SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús
Maeztu, ha abierto una investigación de oficio en la que demanda a las
haciendas locales información sobre las distintas medidas emprendidas
para flexibilizar las obligaciones fiscales tras la suspensión de
actividades económicas a consecuencia de la alarma sanitaria producida
por el Covid-19.
En su queja, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado que el
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, "fundamenta y motiva" las medidas de
flexibilización económico-fiscal y tributarias, con alcance general, en
aras de facilitar el pago de las deudas tributarias y subraya la
necesidad de que los entes municipales "apliquen también medidas ante
las dificultades por la que ya se están viendo afectadas amplias capas y
sectores claramente identificables dentro de la estructura social de
Andalucía".
"Estas medidas permitirían a los contribuyentes más afectados por
esta crisis (trabajadores de los distintos sectores económicos,
comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y
turísticos, etcétera), afrontar de manera menos traumática el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales", señala.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz, la contención de actividades
económicas y sociales decretada en los ámbitos sectoriales referidos
(comercio en establecimientos, comercio ambulante, hostelería y
restauración, etcétera) "aboca a trabajadores y a titulares de licencias
de funcionamiento de actividades y establecimientos al cese temporal de
su trabajo, desempeño y ejercicio --mientras dure la alarma sanitaria--
con las consiguientes pérdidas económicas, colocando a bastantes
personas y familias con pocos recursos prácticamente en situación de
necesidad".
Por estos motivos, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha trasladado a
los municipios andaluces y, a las Agencias y Organismos autónomos
provinciales que actúan por delegación de aquellos en el ámbito de
gestión y recaudación tributaria, que le informe "de la manera más
detallada posible" sobre el grado de implantación de estas medidas de
flexibilización tributaria y recaudatoria.
Los organismos requeridos en esta primera petición de informe son
los ayuntamientos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla, Servicio de Administración Tributaria de la Diputación
de Almería, Agencia Provincial de Administración Tributaria de la
Diputación de Cádiz, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de
Córdoba, Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada,
Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Huelva, Diputación de
Jaén, Diputación de Málaga y Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal 'Opaef' de la Diputación de Sevilla.
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