ALMERÍA.- Las subdelegaciones del Gobierno, en las ocho provincias
andaluzas, informarán y tramitarán “con la máxima rapidez y eficacia”
las ayudas destinadas a los beneficiarios de los 7.000 millones de
euros, dispuestos por el Gobierno de España para paliar los efectos del
temporal.
El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha
detallado que el plazo para la presentación de solicitudes será de tres
meses y que para agilizar la tramitación “se reforzará el personal
encargado de la gestión de subvenciones, especialmente en las provincias
con mayores daños, y que, en los casos en los que sea necesario, los
funcionarios se desplazarán a los municipios afectados para acercar la
administración a la ciudadanía mediante el servicio ‘La Administración
cerca de ti’”.
A finales del pasado mes de diciembre, el subdelegado ya visitó en
las pedanías de Los Guiraos y Guazamara, en Cuevas del Almanzora, las
plantaciones de lechuga, brócoli y coliflor afectadas por las intensas
lluvias y el granizo que habían caído en la zona en días previos.
Acompañado por el alcalde cuevano, Antonio Fernández Liria, el
subdelegado del Gobierno recorrió las fincas afectadas y mantuvo un
encuentro con productores para hacer una primera estimación de daños”.
Martín ha destacado la celeridad del Gobierno que ayer en el Consejo
de Ministros aprobó medidas y ayudas destinadas para la reconstrucción
de los municipios afectados por los temporales de lluvias torrenciales e
inundaciones.
También ha puesto en valor “el compromiso del Ejecutivo
central de poner a disposición todos los recursos necesarios de la
Administración General del Estado, así como de acompañar a los
ayuntamientos durante todo el proceso de reconstrucción”.
El subdelegado ha explicado que el Real Decreto-ley, que moviliza
ayudas y medidas por valor de más de 7.000 millones de euros, tiene como
objetivo paliar los efectos del temporal en los municipios afectados de
Andalucía y Extremadura.
Este paquete de ayudas. que se suma a la
declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil
aprobada la semana pasada, contempla un conjunto de ayudas y medidas por
las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de
miles de personas.
En este sentido, la norma incluye una nueva ayuda específica de 150
euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a
contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de
cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000
euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por
daños en vivienda.
El Real Decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que
establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000
euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos
comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos
industriales, mercantiles o de servicio.
En concreto, la indemnización
por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480
euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. El
Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el
caso de daños o destrucción en las viviendas.
Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada
estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo
que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la
solicitud.
Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de
tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para
las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de
percibir el Ingreso Mínimo Vital.
El texto normativo incluye también un plan de ayudas a los
ayuntamientos, dotado con un fondo de 2.000 millones para actuaciones
inaplazables de reconstrucción y reparación de infraestructuras
municipales, con la posibilidad de anticipar el 100% de su importe.
Además, se flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades
autónomas, también se les permitirá usar su superávit de 2025, y se
amplían los plazos legales para la ejecución de las obras de
reconstrucción.
A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50
millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la
actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
Asimismo, ha informado sobre las medidas fiscales previstas en el
Real Decreto-ley, que tendrán un impacto de 320 millones de euros. Estas
medidas contemplan exenciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades,
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y el Impuesto
sobre Actividades Económicas en las zonas afectadas, así como ayudas
directas a las actividades económicas, especialmente en los sectores de
la hostelería y el comercio minorista.
El texto normativo incorpora, además, un amplio paquete de medidas
específicas para el sector primario, que supera los 2.800 millones de
euros, destinado a paliar las pérdidas sufridas en la agricultura, la
ganadería y la pesca.
Entre ellas se incluyen ayudas directas por
pérdida de renta, subvenciones adicionales a los titulares de seguros
agrarios y a los armadores afectados, que suman 2.174 millones de euros,
así como una línea de financiación con condiciones especiales que
cubrirá parte del principal de los créditos y el coste de los avales
para agricultores y pescadores.
Asimismo, los temporales se consideran
causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de determinadas
obligaciones, como las derivadas de la Política Agraria Común.
En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de
reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío a través
de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600
millones de euros.
A ello se suma otro paquete de ayudas destinado a la
reparación de cauces fluviales y costeros, así como a infraestructuras
hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, además de la
reconstrucción de las redes de carreteras del Estado y de las
infraestructuras ferroviarias dañadas.
Por otro lado, Martín ha señalado que la norma incorpora igualmente
medidas laborales y de Seguridad Social dirigidas a proteger a
trabajadores, autónomos y empresas afectadas por las inundaciones.
Entre
ellas se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad
para los trabajadores autónomos, exenciones y moratorias en las
cotizaciones a la Seguridad Social, la activación de los ERTE por causa
de fuerza mayor y la exención total de cotizaciones sociales para las
empresas y autónomos con actividad suspendida o reducida, junto con la
prohibición de despidos en las empresas beneficiarias
