El TS permite urbanizar dentro del espacio protegido de Cabo de Gata

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el "derecho a urbanizar" adquirido hace 15 años por los propietarios de los terrenos de 'La Fabriquilla', en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en los que se proyecta la construcción de alrededor de 150 viviendas sobre una superficie de 15,11 hectáreas pese a que el suelo aparece clasificado en la normativa ambiental autonómica como zona "sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística".

   Sin embargo, en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar se recogen los terrenos como el sector SAU FA-1 en ejecución de una sentencia del TS dictada en 1997 por la que se obligaba a catalogar los terrenos como "aptos para urbanizar" en el planeamiento municipal. En virtud de esta clasificación, los propietarios promovieron un Plan Parcial para urbanizar que, si bien fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, luego fue denegado.

   La sentencia del Alto Tribunal deriva precisamente de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que daba la razón al Ayuntamiento nijareño, que en junio de 2008 rechazó la aprobación definitiva después de que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta andaluza informase desfavorablemente al gozar 'La Fabriquilla' de grado de protección.

   En el citado auto, el TSJA indicó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.

   El Alto Tribunal, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".

   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.

   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio.

   A la vista de estos antecedentes y de lo que califica como una "actitud obstruccionista del Ayuntamiento para hacer perder efectividad a los derechos de los propietarios", el Supremo estima el recurso de casación al considerar que se ha producido indefensión de los demandantes y ordena retrotraer las actuaciones para que se sustancie el incidente promovido por los recurrentes y convoque al Ayuntamiento de Níjar para que pueda alegar lo que a su derecho convenga.

El juez de lo Mercantil pide al juez de 'Poniente' que alce el embargo del pago de facturas a Elsur

ALMERÍA.- El juez de lo Mercantil de Almería que tramita el concurso de acreedores de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido ha solicitado al juzgado instructor de la causa penal del caso 'Poniente' que levante el embargo de los créditos reconocidos mediante el Plan de Pago a Proveedores por el Ayuntamiento a la mercantil.

   El sumario penal señala a Elsur, participada en un 70 por ciento por la filial de Abengoa 'Agua y Gestión', "clave' en la presunta trama de corrupción empresarial y política que se investiga y que derivó en el encarcelamiento en 2009, entre otros, del exalcalde Juan Enciso (PAL) y del exinterventor municipal José Alemán. El sumario cifra en unos 93,3 millones de euros las subcontrataciones en su mayoría "irregulares" entre los años 2002 y 2007.

   Mediante un auto dictado el 30 de mayo, el instructor de la causa procedió a intervenir y retener cautelarmente el pago de estas facturas reconocidas a Elsur y resolvía a favor del Ayuntamiento ejidense con el argumentó de la existencia de "indicios de criminalidad en la conducta de los investigados", administradores de la empresa mixta y las subcontratas, y la "necesidad" de obtener datos "concretos sobre el lucro económico obtenido mediante estas presuntas actividades delictivas".

   Frente a este auto, el juez de lo mercantil, que al declarar concurso de acreedores le reconoció a Elsur un estado de insolvencia que achacó a los alrededor de 80 millones de euros que le adeuda el Consistorio, plantea un conflicto de competencia positivo al estimar que la medida cautelar "altera" la paridad de tratamiento en igualdad de condiciones puesto que retiene "unas cantidades necesarias para la continuidad de la mercantil en concurso" e indica que el fin de "obtener datos" no puede afecta la competencia del juez del concurso.

   Subraya, en esta línea, que no consta que Elsur haya sido sujeto pasivo de aseguramiento de responsabilidades civiles y que, en el procedimiento penal "constan como imputados y responsables civiles penas físicas, sin existencia de personas jurídicas".

   El juez de lo Mercantil señala que el Ayuntamiento de El Ejido debe a Elsur "importantes cantidades" y que el incumplimiento de sus obligaciones  ha derivado en concurso al tiempo que advierte de que el Consistorio pretende "indebidamente mutilar" la vía de pago hallada por Elsur y "garantizada por el Estado".

   "La medida supone, por tanto, una postración de los créditos preferentes a la acreedora, lo que supone una alteración del orden de prelación de créditos, la paralización de la actividad societaria de la mercantil concursada y la utilización de mecanismos inidóneos para la consecución por Elsur de sus créditos insinuados y reconocidos en el presente procedimiento concursal", concluye.

   Al declarar concurso voluntario de acreedores, el juez apunta que la deuda municipal con Elsur supone casi un 80 por ciento de su activo y que "basta con los impagos municipales" para generar insolvencia en la sociedad.

La Subdelegación ve una "importante" participación en la manifestación de ayer en Almería

ALMERÍA.- El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha valorado este jueves la jornada de huelga general en la que, si bien ha detectado una incidencia "más bien baja" en cuanto al seguimiento de la misma con respecto a la paralización de la actividad económica la provincia, sí ha reconocido una participación "importante" en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT con respecto a otras marchas celebradas con anterioridad. 

   En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en la Subdelegación de Gobierno, García Lorca ha explicado que, según los datos oficiales ofrecidos por la Delegación de Gobierno, la manifestación consiguió congregar a unas 15.000 personas --25.000 según los sindicatos-- al final de la marcha, de forma que ha precisado que las primeras estimaciones se correspondieron al inicio de la concentración.

   García Lorca ha descartado incidencias durante la jornada salvo "pequeñas molestias" como consecuencia de algunos cortes de tráfico que no se extendieron en más de una hora en cada caso, por lo que, en el contexto de una huelga general, considera que el clima fue de "absoluta normalidad". "No tengo constancia de apercibimiento o sanción por la marcha del SAT-SOC", ha aclarado el subdelegado con respecto a esta marcha paralela.

El Parlamento rechaza que la Junta ponga a disposición de familias desahuciadas el parque de vivienda de EPSA

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una moción del PP-A en la que se pedía que la Junta impulsara la puesta a disposición de su parque de vivienda social y de promoción pública para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis, favoreciendo el realojo e integración social de las mismas, y que reorientara la actividad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para dar respuesta a los familias andaluzas afectadas por procesos de desahucio como consecuencia de la crisis.

   En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Alicia Martínez, que ha expresado su dolor por la muerte de dos personas en España como consecuencia del drama de los desahucios, ha considerado necesario  que la Junta contemple una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) destinada a familias que tienen abierto proceso de negociación con entidades financieras para el mantenimiento de su vivienda, con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio en este proceso, y que intensifique el diálogo con las entidades financieras radicadas en Andalucía en materia de prevención de desahucios.

   Tras indicar que este problema se tiene que abordar "sin confrontación", ha defendido la puesta en marcha de un verdadero Plan de Choque en materia de política de vivienda que permita cumplir los actuaciones establecidas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para el año 2012 y el resto de las actuaciones incumplidas en años anteriores, modulando las mismas conforme a las actuales necesidades de vivienda de los andaluces.    

   Asimismo, ha defendido la necesidad de ofrecer una respuesta desde la administración autonómica que garantice a los andaluces el derecho a una vivienda digna, especialmente a las personas más necesitadas y a las que han sido desahuciadas, y que la política de vivienda debe centrarse en el alquiler, la rehabilitación, el impulso de la promoción de vivienda social y el acuerdo y negociación entre administraciones y agentes económicos y sociales.

   Por su parte, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha lamentado que las políticas de vivienda y de economía del Gobierno del PP supongan rescatar a la banca y no a los ciudadanos, de manera que el stock de viviendas de las entidades financieras ha aumentado.

   Ha señalado que mientras la Junta destina 45 millones para el plan de rehabilitación de viviendas en los presupuestos andaluces para 2013, el Gobierno de la Nación recorta en un 79 por ciento esta política en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio.

   Arrabal ha valorado que la presión social, por la desesperación y la angustia de muchas familias, haya conseguido "doblegar" al Ejecutivo, que aprobará un decreto de medidas urgentes contra los desahucios. Ha confiado en que este sea el principio de una cadena de reformas legislativas y no solo "un parche".

   La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha destacado que las medidas que ha tomado en los últimos meses el Gobierno de la Nación no han favorecido la situación de las personas en riesgo de perder sus viviendas. En estos momentos, según ha señalado, se están adoptando decisiones "tardías y equivocadas", al margen de los colectivos ciudadanos que han estado al lado de las víctimas de desahucios.

   Nieto ha indicado que su grupo no va a apoyar la moción del PP-A porque están "radicalmente" en contra de la política económica y social que mantiene el PP, de que hayan promovido una legislación en materia vivienda que "agrava" el problema, de su "servilismo" ante las entidades financieras y de su "falta de sensibilidad" para distribuir los recursos a las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Habrá un parque de viviendas sociales en alquiler para desahuciados en España

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado este jueves dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.

   Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

   Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de "revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas". Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.

   Además, anunció que "también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora --ahora en el 20 por ciento en muchos casos--, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias".

   Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos pero, precisó, "muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en negociación con los grupos".

   El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus hipotecas.

   De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique esta medida.

   Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de: familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.

   Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por: dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

   Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.

   También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años --es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento--; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

   A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.

   Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.

   Estas viviendas --añadió-- están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.

   El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria". En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, "en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio".

   Pero dejó claro que el principio general es que "las deudas y los intereses hay que devolverlos". Por lo tanto, dijo "no hay ninguna afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y añadió que el problema "está acotado" porque se atiende a "un colectivo muy específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja".

   Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que se trata de una solución de "última instancia" y que es mejor primero aplicar una "reestructuración de la deuda" o una "quita".

   Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los cambios legislativos se trata de "actuar con equilibrio, justicia, sensibilidad social e inteligencia" y advirtió de que si se protege en exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de préstamos.

  De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. "No voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una tramitación de una Ley", dijo en referencia a que el Real Decreto se tramitará como proyecto de Ley.

Al señor Olliu lo disfrazan de amigo / Apunte de Argárico

En el fondo estos catalanes son unos catetos y le pagan un pastón al primero que les propone engañar con una falsa estética a murcianos y alicantinos como si fueran unos lerdos. Barrocos como buenos mediterráneos pero simplones como payeses de tierra adentro, estos listillos, no precisamente del Maresme, han aterrizado entre nosotros comprando a precio de saldo, gracias a la complicidad del Banco de España, una centenaria entidad benéfico-social desamortizada desde la llegada al poder valenciano del inefable Eduardo Zaplana, personaje pendiente aún de revisión histórica prescripciones legales aparte. 

Como cartagenero moreno, Eduardito interpretó que la CAM nacida en su tierra había caído en manos de valencianos y que urgía devolverla a sus legítimos dueños originarios con la complicidad de alicantinos en su misma tesis, básicamente de Alcoy y algunos espabilados de Murcia. La interpretación de esa devolución y muchísima falta de ética concluyó en la presunta estafa (cuotas participativas y opciones preferentes) a impositores por parte de la cúpula directiva profesional, ya desde la multimillonaria indemnización al ex director general, Juan Antonio Gisbert, hoy hábilmente apartado de la absorción de Rural Caja por la andaluza Cajamar para que no incordie más mientras disfruta de una nueva y suculenta cantidad de euros en su mansión de La Calita.

Lo que no se entiende bien es que un banco tradicionalmente refractario a la prensa, como es el Sabadell Atlántico, se deje embaucar por supuestos expertos en imagen pública actualizados con el objetivo de intentar aparentar lo que no es, hasta llegar a disfrazar de amigo nuestro a su mismisimo presidente señor Olliu, fotografiado estos días junto a obispos y presidentes autonómicos de la cercanía, en un intento vano de hacer creer que se es lo que, por esencia, no se puede ser. Con ello, el señor Olliu y sus asesores lo único que demuestran es que no vienen de buena fe sino a confiar a incautos y desinformados, Dios sabe para que más tarde. Yo no me fiaría un pelo de estos prestamistas catalanes, precisamente ahora que algunos de sus paisanos más sospechosos nos han dado el cante.

No hace falta tener mucha cultura financiera para distinguir entre una entidad benéfica, como era la CAM (sobre todo para su última cúpula dirigente) y lo que significa un banco privado propiedad de accionistas en espera y busca de dividendos. Precisamente lo que ha perdido finalmente a la CAM ha sido actuar como banco siendo otra cosa. Pues bien, aunque el señor Olliu se vista de lo que quiera, banquero se queda. Y ya vemos dónde la sociedad española está viendo el origen de sus males para concluir desde aquí que el señor Olliu se ha equivocado, o lo han equivocado de estrategia, en semejante coyuntura. Y quien lo ha disfrazado de amigo, menospreciando la inteligencia colectiva de alicantinos y murcianos, simplemente lo ha engañado para sacarle unos cuartos que, por otra parte, no son suyos sino de esos accionistas del Sabadell Atlántico.

Me dicen que, nada más llegar a la operación con la CAM, desde la Diagonal de Barcelona se contrató a todos los bufetes alicantinos que les pudieran plantear problemas por las cuestiones pendientes de la entidad, con clientes supuestamente estafados, que iban a comprar por tan solo un euro. Me consta, incluso, que se intentó seducir burdamente al letrado murciano Diego de Ramón con agasajos y lisonjas en origen, que también cantaban demasiado. Pero, al final, de pueblo; pueblo grande pero así es todavía Sabadell: un suburbio textil del área metropolitana barcelonesa. El abogado de grandes causas ganadas lleva demasiadas millas a su espalda como para que le sorprendiese el mismo Olliu en persona siendo De Ramón un terciario franciscano entregado a los pobres. Aceite y agua uno y otro en su peripecia vital. Ven el mundo con distinta, y hasta excluyente, óptica. Imposible.

Si yo tuviera dinero, que no lo tengo para aviso de querellantes recalcitrantes, lo metería ahora, desde luego, en el sistema de cajas rurales más a nuestro alcance (Cajamar-Rural Caja, Rural Central de Orihuela o Rural Regional de Murcia por ser las más baratas para el cliente) ante la que nos tiene preparada el SabadellCAM a partir del 8 de diciembre próximo (algo que no publicita tanto su obsoleto servicio de propaganda) con la subida de todo lo que puede cobrar y cargar al bolsillo de quien todavía sea cliente. Un adelanto del estilo de la casa son las llamadas telefónicas acosantes ante pequeños descubiertos y hasta la supuesta amenaza de despachos dedicados al cobro de morosos. Nada que ver con la cultura corporativa de CAM, Bancaja o Caja Murcia, con un genético y preceptivo objeto social hasta el respeto casi religioso con sus clientes. Claro que eran otros tiempos y nos creíamos todos ricos.

Estos días el susodicho contratado servicio de propaganda de Banco Sabadell Atlántico nos machaca con una supuesta recuperación de clientes perdidos de la CAM, algo que no se puede probar en contrario por falta de acceso a los datos, pero que el sentido común y el olfato de aborígenes nos indican que ese ideal está más en el deseo subconsciente del señor Olliu y su tropa que en la realidad de los hechos. Pero ya se sabe... una mentira repetida mil veces hasta puede parecer verdad... pero en la Alemania hitleriana; en este caso con la complicidad de medios locales anémicos que agradecen, cual monos famélicos en trance de extinción, cualquier cacahuete que le lance el último visitante llegado al zoo de la impudicia mediática circundante. Ese suelo si que debe dominarlo bien nuestro hombre conforme a su lógica biografía profesional. Y si es que no, ¿para que ha fichado de nuevo al señor Pina?

Alguien debe haberle informado -¿tal vez el sospechoso y cuestionado señor Pina?- de cual era el método seguido por los imputados dirigentes de la CAM con esos mismos medios, hasta hacerles mirar para otra parte durante el proceso de amortización de la entidad como forma de asegurar su silencio cómplice frente a las sociedades murciana y alicantina. Bastaba con unas migajas, descubiertos convenientes en cuenta corriente y pagar a cuentagotas la publicidad contratada para evitar el desmán en momentos de desesperación contable. Me temo que ahora el señor Olliu quiera más por menos dado el trance canino por el que atraviesa ese desacreditado aparato sin futuro pero que canta sus loas cada mañana en un intento de construir falacias diseñadas para bienpensantes y simples. Muy antiguo todo.

No se engañe el señor Olliu: lo que se piensa aquí por los que piensan, que son bastantes más de los que el cree pese a lo que le haya soplado el equivocado señor Egea Krauel, es que no está claro que Sabadell Atlántico pueda digerir la CAM aún con forceps políticos y del Banco de España por el dinero de todos, clientes o no, generalmente contribuyentes de la Hacienda pública, española por cierto. Y ahí debe trabajar él con las gentes autóctonas sino quiere estrellarse más pronto que tarde porque, con la parroquia en contra, no existe banquero en el Mundo, ni siquiera Botín, que resista. Las finanzas catalanas, con contadas excepciones hasta de Andorra, llevan históricamente muy mal las carreras de fondo aunque impresionen con algún que otro sprint. Que no lo olvide sin quiere ganar algo de confianza entre nosotros.

Concluyendo y a modo de síntesis: el señor Olliu, de amigo, nada de nada aunque lo disfracen para parecer algo nuestro. Lo demostrará enseguida con su conducta de banquero representante del capitalismo puro y duro. Una pieza de convicción es el modo en que va a masacrar a la plantilla de la CAM, con la vigente legislación laboral en la mano, a precio de saldo y con la argucia de su recolocación; mito imposible hoy, como sabe cualquiera. Acabará así SabadellCAM con plomo en las alas de la red de oficinas.

Ya apunta maneras SabadellCAM por su diferenciado, respecto a las cajas de ahorro, estilo de gestión y trato al pequeño cliente (ambos aspectos mucho más que discutibles de momento), que dudo le interese como no sea para sangrarlo con una retaila de gastos y comisiones bancarias puras y duras. SabadellCAM es un banco más pese al carnaval que se ha montado desde Barcelona por quienes no conocen ni Murcia ni Alicante, así como tampoco el nivel intelectual de sus élites. Tan industrial, o más, es Alicante que Cataluña. Y tan exportadora, o más, Murcia. El sureste español, aparte de muy español, no es el Sahara ni sus gentes, beduinos. Por eso no colará tampoco cualquier sucedáneo de la Obra social y cultural a modo de out let.

Aparte de que las gacetas locales están, ya sin ambajes, por vender su alma al dinero que necesitan para sobrellevar con paliativos su irreversible agonía y ven a Banco Sabadell como el nuevo gran anunciante prestamista que les puede ayudar con 'morfina' en ese trance, el gran error cometido por esta, desde siempre, prudente corporación decimonónica respecto de la política y los medios, es hacer aparecer a su presidente en actos de propaganda de terceros en complicidad con políticos locales muy cuestionados porque indica su concepto genérico de la democracia en momentos en que nada y nadie está a salvo de los efectos de la inaplazable regeneración de la vida pública española. 

Moraleja: frente a monos que no gustan de cacahuetes, viniendo de la comarca del Vallés y con calificación de basura sus bonos por las agencias de 'rating', Banco Sabadell debería ser aquí y ahora menos prepotente y más humilde si aspira a sobrevivir entre nosotros sin agredir. No debe olvidar que a finales del siglo XIX murcianos y alicantinos nutrieron de forma importante el despegue demográfico e industrial de Sabadell, hasta ser fundador de esta entidad alguno de ellos y muchos importantes clientes. 

Adeu.

http://alicanteconfidencial.blogspot.com.es/2012/11/al-senor-olliu-lo-disfrazan-de-amigo.html

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Más de medio millón de personas participan de las manifestaciones en las calles andaluzas

SEVILLA.- Más de medio millón de andaluces han acudido a las manifestaciones convocadas por CCOO-A y UGT-A dentro de la jornada de huelga general, mientras que la Delegación del Gobierno cifra dicha participación en más de 100.000 personas.

   Las fuentes sindicales y gubernamentales han coincidido en destacar la ausencia de incidentes en las movilizaciones celebradas en la comunidad andaluza.

   De esta forma, en el caso de Sevilla, unas 140.000 personas, según los sindicatos, y 13.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en una movilización que se inició en la Puerta Carmona, desde donde partió una gran manifestación hasta la Plaza de España de Sevilla, a la que acudieron el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero. Esta manifestación se inició tras la confluencia de tres manifestaciones que salieron de la plaza del Duque, Plaza Nueva y Plaza de la Magdalena.

   Asimismo, por la mañana se celebraron también en Almería desde el Paseo de Almería hasta el anfiteatro de la Rambla, con 25.000 personas según los sindicatos y 6.150 según la Delegación del Gobierno; en Cádiz, donde la protesta se desarrolló desde la plaza de Ingeniero De la Cierva a la plaza de San Juan de Dios, participaron 30.000 personas según las centrales y 7.500 según el Gobierno; en Córdoba, donde la manifestación discurría desde la Glorieta de Cruz Roja hasta la Plaza de las Tres Culturas, participaron 45.000 personas según sindicatos y 20.000 según la Delegación del Gobierno; y en Jaén, desde la Glorieta de Blas Infante hasta la Plaza de Santa María, con 40.000 participantes según los sindicatos, y 9.000 según la Delegación del Gobierno.

   Según estimaciones de la Policía Nacional facilitada por la Delegación del Gobierno, las manifestaciones celebradas en Andalucía a partir de las 16,00 horas de esta tarde han congregado a 54.700 personas.

   Las principales se han celebrado en Granada, Huelva y Málaga, aunque este dato recoge, igualmente, algunas cifras "inferiores" en manifestaciones que se han desarrollado en el resto de capitales andaluzas durante la tarde como en Jaén, Sevilla o Córdoba.

   En este sentido, y según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno, las manifestaciones celebradas hasta las 16,00 horas congregaron a 65.150 personas y las desarrolladas a partir de entonces, a 54.700 personas.

   Así, la celebrada en Granada, desde el Triunfo hasta el Paseo de la Bomba, ha contado con 140.000 participantes según los sindicatos, y 23.000; en Huelva, desde la plaza del antiguo Estadio Colombino hasta la plaza de las Monjas, con 40.000 participantes según sindicatos y 7.500 según el Gobierno; y en Málaga, desde la Alameda Colón hasta la plaza de la Merced, con más de 140.000 personas según CCOO y UGT y 20.000 según la Delegación del Gobierno.

Unas 25.000 personas, según los sindicatos, y unas 6.150, según el Gobierno, se manifiestan en Almería

ALMERÍA.- Unas 25.000 personas, según los sindicatos CCOO y UGT, y unas 6.150, según la cifra provisional hasta las 13,30 horas dada por la Delegación de Gobierno de Andalucía, han participado en la capital almeriense en una manifestación convocada con motivo de la huelga general que ha recorrido el Paseo de Almería y la Rambla Federico García Lorca hasta su llegada al Anfiteatro de Almería. 

   En declaraciones a los periodistas a la cabeza de la manifestación, el secretario provincial de UGT, José Ginel, y su homólogo en CCOO, Juan Pallarés, han hecho un balance "muy positivo" tanto del seguimiento de la jornada como de la participación en la marcha, que ha durado en torno a una hora y media.

   Ginel ha destacado el "respaldo muy mayoritario de los trabajadores" a la huelga así como el apoyo prestado en la manifestación por casi 40 asociaciones que "componen la cumbre social" de Almería y que han dado "un plus" dicha manifestación, sentido en el que ha expresado su "satisfacción" ante el desarrollo de los acontecimientos.

   En esta línea, ha destacado también el apoyo obtenido por los trabajadores del sector de la industria auxiliar de la agricultura, principalmente del manipulado, ya que se encuentran en un proceso de negociación del convenio colectivo. Asimismo, ha resaltado la participación de los trabajadores del sector privado.

   Por su parte, Pallarés ha asegurado que la manifestación ha "desbordado" las cifras previstas, motivo por el que se ha mostrado "doblemente contento", ya que ha valorado el parón secundado durante la jornada. "Ha sido un éxito total y esto debería hacer entender a Mariano Rajoy que no puede seguir gobernando en contra de sus ciudadanos, tiene que cambiar sus políticas porque si no arrastrará al suicidio a este país", ha dicho.

Periodistas huelguistas

Un numeroso grupo de periodistas almerienses, muchos de ellos pertenecientes a la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y al Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería, como otros colegas en el resto de Andalucía, luciendo chapas de "Sin periodismo no hay democracia", facilitadas por la FAPE, han participado en la jornada de huelga general y han tenido una presencia notable en la manifestación del 14N que transcurrió en Almería desde Puerta Purchena por el Paseo de Almería y avenida Federico García Lorca, siendo la mas numerosa de las celebradas hasta ahora en la capital.  

En un comunicado emitido por el SPA (Sindicato de Periodistas de Andalucía) se valora positivamente el paro:

"El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) valora muy positivamente el paro seguido en los medios de comunicación a pesar del miedo existente en las redacciones tras los despidos masivos registrados en muchos centros. Con un seguimiento desigual en las distintas cabeceras andaluzas que arrojan datos de paro cercanos al 40% de media, los periodistas se han sumado a las movilizaciones convocadas por varias organizaciones sindicales y movimientos sociales para solicitar al Gobierno que de marcha atrás en una reforma laboral que ha aumentado el número de desempleados en todos los sectores productivos.

Programas ya editados, informativos reducidos, emisiones en directo suspendidas, y menos páginas en los diarios han sido el resultado de una convocatoria a la que los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación han respondido de acuerdo a su decisión personal y sin la presión de piquetes. Así, desde el paro del 64% en cabeceras del Grupo Joly como Granada Hoy hasta la normalidad absoluta en el Día de Córdoba, la jornada ha transcurrido sin incidentes y con una conciencia cada vez más arraigada entre los profesionales de la información de que su labor es necesaria para garantizar la pluralidad y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y contrastada.     

La presencia de los profesionales de la información en las manifestaciones celebradas en todas las capitales andaluzas ha sido significativa, especialmente en un colectivo tradicionalmente poco proclive a participar en protestas laborales. La labor de los sindicatos de periodistas integrados en la Federación de Sindicatos (FeSP) que aglutina a profesionales de Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, Galicia y La Rioja demuestra su eficacia cuando la defensa de los derechos laborales y profesionales de sus integrantes  está en juego".

CCOO destaca el cierre de comercializadoras agrícolas y multinacionales como Holcim y Deretil

ALMERÍA.-   CCOO-Almería ha destacado la incidencia de la huelga general en las multinacionales y las empresas con implantación en la provincia como Holcim, Deretil o Briseis y el seguimiento en el sector agrícola y del manipulado, con el cierre de comercializadoras emblemáticas tanto en la comarca del Poniente como en la Comarca de Níjar.

   En un comunicado, ha indicado que han secundado el paro Cabasc, Agrupaejido, Murgiverde Roquetas, Uniagro, Acrena, Ferva, Agroponiente, Vicasol y Hortomar mientras que en Levante no se ha trabajado en Costa de Níjar, Copronijar, Biosabor, Biotech y en CASI, a cuya sede ha acudido "un reducido grupo de voluntarios".

   Los datos de seguimiento de la huelga en Almería recopilados por CCOO son del 90 por ciento en construcción, el 75 por ciento en enseñanza, 30 por ciento en administración pública, 76 por ciento en industria, cien por cien en transportes y 48 por ciento en sanidad. La cifra total de seguimiento se sitúa en torno al 70 por ciento.

   En industria, ha subrayado el cierre de empresas como Deretil o Briseis y del servicio de limpieza de Urbaser. En transportes han seguido la convocatoria de huelga general en la concesionaria de la capital Surbús y en Alsa, que han funcionado con servicios mínimos. Además, la lonja ha permanecido cerrada.

   El secretario general de CCOO Almería, Juan Pallarés, ha trasladado su satisfacción con la respuesta social y laboral al llamamiento y convocatoria de la huelga general. "Todos los sectores productivos han respaldado positivamente la llamada del sindicato. Continuaremos la línea de mantener la Cumbre Social de Almería y seguir realizando cuantas movilizaciones sean necesarias", ha indicado.

El alcalde de Almería, "satisfecho" ante la inversión de dos millones de euros para el Paseo Marítimo por parte del Gobierno

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), se ha congratulado por el anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de invertir más de dos millones de euros para la ejecución del proyecto de recuperación ambiental del Delta del Río Andarax y la prolongación del Paseo Marítimo.

   En una nota, Rodríguez-Comendador ha valorado este anuncio "después del esfuerzo económico y el trabajo" que se ha realizado desde el Ayuntamiento, que ha propiciado la obtención del suelo para la ejecución del proyecto. El primer edil ha recordado que el Ayuntamiento culminó en noviembre de 2011 un trabajo "muy complejo" hasta obtener el suelo necesario y su titularidad, 5.642,68 metros cuadrados, con un coste para las arcas municipales de 4.671.913,43 euros.

   Una vez resuelto este extremo, puso a disposición de la Administración estatal dicha superficie para la ejecución del proyecto de prolongación del Paseo Marítimo, "una de las principales zonas de esparcimiento de la ciudad". El primer edil 'popular' ha destacado "la rápida respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy para la ejecución de este proyecto, cumpliendo así el compromiso que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, me trasladó personalmente el pasado mes de abril en Madrid".

   El alcalde ha subrayado el grado de colaboración ofrecido por el actual Gobierno hacia el Ayuntamiento de Almería y los almerienses y ha comparado esta "determinación" con la del anterior gobierno respecto a este proyecto. "Ahí están las hemerotecas cuando la por entonces ministra Cristina Narbona se comprometió a colaborar y ejecutar este proyecto si los socialistas gobernaban esta ciudad", ha incidido.

   La inversión anunciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente permitirá la recuperación ambiental del delta del río Andarax, además de la continuación del actual Paseo Marítimo en la capital, la retirada de residuos, la rehabilitación de construcciones históricas existentes y la revegetación del entorno. La ejecución del proyecto corresponde a la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, encargada de la licitación de los trabajos así como de su adjudicación, ya realizada.

   La ejecución el proyecto permitirá la actuación de dos zonas. En la primera de ellas se procederá a una prolongación del Paseo Marítimo existente en una longitud de 718 metros, con una anchura de paseo de seis metros y un carril de bicicletas de tres metros de ancho. La sección tipo del paseo en el lado mar tendrá un muro de ribera construido de mampostería, y en el lado tierra por una acera elevada y una zona ajardinada. En el tramo oeste del delta, se intervendrá de un modo similar en una longitud de 500 metros de paseo marítimo. Contempla en su conjunto redes de alumbrado público, riego, abastecimiento de agua, mobiliario urbano y accesos a la playa.

Van Rompuy pide recorte de 70.000 millones en ayudas a las regiones

BRUSELAS.-   El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha propuesto este miércoles un recorte de 70.000 millones de euros en las ayudas a las regiones para el periodo 2014-2020 con el fin de facilitar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario en la cumbre que se celebrará el 22 y 23 de noviembre.

   La disminución podría afectar especialmente a Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, catalogadas por Bruselas como "regiones en transición" porque su nivel de renta se sitúa entre el 75% y el 90% de la media de la UE.

   La propuesta original de la Comisión preveía que estas comunidades reciban durante los próximos años como mínimo el 66% de los fondos del actual periodo 2007-2013. Sin embargo, el último compromiso disminuye este porcentaje casi 10 puntos, hasta el 57%.

   Extremadura mantendrá el nivel de subvenciones del actual periodo 2007-2013 porque su PIB sigue siendo inferior al 75% de la media comunitaria. Canarias también tendrá ayudas específicas por su condición de región ultraperiférica.

   Por primera vez, España se convertirá durante los próximos siete años en contribuyente neto al presupuesto de la UE, según admitió el lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, que defendió mantener la política de cohesión y las ayudas agrícolas.

   En total, Van Rompuy propone un recorte de alrededor 60.000 millones de euros en el presupuesto 2014-2020 respecto a la propuesta original de la Comisión (973.207 millones de euros frente a 1,03 billones). La mayor disminución (-18%) se concentra en la política regional, mientras que sólo aumenta (+32%) una partida, la destinada a infraestructuras, I+D y medidas destinadas a aumentar la competitividad.

   Las ayudas a la agricultura, pesca y medio ambiente sufrirán una disminución del 5,7%, los fondos para políticas de interior y ciudadanía caen un 2,6% y la política exterior verá recortados sus fondos en un 6,2%. En contraste, los gastos de administración sólo se reducen un 0,6%.

   En todo caso, los recortes propuestos por el presidente del Consejo Europeo están muy lejos de lo que exigen los contribuyentes netos, liderados por Reino Unido, que ya ha amenazado con el veto, y por Suecia. Su ministra de Asuntos Europeos, Birgitta Ohlsson, ya ha dicho que la propuesta de Van Rompuy "no es suficiente" y ha pedido más rebajas en agricultura.

   "Todavía se necesitan más recortes", ha reclamado Ohlsson, que ha protestado por la reducción de la compensación presupuestaria para Suecia. Dinamarca también ha amenazado con el veto si no recibe su propia compensación, que no está recogida en el plan Van Rompuy.

   La negociación del presupuesto 2014-2020 se verá todavía más complicada por la ruptura del diálogo entre la Eurocámara y los Gobiernos sobre las cuentas de 2012 y 2013.

Huelga general europea

Este blog secunda la convocatoria de huelga general europea tras el llamamiento al efecto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles integrada en la Federación Europea de Periodistas. Se volverá a activar a las 00.00 horas GMT del 15 de noviembre con las noticias de la víspera.

Montoro confía en presentar una reforma de la administración local este año

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que sigue "confiando" en enviar al Congreso antes de que acabe el año un proyecto de reforma de la administración local y que cuente además con las aportaciones de distintos partidos políticos, un proyecto en el que se trabaja con serenidad dada su trascendencia, ha dicho.

   "Queremos que llegue a las cámaras maduro", ha dicho Montoro ante el Pleno del Senado, en respuesta a una interpelación del senador de UPN Francisco Javier Yanguas, quien le ha preguntado por sus planes para reformar la administración local.

   Montoro no ha ofrecido detalles, pero ha asegurado que mantiene la intención de que el Gobierno apruebe el proyecto antes de que concluya el año y que reciba las aportaciones de distintos grupos políticos. Ha insistido en que se busca evitar duplicidades, "vertebrar mejor la administración pública" y hacer que el Estado autonómico descanse en mayor medida en las entidades locales.

   El ministro ha explicado que en modelos federales del entorno, las entidades locales tienen más peso en el conjunto del gasto público que en España y ha abogado por corregir este "claro desequilibrio". La reforma, ha subrayado, es por tanto "una oportunidad para recuperar el municipalismo".

   Montoro ha asegurado también que el Gobierno quiere dar "prioridad" al Senado en el debate de esta reforma, por ser cámara de representación territorial y contar con un buen número de alcaldes y concejales.

   El senador navarro, por su parte, ha apostado por afrontar la "segunda descentralización" pendiente en el país y que debe favorecer a las entidades locales, un proyecto "que duerme el sueño de los justos", ha criticado.

   Yanguas ha censurado la imagen negativa que se ha trasladado de los ayuntamientos, como "grandes despilfarradores" y causantes de la crisis de la deuda de las administraciones públicas, cuando sólo aportan el 5 por ciento del endeudamiento total de las administraciones de España. Ha apostado por una racionalización del sector local, por aclarar las competencias y asegurar la financiación correcta.

Usero (PSOE) deja la portavocía en el Ayuntamiento de Almería "para no discrepar" con la dirección local de su partido

ALMERÍA.- El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Usero, ha anunciado que cesa en el cargo que asumió tras las elecciones locales de 2011 pese al "apoyo de todos los concejales" para "no discrepar con la dirección de la Agrupación municipal". 

   Su marcha llega después de que la secretaria general de PSOE de la capital, Josefa Requena, apuntase la necesidad de abrir un "proceso de debate interno" para "observar la idoneidad" del trabajo que se estaba realizando en la oposición.

   Usero ha presentado su renuncia en el seno de la reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva municipal y ha trasladado que mantiene su acta de concejal. No obstante, según ha precisado, ha solicitado el reingreso activo en la Junta de Andalucía ya que es funcionario de la administración del Estado y de la autonómica.

   En un comunicado, ha indicado que su decisión de dejar "a disposición del partido" la portavocía del grupo municipal en la capital se debe a tanto a "circunstancias personales" como a "familiares" aunque hace referencia expresa a "las declaraciones que en su día se hicieron por parte de la secretaria general del PSOE de la capital".

   En concreto, Requena cuestionó la labor de oposición de los siete ediles que conforman el grupo y señaló a un medio de comunicación local que el Grupo Socialista "tiene que hacerse fuerte" al tiempo que apuntaba que si podían hacerlo "con la portavocía de Usero, así será y si hace falta un cambio, también será así".

   Usero, quien fue presidente de la Diputación Provincial en el anterior mandato y delegado provincial de la Junta andaluza, ha subrayado que en la reunión de la comisión permanente "todos los concejales, a excepción de Mari Carmen Núñez, de viaje en el extranjero" le dieron su "apoyo".

   "En la comisión permanente de la Ejecutiva municipal no hubo tensión ni debate ya que anuncié al comienzo de la misma que renunciaba a mi cargo, no queriendo discrepar con la dirección de la Agrupación municipal de mi partido", ha concluido.

El exalcalde de Níjar dice que la finca era municipal pero que publicaron el edicto de inmatriculación

ALMERÍA.- El exalcalde de Níjar, Joaquín García, y el exsecretario municipal Fernando Gómez, que enfrentan seis meses de prisión y 18 meses de inhabilitación acusados de infidelidad en la custodia de documento público, han asegurado este martes que publicaron y diligenciaron el edicto para la inmatriculación de una finca promovida por los demandantes si bien han defendido que la citada finca era de propiedad municipal.

   Ante el tribunal con jurado popular que ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, García ha afirmado no encontrar explicación al hecho de que no existiera constancia de esos trámites obligados por la Ley Hipotecaria en el Registro de la Propiedad y ha indicado que el edicto se remitió a través del registro de salida municipal y, posteriormente, a través de una comisión municipal "que llevó en mano fotocopias de lo remitido al registrador".

   García, a quien la Fiscalía acusa de maniobrar junto al exsecretario municipal para evitar que se publicase el citado edicto, ha señalado que en sus 27 años al frente de la Alcaldía nijareña dio "libertad" a sus funcionarios "en su forma de trabajar, siempre respetando la ley" y ha rechazado que fuese responsable de su publicación, competencia que ha atribuido a Gómez.

   Ha argumentado, en esta línea, no tener conocimiento concreto del documento objeto del procedimiento. "Había cientos y cientos de edictos y, diariamente, firmaba entre 300 y 400 escritos. Nunca he podido leer todos los documentos presentados", ha apuntillado para, a continuación, remarcar que "siempre" ha actuado "en bienestar" de Níjar. "Siempre he dormido tranquilo como alcalde".

   El exregidor ha señalado que cuando los demandantes inmatricularon la finca, ubicada en la pedanía de Aguamarga, había "indicios" de que "habían cogido 500 metros" en el Registro de la Propiedad y ha hecho referencia a una resolución de lo contencioso-administrativo que confirmaría que esta, donde se levanta un parque infantil, "era municipal".

   Por su parte, Gómez, quien desempeña en la actualidad el cargo de secretario en el Ayuntamiento de Almería, ha defendido que cumplimentó el trámite al que le obliga la Ley Hipotecaria y ha afirmado que, una vez que diligenció el edicto en el registro de salida, "ya no controlo lo que pasa". En esta línea, ha remarcado que su obligación era "cuidar de que se expusiese en el tablón y diligenciarlo, como hice".

   Al hilo de esto, ha subrayado que se trataba de una inmatriculación "indebida" y que apuntaba a que podía ser doble al establecerse que la finca era de titularidad municipal, un extremo que la fiscal ha indicado al jurado popular que "debía decidir, en todo caso, un juez".

 "No tenía que haberse inscrito", ha insistido el funcionario.

   Gómez ha justificado que el edicto se diligenciase dos días antes de que terminase el plazo de exposición público en el tipo de edicto. En esto punto, la presidenta del tribunal, la magistrada Lourdes Molina, quien le ha advertido de que estaba incurriendo en respuestas contradictorias a preguntas de la acusación y de la defensa, le ha conminado a explicar las diferencias.

   La vista oral continuará el jueves una vez concluidas las declaraciones de los acusados que han debido ser aplazadas a las 17,00 horas después de una de las integrantes del jurado abandonase por error el Palacio de Justicia y haya tenido que ser localizada por teléfono para indicarle que debía volver para constituir la sala y celebrar el juicio.

   El Ministerio Público considera que el trámite de publicación del edicto no fue cumplimentado por "voluntad" y con conocimiento de los acusados y les atribuye la "intención" de evitar que se publicase porque, según remarca, consideraban que la inmatriculación a nombre de los demandantes de la finca, en la que en la actualidad se ubica un parque infantil, "era contraria a los intereses municipales".

   La denuncia por unos hechos que se remontan a mayo de 2002 recoge que la finca objeto de litigio, ubicada en la pedanía de Aguamarga, formó parte presuntamente de una permuta de terrenos entre un exconcejal del equipo de gobierno de García y constructor, que se habría atribuido su propiedad, y el Consistorio.

   La querella, que se interpuso a raíz de que los impulsores viesen como se procedía al vallado de su propiedad, se presentó inicialmente contra todos los miembros de la comisión de gobierno que acordaron por unanimidad en junio de 2002 "suspender la inscripción de la finca" y "ejercer las acciones que resulten pertinentes en defensa de los bienes municipales" tal y como se reflejaba en el citado acuerdo.

   El escrito de acusación fiscal, formulado contra García y Gómez, recoge que los cuatro demandantes inscribieron a su favor en mayo de 2002 la finca urbana de unos 500 metros cuadrados en el Registro de la Propiedad número 3 de Almería de acuerdo con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y con el artículo 298 de su reglamento.

   En cumplimiento de los requisitos legales que rigen para la inmatriculación de fincas, el registrador de la propiedad remitió al Ayuntamiento de Níjar un edicto de fecha 15 de mayo para su exposición pública por espacio de un mes en el tablón de anuncios, un extremo que además debía ser acreditado por el secretario municipal mediante diligencia o certificación.

   La fiscal sostiene el citado edicto "no fue debidamente cumplimentado, ni publicado, ni diligenciado por el secretario con conocimiento y por voluntad" de García y de Gómez, lo que dio lugar a que la primera inscripción de la finca registral fuese cancelada de oficio al no haberse acreditado la publicación del edicto.

   Subraya que la intención de ambos con la no cumplimentación del edicto tal y como requirió el registrador de la propiedad "fue evitar" la inscripción por considerarla "contraria a los intereses municipales" cuando --añade el Ministerio Público-- había otras vías.

   En concreto, hace referencia a la propia legislación hipotecaria que prevé que aquellos que se crean con derecho a una finca o a parte de ella podrán alegarlo ante el juzgado o el tribunal competente en juicio declarativo "quedando anotada la demanda en registro mediante anotación preventiva".

   La fiscal, que aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, interesa al margen de las penas individuales de seis meses de prisión y un año y medio de inhabilitación el pago de una multa de cuatro meses y diez días con una cuota diaria de doce euros y de las costas.

El PP-A urge a Valderas a explicar si IULV-CA ha estado años sin pagar créditos ya vencidos

SEVILLA.- El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha exigido al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, una explicación "inmediata" sobre si la federación que lidera ha estado durante años sin pagar a dos entidades financieras andaluzas créditos "millonarios" que ya habían vencido, "alargándose éstos sin ningún problema y sin ningún tipo de penalización".

   En rueda de prensa, Rojas ha asegurado que si ello es verdad se demostraría "un trato preferente" hacia esta formación "que no tienen los ciudadanos que no pueden pagar su hipoteca", por lo que ha instado a Diego Valderas a que dé explicaciones "hoy mismo" sobre el estado de las cuentas de IULV-CA y sobre si se han pagado estos créditos bancarios "en tiempo y forma y con o sin intereses".

   El dirigente 'popular', que ha considerado necesario que los ciudadanos andaluces conozcan si IULV-CA es diferente "al común de los mortales" en lo que se refiere al pago de los créditos bancarios, ha considerado "muy grave e inquietante" que esta formación haya podido estar años incumpliendo el plazo de vencimiento de dichos créditos.

   "Nos sorprende el doble discurso radical e hipócrita de IULV-CA, que por un lado escenifica una política de escaparate de ataque a las entidades bancarias, con ocupación de sedes incluidas, y por otro lado no duda en beneficiarse de privilegios a los que ningún ciudadano puede acceder como la condonación de créditos o el aplazamiento de los pagos", ha añadido.

   Tras asegurar que el enfrentamiento de IULV-CA con las entidades financieras es "solo de boquilla", Carlos Rojas ha insistido en que la federación de izquierdas, "que había convertido a los bancos en sus mayores enemigos, los atizan políticamente al tiempo que recibe créditos que tardan mucho en pagar, sin que nadie les diga nada".

   Finalmente, el portavoz 'popular' ha apuntado que un partido que forma parte del Gobierno andaluz tiene que tener "la máxima transparencia" en relación a sus cuentas de cara a la opinión pública y que, de igual modo, su socio de gobierno, el PSOE-A, también debe exigirle que la tenga.

El PP-A pide a la Junta que detalle cómo gasta "hasta el último euro"

SEVILLA.- El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha indicado que su formación defenderá este miércoles en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide a la Junta que detalle cómo se gasta y en qué "hasta el último euro" público del que dispone, dado que para los 'populares', "todo huele a corrupción y mala gestión" en la Administración andaluza.

   En rueda de prensa, Rojas ha asegurado que en los meses que lleva gobernando "el bipartito" en Andalucía se ha dejado claro que "si la trayectoria del PSOE ya era mala, con paro, corrupción y mala gestión a sus espaldas, la suma ahora de IULV-CA hace que ésta aún empeore". Ante ello, el PP-A demandará en el Parlamento medidas de transparencia.

   En la citada iniciativa presentada por los 'populares' se pide también a la Junta que publique un "mapa integral del sector público que ofrezca una imagen fiel y estructurada de su tamaño real" y que prohíba establecer "contratos blindados de alta dirección".

   "La opacidad respecto de la contratación de personal de confianza, del sistema de retribuciones y de ciertos privilegios de altos cargos y asimilados del conjunto del sector público andaluz, de aspectos relacionados con la gestión presupuestaria, las finanzas públicas y el destino de las ayudas y subvenciones es una constante en la llamada administración paralela", ha advertido Rojas.

   Ante ello, el PP-A defenderá que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a publicar "con carácter inmediato" las retribuciones dinerarias y en especie percibidas anualmente por los altos cargos y asimilados y el número de su personal de confianza y/o asesoramiento especial y que refuerce y mejore el régimen de incompatibilidades y obligaciones de los diputados en relación a sus declaraciones de IRPF y a la relación de sus "familiares directos con la Administración Pública y Cajas de Ahorro y sus fundaciones".

   Además, exigirán que se haga "de inmediato efectiva la obligación de los altos cargos de informar sobre las relaciones contractuales de sus familiares directos con la Administración Autonómica", que se elimine "la opacidad de los gastos en los que incurren los altos cargos y el personal directivo" del sector público empresarial y que se actualice "con rigor el Inventario de Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía", publicando el referido 'mapa integral' del sector.

   Relacionado con ello, el PP-A defiende que se publique "de forma completa, actualizada y veraz la relación de puestos de trabajo" en la Junta, que se publiquen las ofertas públicas de empleo de todos los entes instrumentales y que implante auditorías internas y externas de regularidad contable, operativas y de gestión en el conjunto de estos entes.

   Como viene siendo petición habitual de los 'populares', en esta iniciativa sobre transparencia también piden incluir en los Presupuestos de la Junta de Andalucía el "detalle de las inversiones a realizar en cada una de las provincias, ofreciendo información trimestral respecto al grado de ejecución y detallando las inversiones reales y transferencias de capital".

   Al hilo, también quiere que se publiquen todos los planes y programas anuales y plurianuales, junto con su memoria económica, y que se amplíe "el control de los fondos públicos". Para ello, propone "obligar" a todos los entres integrantes y dependientes de la Junta a remitir trimestralmente información a la Intervención General "para el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ejercicio".

Los consejeros de IULV-CA acudirán a las manifestaciones y no participarán en piquetes

SEVILLA.- Los tres consejeros de IULV-CA en el Gobierno andaluz --el vicepresidente, Diego Valderas; la titular de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el titular de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez-- acudirán este miércoles a las manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT con motivo de la huelga general, pero no se sumarán a los piquetes pese al llamamiento de la federación de izquierdas a su militancia.

   Así lo han avanzado fuentes de IULV-CA, que también han confirmado que los viceconsejeros de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias; Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián; y Turismo y Comercio, Antonio Jesús Roldán, no asistirán a la reunión semanal del Consejo General de Viceconsejeros --conocida popularmente como 'consejillo' y que prepara los contenidos del Consejo de Gobierno de la siguiente semana--, que la Junta ha mantenido convocada pese al 14N.

   En concreto, Valderas participará en la manifestación de Huelva a partir de las 18,00 horas, mientras que Cortés estará en la protesta de Córdoba desde las 12,00 horas y Rodríguez hará lo propio en la convocatoria de Málaga a partir de las 19,00 horas.  

   Se da la circunstancia de que Valderas, en su condición de coordinador general de IULV-CA, sí participó como piquete en la última huelga general del pasado 29 de marzo, acompañando a los líderes regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana, en su visita a Mercasevilla.

   El Consejo Andaluz de IULV-CA, máximo órgano entre asambleas, recordó el pasado mes de octubre en un boletín informativo a todos sus cargos públicos "tanto en ayuntamientos y diputaciones como en el ámbito de la comunidad autónoma", que tienen la "obligación política y moral de estar con los piquetes" el próximo 14 de noviembre con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT.

   Frente a la actitud de los consejeros de IULV-CA, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ya ha avanzado tras el Consejo de Gobierno que "ningún consejero socialista ni este portavoz irá a manifestaciones".

   Igualmente ha anunciado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pasará la jornada de "trabajo en su despacho", donde recibirá a las consejeras de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz; Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Salud, María Jesús Montero, y Educación, María del Mar Moreno, "como representantes de los principales servicios públicos que tienen que cumplir servicios mínimos en la jornada de huelga para ver el grado de funcionamiento y cumplimiento".

El Supremo niega indemnización a la promotora del hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un incidente de nulidad promovido por la empresa promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y ha rechazado que tenga derecho a percibir indemnización por parte de la administración en caso de derribo al considerar que Azata tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto a la Ley de Costas, que estipulaba una servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de 100 metros.

   El Alto Tribunal, en una providencia, confirma que no existe responsabilidad patrimonial por parte de la Dirección General de Costas al tiempo que desvincula el perjuicio que la mercantil alega haber sufrido de la "actuación descuidada" del Estado al no haber promovido la revisión del Plan Parcial del sector ST-1 donde se asienta el inmueble y haber informado favorablemente la aprobación de la norma urbanística de Carboneras que calificaba el paraje como suelo urbanizable.

   Sostiene el Supremo en su resolución, contra la que no cabe recurso, que el daño que argumenta Azata es una "cuestión completamente independiente" de la "incuria" que si le reconoce a la administración general del Estado y confirma, de este modo, la sentencia dictada el 18 de julio por la que dictaminaba que el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas al invadir parcialmente los 10 metros de servidumbre del dominio marítimo-terrestre.

   La promotora del hotel presentó un incidente de nulidad contra el citado fallo al estimar que contradecía en sus pronunciamientos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado a la sentencia previa de la misma sala y sección, fechada en marzo, por la que se ratificaba una resolución de la Audiencia Nacional (AN) que también declaraba la ilegalidad del hotel por contravenir la Ley de Costas.

   En sentencia de julio, en la que Azata ve vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Supremo argumenta que la mercantil "como propietaria del suelo" tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto, que situó el hotel a 50 metros de la línea litoral, a la Ley de Costas mientras que en su sentencia de marzo atribuía a la administración estatal "desatención o incuria" a la hora de actuar para asegurar la aplicación de la mencionada ley.

   El TS concluye, en la providencia dictada el pasado día 2, que la resolución impugnada expresa "con toda claridad" que la causa "determinante" del perjuicio que esgrime la promotora es que "no efectuó reclamación previa en vía administrativa" y no cumplió su "deber jurídico", por lo que no se contravino el principio de confianza legítima ya que el deslinde de 20 metros no estaba aprobado definitivamente cuando se empezó el proyecto.

   La misma sala ya calificó de "cálculos precipitados" los que hizo Azata para levantar el hotel y consideró que "se precipitó" a adquirir suelo sujeto a un procedimiento de deslinde provisional y "más aún" al obtener licencias y permisos para acometer su construcción.

   Indicó, asimismo, que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración". Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.

Cajamar Caja Rural prevé cerrar con 30 millones de beneficio tras el "rescate" de la valenciana Ruralcaja

ALMERÍA.- El presidente de Cajamar Caja Rural, Juan de la Cruz Cárdenas, ha avanzado que la primera cooperativa de crédito va a cerrar el presente ejercicio con un beneficio bruto de alrededor de 30 millones de euros tras el proceso de fusión con Ruralcaja, que, según ha subrayado, se ha tornado en un "rescate" de la entidad valenciana a la que han "debilitado sustancialmente" los tres últimos decretos-ley del Gobierno de Mariano Rajoy para acometer la reestructuración del sistema financiero.

   En un encuentro informativo celebrado este martes tras la configuración del nuevo consejo rector de la caja, Cárdenas ha explicado que la "renuncia responsable" de los seis consejeros de Ruralcaja da una "solución ética y estética" a la modificación de las condiciones en las que se negoció la fusión y que han obligado a convertirlo en un rescate para evitar que los socios de Cajamar "se pudieran ver perjudicados".

   "Cuando cayó el tercer 'decreto Guindos' fue excesivo para Ruralcaja y en ese momento se vio que no podía ser que la sociedad que superaba el corte tuviese que hacer sacrificios directos para sacar adelante a la otra", ha añadido para, a continuación, resaltar que la decisión de la renuncia de los consejeros de la entidad valenciana se produjo "sin resistencia" y como consecuencia de "un diálogo abierto, sincero, serio y prudente".

   Al hilo de esto, ha indicado que Cajamar Caja Rural nace "sana" con las provisiones para este año "totalmente cubiertas" y un nivel de dotación que da una cobertura del 70 por ciento de la morosidad, lo que, según ha augurado, permitirá en próximos ejercicios "seguir haciendo dotaciones en una dinámica absolutamente normal, como se ha hecho toda la vida, y no para regularizar situaciones". La previsión de la nueva entidad es cerrar en 2013 con unos beneficios de 260 millones de euros, que se elevarían a 270 en 2014.

   Cárdenas, con 43 años de trayectoria profesional en la entidad almeriense, ha remarcado que Cajamar Caja Rural alcanza con este proceso "casi el 50 por ciento de la cuota de negocio" de las cajas rurales, lo que da a la entidad "un posicionamiento estratégico muy importante y bastante interesante" al tiempo que ha considerado que la convierte en "referencia". "No se podrá hacer un movimiento de integración en el sector sin contar con nosotros", ha apuntillado.

   Al hilo de esto, e interpelado por el futuro de las cajas rurales, ha trasladado que el deseo de Cajamar Caja Rural pasa por que, a medio plazo, convergiesen "todas en una". Si bien ha señalado que, en la actualidad, "son una familia mal avenida, enfrentados entre si", ha expresado la disposición de la entidad para alcanzar el "ideal de que todas pudiéramos estar bajo un paraguas común, consolidándonos como unidad".

   "Siempre hemos estado abiertos al diálogo con aquellas entidades que entiendan que somos un referente válido", ha subrayado para, a continuación, indicar que la entidad reclama "una cuota de poder correspondiente al 50 por ciento de cuota de mercado".

   Ha remarcado que las "40 cajas rurales que siguen quedando sueltas" se integran en una "mera asociación que no tiene proyecto de integración" y ha considerado que la "asignatura pendiente" de este colectivo "es la eficiencia", un objetivo, según ha añadido, que facilita "muchísimo el tamaño".

   En este contexto, a su juicio, las cajas rurales han sobrevivido al "tsunami financiero" debido al su grado de capitalización y solvencia "muy alta" con respecto a la de sus competidores, las cajas de ahorro. "El cambio en el esquema financiero nacional ha sido brutal y van a quedar pocas entidades vivas aunque mucho más fuertes, por lo que la competencia será más bravía", ha advertido.

   Cárdenas ha analizado las consecuencias estratégicas de la anexión de Ruralcaja y ha apuntado que posiciona "mejor" a Cajamar Caja Rural en el mercado local del "ahorrador individual, del pequeño ahorrador y de las pymes" en un "mercado más abierto". Al tiempo, ha defendido que en su expansión la entidad ha demostrado "la voluntad y la calidad en el servicio". "Las fronteras funcionan para la administración --ha ahondado-- pero no son válidas para el sistema financiero".

   En esta línea, ha trasladado que el "campo y el sector agroalimentario" seguirá siendo de "atención prioritaria" no solo "por convicción", según ha apuntillado, "sino como negocio". "Vamos a quedar pocas entidades para competir en el mismo mercado, tenemos que distinguirnos y aspiramos, dentro de esa especificidad, a ser referente nacional en este sector". Para el presidente de Cajamar, en la agricultura "no hay burbuja y sí una tendencia sostenida y de poder competitivo en el mercado si es capaz de superar el relativo estancamiento en la comercialización y la generación de más valor añadido".

   Cárdenas ha hecho referencia, asimismo, al plan de empleo que acompaña a la anexión de Ruralcaja y que afecta a unos 500 trabajadores. Según ha explicado, el citado plan, pactado aunque no firmado a la espera de definir legalmente la entidad, prevé prejubilaciones y la movilidad geográfica de empleados "jóvenes y con menos compromisos familiares" para cubrir aquellas zonas donde las prejubilaciones no solucionan los "excedentes de plantilla".

   El nuevo consejo rector de Cajamar Caja Rural está encabezado desde el lunes por el presidente Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, el vicepresidente primero y consejero delegado, Manuel Yebra Sola, el vicepresidente segundo, Antonio Luque Luque, el vicepresidente tercero, Francisco Lorente Brox, y el secretario, Pascual Candel Martínez. Los demás miembros son Jerónimo Molina Herrera, Carlos Pedro de la Higuera Pérez, Francisco Góngora Cañizares, Luis Robledo Grau, María Gádor Villalobos Mejía, Juan Carlos Rico Mateo, Francisco Martínez-Cosentino Justo, Francisco Javier Ramírez Arceo, Maria Luisa Trinidad García, Joan Bautista Mir Piqueras y el consejero laboral propuesto por los empleados Rodrigo Muñoz Rodríguez.

    La entidad constituida como resultado de la fusión entre Cajamar Caja Rural y Ruralcaja es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito española, con más de un millón de socios y tres millones cuatrocientos mil clientes, según informa Cajamar. Cuenta con un volumen de negocio gestionado total que supera los 70.000 millones de euros y activos por importe de 42.000 millones de euros. El coeficiente de solvencia, a 30 de septiembre, se sitúa en el 11,9 por ciento.

   Incorpora el legado histórico de las entidades resultantes de anteriores procesos de fusión con Cajamar Caja Rural y Ruralcaja de cajas rurales de Andalucía (Almería y Málaga en 2000), Murcia (Campo de Cartagena en 1989), Madrid (Grumeco en 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero en 2007), Baleares (Caixa Rural de Baleares en 2010) y de la Comunidad Valenciana (Caja Rural de Valencia, Caja Rural Credicopp y Caja Rural de Alicante en 2002, Caja Rural de Elche en 2003, CajaCampo en 2011 y Caja Rural Castellón en 2012).

   Asimismo, el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas suma 22 entidades, con unos activos totales medios superiores a 45.000 millones de euros, 1.700 oficinas y 7.000 empleados. Representan el 50 por ciento del negocio total y los activos totales del sector de las cajas rurales españolas, una de cada tres oficinas y uno de cada tres empleados. Está presente en 41 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.