, posteriormente, a través de una comisión municipal "que llevó en mano fotocopias de lo remitido al registrador".
   García, a quien la Fiscalía acusa de maniobrar junto al exsecretario municipal para evitar que se publicase el citado edicto, ha señalado que en sus 27 años al frente de la Alcaldía nijareña dio "libertad" a sus funcionarios "en su forma de trabajar, siempre respetando la ley" y ha rechazado que fuese responsable de su publicación, competencia que ha atribuido a Gómez.
   Ha argumentado, en esta línea, no tener conocimiento concreto del documento objeto del procedimiento. "Había cientos y cientos de edictos y, diariamente, firmaba entre 300 y 400 escritos. Nunca he podido leer todos los documentos presentados", ha apuntillado para, a continuación, remarcar que "siempre" ha actuado "en bienestar" de Níjar. "Siempre he dormido tranquilo como alcalde".
   El exregidor ha señalado que cuando los demandantes inmatricularon la finca, ubicada en la pedanía de Aguamarga, había "indicios" de que "habían cogido 500 metros" en el Registro de la Propiedad y ha hecho referencia a una resolución de lo contencioso-administrativo que confirmaría que esta, donde se levanta un parque infantil, "era municipal".
   Por su parte, Gómez, quien desempeña en la actualidad el cargo de secretario en el Ayuntamiento de Almería, ha defendido que cumplimentó el trámite al que le obliga la Ley Hipotecaria y ha afirmado que, una vez que diligenció el edicto en el registro de salida, "ya no controlo lo que pasa". En esta línea, ha remarcado que su obligación era "cuidar de que se expusiese en el tablón y diligenciarlo, como hice".
   Al hilo de esto, ha subrayado que se trataba de una inmatriculación "indebida" y que apuntaba a que podía ser doble al establecerse que la finca era de titularidad municipal, un extremo que la fiscal ha indicado al jurado popular que "debía decidir, en todo caso, un juez".
 "No tenía que haberse inscrito", ha insistido el funcionario.
   Gómez ha justificado que el edicto se diligenciase dos días antes de que terminase el plazo de exposición público en el tipo de edicto. En esto punto, la presidenta del tribunal, la magistrada Lourdes Molina, quien le ha advertido de que estaba incurriendo en respuestas contradictorias a preguntas de la acusación y de la defensa, le ha conminado a explicar las diferencias.
   La vista oral continuará el jueves una vez concluidas las declaraciones de los acusados que han debido ser aplazadas a las 17,00 horas después de una de las integrantes del jurado abandonase por error el Palacio de Justicia y haya tenido que ser localizada por teléfono para indicarle que debía volver para constituir la sala y celebrar el juicio.
   El Ministerio Público considera que el trámite de publicación del edicto no fue cumplimentado por "voluntad" y con conocimiento de los acusados y les atribuye la "intención" de evitar que se publicase porque, según remarca, consideraban que la inmatriculación a nombre de los demandantes de la finca, en la que en la actualidad se ubica un parque infantil, "era contraria a los intereses municipales".
   La denuncia por unos hechos que se remontan a mayo de 2002 recoge que la finca objeto de litigio, ubicada en la pedanía de Aguamarga, formó parte presuntamente de una permuta de terrenos entre un exconcejal del equipo de gobierno de García y constructor, que se habría atribuido su propiedad, y el Consistorio.
   La querella, que se interpuso a raíz de que los impulsores viesen como se procedía al vallado de su propiedad, se presentó inicialmente contra todos los miembros de la comisión de gobierno que acordaron por unanimidad en junio de 2002 "suspender la inscripción de la finca" y "ejercer las acciones que resulten pertinentes en defensa de los bienes municipales" tal y como se reflejaba en el citado acuerdo.
   El escrito de acusación fiscal, formulado contra García y Gómez, recoge que los cuatro demandantes inscribieron a su favor en mayo de 2002 la finca urbana de unos 500 metros cuadrados en el Registro de la Propiedad número 3 de Almería de acuerdo con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y con el artículo 298 de su reglamento.
   En cumplimiento de los requisitos legales que rigen para la inmatriculación de fincas, el registrador de la propiedad remitió al Ayuntamiento de Níjar un edicto de fecha 15 de mayo para su exposición pública por espacio de un mes en el tablón de anuncios, un extremo que además debía ser acreditado por el secretario municipal mediante diligencia o certificación.
   La fiscal sostiene el citado edicto "no fue debidamente cumplimentado, ni publicado, ni diligenciado por el secretario con conocimiento y por voluntad" de García y de Gómez, lo que dio lugar a que la primera inscripción de la finca registral fuese cancelada de oficio al no haberse acreditado la publicación del edicto.
   Subraya que la intención de ambos con la no cumplimentación del edicto tal y como requirió el registrador de la propiedad "fue evitar" la inscripción por considerarla "contraria a los intereses municipales" cuando --añade el Ministerio Público-- había otras vías.
   En concreto, hace referencia a la propia legislación hipotecaria que prevé que aquellos que se crean con derecho a una finca o a parte de ella podrán alegarlo ante el juzgado o el tribunal competente en juicio declarativo "quedando anotada la demanda en registro mediante anotación preventiva".
   La fiscal, que aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, interesa al margen de las penas individuales de seis meses de prisión y un año y medio de inhabilitación el pago de una multa de cuatro meses y diez días con una cuota diaria de doce euros y de las costas.

El PP-A urge a Valderas a explicar si IULV-CA ha estado años sin pagar créditos ya vencidos

SEVILLA.- El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha exigido al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, una explicación "inmediata" sobre si la federación que lidera ha estado durante años sin pagar a dos entidades financieras andaluzas créditos "millonarios" que ya habían vencido, "alargándose éstos sin ningún problema y sin ningún tipo de penalización".

   En rueda de prensa, Rojas ha asegurado que si ello es verdad se demostraría "un trato preferente" hacia esta formación "que no tienen los ciudadanos que no pueden pagar su hipoteca", por lo que ha instado a Diego Valderas a que dé explicaciones "hoy mismo" sobre el estado de las cuentas de IULV-CA y sobre si se han pagado estos créditos bancarios "en tiempo y forma y con o sin intereses".
   El dirigente 'popular', que ha considerado necesario que los ciudadanos andaluces conozcan si IULV-CA es diferente "al común de los mortales" en lo que se refiere al pago de los créditos bancarios, ha considerado "muy grave e inquietante" que esta formación haya podido estar años incumpliendo el plazo de vencimiento de dichos créditos.
   "Nos sorprende el doble discurso radical e hipócrita de IULV-CA, que por un lado escenifica una política de escaparate de ataque a las entidades bancarias, con ocupación de sedes incluidas, y por otro lado no duda en beneficiarse de privilegios a los que ningún ciudadano puede acceder como la condonación de créditos o el aplazamiento de los pagos", ha añadido.
   Tras asegurar que el enfrentamiento de IULV-CA con las entidades financieras es "solo de boquilla", Carlos Rojas ha insistido en que la federación de izquierdas, "que había convertido a los bancos en sus mayores enemigos, los atizan políticamente al tiempo que recibe créditos que tardan mucho en pagar, sin que nadie les diga nada".
   Finalmente, el portavoz 'popular' ha apuntado que un partido que forma parte del Gobierno andaluz tiene que tener "la máxima transparencia" en relación a sus cuentas de cara a la opinión pública y que, de igual modo, su socio de gobierno, el PSOE-A, también debe exigirle que la tenga.

El PP-A pide a la Junta que detalle cómo gasta "hasta el último euro"

SEVILLA.- El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha indicado que su formación defenderá este miércoles en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide a la Junta que detalle cómo se gasta y en qué "hasta el último euro" público del que dispone, dado que para los 'populares', "todo huele a corrupción y mala gestión" en la Administración andaluza.

   En rueda de prensa, Rojas ha asegurado que en los meses que lleva gobernando "el bipartito" en Andalucía se ha dejado claro que "si la trayectoria del PSOE ya era mala, con paro, corrupción y mala gestión a sus espaldas, la suma ahora de IULV-CA hace que ésta aún empeore". Ante ello, el PP-A demandará en el Parlamento medidas de transparencia.
   En la citada iniciativa presentada por los 'populares' se pide también a la Junta que publique un "mapa integral del sector público que ofrezca una imagen fiel y estructurada de su tamaño real" y que prohíba establecer "contratos blindados de alta dirección".
   "La opacidad respecto de la contratación de personal de confianza, del sistema de retribuciones y de ciertos privilegios de altos cargos y asimilados del conjunto del sector público andaluz, de aspectos relacionados con la gestión presupuestaria, las finanzas públicas y el destino de las ayudas y subvenciones es una constante en la llamada administración paralela", ha advertido Rojas.
   Ante ello, el PP-A defenderá que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a publicar "con carácter inmediato" las retribuciones dinerarias y en especie percibidas anualmente por los altos cargos y asimilados y el número de su personal de confianza y/o asesoramiento especial y que refuerce y mejore el régimen de incompatibilidades y obligaciones de los diputados en relación a sus declaraciones de IRPF y a la relación de sus "familiares directos con la Administración Pública y Cajas de Ahorro y sus fundaciones".
   Además, exigirán que se haga "de inmediato efectiva la obligación de los altos cargos de informar sobre las relaciones contractuales de sus familiares directos con la Administración Autonómica", que se elimine "la opacidad de los gastos en los que incurren los altos cargos y el personal directivo" del sector público empresarial y que se actualice "con rigor el Inventario de Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía", publicando el referido 'mapa integral' del sector.
   Relacionado con ello, el PP-A defiende que se publique "de forma completa, actualizada y veraz la relación de puestos de trabajo" en la Junta, que se publiquen las ofertas públicas de empleo de todos los entes instrumentales y que implante auditorías internas y externas de regularidad contable, operativas y de gestión en el conjunto de estos entes.
   Como viene siendo petición habitual de los 'populares', en esta iniciativa sobre transparencia también piden incluir en los Presupuestos de la Junta de Andalucía el "detalle de las inversiones a realizar en cada una de las provincias, ofreciendo información trimestral respecto al grado de ejecución y detallando las inversiones reales y transferencias de capital".
   Al hilo, también quiere que se publiquen todos los planes y programas anuales y plurianuales, junto con su memoria económica, y que se amplíe "el control de los fondos públicos". Para ello, propone "obligar" a todos los entres integrantes y dependientes de la Junta a remitir trimestralmente información a la Intervención General "para el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ejercicio".

Los consejeros de IULV-CA acudirán a las manifestaciones y no participarán en piquetes

SEVILLA.- Los tres consejeros de IULV-CA en el Gobierno andaluz --el vicepresidente, Diego Valderas; la titular de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el titular de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez-- acudirán este miércoles a las manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT con motivo de la huelga general, pero no se sumarán a los piquetes pese al llamamiento de la federación de izquierdas a su militancia.

   Así lo han avanzado fuentes de IULV-CA, que también han confirmado que los viceconsejeros de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias; Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián; y Turismo y Comercio, Antonio Jesús Roldán, no asistirán a la reunión semanal del Consejo General de Viceconsejeros --conocida popularmente como 'consejillo' y que prepara los contenidos del Consejo de Gobierno de la siguiente semana--, que la Junta ha mantenido convocada pese al 14N.
   En concreto, Valderas participará en la manifestación de Huelva a partir de las 18,00 horas, mientras que Cortés estará en la protesta de Córdoba desde las 12,00 horas y Rodríguez hará lo propio en la convocatoria de Málaga a partir de las 19,00 horas.  
   Se da la circunstancia de que Valderas, en su condición de coordinador general de IULV-CA, sí participó como piquete en la última huelga general del pasado 29 de marzo, acompañando a los líderes regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana, en su visita a Mercasevilla.
   El Consejo Andaluz de IULV-CA, máximo órgano entre asambleas, recordó el pasado mes de octubre en un boletín informativo a todos sus cargos públicos "tanto en ayuntamientos y diputaciones como en el ámbito de la comunidad autónoma", que tienen la "obligación política y moral de estar con los piquetes" el próximo 14 de noviembre con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT.
   Frente a la actitud de los consejeros de IULV-CA, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ya ha avanzado tras el Consejo de Gobierno que "ningún consejero socialista ni este portavoz irá a manifestaciones".
   Igualmente ha anunciado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pasará la jornada de "trabajo en su despacho", donde recibirá a las consejeras de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz; Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Salud, María Jesús Montero, y Educación, María del Mar Moreno, "como representantes de los principales servicios públicos que tienen que cumplir servicios mínimos en la jornada de huelga para ver el grado de funcionamiento y cumplimiento".

El Supremo niega indemnización a la promotora del hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un incidente de nulidad promovido por la empresa promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y ha rechazado que tenga derecho a percibir indemnización por parte de la administración en caso de derribo al considerar que Azata tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto a la Ley de Costas, que estipulaba una servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de 100 metros.

   El Alto Tribunal, en una providencia, confirma que no existe responsabilidad patrimonial por parte de la Dirección General de Costas al tiempo que desvincula el perjuicio que la mercantil alega haber sufrido de la "actuación descuidada" del Estado al no haber promovido la revisión del Plan Parcial del sector ST-1 donde se asienta el inmueble y haber informado favorablemente la aprobación de la norma urbanística de Carboneras que calificaba el paraje como suelo urbanizable.
   Sostiene el Supremo en su resolución, contra la que no cabe recurso, que el daño que argumenta Azata es una "cuestión completamente independiente" de la "incuria" que si le reconoce a la administración general del Estado y confirma, de este modo, la sentencia dictada el 18 de julio por la que dictaminaba que el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas al invadir parcialmente los 10 metros de servidumbre del dominio marítimo-terrestre.
   La promotora del hotel presentó un incidente de nulidad contra el citado fallo al estimar que contradecía en sus pronunciamientos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado a la sentencia previa de la misma sala y sección, fechada en marzo, por la que se ratificaba una resolución de la Audiencia Nacional (AN) que también declaraba la ilegalidad del hotel por contravenir la Ley de Costas.
   En sentencia de julio, en la que Azata ve vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Supremo argumenta que la mercantil "como propietaria del suelo" tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto, que situó el hotel a 50 metros de la línea litoral, a la Ley de Costas mientras que en su sentencia de marzo atribuía a la administración estatal "desatención o incuria" a la hora de actuar para asegurar la aplicación de la mencionada ley.
   El TS concluye, en la providencia dictada el pasado día 2, que la resolución impugnada expresa "con toda claridad" que la causa "determinante" del perjuicio que esgrime la promotora es que "no efectuó reclamación previa en vía administrativa" y no cumplió su "deber jurídico", por lo que no se contravino el principio de confianza legítima ya que el deslinde de 20 metros no estaba aprobado definitivamente cuando se empezó el proyecto.
   La misma sala ya calificó de "cálculos precipitados" los que hizo Azata para levantar el hotel y consideró que "se precipitó" a adquirir suelo sujeto a un procedimiento de deslinde provisional y "más aún" al obtener licencias y permisos para acometer su construcción.
   Indicó, asimismo, que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración". Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.

Cajamar Caja Rural prevé cerrar con 30 millones de beneficio tras el "rescate" de la valenciana Ruralcaja

ALMERÍA.- El presidente de Cajamar Caja Rural, Juan de la Cruz Cárdenas, ha avanzado que la primera cooperativa de crédito va a cerrar el presente ejercicio con un beneficio bruto de alrededor de 30 millones de euros tras el proceso de fusión con Ruralcaja, que, según ha subrayado, se ha tornado en un "rescate" de la entidad valenciana a la que han "debilitado sustancialmente" los tres últimos decretos-ley del Gobierno de Mariano Rajoy para acometer la reestructuración del sistema financiero.

   En un encuentro informativo celebrado este martes tras la configuración del nuevo consejo rector de la caja, Cárdenas ha explicado que la "renuncia responsable" de los seis consejeros de Ruralcaja da una "solución ética y estética" a la modificación de las condiciones en las que se negoció la fusión y que han obligado a convertirlo en un rescate para evitar que los socios de Cajamar "se pudieran ver perjudicados".
   "Cuando cayó el tercer 'decreto Guindos' fue excesivo para Ruralcaja y en ese momento se vio que no podía ser que la sociedad que superaba el corte tuviese que hacer sacrificios directos para sacar adelante a la otra", ha añadido para, a continuación, resaltar que la decisión de la renuncia de los consejeros de la entidad valenciana se produjo "sin resistencia" y como consecuencia de "un diálogo abierto, sincero, serio y prudente".
   Al hilo de esto, ha indicado que Cajamar Caja Rural nace "sana" con las provisiones para este año "totalmente cubiertas" y un nivel de dotación que da una cobertura del 70 por ciento de la morosidad, lo que, según ha augurado, permitirá en próximos ejercicios "seguir haciendo dotaciones en una dinámica absolutamente normal, como se ha hecho toda la vida, y no para regularizar situaciones". La previsión de la nueva entidad es cerrar en 2013 con unos beneficios de 260 millones de euros, que se elevarían a 270 en 2014.
   Cárdenas, con 43 años de trayectoria profesional en la entidad almeriense, ha remarcado que Cajamar Caja Rural alcanza con este proceso "casi el 50 por ciento de la cuota de negocio" de las cajas rurales, lo que da a la entidad "un posicionamiento estratégico muy importante y bastante interesante" al tiempo que ha considerado que la convierte en "referencia". "No se podrá hacer un movimiento de integración en el sector sin contar con nosotros", ha apuntillado.
   Al hilo de esto, e interpelado por el futuro de las cajas rurales, ha trasladado que el deseo de Cajamar Caja Rural pasa por que, a medio plazo, convergiesen "todas en una". Si bien ha señalado que, en la actualidad, "son una familia mal avenida, enfrentados entre si", ha expresado la disposición de la entidad para alcanzar el "ideal de que todas pudiéramos estar bajo un paraguas común, consolidándonos como unidad".
   "Siempre hemos estado abiertos al diálogo con aquellas entidades que entiendan que somos un referente válido", ha subrayado para, a continuación, indicar que la entidad reclama "una cuota de poder correspondiente al 50 por ciento de cuota de mercado".
   Ha remarcado que las "40 cajas rurales que siguen quedando sueltas" se integran en una "mera asociación que no tiene proyecto de integración" y ha considerado que la "asignatura pendiente" de este colectivo "es la eficiencia", un objetivo, según ha añadido, que facilita "muchísimo el tamaño".
   En este contexto, a su juicio, las cajas rurales han sobrevivido al "tsunami financiero" debido al su grado de capitalización y solvencia "muy alta" con respecto a la de sus competidores, las cajas de ahorro. "El cambio en el esquema financiero nacional ha sido brutal y van a quedar pocas entidades vivas aunque mucho más fuertes, por lo que la competencia será más bravía", ha advertido.
   Cárdenas ha analizado las consecuencias estratégicas de la anexión de Ruralcaja y ha apuntado que posiciona "mejor" a Cajamar Caja Rural en el mercado local del "ahorrador individual, del pequeño ahorrador y de las pymes" en un "mercado más abierto". Al tiempo, ha defendido que en su expansión la entidad ha demostrado "la voluntad y la calidad en el servicio". "Las fronteras funcionan para la administración --ha ahondado-- pero no son válidas para el sistema financiero".
   En esta línea, ha trasladado que el "campo y el sector agroalimentario" seguirá siendo de "atención prioritaria" no solo "por convicción", según ha apuntillado, "sino como negocio". "Vamos a quedar pocas entidades para competir en el mismo mercado, tenemos que distinguirnos y aspiramos, dentro de esa especificidad, a ser referente nacional en este sector". Para el presidente de Cajamar, en la agricultura "no hay burbuja y sí una tendencia sostenida y de poder competitivo en el mercado si es capaz de superar el relativo estancamiento en la comercialización y la generación de más valor añadido".
   Cárdenas ha hecho referencia, asimismo, al plan de empleo que acompaña a la anexión de Ruralcaja y que afecta a unos 500 trabajadores. Según ha explicado, el citado plan, pactado aunque no firmado a la espera de definir legalmente la entidad, prevé prejubilaciones y la movilidad geográfica de empleados "jóvenes y con menos compromisos familiares" para cubrir aquellas zonas donde las prejubilaciones no solucionan los "excedentes de plantilla".
   El nuevo consejo rector de Cajamar Caja Rural está encabezado desde el lunes por el presidente Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, el vicepresidente primero y consejero delegado, Manuel Yebra Sola, el vicepresidente segundo, Antonio Luque Luque, el vicepresidente tercero, Francisco Lorente Brox, y el secretario, Pascual Candel Martínez. Los demás miembros son Jerónimo Molina Herrera, Carlos Pedro de la Higuera Pérez, Francisco Góngora Cañizares, Luis Robledo Grau, María Gádor Villalobos Mejía, Juan Carlos Rico Mateo, Francisco Martínez-Cosentino Justo, Francisco Javier Ramírez Arceo, Maria Luisa Trinidad García, Joan Bautista Mir Piqueras y el consejero laboral propuesto por los empleados Rodrigo Muñoz Rodríguez.
    La entidad constituida como resultado de la fusión entre Cajamar Caja Rural y Ruralcaja es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito española, con más de un millón de socios y tres millones cuatrocientos mil clientes, según informa Cajamar. Cuenta con un volumen de negocio gestionado total que supera los 70.000 millones de euros y activos por importe de 42.000 millones de euros. El coeficiente de solvencia, a 30 de septiembre, se sitúa en el 11,9 por ciento.
   Incorpora el legado histórico de las entidades resultantes de anteriores procesos de fusión con Cajamar Caja Rural y Ruralcaja de cajas rurales de Andalucía (Almería y Málaga en 2000), Murcia (Campo de Cartagena en 1989), Madrid (Grumeco en 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero en 2007), Baleares (Caixa Rural de Baleares en 2010) y de la Comunidad Valenciana (Caja Rural de Valencia, Caja Rural Credicopp y Caja Rural de Alicante en 2002, Caja Rural de Elche en 2003, CajaCampo en 2011 y Caja Rural Castellón en 2012).
   Asimismo, el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas suma 22 entidades, con unos activos totales medios superiores a 45.000 millones de euros, 1.700 oficinas y 7.000 empleados. Representan el 50 por ciento del negocio total y los activos totales del sector de las cajas rurales españolas, una de cada tres oficinas y uno de cada tres empleados. Está presente en 41 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Parlamento fija una alianza con las 10 universidades públicas andaluzas en busca de "nuevas ideas" para la crisis

MÁLAGA.- El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, se ha reunido este martes con rectores y vicerrectores de las 10 universidades públicas andaluzas para establecer una alianza estratégica entre la Cámara autonómica y estas instituciones académicas con la que producir "nuevas ideas que sean útiles en estos tiempos de crisis y contribuyan a superar la situación económica internacional".

   Durante este encuentro, se ha firmado un protocolo de colaboración entre la institución andaluza y las universidades públicas de la región a través del que se acuerda la elaboración de un convenio marco para promover el máximo número de actuaciones que tengan como finalidad la aportación cualitativa, proactiva y eficaz al debate público de elementos dirigidos a superar la actual situación.
   Esta firma se ha producido este martes en el Rectorado de Universidad de Málaga (UMA), un acto en el que también han estado presentes la rectora malagueña y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, y el responsable de la Universidad de Córdoba (UCO) y también presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), José Manuel Roldán.
   La colaboración continuada entre las instituciones se plasmará en la celebración de encuentros, jornadas, publicaciones, prácticas y estudios que promuevan la generación de ideas, la innovación y el emprendimiento en el seno de la población andaluza para el aprovechamiento y la potenciación del patrimonio humano y social de Andalucía.
   Gracia ha señalado que este convenio se realiza "por la urgencia y la dimensión de la situación que nos afecta, se hace preciso fomentar reflexiones, ideas y propuestas de carácter académico, político, económico y social que puedan enriquecer el diseño de soluciones para los grandes desafíos a los que nos enfrentamos".
   También ha explicado que esta iniciativa persigue la confluencia de la actividad de la institución legislativa y la de los núcleos universitarios, puesto que se antoja "imprescindible" para "configurar nuevas herramientas al servicio de la que queremos que sea una sociedad solidaria, equilibrada y con proyección de futuro". Asimismo, ha incidido en que ambas partes pueden aportar mucho para abordar con éxito los problemas y necesidades de las personas.
   Por su parte, De la Calle ha agradecido que la UMA haya sido el escenario elegido para iniciar esta andadura entre las universidades y el Parlamento de Andalucía. "Es en las universidades donde reside el conocimiento y el talento necesario hoy más que nunca para salir de crisis", ha manifestado.
   Asimismo, la rectora de la UMA ha recordado que "es responsabilidad de todos devolver la ilusión a la sociedad y, para ello, el trabajo conjunto es la mejor iniciativa".
   Por último, el presidente de la AUPA ha declarado que "unificar el pensamiento y el espíritu crítico universitario con el pueblo andaluz, representado en su Parlamento, es, sin duda, una gran plataforma para pensar y hacer propuestas que mejoren la situación crítica en la que estamos".

PSOE Almería: más de lo mismo / Pepe Fernández

Muchos amigos suelen preguntarme el motivo de mi reiterado interés periodístico por todo lo que sucede en la Almería política y económica. La respuesta es bien sencilla: aquella entrañable y acogedora provincia andaluza, ha sido convertida por la política en las últimas décadas en una especie de laboratorio de la omertá – ley del silencio- donde, difícilmente, se hallarán grandes disensiones o denuncias entre los dos grandes partidos y entre quienes les rodean o manejan desde las sombras político-económicas de la provincia.
Eso es lo llamativo en una tierra acogedora y hospitalaria donde, miles de honrados ciudadanos, han sido capaces con su trabajo diario cambiar el PIB de una desértica y finalmente productiva Almería. Y donde, además, la clase política dirigente vive instalada en la corrupción política y económica más vergonzante, campando por sus respetos y sin el más mínimo pudor en la mayoría de ocasiones.
La política de no agresión entre el PSOE y el PP, que debilita los pilares del sistema democrático de partidos, se institucionalizó hace bastantes años, cuando dirigía los destinos socialistas de la provincia Martin Soler, con un Gabriel Amat al frente del PP que felizmente sobrevive hoy a todos los cambios climáticos.
Las broncas entre socialistas y populares en estos años se han limitado a cuestiones menores, políticas del día a día, todo ello en un clima de leal oposición y siempre políticamente correcta.
Llegó en 2009 la Operación Poniente, extrañamente paralizada a día de hoy en un juzgado de Almería, y apartó de la circulación política al sector más duro de la derecha del PP; fue Juan Enciso y los suyos, los que acabaron fundando el PAL y con algunos compinches en la cárcel, entre ellos el propio Enciso. Aquella operación judicial, impulsada desde la Fiscalía Superior de Granada y desde la Fiscalía Anticorrupción, quedó inconclusa tras abandonar el juzgado nº 2 de Almería la magistrada Montserrat Peña. A su marcha, el voluminoso sumario y piezas separadas de la OP, quedó sumido en el olvido más desesperante. Especialmente para los casi 70 imputados en la causa y con casi 500 millones públicos desaparecidos, solo de las arcas del ayuntamiento de El Ejido. 
Para algunos juristas, conocedores de las tripas del sumario, de haber continuado la investigación al mismo ritmo que se llevó con la anterior jueza, es muy posible que se hubiesen traspasados los límites geográficos, económicos y políticos de El Ejido para entrar en Roquetas, camino de Almería. (Que entre los imputados esté el dueño de la empresa que recauda los impuestos de los almerienses, conduce necesariamente a pensar que la trama descubierta pasa o acaba en la capital.)
Lo cierto es que, habiendo estallado una gran bomba de corrupción en la derecha con la OP, con dirigentes políticos de por medio que un día lo fueron del PP, el PSOE guardó silencio y nunca se aprovechó de la debilidad muy notable de su gran adversario en el eterno bipartidismo almeriense. Para nada comparable la actitud socialista con la capacidad de presión y desgaste que hace actualmente el PP con el caso EREs frente a Griñán en Sevilla. Claro que entonces, 2008, el PSOE-A antepuso a los intereses generales un pacto vergonzante, bajo la mesa, con la extrema derecha del PAL para dirigir en la sombra durante años la Diputación Provincial. Pacto, por cierto, que bendijo urbi et orbe el mismísimo Manuel Chaves González, como presidente de la Junta y SG del PSOE-A en una de sus muchas visitas a Almería.
Y así iba a transcurrir la hoja de ruta política de los dirigentes almerienses de la derecha y de la izquierda, practicando al unísono el consabido vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse .
La caída de Martín Soler y Diego Asensio al frente de la Agrupación Provincial socialista, auspiciada desde Sevilla por el propio Jose Antonio Griñán, situó en la Secretaría Generala un joven dirigente que antes había sido alcalde de Chirivel. También estrecho colaborador de Fuensanta Coves en Medio Ambiente. Nombrado posteriormente director general por Soler en su etapa como titular de Agricultura, acabó situado como mascarón de proa de una operación para arrebatar la mayoría a quiénes la habían retenido durante década y media con Soler al frente. La operación bien podría haberse llamado cómo matar al padre.
Tras unos congresos a cara de perro, finalmente el aparato de San Vicente impuso una nueva línea que debería ejecutar el recién elegido Secretario General José Luis Sánchez Teruel, que obtiene entorno al 80% del respaldo del congreso. Un apoyo suficiente para afrontar, aparentemente sin complejos, hipotecas ni ataduras con el pasado, una nueva etapa especialmente dedicada en sus inicios a renovar profundamente los cuadros del partido y profundizar en una nueva forma de ejercer la oposición a la poderosa derecha. Alejada, se suponía, de aquellas otras maneras que tanta quietud y complicidad distribuyó en la omertá política almeriense, capitaneada durante muchos trienios por Amat y Soler, sus verdaderos ideólogos y ejecutores.
No en vano, el único poder real que le queda al PSOE en Almería en la actualidad, amén de cuatro o cinco alcaldías de pueblos, está en las delegaciones de la Junta, gestión que el PSOE comparte con IU.

Llegan los escándalos al PP

Pero los escándalos de corrupción empiezan a salpicar duramente al PP y nuevamente el PSOE opta por la misma política de antes. Guardar silencio y mirar para otro lado, sin duda una política de avestruz bien amaestrado. 
En el mejor de los casos es un tercera fila quien se explaya en un comunicado, perdido en Internet, - porque los medios convencionales se ocupan de otras cosas-, (amén de firmar convenios urbanísticos) a cuenta de esta o aquella decisión adversa para los políticos del PP como Gabriel Amat, quien últimamente parece que colecciona las sentencias a manojitos.
Sánchez Teruel ha comentado para justificar su prudente actitud que no convenía precipitarse en el ataque directo a Amat y al PP ya que, confesaba, podrían hallarse “a compañeros del partido” mezclados en los negocios más inverosímiles, de ahí que mantuviese una discreta posición ante los reiterados escándalos en la derecha, “para que no nos salpique”. Era una clara referencia al histórico portavoz del PSOE de Roquetas, Ortega Paniagua, vinculado a empresas y socios del clan Amat, según se documenta por Internet. 
El último escándalo sonoro ha afectado a la actual delegada del Gobierno en Andalucía, Mari Carmen Crespo, a quien la Justicia le ha tumbado una subasta, realizada en su época de alcaldesa popular de Adra, porque que tenía que ser con la forma jurídica de concurso público. Seis millones de euros de 2009 por unos solares cercanos al mar y cuyos fondos no se saben muy bien a donde fueron a parar ya que, según dice el juez de lo Contencioso, no estuvieron destinados a viviendas de Protección Oficial como debería haber sido y marca la Ley.
Por otro lado, la Guardia Civil, a instancias de un Juzgado y por denuncia de la Agencia Tributaria, intervino la sede del principal holding empresarial de Miguel Rifá en Roquetas, empresario cercano al PP y a Gabriel Amat y que ya apareció vinculado a la Operación Poniente en operaciones de compra venta de terrenos no declaradas a Hacienda. Y en el PSOE ni siquiera mueven un músculo para interesarse por las variantes políticas de esta intervención judicial, que las tiene según todos los indicios. 
Desde el verano hasta aquí, silencio por todos lados,  nadie pide -ni para quedar bien- una comisión de investigación, mientras que una docena de muy notables empresarios almerienses, Rifá entre ellos, permanecen imputados en un abultado sumario por la presunta comisión de numerosos delitos de carácter económico.
A todo esto, observando los movimientos en el seno del PSOE de Almería, uno se da cuenta fácilmente del motivo por el que los socialistas almerienses no pueden atender la reclamación de transparencia que demanda la sociedad y el electorado que les da la espalda. Están a lo suyo, enfrascados ahora en una operación maquillaje donde todo debe cambiar para que todo siga igual. 
Y ahí tienen a todo un secretario general, Sánchez Teruel, más preocupado por las escaladas y tirones de la ambiciosa ex martinista Adela Segura, que intenta por todos los medios hacerse con el poder del aparato provincial y neutralizar a Juan Carlos Perez Navas, uno de los pocos dirigentes socialistas no contaminados por la corrupción. O cómo se recolocan con nuevas responsabilidades a cargos de confianza del martinismo, caso de la antigua secretaria de organización, hoy flamante coordinadora del grupo municipal socialista en Almería, o resitúan a uno de los hombres del clan de Soler en Terque/Alhama, nombrándole coordinador de las delegaciones de la Junta.
Visto lo visto, o mucho me equivoco o Griñan puede que haya fracasado en su intento de renovación del partido en Almeria, al haber elegido a una persona sobre la que pueden concurrir solamente dos circunstancias: o no está capacitado para liderar la recuperación del PSOE frente a un potente y hegemónico PP, o solo ejecuta el manual de funcionamiento del partido que dejó en herencia en el cajón de la SG, Martín Soler Márquez.
Con los gestos como opositor y con los nombramientos internos en marcha, más bien parece lo último. De cambio, nada. Más de lo mismo en el PSOE de Almería. 

lunes, 12 de noviembre de 2012

La Junta exige a los bancos que paralicen "de inmediato" todos los desahucios

SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha solicitado este lunes a las entidades financieras que firmen "de inmediato" los convenios de colaboración que les ofrece su departamento en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y paralicen "todos" los desahucios.

   Cortés ha resaltado que la paralización de los desahucios no debe ser una medida tomada "por caridad, sino por justicia" y para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. "La vivienda es un derecho humano que está siendo conculcado sistemáticamente. Eso debe terminar ya", ha señalado en una nota.
   El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda consta de ocho oficinas, una en cada provincia, que desde el 8 de octubre prestan un servicio de asesoramiento previo, intermediación y protección de las personas que han sido desahuciadas o están en riesgo de serlo.
   "Si la voluntad de enmienda de los bancos es cierta, en Andalucía tienen una oportunidad perfecta para comprometerse, pasar de las palabras a los hechos y poner fin a esta oleada de desahucios absolutamente injusta e intolerable", ha señalado Cortés, que ha añadido que colaboración de los bancos mediante la firma de estos convenios supone para las personas en riesgo de perder su vivienda distintas posibilidades, entre ellas la dación en pago, el mantenimiento de la casa en alquiler o la ampliación del plazo de amortización o de carencia.
   Tras conocer que la Asociación Española de la Banca (AEB) ha anunciado este lunes la paralización de durante los próximos dos años de los lanzamientos en casos de "extrema necesidad", Cortés ha solicitado a las entidades financieras que "demuestren con hechos concretos sus intenciones", para lo que en Andalucía tienen "una opción inmejorable".
   "La aceptación del código de buenas prácticas del Gobierno por parte de los bancos no ha evitado que continúe esta sangría social. La banca, si ahora quiere tener credibilidad, debe pasar de las palabras a los hechos", ha añadido Cortés.
   "Es urgente la paralización inmediata de todos los desahucios, que están castigando a una población empobrecida por la política de recortes aplicada y avalada por el Gobierno central, y cuyos impuestos están además siendo empleados para rescatar entidades financieras", ha afirmado Cortés, que ha alertado de la imprecisión que implica limitar la paralización "a los casos de extrema necesidad". "Es imprescindible aclarar los términos", ha añadido.
   Cortés ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, "no sólo está preocupada, sino también ocupada" en la toma de "medidas útiles para las víctimas de la crisis". La titular de Fomento y Vivienda ha señalado que, en el marco del debate sobre las soluciones a los desahucios, es "imprescindible" que el Gobierno escuche a las autonomías, que tienen las competencias sobre vivienda, y "especialmente a Andalucía", que ha puesto en funcionamiento el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
   Cortés ha recordado que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda es resultado de una larga serie de contactos con instituciones como el Defensor del Pueblo, asociaciones de consumidores y colectivos en lucha por la defensa del derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios. En este sentido, ha afirmado que estas asociaciones "no pueden ser dejadas al margen" de las medidas que adopte el Gobierno.
   "Los colectivos y grupos parlamentarios que llevan más de un año y medio ofreciendo soluciones contra los desahucios no pueden ser ignorados en la búsqueda de soluciones por parte de un Gobierno que ha reaccionado tarde", ha señalado Cortés, que ha recordado que los grupos del Congreso que hasta la fecha han sido "reacios" a las medidas para frenar los desahucios tendrán una "oportunidad inmejorable de enmendarse" en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la dación en pago y el alquiler social.
   "La verdadera autocrítica no puede ejercerse sin atender a quienes llevan años trabajando en resolver el problema", ha concluido la consejera de Fomento y Vivienda.

El Ejido aprueba con mayoría absoluta del PP las cuentas de 2013 con un superávit de cuatro millones

EL EJIDO.- El pleno de la corporación local del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este lunes con la mayoría absoluta del PP el presupuesto municipal para el ejercicio 2013 en el que se prevé un superávit de más de cuatro millones de euros y una consignación de casi 2,5 millones para inversiones.

   El equipo de gobierno ha indicado que el superávit de las cuentas, que ha contado con los votos en contra de PSOE, PAL, IULV-CA y UPyD, pretende servir también como mecanismo para amortiguar los posibles impagos de aquellas familias y aquellas pequeñas empresas que, por motivos excepcionales, no puedan hacer frente a sus impuestos.
   El portavoz municipal y concejal de Hacienda y Contratación en el Consistorio, José Francisco Rivera, ha explicado que estas cuentas arrojan un "importante saldo positivo", que "dice mucho", según ha remarcado, de la gestión que se está realizando desde el equipo de gobierno y que "acerca" al Ayuntamiento al "objetivo de estabilidad presupuestaria".
   El presupuesto de gastos destaca, de manera importante, el nivel de inversiones previstas que estará destinado a la "mejora de numerosas infraestructuras y servicios" que resultan "imprescindibles y urgentes" de acometer en el municipio, ha subrayado Rivera, quien también ha destacado que la previsión de gastos para 2013 año incluye un mayor número de inversiones en relación a presupuestos anteriores "por la necesidad que existe de ejecutar proyectos que se consideran inaplazables y urgentes".
   Entre las inversiones contempladas en el presupuesto para el próximo ejercicio figuran partidas destinadas a la mejora de caminos rurales con más de 200.000 euros, a la dotación de instalaciones eléctricas en recintos feriales con más de 170.000 euros, a acondicionar la antigua carretera del camping de Almerimar con una inversión de 165.000 euros o obras en las estaciones de impulsión del municipio, a lo que se destinarán 288.000 euros. Contempla, asimismo, la mejora de la señalización del tráfico en vías urbanas con 60.000 euros del presupuesto de gastos.
   El presupuesto consolidado cuenta con una partida de ingresos que supera los 83.900.000 euros y con unos gastos de algo más de 79.000.000 de euros, de los que más de 18 millones estarán destinados a la amortización de préstamos y al pago de los intereses de la deuda generada por el anterior equipo de gobierno, una deuda "heredada", según ha remarcado Rivera, de más de 300 millones "a la que habrá que hacer frente en los próximos años".
   Durante la sesión plenaria, ha insistido en que una vez más se ven reducidos de forma general los gastos corrientes del Ayuntamiento, si bien el presupuesto global de gastos se ha visto incrementado por el aumento de las inversiones previstas, así como por el fondo de contingencia para posibles necesidades que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el incremento del IVA que hará que los servicios y obras municipales sean mucho más costosos y, también, por el incremento en los tipos de interés en el préstamo formalizado para pago a proveedores, entre otros.
   Con relación al superávit, el portavoz municipal ha apuntado que "es fruto de un trabajo serio y riguroso en el manejo de los recursos públicos". Asimismo, Rivera ha destacado el "logro" que supone en materia de política presupuestaria el traer por primera vez desde hace muchísimo años, unos presupuestos a tiempo para que el 1 de enero se comience a funcionar con las cuentas que corresponden y "no con unos presupuestos prorrogados que generan muchos problemas para algunos aspectos de la gestión municipal".
   "En quince meses hemos trabajado y elaborado, además de un plan de pago a proveedores, tres presupuestos, el de 2011, inexistente cuando tomamos posesión, así como las liquidaciones de ese mismo año y de 2010;los de 2012, de transición, y los del próximo ejercicio, también basados en principios de racionalización y eficiencia de los recursos públicos", ha concluido.

Multa de 88,5 millones a seis navieras por cártel entre Algeciras y Marruecos

MADRID.-   La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con 88,5 millones de euros a seis grupos de navieras, entre los que se encuentran Baleària y Trasmediterránea, por haber formado un cártel en el transporte marítimo entre la Península Ibérica y Marruecos entre 2002 y 2010, según ha informado el organismo en un comunicado.

   Según la CNC, el acuerdo habría consistido en el reparto de mercado y la fijación de precios, junto con las condiciones comerciales en el servicio de transporte marítimo de pasajeros y vehículos en régimen de equipaje.
   Ante las sospechas de este posible cártel, la dirección de investigación de Competencia realizó inspecciones adicionales en las sedes de diversas compañías en Algeciras, recabando documentación de las mismas.
   Por ello, la resolución apunta que gracias a esta información recogida junto a las declaraciones de las navieras imputadas, las compañías participaron en distintas reuniones intercambiando información y llegando a diversos acuerdos de precios, comisiones y horarios en el transporte marítimo de pasajeros y carga entre ambos destinos.
   Así, remarca que este cártel respondía al objetivo común de obtener unos beneficios superiores a los que se obtendrían si todos los operadores implicados hubiesen respetado el funcionamiento del mercado y hubiesen competido en él.
   En cuanto a los importes de las multas, la CNC ha impuesto a cada empresa una sanción del 15% sobre el volumen de negocios en el mercado afectado, al estimar la gravedad de la naturaleza de la conducta.
   Por compañías, cabe destacar que Trasmediterránea y Europa Ferrys han sido multadas con 25,5 millones de euros, mientras que Baleària y Euromaroc 2000 deberán hacer frente a una sanción de 2,2 millones de euros.
   No obstante, para Baleària y su filial Euromaroc 2000, la CNC ha aplicado una reducción del 40% sobre la sanción, por lo que pagará únicamente 1,3 millones de euros por haber aportado información con valor añadido para demostrar la existencia del cártel.
   Por el contrario, en el caso de Trasmediterránea y Europa Ferrys, Competencia ha tenido en cuenta el agravante de que ambas han sido sancionadas en firme en tres ocasiones anteriores, entre 2003 y 2004, por conductas similares.
   Del mismo modo, Förde Reederei Seetouristik Iberia y su filial en Marruecos tendrán que pagar 11,1 millones de euros, mientras que International Maritime Transport Corporation afrontará 8,1 millones de euros de multa.
   Por su parte, Compagnie Maritime Marocco-Norvegiènne (Comarit), Líneas Marítimas Europeas y Comanav Ferry han sido sancionadas con 10,7 millones de euros, y CMA-CGM, Comanav y Comanav Ferry abonarán 13,8 millones de euros, de los que 2,9 millones de euros son responsabilidad de esta última.