El Parlamento Andaluz urge a Gobierno y Junta a iniciar los trámites para demoler el Algarrobico

SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, una iniciativa de la formación de izquierdas en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de proceder, "con carácter de urgencia y en el entorno de colaboración institucional que posibilitó el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre dicho Ministerio y el Gobierno de Andalucía", a la recuperación de la playa del Algarrobico.

   La Cámara autonómica solicita así, por tanto, que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico, toda vez que se complete el estudio de la empresa Tragsa para evaluar y detallar las actuaciones técnicas y materiales precisas para la demolición, que se elabore y apruebe un acuerdo de financiación para este derrumbe de acuerdo al informe de Tragsa, y que se establezca un calendario para todas y cada una de las actuaciones a llevar a cabo para la demolición, que deberá "iniciarse a la mayor brevedad posible".

   En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan "cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, expresar su opinión y posibles alternativas".

   Precisamente al no admitir IULV-CA que en esta última petición se incluya explícitamente al Ayuntamiento de Carboneras tal y como pedía el PP-A, este grupo parlamentario ha rechazado la iniciativa al considerar, además, que la Administración responsable de esta "aberración urbanística" es en exclusiva la Junta de Andalucía, algo que tanto PSOE-A como IULV-CA han negado.

   Según ha defendido la portavoz de la formación de izquierdas, la diputada Rosalía Martín Escobar, tras los últimos pronunciamientos judiciales sobre el caso --el último, en marzo de 2012 cuando el Tribunal Supremo dictó la ilegalidad del hotel del Algarrobico por ubicarse dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros y ser contrario a la Ley de Costas, y por suponer una agresión ambiental y contra la ordenación del territorio--, ya "nada impide que el protocolo general se desarrolle para iniciar los procedimientos de asignación presupuestaria y trámites administrativos oportunos para ejecutar" el derribo del hotel.

   Por ello, ha visto en este trabajo de demolición incluso "una oportunidad para la creación de empleo" y, sobre todo, una ocasión para "que no se vuelva a repetir en Andalucía".

 "No debemos dar opción a que esto vuelva a ocurrir, por eso hay que estar vigilantes ante planes urbanísticos que planean sobre el Cabo de Gata por parte del Gobierno del PP de Níjar en La Fabriquilla", ha advertido.

   Es por eso por lo que IULV-CA y PSOE-A han unido sus votos para urgir tanto a la Junta como al Gobierno a recuperar la playa del hotel Algarrobico tal y como se estableció en el protocolo general de colaboración que en 2011 firmaron el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Administración autonómica. Según este convenio, el Gobierno debe abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta los trabajos de desescombro y la correcta gestión de los residuos generados por la demolición.

   Con todo, el PSOE-A no se ha librado de las críticas de IULV-CA durante el debate de la proposición no de Ley, ya que Martín Escobar ha reprochado al portavoz socialista Manuel Recio, quien ha aprovechado para acusar al PP de "basar todo su modelo económico para Andalucía en seguir con la dictadura del ladrillo", que su partido no se diera cuenta antes de la "gran aberración" que, desde un principio, significó El Algarrobico.

   "Fue la ministra Cristina Narbona la primera que dijo que había que derribarlo. Hasta entonces, el PSOE-A miraba para otro lado y no se actuaba en consecuencia con los instrumentos que tenían a su disposición", ha recordado.

   Al PP-A, por su parte, Martín Escobar le ha negado que esta iniciativa sea "un brindis al sol" y le ha exigido que acaten las sentencias judiciales. La portavoz 'popular' Aránzazu Martín Moya se ha defendido acusando a IULV-CA de ser parte de un Gobierno andaluz cuyo socio de gobierno, "en un calentón político del presidente (Manuel) Chaves, decidió unilateralmente demoler un edificio que traía todos los parabienes de la Junta".

   Así, y tras fundamentar esta demolición "en decisiones partidistas", la diputada del PP-A ha censurado que el PSOE-A hable "ahora de responsabilidades" cuando tendría que ser la Junta, en su opinión, quien las asumiera y quien se hiciera cargo ahora tanto de los 7,17 millones de euros que cuesta demoler el Algarrobico como de lo que provocó la paralización de sus obras.

 "Podían haberla parado desde el minuto uno, pero no lo hicieron. ¿Qué precio tuvo romper el futuro de muchos ciudadanos de ese entorno de Carboneras? Porque el PSOE-A y dirigentes de la Junta prometieron allí trabajo... ¿Qué precio tiene que muchas pymes se vieran abocadas al fracaso tras la paralización de un hotel que según la Junta era acorde a derecho?", se ha preguntado el PP-A.

Arias Cañete ve la necesidad de un mecanismo para evitar hechos como el del Algarrobico

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido en el pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Costas, frente a los grupos parlamentarios de PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que han presentado enmiendas de totalidad para devolver el texto al Gobierno, señalando, entre otros aspectos, la necesidad de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del hotel Algarrobico, en Almería.

   El titular de Medio Ambiente ha asegurado que la futura norma compatibilizará la protección del espacio natural marítimo con la actividad económica que generan riqueza. Además, ha adelantado que el grupo parlamentario popular rechazará todas las iniciativas de la oposición para que no prospere el texto.

   Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía --mantener y conservar en buen estado el litoral--, además de haber fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

   Es más, ha avisado de que esta controversia ha traspasado las fronteras de España y ha llevado al Parlamento europeo a pedir y revisar "urgentemente" una modificación de la Ley de Costas, a fin de proteger a los propietarios de viviendas y a aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa, que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente costero.

   Según ha asegurado, la normativa de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral, ya que en estos más de 20 años se ha producido la "mayor degradación" de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas.

   Sobre la inseguridad jurídica, el responsable de Medio Ambiente ha apuntado a los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, ya que, en su opinión, se han realizado con criterios "no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".

   Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.

   En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos  de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.

   Para ello, Arias Cañete ha explicado que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales. "En las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común", ha señalado.

   Igualmente, el titular de Medio Ambiente ha señalado la conveniencia de que la administración estatal disponga de un instrumento "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del Algarrobico, donde establece la llamada 'cláusula anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo".

   Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.

   Además, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988.

   En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

   Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Luz verde al decreto para la protección del litoral con el rechazo del PP-A

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento Andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el  decreto-ley sobre medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral. PSOE-A e IU-CA han rechazado la tramitación del decreto como proyecto de ley, algo que había solicitado el PP-A.

   Entre las medidas, se incluye la suspensión cautelarmente de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.

   El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, que ha intervenido ante el Pleno del Parlamento, ha indicado que Andalucía ha sido una comunidad pionera en todos los procesos de ordenación y conservación del territorio, apuntando que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo económico de primera magnitud y que la creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad.

   Como principal novedad, el decreto-ley dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera.

   Para garantizar las previsiones del plan durante su proceso de elaboración, el decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo. Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento.

   El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7 por ciento de mediados del siglo pasado.

   Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio --de competencia estatal-- ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central.

   Por su jerarquía, el futuro documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómicas.

   Una vez elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan de Protección del Corredor Litoral se expondrá a información pública durante un plazo no inferior a dos meses, con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales.

   Más allá del ámbito litoral, el Decreto-ley introduce diversas medidas para incentivar y acelerar la adecuación de los planes urbanísticos municipales al POTA.

   Con esta finalidad, el Decreto-ley establece que la adaptación debe realizarse a través de la revisión las normas de planeamiento municipal en los plazos fijados por las mismas, o en ocho años desde su entrada en vigor en los casos en que no se haya establecido. La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos por encima de los límites regulados en el POTA.

   Por último, el decreto-ley modifica diversas normas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones.

   En el primero de estos aspectos destaca el establecimiento de un plazo único de tres meses, frente a los 1-6 actuales, para la emisión de los informes preceptivos sectoriales por parte de la Administración autonómica.

   Respecto a la mejora de la coordinación, el decreto-ley supone acelerar la puesta en funcionamiento del órgano colegiado que actuará en cada provincia como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta.

La UE confirma que los contingentes de importación de Marruecos "se cumplen", según García-Legaz

MURCIA.- El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha asegurado que los contingentes de importación de productos procedentes de Marruecos "se están cumpliendo" y que el sistema de información electrónico que tiene implantado la Unión Europea "permite conocer toda la mercancía que entra por todos y cada uno de los puertos".

   En una rueda de prensa en Murcia, García-Legaz ha explicado que mantuvo una reunión hace dos semanas con el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien le certificó que se están cumpliendo los contingentes de importación.

   En este encuentro, García-Legaz tuvo ocasión de comprobar que la Comisión Europea ha puesto en marcha un sistema de información electrónica que "garantiza en tiempo real que toda la información que llega sobre las importaciones se puede contrastar y que, por tanto, los contingentes se cumplen".

   Esa información "está centralizada y, por tanto, no existe el riesgo de que entre más mercancía de la que implica el contingente por la vía de importar la producción por distintos puertos o puntos de entrada a la UE", ha garantizado el secretario de Estado.

   García-Legaz ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Comisión Regional de Agricultura del Partido Popular, en la que han participado diversas asociaciones de productores agroalimentarios de la Región de Murcia que exportan a todo el mundo.

   En este sentido, García-Legaz explica que el encuentro ha servido también para "tranquilizar a los agricultores de la Región de Murcia, respecto al cumplimiento de los contingentes y, en particular, de los contingentes que hay de la producción de Marruecos".

   En esta reunión, los agricultores han transmitido al PP sus inquietudes, preocupaciones y problemas, mientras que el secretario de Estado les ha pedido trasladar todos los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno central para mejorar la producción y, sobre todo, la exportación de la Región.

   García-Legaz ha destacado que el comportamiento de las exportaciones del sector agroalimentario de la Región de Murcia "van muy bien", con incrementos "espectaculares", y con tasas de crecimiento que "dependen de los productos", aunque "siempre por encima del 50 por ciento, y hasta del 60 por ciento".

   García-Legaz ha asegurado que se trata de incrementos que no se ven en ningún otro sector y en ninguna otra Región", lo que es "muy buena noticia", porque "está generando miles de puestos de trabajo".

   De hecho, se ha preguntado "qué sería de la tasa de paro en estos momentos si no fuera por la buena evolución de las exportaciones y, en particular, de la buena evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios".

   El secretario de Agricultura y Medio Ambiente del PP regional, Jesús Cano, quien también ha comparecido en rueda de prensa, ha precisado que entre el 28 y el 30 por ciento de las frutas y hortalizas que se exportan actualmente en todo el mundo son de la Región de Murcia.

   De todas formas, García-Legaz ha considerado que es preciso conseguir que estas exportaciones vayan "mucho mejor" y, para eso, ha determinado que el Gobierno central está poniendo en marcha instrumentos de promoción de los productos agroalimentarios españoles.

   Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España está habilitando también instrumentos de mejora de la financiación, porque "hay un problema objetivo de falta de financiación de todos los empresarios y también de los exportadores".

   Entre los instrumentos de promoción, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha creado una división específica para productos agroalimentarios que va a hacer campañas específicas de en los mercados más relevantes y de mayor expansión con la marca España, lo que va a significar "un impulso específico del sector agroalimentario, con programas específicos del sector", ha añadido.

   Esto no existía hasta ahora, según García-Legaz, quien ha anunciado además que el ICEX y el Ministerio de Agricultura van a hacer campañas mixtas para trabajar de la mano fuera de España. "Esto es positivo porque el Ministerio conoce muy bien la realidad del sector y el ICEX sabe muy bien cómo se exporta", aclara.

   García-Legaz ha anunciado también la puesta en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de varias líneas de financiación por un importe de hasta 4.000 millones de euros para el conjunto de la exportación. El sector agroalimentario, que es uno de los grandes motores de exportación, va a ser uno de los mayores beneficiarios.

   La Secretaría de Estado también va a trabajar en la mejora de la cobertura del seguro de crédito a la exportación a través de CESCE, que es una compañía que es propiedad del Estado al 51 por ciento, para tratar de cubrir más países, y mejorar la cobertura que se da en los países en los que actualmente está disponible la cobertura.

IU anima a Griñán a exigir, en los tribunales y la calle, una nueva 'deuda histórica' de 4.000 millones

SEVILLA.- El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha animado este jueves al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a reclamar en los tribunales y también en la calle la que considera una 'nueva deuda histórica' del Gobierno de la Nación con Andalucía y que ha cifrado en 4.000 millones de euros.

   En su interpelación a Griñán a en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento andaluz, Castro se ha mostrado convencido de que Andalucía está sufriendo en estos momentos la "ofensiva centralista más aguda" por parte un Gobierno de la Nación y   ha asegurado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se equivoca y lo pagará".

   Durante su intervención, Castro ha hecho referencia a las declaraciones que él mismo realizaba este miércoles en rueda de prensa sobre que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "podía meterse el déficit por donde considerara más conveniente".

   "Ayer se me afeaban estas palabras, puede que con razón y que la expresión no fuera la más afortunada", ha reconocido Castro, quien se ha preguntado cómo se pueden valorar las acciones de la derecha y de Montoro, "que hacen un continuo chantaje a la comunidad, cuando Andalucía es una de las alumnas más aventajadas en cumplir el maldito déficit".

   En este punto, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha hecho referencia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), destacando que Andalucía ha recibido el 45 por ciento de la cantidad demandada, frente al 90 por ciento que ha recibido Cataluña y el casi 65 por ciento de Valencia.

   Ha dicho no entender que se "amenace a Andalucía con la sombra de la intervención" cuando la Comunidad solicita que se incremente su participación en el FLA, dado que no se han usado 18.000 millones del mismo. "¿Cómo pretenden que nos callemos?", se ha preguntado Castro, quien también ha criticado que el Gobierno suprima el impuesto de Andalucía a la banca, que supondría unos ingresos de 300 millones.

   "Basta ya de amenazas y de chantaje, basta ya del déficit austericida", ha reclamado el dirigente de izquierdas, quien ha considerado necesario que Andalucía luche por lo que le pertenece junto con todo el pueblo. En su opinión, "no puede ser que la alternativa de todos los andaluces sea que en esta fecha se enteren del numero de lotería que juega Fabra para que compren el mismo".

   Castro ha mostrado la preocupación de su formación por el debate territorial y por el papel que tiene que jugar Andalucía en el mismo y ha advertido de que Andalucía corre en estos momentos "más peligro" que hace 35 años de ser "menos igual" que otros territorios del país y de contar con menos oportunidades y recursos.

   Asimismo, ha dicho sentirse "noqueado" cuando el PP presenta iniciativas en la Cámara andaluza "con las que parecen enajenados de la realidad". En su opinión, los 'populares' son incapaces de borrar de su cabeza "los recortes que impone a Andalucía el Gobierno de la Nación y su continuo maltrato a esta tierra".

El hombre que ofrece su casa de Vera a desahuciados recibe tres peticiones en una semana

ALMERÍA.- Eulogio Carmona, el vecino de 64 años de Mataró (Barcelona), que ofrece su segunda vivienda a familias que atraviesan problemas económicos o que han sido desahuciadas, ha recibido en la primera semana desde que hiciera público su ofrecimiento tres solicitudes de personas residentes en la provincia almeriense. 

   Carmona ha explicado que espera recibir más llamadas en los próximos días y ha anunciado que la próxima semana viajará a la localidad almeriense con su esposa para reunirse con el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge (PP), quien le ha ofrecido su colaboración para realizar las gestiones que precise en su oferta.

   En este sentido, este hombre natural de Motril (Granada) ha expresado su "agradecimiento" y ha trasladado su deseo de poder entrevistarse con las familias que requieran su ayuda. Este hombre ya jubilado, que ha trabajado durante años como asesor inmobiliario, ofrece su segunda residencia ubicada en la urbanización 'Thalassa II' de Vera por un periodo mínimo de dos años y de forma gratuita salvo los gastos de luz y agua.

   Con esto, espera que la colaboración municipal contribuya a encontrar una familia, ya sea bien a través del Ayuntamiento de Vera o bien que contacte directamente con él a través del teléfono 645480769.  

   La vivienda cuenta con dos dormitorios dobles, baño, cocina y sala de estar y está ubicada en una urbanización residencial. Así, ha precisado que él mismo sería el encargado de seleccionar a la familia, para apoyar así a aquellas personas "a las que la vida les haya dado un revés" y sean las más necesitadas. Por su parte, el propietario tan solo pide que los moradores de la casa "la cuiden como si fuera suya" durante el tiempo de la cesión.

   El poseedor de la vivienda, que ha manifestado querer un "trato familiar" con los futuros moradores de la casa, ha mostrado sus reservas a las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo para la modificación de la Ley Hipotecaria dado que, según su opinión, "de cien personas afectadas por los desahucios, se va a beneficiar una".

   Ante esto, ha recordado su experiencia vital, en la que ha convivido con otras familias en la misma casa antes de independizarse, y se ha mostrado esperanzado en que la iniciativa sea el "primer paso" para que otras personas en su misma situación decidan ceder su segunda residencia a quienes realmente lo necesiten.

La crisis también azota a Marruecos

RABAT.- La grave crisis de la eurozona ha acabado por afectar a Marruecos. No hay excepción marroquí, como hasta hace poco tiempo se atrevían a decir algunos responsables políticos de Marruecos. El país norteafricano vive directamente los efectos y éstos son cada vez más dramáticos por su débil economía en desarrollo.

 Los ingresos por turismo han bajado, las remesas de los inmigrantes también. La balanza comercial es francamente deficitaria para Marruecos, a pesar de que las exportaciones de fosfatos se mantienen, y las finanzas públicas sufren un déficit preocupante. Los problemas sociales se amontonan y el descontento de la población aumenta. 

Un año después de su investidura como primer ministro, el islamista Abdelilah Benkirane se encuentra descolocado frente a un panorama económico desalentador. El discurso oficial suele ocultar, o al menos minimizar, los problemas, pero los hechos son tozudos y hablan por sí solos. “Estamos mal, francamente mal. Una mayoría social vive en malas condiciones y la prosperidad de los últimos años sólo ha llegado a las clases altas y a la nueva clase media. Los problemas estructurales del país son muy graves y el actual Gobierno de Benkirane está paralizado”, comenta a Correo Diplomático un dirigente de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP).

 En 2008, Marruecos pensó que no estaba al alcance de la crisis que explotó en el mundo occidental. Cuatro años después la situación ha cambiado radicalmente y algunos indicadores son francamente preocupantes. Un sector muy intenso en mano de obra y clave para la economía del país como el textil  ha perdido más del 30% de sus pedidos europeos. El turismo europeo está estancando y la tendencia marca un empeoramiento de la situación, al menos mientras se mantenga la recesión en los países europeos emisores. Oficialmente, el número de turistas que visitan Marruecos no ha bajado, pero los que vienen gastan menos dinero. De momento, este sector ha podido salvar los muebles gracias al turismo nacional, pero esta alternativa no es sólida.

La depresión económica afecta también a los inmigrantes marroquíes en Europa. Muchos se han quedado sin trabajo y ya no pueden enviar dinero a su país, o mandan cantidades más pequeñas. Las remesas de los MRE (Marroquíes Residentes en el Extranjero) experimentaron un bajón del 4% en el primer semestre de 2012. 

La factura por el petróleo aumentó un 20% este año y las reservas de cambio han bajado peligrosamente. El clima para hacer  negocios no es precisamente el más idóneo. Según un estudio del Banco Mundial, Marruecos ocupa el puesto 94 sobre 183 países analizados, mientras que Túnez, a pesar de sus turbulencias políticas, está en el lugar 46. Aunque la inversión extranjera se mantiene, no consigue paliar los graves problemas estructurales de la economía marroquí, que la crisis ha empeorado. 

Mientras, el déficit público, que alcanzó el 6,2% del PIB en 2011, según el Ministerio de Finanzas, podría situarse en torno al 5,5% a finales de este año. La inflación es otra gran amenaza para la economía, y los precios de muchos productos y servicios básicos, como la harina, el azúcar y la electricidad se han disparado. “Nuestra crisis tiene una raíz interna, está relacionada con nuestros propios problemas, que han empeorado por culpa de la crisis internacional”, señala el economista Najib Akesbi. 

Parece bastante evidente que con un panorama macroeconómico tan complicado es difícil apostar por un crecimiento alto y a largo plazo. Algunos expertos auguran un crecimiento por debajo del 2,5% en los próximos años, lo que sería insuficiente para absorber el gran paro juvenil (30%) en la franja de jóvenes entre 15 y 29 años y sacar  de la pobreza a amplios sectores sociales. 

Algunas buenas noticias económicas, como el espléndido funcionamiento de puerto de Tánger Med, la construcción del AVE, el programa de autopistas y la modernización de infraestructuras, así como la instalación de grandes multinacionales como Renault en Tánger y Bombardier en Casablanca, ocultan a malas penas lo que se avecina.

Amat amenaza con poner en marcha el ventilador / Gabriel Sánchez

Gabriel Amat, el todopoderoso presidente del PP y amigo personal de Javier Arenas, da un aviso a navegantes (dirigentes socialistas); aviso que unos catalogan como advertencia y otros como amenaza, dependiendo del bando socialista del que hablemos.

Les aclaro que entre los socialistas hay unos que temen y otros que no tienen nada que temer. Entre los que ven mejor que Gabriel Amat cierre su boca están los antiguos dirigentes de este partido: Soler, Asensio, Segura Vizcaíno etc. Y entre los que no les importa que encienda el ventilador y se esparza la mierda se hallan Sánchez Teruel, Adela Segura y Pérez Navas, entre otros, algo que les honra pues es de suponer que no tengan nada que temer.

“Que tengan cuidado aquellas personas que han firmado el escrito dirigido a la Fiscalía, ya que algún día se pueden encontrar con la horma de su zapato y les puede estallar algo en las manos", ha dicho Gabriel Amat después de que Mario Jiménez, recogiendo el testigo de los socialistas almerienses, haya acusado al alcalde roquetero de que bajo su gobierno se haya producido una "desviación ilegal", de manera que las obras del auditorio "terminaron costando 15 millones de euros"; es decir 8 millones de euros más de lo que contemplaba el presupuesto inicial, lo que supone un aumento del presupuesto, ese que sale del dinero de los impuestos de los ciudadanos, de un 120%, según sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Así que lejos de dar explicaciones de donde están esos ocho millones de euros a los que se les ha perdido el rastro o de los que, según Mario Jiménez, “se dispuso sin respaldo legal", el presidente de los populares, sacando pecho como los gallos de corral, contrataca con fuerza mandando callar a los nuevos dirigentes socialistas con esta clara advertencia, aviso o amenaza, como ustedes lo quieran llamar.

Pero, Ortega Paniagua, ese señor que quiere ser alcalde de Roquetas y representa a los socialistas en esa ciudad ¿se ha pronunciado?, ¿alguien cree que lo hará?; muchos socialistas con los que he hablado dicen que no abrirá la boca y que, si lo hace, será de manera light; otros aseguran que, en este asunto, hay gato encerrado y que el gato es de los dos (supongo que se refieren a socialistas y populares de Roquetas). Pero y la nueva hornada socialista, me refiero a los anteriormente nombrados, los mismos que hoy gobiernan el PSOE provincial, ¿se achantarán por miedo a la advertencia de Gabriel Amat?. Si lo hacen, no les quepa la menor duda que no será bueno para su credibilidad, aunque sea malo para quien no ha actuado con la legalidad que debiera, incluidos los de su partido.

¡Ojala no se quede todo en un órdago!, como tantas veces ha sucedido y, poniéndose las partes de acuerdo, cierren un pacto de esos extraoficiales, con los que no hace falta llegar a las manos evitando los juzgados y el saber donde ha ido el dinero, bolsillos incluidos si así fuese. ¿Cuándo ha sido Martin Soler hombre de pelea en vez de hombre de consenso?

De momento a la nueva dirección de los socialistas se le ha visto coger las palas para remar; esperemos que lo hagan y que ningún golpe de mar, amenazándolos, los acojone y, tirando los remos, vuelvan a tierra muertos de miedo y dejándonos a todos con la ilusión de verlos navegar, en la buena dirección claro está.

Griñán mueve ficha contra el PP en Almería y regionaliza el 'caso Auditorio', de Roquetas / Pepe Fernández

Griñán ha movido ficha política en Almería. 

Tarde, pero movida está una pieza de incalculables consecuencias políticas y, muy posiblemente, judiciales. El máximo dirigente del PSOE-A y presidente federal de la organización ha mandado allí hoy a su número dos, Mario Jiménez, para decir algo que la mayoría sabían, pero que todos los que tenían la obligación de contarlo y actuar silenciaban:

-“ Algo huele mal en Roquetas de Mar”, proclamaba gráficamente Jiménez. 

Huele que apesta, sí, el que ya se denomina en las redes sociales, esas que tanto detesta don Gabriel Amat por sus "falsos periodistas" que no controla, como el “Caso auditorio de Roquetas”.

Una obra faraónica, auspiciada hace años por el ayuntamiento que preside el líder de la derecha almeriense, incondicionalmente apoyado por Arenas, y cuyo coste final, según denunció hoy Jiménez, ha superado casi el 120% de lo presupuestado. Una obra, y aquí está la clave, que se realizó en contra de los informes técnicos oficiales pertinentes, según una sentencia del TSJA que lleva meses rodando por Almería sin que nadie quiera coger en serio esa patata tan caliente. El número dos del PSOE andaluz se preguntaba hoy en la rueda de prensa, ¿donde están esos siete y pico de millones de euros gastados de más en el Auditorio “más caro del mundo”?. Todo en un edificio cultural, por cierto, que compite en su cartelería con los teatros más renombrados del país en la programación de grandes estrellas de la música y el teatro contemporáneo.

También ha anunciado el líder socialista que auspiciarán una investigación a fondo para conocer como Amat ha gestionado esos fondos públicos, al tiempo que instan a la Fiscalía a trabajar sobre la denuncia que en su día presentaron algunos cuadros socialistas con la más absoluta y discreta confidencialidad. Entre otras cosas porque conviene resaltar un hecho que confirma el clima de “omertá” política en Almería, una especie del vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse, en definitiva un pacto de silencio general al que tanto me he referido en artículos anteriores. La vieja guardia del PSOE local le guarda un insólito respeto reverencial a Don Gabriel Amat, gran especialista en tener “trincado” al adversario con las miserias y corruptelas de todo cargo público que se precie o destaque en un contexto tan viscoso como el que les ha tocado vivir a un puñado de personajes y personajillos.

La respuesta hoy de Gabriel Amat ha sido tan fulminante como poco meditada, tras conocer lo que había dicho una hora antes Jimenez ante los medios almerienses que, esta vez necesariamente, se tendrán que hacer eco mañana del “Caso Auditorio”. (De todos los periódicos tan solo Ideal de Almería hizo referencia en su día a la sentencia en su edición digital. Por otra parte El País es el único rotativo que está facilitando información sobre irregularidades de todo tipo en Roquetas), Amat ha arremetido con cierta furia, improvisadamente, contra Griñán, echándole a la cara de su Vicesecretario General que antes que denunciarle a él debiera denunciar a su jefe.

-“Tendría que tener vergüenza – se refería a Mario Jimenez- de ponerse ante una cámara para hablar de responsabilidades sin primero denunciar a su presidente, el secretario general del PSOE, el presidente de todos los andaluces. ¿Donde están los mil millones de euros que se han comido y se han malgastado, se-han-co-mi-do-y-se-han-mal-gas-ta-do, y no son capaces de devolverlos a los ciudadanos que son los dueños de eso?”

Con un débil bagaje argumental para defenderse de tan certero ataque en su línea de flotación, Amat se ha precipitado en su comparecencia y no ha meditado ni calculado sobre las consecuencias que podrán tener las amenazas que ha lanzado contra quienes, en el PSOE, han firmado la denuncia ante la Justicia.

“Les puede estallar algo en las manos”

“Que tengan cuidado aquellas personas que han firmado" el escrito dirigido a la Fiscalía, ya que "algún día se pueden encontrar con la horma de su zapato y les puede estallar algo en las manos". Así, ha remarcado que el TSJA "ha dicho claramente que no se gastó ni un euro más" y entiende que, de haber encontrado indicios de delito, habría contactado con el Ministerio Público para que investigara al respecto.

Hablan en San Telmo: Nada le daría más placer a Pepe Griñan y al equipo dirigente actual del PSOE-A, de que se cumpliesen las amenazas del Sr. Amat. Sería una ayuda inestimable para “limpiar” el partido de “indeseables que han metido la mano”, en palabras de alguien muy cercano al Presidente. Confían, por tanto, en que Amat haga estallar sus granadas de mano  “y lo antes posible”.

Don Gabriel parecía sorprendido esta mañana ante el inesperado ataque desde lo más alto del PSOE-A, desde Sevilla, entre otras cosas porque se sentía cómodo y habituado a una relación de caballeros con casi todos sus paisanos socialistas. Una tranquilidad que estaba convencido continuaba garantizada bajo el mandato del nuevo SG del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, “inmaduro y condicionado, pero un buen chaval” según le ha definido en privado el líder del PP. En la larguísima etapa de Martin Soler al frente del partido, se fraguaron estas alianzas anti natura que nunca entendió, elección tras elección, el electorado de izquierdas en Almeria. Ahora pacto con el PP de Amat no denunciar corrupción; ahora pacto con el PAL de Juan Enciso y manejo la Diputación desde las sombras. De locos, como vulgares salteadores de la democracia.

Mario Jimenez ha roto hoy con una práctica autodestructiva para el PSOE, con una situación que ha conducido a su partido en Almería a quedarse en resultados residuales, gobernando solo algunos pueblos como Vícar o las delegaciones de la Junta y la Universidad. (Donde el figura del rector Molina, ese que ayer se sumaba al coro de rectores demandando menos recortes, hoy se ha sabido que cobrará cerca de veinte mil pavos de plus, del casi medio millón que se repartirán unos 90 cargos de la UA). Con fichajes así, el PSOE ha perdido notable poder e influencia en Almeria, mientras que la derecha liderada por Amat se ha convertido en la poderosa mano que maneja casi todos los resortes políticos y administrativos de aquella provincia.

No obstante la indisimulada sorpresa de Amat hoy en la rueda de prensa, convocada, casualmente, para presentar la planificación cultural del Auditorio, creo que fue en parte fingida. Amat es un tipo hábil, alpujarreño y huele el peligro a distancia como nadie. Hace tiempo que se siente solo en el partido, según ha llegado a confesar en la intimidad a un amigo, el mismo tiempo en que viene temiéndose lo peor de la soledad, que es la debilidad y la muerte política. Ya ni Javier Arenas, “su hermano pequeño” y cabeza de cartel por la provincia, le llama como solía antes del 25 de marzo. Se agarra a la chaqueta de Zoido y le proclama candidato a la Junta en el Congreso de El Ejido, pero el ex juez es más listo de lo que a muchos les pueda parecer.

Amat, el hombre que susurraba a los medios

Si por algo destaca la política de Amat es por su exquisita atención a la hora de regar con dinero público, a veces con innecesaria y cara publicidad institucional, a los medios de comunicación que le bailan su música y sirven a sus objetivos e intereses. Ha prodigado inversiones importantes recientemente e incluso reconocido una deuda mediática de 700.000 Euros a Novotecnia (La Voz y Cadena SER) contraída durante la etapa de Juan Carlos Usero (PSOE) en la Diputación, cuyo soporte documental es cuestionado desde la oposición de IU. (El PSOE ha tragado siempre, hasta ahora, con todo lo que ha promulgado don Gabriel). A cambio, alguno de esos medios escandalosamente reforzados en su cuenta de explotación en plena crísis con dinero público, han llegado a estar dispuestos a cortar la cabeza de algunos periodistas incómodos para el Sr Amat, sus intereses privados, tribales y partidistas.

En este contexto de comportamiento medieval, puro feudalismo en pleno Siglo XXI, el “Caso Auditorio” de Gabriel Amat ha salido de la remunerada placidez informativa almeriense y se acaba de colocar en primera línea de la actualidad andaluza. En el PSOE, después de dos años tremendos con los Eres, claman ajustar cuentas con el PP -y más en el feudo adoptivo de Arenas- a propósito de los Eres, oportunamente sacado a pasear hoy contra Griñán por el presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas. Amat, sin meditarlo, ha pretendido desviar el golpe al atacar como lo ha hecho a Griñán, pretendiendo, en el fondo, que el follón se traslade a Sevilla y que sea Juan Ignacio Zoido el que tome la muleta y le eche un capote en tan difícil y comprometida situación.

Pero esa no debiera ser la cuestión, que también, dado el cariz del Caso Auditorio. Ahora quienes deben recibir el mensaje de alerta son los miembros de la Fiscalía y en especial el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, a quien corresponde urgir a responder a la denuncia que hace tiempo fue presentada por representantes del PSOE ante la Fiscalía de Almería a cuenta del Caso Auditorio y todavía no ha sido respondida. Teniendo en cuenta que en un juzgado de Almeria parece que duermen el sueño más injusto los 80.000 folios de la Operación Poniente, con cerca de 70 imputados y unos quinientos millones saqueados de las arcas públicas de El Ejido, no es de extrañar que muchos se pregunten ¿por qué la Fiscalía de Almería permite que lleve la OP más de año y medio prácticamente paralizada? La respuesta a esta pregunta quizás aportase muchas claves de lo que sucede en Almería con demasiados casos de corrupción, pero sobre todo la provincia con más paro porcentual de Andalucía.

La Junta andaluza pedirá acogerse al Fondo de Liquidez de 2013

SEVILLA.- La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que la Junta de Andalucía solicitará antes del próximo lunes acogerse nuevamente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2013 y ha indicado que sigue negociando con el Gobierno de la Nación para que esta Comunidad pueda recibir 1.000 millones más con cargo al FLA del presente año 2012. 

   Aguayo ha hecho este anuncio durante una comparecencia en el Parlamento andaluz en la que ha expresado su "sorpresa" por haber conocido hace 24 horas la decisión del Ministerio de Hacienda de no proceder a la operación de endeudamiento de Loterías para aportar 6.000 millones de euros al FLA, lo que supone dejar esa cantidad "sin distribuir" entre las comunidades autónomas.

   La titular andaluza de Hacienda ha asegurado que, tras las conversaciones con la administración central, la Junta tenía la "expectativa" de incorporar "mil millones más" a los 2.133 ya recibidos con cargo al FLA, una cantidad que aunque "no colmaba las necesidades" de 4.906 millones reclamadas inicialmente por el Ejecutivo andaluz, sí permitía atender nuevos pagos a proveedores.

   Ha apuntado que la petición de acogerse al FLA de 2013 se formulará antes del 17 de diciembre, y ha señalado que la Junta adoptará las medidas oportunas para "intentar reconducir el referido mecanismo para subsanar los problemas de discriminación" a Andalucía.

   Martínez Aguayo ha expresado que en estos momentos tiene una vía de diálogo abierta con el Ministerio de Hacienda que espera "que dé sus frutos" en lo que respecta a la cuantía de 2012, porque es reparto que se ha hecho hasta ahora no es "equitativo ni razonable". Ha pedido al PP-A que acompañe a la Junta en esta reivindicación

   Durante su intervención, la consejera ha aprovechado para exponer que el mecanismo del FLA debe ser "mejorado" por parte del Estado, por cuanto se "ha estigmatizado" a aquellas comunidades que se han adherido al mismo, con un "mensaje incorrecto de su significado como fondo de rescate autonómico" percibido por algunos agentes económicos, lo que ha provocado un "injusto deterioro" de la imagen de las regiones que han acudido al fondo.

   Ha señalado que ese mensaje, sin duda, es "incorrecto" porque en realidad se trata de un mecanismo que sitúa al Estado como intermediario entre los mercados financiero y las comunidades autónomas.

   Martínez Aguayo ha indicado que desde el Gobierno central "no se ha sabido trasladar adecuadamente el significado de este fondo en un momento tan delicado como el actual". En cualquier caso, ha señalado que el Ejecutivo andaluz "aplaude" el FLA como un mecanismo de pago a proveedores en un contexto en el que el Estado está buscando financiación para resolver los problemas de liquidez no solo de las comunidades, sino también de los ayuntamientos y del sistema bancario.

   Ha recalcado que la Junta tampoco está de acuerdo con el diseño del FLA, que no ha sido "muy fino", porque "penaliza" a las comunidades más cumplidoras en términos de deuda. Ha indicado que el hecho de que Andalucía sea de las comunidades menos endeudadas "merma las oportunidades" de acudir al mecanismo. Se ha preguntado por qué nuestra comunidad y proveedores tienen que soportar más retrasos en los pagos porque otras comunidades, como Cataluña o Valencia, se "llevan un montante más elevando por amortizaciones de deuda".

   Ha rechazado que la determinación del importe al que puede aspirar cada comunidad en el tramo de proveedores sea en función del PIB de cada una de ellas, algo que "no es razonable", porque al final se hace un reparto que no es proporcional ni con el nivel de población ni del presupuesto de Andalucía.

   Según ha explicado la consejera, el importe finalmente asignado a Andalucía representa el 8,5 por ciento de los ingresos no financieros de la comunidad, mientras lo que ha asignado a Cataluña representa el  26,3 por ciento de sus ingresos financieros; Comunidad Valenciana (el 20,6 por ciento) y a Murcia, Canarias o Baleares más del 13 por ciento. El resultado, a su juicio, es realmente "sorprendente".

   De otro lado, la consejera ha expuesto que, a pesar del contexto económico y financiero adverso, en Andalucía se ha conseguido formalizar una cuantía de pagos "bastante razonable", ya que, hasta el 30 de noviembre, última información disponible, la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas han efectuado pagos por importe de 27.152,41 millones de euros.

   A juicio de la consejera, este nivel de pagos es "comparativamente mejor que el realizado en otras Comunidades Autónomas" ya que, de acuerdo con la información disponible en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hasta el tercer trimestre de 2012 en Andalucía se ha pagado un 86,9% de las obligaciones reconocidas, un porcentaje superior al de comunidades como Castilla La Mancha (78%), Valencia (79,9%), Baleares (79,5%), Murcia (82%), Cataluña (83,6%) y Extremadura (86%).

   Aguayo ha indicado que, si se consideran sólo las operaciones corrientes, el porcentaje de pagos materializados se eleva hasta el 91,3% de las obligaciones reconocidas, por encima de la media de las Comunidades Autónomas que se sitúa en el 89,1%.

   Por su parte, el diputado del PP-A, Rafael Carmona, ha rechazado las críticas de la consejera al FLA, apuntando que, sobre todo, es para atender las deudas financieras sobre todo porque hay falta de confianza en los mercados financieros. "Si a lo que están llamando es a que no se pague a los bancos, se llega a una situación insostenible", ha advertido Carmona a la consejera, a quien ha recordado que la Junta, desde el verano de 2010, "no coloca deuda pública en los mercados" y gracias a que está el Gobierno de Mariano Rajoy, que "nos está salvando la vida", ha podido acudir a mecanismos como el del FLA.

   El parlamentario del PSOE-A Francisco Menacho ha aludido "a las zancadillas" del Gobierno de Mariano Rajoy a Andalucía y lo ha acusado de actuar como un "bombero, pero primero como un pirómano, diciendo que las comunidades no tienen solvencia".

   El diputado de IULV-CA Ignacio García ha manifestado que con el FLA, el Gobierno está "actuando a su antojo, como si el dinero fuera suyo" y ha preguntado con qué criterio se adjudican las porciones del FLA que se van a repartir entre las comunidades. Ha lamentado la "discriminación" hacia Andalucía por recibir menos cantidades que otras comunidades.

Los alcaldes cobrarán en función de la población del municipio

MADRID.-  El Gobierno fijará el salario de los alcaldes en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.

   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local.

   A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros).

   En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director general menos un determinado porcentaje en función de la población del consistorio.

   Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.

   El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las circunstancias del consistorio.

   Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.

   Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los Plenos.

   Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal fuente de ahorro de la reforma local.

   Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de los consistorios en este momento.

   Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.

   El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso, según fuentes 'populares'.

   En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua.

   La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la "mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.

   En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.

  Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los socialistas.

   Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la clarificación de competencias.

  El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar a partir de 2013.

El Parlamento Andaluz da luz verde al decreto de protección de litoral

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento acogerá este miércoles el debate de convalidación o derogación del Decreto-Ley del Gobierno andaluz sobre medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral.

   La sesión plenaria comenzará este miércoles con el citado debate y, a continuación, se sustanciarán una comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre los compromisos de pago con empresas concesionarias, proveedores y empresas que prestan servicios públicos. Acto seguido, la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, dará cuenta del informe sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las consejerías implicadas en materia de violencia de género durante el año 2011.

   Por su parte, la consejera de Educación, Mar Moreno, informará sobre los resultados de la Conferencia Sectorial de Educación, con la que se cerrará la primera jornada del pleno.

   El jueves se reanudará el Pleno con el debate de una moción relativa a política general en materia de política social, que será defendida por el Grupo parlamentario Popular, y, a continuación, comenzarán las preguntas orales.

   Entre ellas destacan las que se dirigen al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El portavoz del grupo parlamentario IULV-CA, José Antonio Castro, le preguntará sobre el debate territorial y financiación de las comunidades autónomas; el portavoz del grupo socialista, Francisco Álvarez de la Chica, lo hará sobre autonomía financiera y tributaria de las comunidades, y el presidente del grupo popular, Juan Ignacio Zoido, preguntará a Griñán acerca del balance del periodo de sesiones.

   La sesión plenaria finalizará con el debate y votación de cuatro proposiciones no de Ley: una de IULV-CA sobre la demolición del Hotel Algarrobico; dos del PP-A, relativas a la auditoría de las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y al cumplimiento de los compromisos financieros con las entidades locales de Andalucía, y una última del PSOE-A acerca del rechazo a Ley de Tasas Judiciales y a la supresión del impuesto autonómico sobre depósitos en entidades de crédito.

El PSOE reta al PP a investigar los convenios urbanísticos en Roquetas, que "siempre benefician a los mismos"

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE y diputado autonómico, José Luis Sánchez Teruel, ha retado al PP de Almería ha abrir una comisión de investigación para revisar los convenios urbanísticos de la última década suscritos por el alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, de los que "siempre se benefician los mismos". 

   El líder de los socialistas almerienses ha respondido a las declaraciones del parlamentario andaluz del PP de Almería José Cara, quien cree que el PSOE usa la sentencia del TSJA sobre el aumento casi del 120 por ciento con respecto al precio inicial de la obra del Teatro Auditorio de Roquetas como "una cortina de humo para tapar las vergüenzas de la Junta" y para "desviar la atención".

   Sánchez Teruel ha considerado que el también alcalde de La Mojonera, "que habitualmente va con mucha velocidad" y "se pasa de frenada", trata de "confundir" a la opinión pública sobre el contenido de la sentencia del alto tribunal y de carácter firme, por lo que ha anunciado que va a difundir su contenido a través de las redes sociales y la página web del partido.

   Así, ha detallado que la sentencia señala que "la obra se hizo antes que el expediente administrativo" con "informe desfavorable del interventor y del Consejo Consultivo de Andalucía" con lo que, "en definitiva, se hizo de forma ilegal". A partir de esta resolución, según ha explicado, es cuando el PSOE ha decidido solicitar a la Fiscalía la reapertura de diligencias penales contra el regidor roquetero.

   "El problema es que saben que el PSOE va a llegar hasta el final y es lo que les molesta, por lo que mienten y manipulan", ha considerado el secretario provincial del PSOE, quien ha asegurado en esta línea que la gestión de Amat al frente del Consistorio de Roquetas "está llena de sentencias condenatorias".

   El parlamentario socialista se ha mostrado de acuerdo con Cara en que "en política no todo vale" y ha recordado que "la ley es para todos igual". Así, entiende que la sentencia "no es un plato de buen gusto" pero "ha sido él --en referencia a Amat-- el que ha generado este problema con su rapidez y celeridad".

La compraventa de viviendas se dispara en Andalucía

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 12,8% en octubre respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 25.261 operaciones, de las que el 50,7% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 49,3% sobre inmuebles nuevos, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (105) y Comunidad Valenciana (93).

   Más del 61% de las compraventas de viviendas efectuadas en el décimo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.323 operaciones), Comunidad Valenciana (3.818), Cataluña (3.404) y Madrid (2.893).

   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en octubre fueron Navarra (224 operaciones), La Rioja (271) y Cantabria (305).

   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Castilla-La Mancha (+34,8%) y Baleares (+30,1%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Navarra (-36%) y Cantabria (-16,7%).

   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en octubre fue de 130.109, con un aumento del 6,5% sobre octubre de 2011 y del 6,8% respecto a septiembre.

   Por compraventa se transmitieron un total de 57.182 fincas, un 11,2% más que en octubre de 2011, mientras que 4.656 fincas se transmitieron por donación (+4,8%), 691 por permuta (-10,7%) y 31.361 inmuebles por herencia (+11%).

   En el apartado de compraventa, el 83,9% de las transacciones efectuadas en octubre correspondieron a fincas urbanas y el 16,1% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,6% fueron compraventas de viviendas.

   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 10,6% en octubre en tasa interanual, hasta las 9.193 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 11,3%, hasta las 47.989.

   El número total de fincas transmitidas en octubre por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (600) y Castilla-La Mancha (577).

   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Castilla-La Mancha (+15,8%) y Cataluña (+15%), mientras que los mayores descensos se los anotaron La Rioja (-16,3%) y Cantabria (-14,1%)..