El Defensor cierra la queja sobre atención a menores migrantes al cambiar protocolos para determinar su edad

 ALMERÍA.- El Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Almería prestará atención "inmediata" a los menores extranjeros no acompañados desde el momento en el que sean localizados por las autoridades sin necesidad de esperar a la realización y obtención de las pruebas médicas oseométricas destinadas a determinar su edad.

Así consta en la resolución emitida por la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía con la que cierra el expediente abierto de oficio tras la queja anónima en la que se alertaba de retrasos en horario nocturno en la emisión de informes radiológicos necesarios para acreditar la minoría de edad de niños extranjeros indocumentados para permitir su derivación a un centro de protección.

El texto toma en consideración el informe emitido por el servicio dependiente de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería, en el que se apunta que se han iniciado actuaciones de coordinación con la Fiscalía de Menores y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar que la entidad pública de protección "sea informada en el momento en que se produce la localización de los menores".

Con ello, estima el defensor que las medidas van orientadas así a solventar las situaciones de desatención que se habrían producido con anterioridad cuando los menores solo pasaban a disposición de la entidad pública una vez que se realizaban las pruebas y se confirmaba su minoría de edad.

Hasta ese momento, la entidad pública no intervenía ni tenía conocimiento de las situaciones de desatención que se producían durante el proceso de determinación de la edad, lo que provocaba que durante la espera algunos menores tuvieran que pasar la noche en el hospital o en Comisaría.

La Defensoría había solicitado un informe a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería tras recibir la respuesta del Hospital Torrecárdenas a la queja por los retrasos en las pruebas médicas y ver "en entredicho" la coordinación entre Fiscalía, Policía, la entidad pública de protección de menores y las autoridades sanitarias.

La entidad que dirige Jesús Maetzu tuvo en consideración los argumentos otorgados desde el hospital sobre cómo se organiza la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico donde, durante las guardias, se priorizan las urgencias médicas que requieren "decisiones rápidas" sobre los pacientes atendidos.

Esta organización, según recoge el documento, "vendría a justificar" los retrasos en las pruebas ordenadas por la Fiscalía para determinar la edad de estos menores. No obstante, de la respuesta del hospital "parece deducirse" que son conducidos al centro "sin previa cita" y en un horario en el que "resulta previsible que no puedan ser atendidos en un período de tiempo razonable".

La actuación tiene su origen en una queja anónima en la que se alertaba de retrasos en horario nocturno en la emisión de informes radiológicos necesarios para acreditar la minoría de edad de menores extranjeros no acompañados y permitir su derivación a un centro de protección.

En esa queja, la persona remitente sostenía que, aunque por la noche se realizan las pruebas radiológicas, vinculadas a la determinación de la edad ósea, el centro médico "no confecciona en ese horario el informe necesario" para hacer constar la edad, un documento que considera "imprescindible" para el ingreso de estos menores en un centro.

El escrito apuntaba además que los menores extranjeros no acompañados indocumentados que no llegan en patera, sino que se presentan en Comisaría o son localizados en la vía pública, pueden pasar la noche en dependencias policiales si son encontrados a partir de las 21,00 horas.

Según la queja, estos menores pueden permanecer "hasta diez horas" sentados en una "silla de plástico", mientras que son los funcionarios de Policía quienes les dan de cenar y desayunar "por sus propios medios", ya que muchos "vienen con hambre".

La Defensoría ya indicó que, aunque el escrito carecía de identificación de la persona remitente y no estaba ratificado ni firmado, acordó intervenir de oficio ante la "gravedad de los hechos descritos", su posible incidencia en los derechos de personas menores de edad especialmente vulnerables y la posibilidad de que el relato pudiera ser cierto.