La crisis del coronavirus ha sacado a la luz las
desigualdades, las ha espoleado y, si no ponemos en marcha políticas más
contundentes para impedirlo, las hará mucho más profundas. En medio de
la incertidumbre que ha traído esta pandemia hay algunas cosas que se
ven muy claras: quiénes tenían antes de ella derechos precarios y
quiénes, incluso, simplemente no los tenían.
Como de costumbre, vamos a
tener que hablar de mujeres. Las trabajadoras del hogar han denunciado
estos días la paradoja de que, habiendo sido declarado el suyo un
trabajo esencial, sigan sin tener sus derechos laborales garantizados.
Muchas de las cuidadoras que en nuestro país no tienen contrato han
seguido trabajando y exponiéndose estos días. Todas ellas, invisibles
para las instituciones, se pueden quedar de un día para el otro
literalmente sin nada. Pero sin duda, las otras grandes olvidadas por
nuestras leyes son las trabajadoras sexuales.
Un
macroburdel de la Junquera, perfectamente reconocido por las
instituciones que permiten su negocio, se ha acogido a la posibilidad
habilitada por el Gobierno para hacer un ERTE a sus trabajadores. Son
sesenta y nueve empleados que recibirán durante estos meses un subsidio
del Estado. Entre ellos, ninguna mujer.
Resulta paradójico: mientras el
dueño sí es un "empresario" para la administración, noventa prostitutas,
que no son "trabajadoras", se han quedado en la calle sin absolutamente
nada. Muchas de ellas son migrantes, pensaban pasar solo unos meses
trabajando para volver a su país, ahora no pueden viajar y no tienen
aquí amigos o redes familiares. No es solo que no tengan posibilidad de
acogerse a un subsidio en un momento excepcional como el actual, es todo
lo que implica no tener derechos antes del estado de alarma.
Las
prostitutas no tienen paro ni baja por enfermedad y no cotizan para sus
pensiones. Si no pueden demostrar que trabajan e ingresan, tampoco es
fácil conseguir alquilar una vivienda y para algunas es imposible
empadronarse, lo cual es una vía de entrada para acceder a las ayudas
más básicas y tener acceso a los recursos sociales. Son mujeres
invisibles para las instituciones y que están abandonadas por ellas.
La crisis del COVID-19 ha puesto también una lupa sobre
ellas. Estos casos nos muestran muy claramente que tenemos un problema y
tenemos que abordarlo. Durante los últimos años la manera que han
tenido los gobiernos de "abordar" el problema ha sido desastrosa para
las mujeres. Algunas abolicionistas lo llaman penalizar a los clientes,
otros incluso pueden reconocer que se trata de expulsar a las
prostitutas de los espacios públicos respetables.
No importa cómo nos lo
contemos, los efectos de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza
han sido los mismos: volver la actividad de estas mujeres más insegura,
más clandestina, con negociaciones rápidas en las que ellas salen
perdiendo y con una policía convertida –más aún si cabe– en una amenaza
en vez de en una posible ayuda. En definitiva, una política contra los
clientes que ha acabado criminaliza y acosando a las prostitutas
independientes y que ha conseguido –vaya paradoja– que para algunas sea
más seguro estar en un club como el de la Junquera que estar solas en la
calle.
Los efectos contraproducentes de las políticas abolicionistas
son siempre más pobreza y más inseguridad para las mujeres. Un informe
de Médicos del Mundo denuncia cómo, desde la aprobación en 2016 de la
penalización de los clientes en Francia, las prostitutas se han
desplazado a zonas boscosas más peligrosas y han aumentado los
asesinatos de mujeres.
Podríamos esperar que el
feminismo se hubiera puesto de acuerdo para defender a estas mujeres.
Defenderlas de los que quieren explotarlas. Y a la vez, defenderlas de
una sociedad que lleva siglos estigmatizándolas y de unas leyes que
llevan siglos olvidándolas cuando no poniéndoles aún más obstáculos.
Es
precisamente la estigmatización social y la falta de derechos lo que
permite al patriarcado campar a sus anchas, lo que hace a los
empresarios del sexo y a los proxenetas más poderosos, lo que deja a las
mujeres más desarmadas frente a la policía, más vulnerables antes las
leyes de extranjería, lo que limita la autonomía y el poder de las
mujeres frente a clientes y terceros y lo que impide combatir
eficazmente la trata. La alegalidad en la que viven las prostitutas es
la permisividad ante un estado de naturaleza en el que se imponen los
fuertes.
Cabría esperar que esta situación en la que
se encuentran muchas mujeres en nuestro país nos convocara a todas las
feministas para reunirnos, escuchar, dar voz a las prostitutas
organizadas y buscar juntas soluciones urgentes. Sin embargo, una parte
del feminismo español lleva años en una cruzada moral autoritaria y
dogmática que hace rato que se les ha ido de las manos.
Censura de
debates, censura de jornadas, censura de cursos de teoría del porno,
censura de organizaciones de trabajadoras sexuales y campañas de acoso y
derribo a cualquiera que discrepe con sus posturas, especialmente
violentas en las redes sociales.
Más allá del
matonismo pandillero que vemos cada día practicar en las redes, las
prostitutas se han organizado.
Las organizaciones AFEMTRAS, el Colectivo
de Prostitutas de Sevilla, Putas Libertarias del Raval, Putas
Indignadas, Sindicato OTRAS, APROSEX, (N)OMADAS y la sección sindical de
trabajadoras sexuals de la IAC abrieron hace menos de un mes un Fondo
de Emergencia para Trabajadoras Sexuales que recaudó unos catorce mil
euros para repartirlos entre todas y hacer frente a las dificultades
juntas llegando a 100 mujeres.
Ante esta iniciativa, ninguna de las
voces del abolicionismo de la prostitución las ha ayudado aunque ese
apoyo sea clave para que puedan subsistir estos meses siendo más
independientes y autónomas. Es decir que aquellas que en vez de
"trabajadoras" las llaman "esclavas" terminan por dejarlas más
expuestas frente a la voluntad de otros y más esclavas ante los enormes
poderes que tienen en contra.
La buena noticia es que
muchísima gente anónima se ha volcado en hacer donativos, en pocas horas
llegaron al objetivo de la campaña. Es más, se han abierto nuevas
campañas de donaciones para seguir ayudando. Y sin duda, eso refuerza la
idea de que más allá de la beligerancia que en nombre del feminismo
hacen algunas contra estas mujeres, muchísima gente común está por la
labor de echar una mano y de aportar lo que se pueda.
Hay también muchas
feministas dispuestas a escuchar y a dialogar, entre ellas compañeras
que defienden que es necesario acabar con la prostitución pero que
entienden que la falta de derechos de las mujeres no es el camino. Si
algo ha desvelado esta crisis es que aquellas que carecían de derechos
antes están más expuestas ahora. Ojalá cuando volvamos a la calle nos
tomemos con mayor urgencia la flagrante necesidad de derechos de las
trabajadoras sexuales.
(*) Profesora de filosofía, feminista y escritora
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