SEVILLA.- El Defensor del Pueblo en funciones, José
Chamizo, ha presentado este martes ante la Comisión de Gobierno Interior
y Peticiones del Parlamento de Andalucía el informe anual
correspondiente a la gestión de la Institución durante 2011, una
intervención en la que ha instado a los parlamentarios "a resolver los
problemas del personal", y dejar de lado "la pelea" política. "Hay que
hacer un ejercicio de buena voluntad y avanzar para resolver los
problemas del personal, pues la vida se nos va a veces en la pelea, y la
gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes", ha
afirmado.
Según ha expuesto el Defensor en su comparecencia
parlamentaria, Chamizo ha informado de que en 2011 se han desarrollado
6.303 quejas nuevas, que han bajado respecto a 2010, con un total de
6.620. Además, ha habido un total de 8.575 consultas en las más diversas
cuestiones. Las quejas, ha indicado Chamizo, se han centrado en
materias como educación (881 quejas), medio ambiente (531), y servicios
sociales y dependencias (461), a las que se han unido aquellas del
personal del sector público. Asimismo, en 2011 se han iniciado 261
actuaciones adoptadas por iniciativa de la Institución a través de
quejas de oficio, "centradas en educación, problemas de menores o
accidentes laborales", ha afirmado.
Chamizo ha destacado también el empleo "notorio" de nuevas
tecnologías, con una "consolidación" de las vías electrónicas de
formulación de quejas --un 38,7% de las recibidas--, del mismo modo que
se obtienen datos de crecimiento exponencial de los contactos mantenidos
a través del servicio de Internet. Además, ha subrayado la "vocación de
diálogo" de la Defensoría, ampliando fórmulas de presencia como las
videoconferencias y consultas en línea, al tiempo que ha resaltado el
"importante" trabajo de la Oficina de Información.
Además, Chamizo ha aludido a la realización de informes
"especiales", como el dedicado a 'La intervención de la Junta de
Andalucía en el sistema penitenciario', y el relativo a las Personas
Mayores y las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
Andalucía. Igualmente, el Defensor ha hecho hincapié en que los menores
representan una "prioridad" para la Institución, con una atención
"específica" ante sus problemas, que "se encuentra en el núcleo del
informe anual que ya hemos entregado como Defensor del Menor", señala.
Por otra parte, ha propuesto una lectura de la memoria a
partir del elemento que explica muchas de estas actuaciones, la crisis,
que "ha dejado su impronta en muchas de las actuaciones del Defensor",
señala Chamizo, toda vez que alude a las actuaciones puestas en marcha, y
que se recogen en el Informe, "para garantizar los derechos y las
prestaciones a las personas afectadas", porque "estamos obligados a
ofrecer algo más que palabras de consuelo cuando los ciudadanos acuden
exponiendo su sufrimiento, con propuestas y alternativas concretas para
paliar las consecuencias".
Así, la sección primera de dicho informe se refiera a las
propuestas que el Defensor ha venido promoviendo en relación con la
vivienda, la asistencia social básica y el empleo. Sobre la vivienda, el
Defensor pide la modificación de la Ley Hipotecaria, la dación en pago,
o dar "preferencia al alquiler", porque "la gente necesita un hogar y
no un patrimonio". Del mismo modo, en materia de servicios sociales,
apuesta por sistemas de albergues, comedores sociales, o ayudas
inmediatas de subsistencia". "Todas estas medidas se resumen en profundo
rediseño en políticas asistenciales, y no encontramos un impulso
normativo que viene siendo postergado desde hace años", lamenta.
Además, el Defensor aboga por "una mejora" del servicio de
asistencia jurídica a menores infractores, que "alcance una dimensión
esencial en el ámbito penal ordinario", y una "mejora" de las
actuaciones de las administraciones. En este sentido, y en relación con
la vivienda, pone de relieve que "año tras año aumentan las denuncias
por la desocupación de viviendas protegidas", ante lo que dice que "es
intolerable que las administraciones públicas no inspeccionen
eficazmente que los beneficiarios residan en ellas". Además, señala que
la administración de justicia "necesita un revulsivo".
Por último, el Defensor he hecho un resumen de la legislatura
2007-2012, en la que "han aumentado un 20% las quejas, con un 25,7% más
de quejas atendidas", y "una atención evidente hacia los sectores
sociales, personas con capacidades reducidas, inmigrantes, sectores
marginados, con un impulso al desarrollo de los derechos sociales y sus
garantías". Además, ha puesto de relieve la "presencia decidida" del
Defensor para "ofrecer un servicio, y atender de inmediato puentes hacia
la sociedad para permitir el acceso a la Institución", y todo ello
"asumiendo con rigor hacer más o menos", y "trabajando en montar un
sistema de gestión de calidad que sigue su proceso de implantación en
toda la Institución".
"Son tiempos difíciles, pero la ciudadanía necesita confianza,
ilusión para la esperanza de que el futuro será mejor", afirma Chamizo,
quien dice que la sociedad "cuenta con un aliado en la defensa de sus
derechos, porque es lo que venimos haciendo en todos estos años de
crisis". Por último, ha afirmado que "garantizar las necesidades básicas
de una población necesitada no está reñido con la austeridad y el buen
gobierno. PP-A "ECHA EL FALTA" EN EL INFORME EL ASUNTO DE LOS ERE
Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosalía Espinosa, tras
agradecer la labor del Defensor, ha señalado que "lo bueno sería que
ningún tema se quedar fuera", y por eso dice "haber echado en falta el
asunto de los ERE, sobre el que se ha abierto una queja pero se ha
cerrado inmediatamente", así como que el Defensor "no haya requerido" a
su homólogo nacional "interponer un recurso de constitucionalidad por
los funcionarios públicos andaluces", dos cuestiones a las que Chamizo
ha respondido diciendo, sobre la primera, que en el tema de los ERE
"todo está sub judice", y sobre la segunda ha defendido que "el recurso
al Constitucional se le pasó al Defensor del Pueblo Español, y es ella
la que ha decidido no presentar el recurso".
La portavoz del PSOE-A, Cinta Castillo, ha dejado claro que su
partido "va a seguir apoyando la labor de Chamizo y su equipo", y "ha
llamado la atención" sobre la cantidad de quejas en educación. Además,
ha señalado que a su formación, el informe "le va a servir para hacer
una hoja de ruta y que nuestras iniciativas vayan en el sentido de lo
que le importa a los andaluces". Por último, Castillo ha criticado la
existencia en su equipo de un adjunto que "bajo el paraguas del cargo,
creemos que hace mal uso libertad de expresión", un extremo ante el que
Chamizo ha respondido que "respeta la libertad de expresión de cada
uno", toda vez que manifiesta que "hay que evitar tanta politización".
Además, ha recordado que "los adjuntos tiene que ser nombrados por el
Defensor, y no se está haciendo", así que insta "a una revisión" de este
asunto, y que el concepto adjunto "cambie a nivel jurídico".
Por último, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha
dejado claro que desde su partido "se apuesta por la Institución", y
dice "no entender como la ola de desaparición del Defensor del Pueblo
puede convertirse en una medida de ahorro". Además, asegura que la
Defensoría "necesitaría un nuevo impulso", porque "con el prestigio que
ha ido acumulando en Andalucía no debería ser un Pepito Grillo de la
realidad. Por tanto, continúa, "nos gustaría que las orientaciones y
resoluciones del Defensor tuvieran un mayor valor operativo, para que
todos nos viéramos en la obligación de seguirlas e ir al pie de las
mismas", un extremo del que Chamizo dice "es un tema a discutir", aunque
reconoce que "su encaje legal no es fácil".
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